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Política

A 44 años del golpe de Estado, suman 968 condenados por delitos de lesa humanidad

La junta militar que encabezó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 En medio de la pandemia mundial por el coronavirus, la Argentina recuerda este martes lo que pasó hace 44 años, cuando un golpe de Estado derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón y abrió una de las etapas más negras de la historia nacional. La Justicia dio repuestas en los primeros años de la democracia con el Juicio a las Juntas, cuando la Cámara Federal condenó en 1985 a los comandantes de la dictadura y dejó expuesto el terrorismo de Estado, a través de los testimonios de sus sobrevivientes. Fueron 709 casos, seleccionados de las miles de denuncias que había recolectado la Conadep. El 18 de setiembre de 1985, el fiscal Julio Strassera pronunció las palabras que retumban en la memoria colectiva: “Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya al pueblo argentino. Señores jueces, nunca más”.Pero en 1986, vinieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que frenaron el castigo a aquellos que cumplieron órdenes, en medio de levantamientos carapintadas. Y en 1989, el ex presidente Carlos Menem firmó los indultos que beneficiaron a los jefes de las Juntas, y a las primeras y segundas líneas que habían sido condenadas, pero también a los jefes guerrilleros que habían sido juzgados en otros procesos.Para el año 2000 los tribunales europeos empezaron a detener a los militares argentinos que salían de las fronteras, en el marco de la llamada justicia universal. Se trataba de las causas abiertas del otro lado del Atlántico para juzgar a los responsables de los crímenes que habían vivido aquí ciudadanos europeos.Hasta entonces, los tribunales argentinos sólo actuaban buscando a los niños que habían sido secuestrados, porque el robo de su identidad se seguía cometiendo. Luego en Comodoro Py se declaró la inconstitucionalidad de las leyes del perdón. Además, ya se hacían juicios por la verdad, en donde se ventilaban casos que habían sucedido, sin posibilidad de condenar a los responsables. Y la agrupación Hijos, desde 1998, había comenzado con los “escraches”.En 2003, el Congreso derogó las llamadas leyes de impunidad y abrió la puerta para juzgar a los acusados de la represión por crímenes de lesa humanidad que en 2005 la Corte Suprema consideró imprescriptibles. Desde entonces, los procesos para juzgar lo que ocurrió en distintos centros clandestinos de detención no se detuvieron.Al día de hoy, existen un total de 592 causas en trámite. Unas 266, es decir el 45 por ciento de esas causas, se encuentra en etapa de instrucción. Otras 241, un 41 por ciento, ya tuvo sentencia. Hay otras 65 causas (11 por ciento) que fueron elevadas a juicio oral, y un 3 por ciento, una veintena, está actualmente en juicio oral, según el relevamiento que informó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos.Los datos también indican que para que una sentencia quede firme se necesita un promedio de 5,3 años. Esto quiere decir: desde que llega a un tribunal oral, se hace el juicio, se da a un veredicto, y pasa es revisado por la Cámara Federal de Casación Penal hasta llegar a la Corte Suprema. Ese período del tiempo excluye el período de instrucción, es decir la investigación inicial.Las cifras muestran que continúa reduciéndose el número de personas detenidas. No porque cambie especialmente la modalidad, si bien se dieron arrestos domiciliarios, sino porque bajaron las detenciones. A inicios de marzo, la cifra de arrestados llegaba a 913.Alfredo Astiz (Marcos Brindicci/)Pero estos datos, vale aclarar, son anteriores al decreto que impuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que determinó quiénes era las personas en riesgo -entre ellos los mayores de 60 años-, y llevó a muchos de los condenados por crímenes de lesa humanidad, como Alfredo Astiz o Miguel Etchecolatz, a pedir su arresto domiciliario por el temor a contraer coronavirus.En 2015 había 603 personas bajo el sistema penitenciario y otras 439 en arresto domiciliario; hoy hay 195 en el sistema penitenciario y 637 detenidos en sus casas, según los datos de la Procuración.Los números de la PCCH indican que hay 3.161 personas investigadas en causas penales por delitos de lesa humanidad. De ellas, el 47 por ciento se encuentran libres (unas 1563), mientras que el 28% están detenidas (913). El 24 por ciento restante, unas 811, ya fallecieron.En el marco de las investigaciones, hubo 968 personas condenadas y 156 absueltas. Otras 637 personas están procesadas y hay 544 imputadas. Todavía se registran 28 prófugos.Entre los absueltos, durante 2019, se destaca Cesar Milani, el ex jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner. Primero fue absuelto por la acusación que lo llevó a la cárcel en 2016 por secuestros y torturas sufridos por Pedro y Ramón Olivera en marzo de 1977, cuando el militar se desempeñaba como subteniente del Batallón 141 de La Rioja. Al mes siguiente, fue absuelto por la desaparición del soldado Alberto Ledo en 1976.

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Los legisladores de Mendoza sesionan en forma virtual y debaten recortar sus salarios a $50.000

El gobernador Rodolfo Suárez resolvió adoptar un recorte de los salarios de los funcionarios políticos para atender la pandemia. El Poder legisltivo provincial sigue sus pasos. (Adrián Escandar) (Adrian Escandar/)Los senadores y diputados de la Legislatura mendocina sesionan hoy de manera virtual como medida preventiva ante la pandemia de coronavirus y debatirán la reducción de sus salarios, en línea con lo dispuesto ayer por el gobernador Rodolfo Suárez, quien redujo los haberes de sus funcionarios a 50.000 pesos."Hoy trataremos la reducción del salario de los legisladores a 50.000 pesos y la autorización para hacer el trabajo legislativo online”, dijo a Télam la diputada provincial de Cambia Mendoza Hebe Casado, tras destacar que "ayer se hizo una prueba de reunión virtual que funcionó bastante bien”.El trámite está en sintonía con la convocatoria de Suárez, que dispuso a través de un decreto el recorte de los salarios de los funcionarios políticos del Gobierno de Mendoza, quienes cobrarán sus sueldos de este mes hasta la suma de $50.000 con la excepción del Ministerio de Salud y el de Seguridad.“Este nuevo sistema es muy bueno y puede colocar a Mendoza a la vanguardia en el tema legislativo, como tantas otras veces”, sostuvo el diputado German Gómez (PJ).Gómez resaltó que “la idea es ver la posibilidad de sesionar en adelante de manera online, para lo cual ya se hicieron algunas pruebas”."Vamos a seguir trabajando, monitoreando la situación, colaborando con el gobernador y tomando las medidas que sean necesarias para poder combatir la pandemia” de coronavirus, concluyó.En las últimas horas, el gobernador Rodolfo Suárez dispuso que los funcionarios políticos de la administración del Poder Ejecutivo cobraran hasta un máximo de $50.000 pesos en marzo y el resto del sueldo se destinará a la emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia de coronavirus.En esa resolución, el mandatario convocó al Poder Legislativo y Judicial, y a “funcionarios constitucionales, directores y gerentes de empresas del Estado, entes reguladores e inclusive a empleados públicos con altos sueldos no afectados en forma directa a la emergencia, a acompañar la misma medida”.Hasta ayer, Mendoza registraba cinco casos positivos de coronavirus: cuatro son importados y uno solo se contagió dentro del territorio provincial, aunque no fue tomado como autóctono.El único caso no importado de la provincia es una mujer de 73 años, la madre de un mendocino que vive en Brasil y dio positivo de Covid-19. Está internada desde el 18 de marzo.Seguí leyendo:Alberto Fernández ampliará la cuarentena para evitar que el coronavirus avance sobre el Conurbano y la Capital FederalEl exabrupto del ministro de Seguridad de Santa Fe contra los argentinos repatriados: “No sólo los buscamos y traemos a estos chetos sino que usamos los kits de testeo en ellos”Nueva fase del coronavirus en Argentina: qué se espera a partir del primer caso autóctono

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Una empleada del consulado argentino en Madrid tiene coronavirus y se complicó la atención de quienes siguen varados en España

El consulado argentino en MadridEn medio del operativo dispuesto por el Gobierno para repatriar a más de 10.000 argentinos varados en el exterior por la pandemia del coronavirus los empleados del consulado de Argentina en Madrid tuvieron que someterse a una cuarentena obligatoria porque una funcionara se contagió con el COVID-19.La disposición se tomó anoche para evitar más contagios y complica aún más la situación de unos 500 argentinos que están varados en Madrid ya que necesitan de asistencia consular.Según dijeron a Infobae fuentes del Gobierno, ni bien se enteraron de que una funcionaria del consulado en Madrid había contraído el virus se ordenó a todo el personal que dejara de asistir al trabajo y siguiera desde sus casas la atención al público como medida preventivaSe dispuso también que los empleados de la embajada argentina en España refuercen las tareas del consulado momentáneamente.No obstante, hasta ahora el consulado en Madrid permanece bajo una “guardia mínima” y se estima que ello generará complicaciones en la atención de todos aquellos argentinos que quieren regresar a Buenos Aires.Como adelantó ayer Infobae, en una carrera contrarreloj por el acelerado avance del coronavirus a nivel mundial, la Cancillería despliega un operativo diplomático y técnico por más de 15 países para repatriar al menos a 10.000 argentinos que quedaron varados antes de las últimas medidas dispuestas por el Gobierno.La premura del Gobierno por atender a los argentinos que quedaron sin vuelos en varios países responde a tres variables concretas: el inminente cierre de aeropuertos, la situación precaria en que se encuentran muchos por falta de hotelería y la cancelación de vuelos de compañías privadas.A estos 10.000 argentinos es a quienes el Gobierno les dará prioridad en el opearativo de repatriación, según dicen en la Cancillería. Así fue el mandato que dio Alberto Fernández en función a un dato concreto: después de que el 12 de marzo el Presidente declarara zonas de riesgo a Europa, Asia y Estados Unidos y adelantara que iban a cancelar vuelos, cerrar escuelas y aconsejó quedarse en sus casas, igualmente unos 30.000 argentinos decidieron irse al exterior.Seguí leyendo:Denunciaron a Ricardo Bussi por diseminar coronavirus y Tucumán cerró la Legislatura local y dispuso la cuarentena total tras el test positivoSergio Berni criticó los bloqueos en los accesos de las ciudades: “Muchos piensan que así están a salvo, pero es contraproducente"

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Hebe de Bonafini: “Le voy a pedir al Presidente que indulte a los presos políticos”

Hebe de Bonafini, titular de las Madres de Plaza de MayoPreocupada por el avance del coronavirus y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los presos en general, Hebe de Bonafini, titular de las Madres de Plaza de Mayo, admitió que le hará un pedido especial al presidente Alberto Fernández. “Le voy a pedir al Presidente que indulte a los presos políticos”, señaló De Bonafini a pesar que el Gobierno considera que en el país no hay personas detenidas bajo esas circunstancias.“Yo sé que los presos políticos no quieren el indulto porque no cometieron ningún delito pero hoy me parece que tenemos que terminar con eso. No importa que sean presos políticos o no, pero que los indulte”, remarcó.Durante el gobierno de Mauricio Macri fueron varios los ex funcionarios kirchneristas, dirigentes políticos y empresarios vinculados a la gestión de Cristina Kirchner que ingresaron a los penales con prisiones preventivas.Bonafini junto al ex vicepresidente, Amado BoudouEn el último tiempo varios recuperaron la libertad, como los empresarios Cristóbal López y su socio, Fabián De Sousa y el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y otros beneficiados con la prisión domiciliaria como Milagro Sala.Para la dirigente de DD.HH y algún sector del kirchnerismo duro, en esa lista se encuentran el ex vicepresidente Amado Boudou; la líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala; y el piquetero Luis D’Elía, entre otros.“Hoy tienen que estar en sus casas porque es un peligro terrible si llega a entrar este virus a las cárceles”, dijo Hebe.Hoy, tanto Boudou como D’Elía se encuentran prisión. El primero, fue condenado en agosto de 2018 a cinco años y diez meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, por haberse quedado con el 75% de las acciones de la empresa Ciccone Calcográfica y se encuentra en Ezeiza. Mientras que el segundo permanece en la cárcel de Marcos Paz por la toma de la comisaría 24 del barrio de La Boca, ocurrida en junio de 2004.Sala, en cambio se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria en Jujuy desde el 29 de diciembre de 2018. Fue condena en cinco causas y condenada en tres. Una por escrachar públicamente al gobernador jujeño Gerardo Morales, la otra por “lesiones graves” y la más grave es por defraudación al Estado asociación ilícita y extorsión en la causa llamada “Pibes Villeros”. La Justicia investigó un desvío superior a los $ 60 millones entre 2011 y 2015 para obras que no se realizaron.“Yo le pido lo que siento, nunca voy a mentir. Hace un montón de tiempo que siento esa necesidad de que los presos estén en su casa porque además están cometiendo una injusticia tremenda”, destacó Hebe.El piquetero Luis D`Elía está preso por la toma de una comisaríaY dijo que más allá de que ellos no quieren ser indultados, el Presidente debería ocuparse de su situación. “Estamos en un momento, en que hay que guardarse la dignidad en el bolsillo. Por defender la dignidad no van a perder vida. Están en una situación muy difícil que ni siquiera les dejan entrar tarjetas de teléfono para comunicarse con sus familiares”, ejemplificó.Y se quejó de que la justicia sí esté evaluando la posibilidad de concederles la prisión domiciliaria a los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa. “A los pibes que mataron a patadas a otro en la cabeza los quieren mandar a la casa. ¿Decime una cosa? ¿En qué país estamos viviendo? En el país del revés”, aseveró al ser entrevistada por Daniel Tognetti en Cítrica Radio.Consultada acerca de cómo está viviendo la pandemia, Hebe contó que no sale para nada de su casa en La Plata y que es su hija la que se encarga de visitarle y acercale los víveres que necesita a diario. “Esto va para largo y hay que prepararse para más de 50 días”, pronosticó.Este martes, que se cumple un nuevo aniversario del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar a las víctimas de la última dictadura militar, dijo que las Madres de Plaza de Mayo van a hacer una transmisión especial por las redes y la radio oficial.“Estoy recibiendo muchas muestras de cariño en estos días. Hoy vamos a tener una transmisión bastante larga por Instagram, Facebook y la radio. Arrancamos a las 15.30 y vamos a transmitir lo más que podamos. Pero va a ser mucho más de 1 hora y a las 20 horas vamos a pasar la película”, remarcó en alusión al último golpe militar.Seguí leyendo:Los Juegos Olímpicos de Tokio fueron postergados para 2021 por la pandemiaPagarán $10 mil a trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajasEl gobierno porteño cerrará 59 de los 110 accesos a la Ciudad de Buenos AiresCómo dirigir una escuela primaria en tiempos de coronavirus

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Estela de Carlotto, sobre la pandemia del coronavirus: “Si estuviera el gobierno anterior no sé cuántos moriríamos”

Estela de Carlotto habló de políticas tomadas por el Gobierno ante el Coronavirus (Infobae)La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, realizó un paralelismo entre el gobierno de Alberto Fernández y la gestión que encabezó Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, sobre todo con relación a las políticas para mitigar el impacto de la pandemia del coronavirus en el país, y fue contundente: “Gracias a dios no está el gobierno anterior, si hubiera estado no sé cuántos moriríamos, no hubieran hecho nada más que decir mentiras en los medios diciendo que todo estaba bien", indicó.En este sentido, destacó que ahora el gobierno “se involucra y garantiza que muchas vidas se van a salvar”, al tiempo que calificó como “una fatalidad”, que el Covid-19 haya aparecido en una administración “que está resolviendo los temas emergentes como es el hambre en las familias”, porque “está resolviendo la muerte de niños por enfermedades que habían sido erradicadas”.Por otro lado, Estela de Carlotto se pronunció en contra del pedido de prisión domiciliaria presentado por los represores Alfredo Astiz y Miguel Etchecolatz por temor a infectarse de coronavirus en la cárcel. “De ninguna manera queremos domiciliaria para los genocidas, esos son presos más peligrosos que los otros presos, que están algunos sin condena en cárceles que realmente no dan a basto, donde hay motines contra la situación que se vive ahí adentro”."El delito de lesa humanidad no tiene ningún tipo de prebenda ni de derecho a modificar su situación, los genocidas quieren producir lástima, hacerse los viejos; son viejos pero peligrosos, porque no olvidan. Y lo dijeron ante la Justicia, en los juicios. No se arrepienten, lo volverían a hacer si fuera necesario”, amplió en diálogo con radio El Destape.Ante el pedido de que se declare el estado de sitio, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo afirmó: "Es una cosa muy seria. Se ha impuesto en momentos muy tristes de nuestra historia. Para poner estado de sitio es porque el caos es total”. Y añadió: "Nosotras creemos en lo que se está haciendo, que es este control de los que violan la veda de salir a la calle, y que están siendo castigados con la ley; están todas las fuerzas controlando las rutas, los caminos, las salidas y entradas. Hay un control que por ahora permite ver quienes son los transgresores”.Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo (Gustavo Gavotti)“Estado de sitio nos trae malas sensaciones, malos recuerdos, siempre ha sido en épocas tremendas”, reconoció.En cuanto a la conmemoración de hoy, el aniversario 44 del último Golpe de Estado, Carlotto señaló que “este año nos encuentra con una situación de emergencia enorme y hay que cumplirla a rajatabla, que es la reserva en nuestros hogares”. Por ello, adelantó que, por la tarde, se difundirá un pronunciamiento grabado en la voz de referentes de cada uno de los organismos de derechos humanos.Además informó que en la Plaza de Mayo se realizará “un acto muy moderno para mostrar, iluminar, el lugar de la marcha alrededor de la pirámide con las imágenes de nuestros desaparecidos”, pero que se realizará sin público, sino solamente con la prensa.También, ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional para contener la propagación del COVID-19, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos, HIJOS y el CELS, entre otros organismos, realizarán este martes un “pañuelazo blanco” a través de las redes sociales.En efecto, se trata de viralizar imágenes del emblema distintivo de las Madres de Plaza de Mayo, que empezaron a utilizar en 1977 como forma de identificarse grupalmente en una peregrinación a la Basílica de Luján. Además, ante la imposibilidad de aglutinar personas en la Plaza de Mayo, se invita a colocar pañuelos en los frentes y balcones de casas y departamentos particulares.Seguí leyendo:Los organismos de derechos humanos decidieron suspender la marcha del 24 de marzo por el coronavirusA 44 años del golpe de Estado, suman 968 condenados por delitos de lesa humanidadSu detención en Aeroparque y el anuncio de que dejó de ser gobierno: las últimas horas, de María Estela Martínez de Perón en el poder

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“Me condenaron a muerte”: el reclamo de Luis D’Elía, detenido en la cárcel de Ezeiza

Luis D´Elia sostuvo que en la cárcel de Ezeiza, los presos están muy preocupados por el avance del coronavirusEl coronavirus atraviesa la agenda política argentina. Esta vez, la pandemia es transversal a la situación carcelaria de Luis D’Elía, el dirigente social detenido desde hace un año y medio en el penal de Ezeiza. Dada su condición de salud y su vulnerabilidad, le pidió a la jueza Sabrina Namer que lo proteja: “Le estoy pidiendo que me salve la vida”. El dirigente hizo un nuevo pedido de prisión domiciliaria al considerarse un paciente con altas probabilidades de contagio. “Me condenaron a muerte. Con tres by pass y con dos necrosis en el corazón provocadas por infartos asintomáticos porque soy diabético insulinodependiente, estoy en el grupo de más alto riesgo y la jueza Namer me negó la prisión domiciliaria en el contexto de una causa que no existe”.D’Elía está detenido por la toma de la comisaría 24 del barrio porteño de La Boca. La revuelta se produjo el 26 de junio de 2004 en reclamo del esclarecimiento del asesinato de un miembro de su agrupación. Por entonces, ejercía el cargo de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social. Lideró el ingreso a la seccional para exigir justicia por el crimen del dirigente comunitario Martín “Oso” Cisneros, asesinado por un vendedor de drogas de la zona. Su condena es de tres años y nueve meses por una causa que, según sus palabras, “prescribió para 50 personas menos para mí por un episodio que pasó hace 17 años”.“En el país, gente con mucho menos riesgo que yo ha salido sin problemas. Mi causa judicial es trucha y mis problemas de salud son graves. Lo que ha hecho Sabrina Namer es condenarme a muerte”, repitió en diálogo con Crónica Anunciada. Dijo que “si la pandemia se expande, un caso en Ezeiza podía ser una catástrofe” y argumentó: “Acá es un desastre. Al lado nuestro están los de lesa humanidad, con un promedio de edad de 75 años. Ahí llega a prender un caso y la verdad podría desatarse una catástrofe sanitaria para toda la cárcel. Es un lugar de altísimo riesgo”.Su condena obedece al hecho conocido como la toma de la comisaría 24 en el barrio de La Boca, cuando con un grupo de personas ingresó a la dependencia para reclamar por el esclarecimiento del "Oso" Cisneros“La condena impuesta a Luis Ángel D’Elía quedó firme con el rechazo por parte de esta Sala III del recurso extraordinario deducido contra el fallo condenatorio; por ende, de conformidad con la doctrina que emana del plenario de esta Cámara Federal de Casación Penal in re ‘Agüero’ en consonancia con lo establecido por nuestro más Alto Tribunal in re ‘Olariaga’ respecto de la ejecutoriedad de la sentencia, la excarcelación solicitada resulta manifiestamente inviable”, señalaron los camaristas Liliana Catucci y Eduardo Riggi.En la entrevista radial, el dirigente manifestó la congoja por su situación personal. “Pocas veces he sentido tal situación de abandono”, expresó. “Vengo de un tiempo de mucha fragilidad personal y psicológica. El estrés en la cárcel no se cura con la asistencia de una psicóloga. Se cura con tranquilidad y con afecto de los seres queridos, que también sufren como uno esta situación”. Y en relación a la causa que lo tiene privado de su libertad, pidió que se cuide el uso de las palabras. “No fue una toma de comisaría porque no hubo un comando armado con fusiles especiales. Lo que hubo fue un grupo de vecinos indignados ante el accionar de una comisaría que con el tiempo terminó intervenida y estuvo ejerciendo la función policial Prefectura”, aclaró.D’Elía se encuentra preso desde febrero de 2018 cuando Casación rechazó el último planteo que lo mantenía en libertad. Aún tiene pendiente en la Corte Suprema su apelación y un pedido de prisión domiciliaria por su estado de salud, por eso él afirma que su condena no está firme. El 30 de diciembre del año pasado la Cámara Federal de Casación Penal rechazó liberarlo porque la condena estaba en condiciones de ejecutarse."Mi operación de corazon duró 14 horas, me salvé de milagro. La jueza me está condenando a muerte", dijo el dirigente social detenido desde febrero de 2018 El planteo de prisión domiciliaria de D’Elía se sustenta en un informe que elaboró el Servicio Penitenciario Federal (SPF). El reporte atañe a presos que por su edad, condición o estado de salud formen parte de un grupo vulnerable frente al avance del coronavirus y que, ante un eventual contagio, podría agravar su cuadro. El memorándum dictado por el SPF fue enviado a las 35 cárceles federales y remitido a los jueces de las causas para que analicen su situación. Los detenidos en prisiones federales son 13.971 (una sobrepoblación del 10 por ciento) y el grupo de riesgo ascendería a 1.200 casos, según los pronósticos de una fuente penitenciaria.Los grupos vulnerables, explica la resolución en base al lineamiento del Ministerio de Salud, son siete: mayores de 65 años; embarazadas; pacientes portadores de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC); paciente diabético insulinorequirientes; paciente inmunosuprimidos (HIV, TBC en tratamiento, Hepatitis B y C en tratamiento, pacientes oncológicos en tratamiento, paciente bajo corticoterapia, paciente en tratamiento quimioterápico, pacientes con enfermedades autoinmunes); pacientes con insuficiencia cardíaca; y pacientes con insuficiencia renal crónica.Seguí leyendo:Luis D’Elía pasará Año Nuevo en la cárcel: Casación rechazó su liberación en la causa por la toma de la comisaríaHarán un listado de los presos en situación de riesgo por el coronavirus para evaluar si deben salir de prisiónCaminaba por la calle con su hijo, lo detuvieron por no cumplir la cuarentena y el niño denunció que lo estaba abusandoLos cuatros tipos de pacientes con coronavirus COVID-19 y qué le pasa a los pulmones de acuerdo a la gravedad del cuadro

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Terminó la reunión en Olivos: intendentes bonaerenses le transmitieron sus preocupaciones al Presidente

Acompañado por el gobernador Axel Kicillof, Alberto Fernández recibió en el quincho de Olivos a los 24 intendentes del conurbano de la provincia de Buenos Aires. (Presidencia)El Presidente y los intendentes del conurbano bonaerense mantienen una reunión en la Quinta de Olivos desde la mañana con el fin de evaluar cómo está la situación en la zona más poblada de la Argentina y con mayores índices de pobreza e indigencia, una región dominada por el hacinamiento y con amplias franjas que aún carecen de agua potable (15%) y de cloacas (35%).En el ingreso hubo nuevas medidas de seguridad sanitaria, ya que solo pudieron ingresar los que participarán de la reunión y previa medición de la temperatura. Los autos con chofer no pudieron entrar a la residencia presidencial. “Son controles para cuidar la salud del Presidente”, dijo un funcionario a Infobae.Máximo Kirchner ingresando hoy a Olivos. (Adrian Escandar)A las 10 se lo vio ingresar a Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham, y a partir de entonces una sucesión de mandatarios locales llegaron a la residencia presidencial. Algunos de ellos fueron Jorge Macri (Vicente López), Mariel Fernández (Moreno), Fernando Espinoza (La Matanza), Néstor Grindetti (Lanús), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Julio Garro (La Plata), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Mayra Mendoza (Quilmes).Oficialmente también se informó de la presencia de Juan José Muzzi (Berazategui), Gustavo Posse (San Isidro), Ariel Sujarchuk (Escobar), el jefe de Gabinete del municipio de Ezeiza, Gastón Granados, Mario Ishi (Juan José Paz), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Gustavo Menéndez (Merlo) y Fernando Gray (Esteban Echeverría).Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, al llegar a la Quinta de OlivosParticipan de la reunión el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof con su equipo más cercano, que incluye Daniel Gollán, el ministro de Salud, y Sergio Berni, el ministro de Seguridad. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el presidente del bloque de Frente de Todos, Máximo Kirchner, ambos de la provincia de Buenos Aires. Además llegó Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño, en representación del gobierno de la Ciudad.Alberto Fernández, por su lado, está acompañado por los ministros Santiago Cafiero (Jefe de Gabinete) Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Infraestructura) y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.Es que las medidas que hay que tomar en el conurbano deben ser integrales, lo que incluye los ejes de salud, desarrollo social y seguridad, para garantizar el cumplimiento de la cuarentena en hogares hacinados o en asentamientos irregulares, donde sólo hay disponible agua servida o contaminada.Antes de entrar, el intendente de Vicente López dijo que “vamos con alta expectativa a la reunión con el Presidente y su equipo” y aseguró que “venimos trabajando bien en la coordinación con Provincia y entre municipios”. Adelantó, por otro otro lado, que mañana a las 15 habrá en Tigre una reunión de los intendentes de la región metropolitana norte, es decir, San Fernando, San Isidro, Vicente López y el municipio anfitrión.Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, ingresando a Olivos por Villate, caminando. Los autos con choferes se tienen que quedar afueraLa situación de los distintos distritos es muy distinta y eso es lo que más preocupa al Gobierno. En Moreno, por ejemplo, hay un solo hospital y ningún hotel a quien pedirle que facilite su infraestructura para la emergencia. En Tres de Febrero hay dos hospitales provinciales y cuatro clínicas y varios hoteles y polideportivos que, con una preparación especial, podrán funcionar perfectamente como infraestructura de atención sanitaria.Pero en ambos distritos, Moreno y Tres de Febrero, recibirán dos de los diez hospitales modulares que está construyendo el Ministerio de Infraestructura, que podrían estar listos en la segunda o tercera semana de abril, listos para cuando se produzca el primer pico de contagios.Jorge Macri, intendente de Vicente López, entrando a la Residencia PresidencialEstos hospitales modulares se están realizando con un crédito de UNOPS, ya estaban disponibles en la Argentina y por eso pudieron ponerse en marcha rápidamente, y son relativamente baratos, ya que saldrán un millón de dólares cada uno, incluidos la mayoría de los insumos sanitarios que serán requeridos para brindar 80 camas cada uno, de las cuales 28 son de terapia intensiva.Seguí leyendo:Nueva York reportó 5.700 nuevos casos de coronavirus y el total superó los 20 mil contagiosEEUU ya es el tercer país con más casos de coronavirus del mundo: “Lo peor está por venir”En qué países de América Latina el coronavirus crece más rápido

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El Gobierno busca predios extrahospitalarios para alojar enfermos ante un eventual pico de contagios

Wado de Pedro visitó las instalaciónes del Hospital Militar Reubicable de Campo de MayoMientras continúa con el aliento a la ciudadanía y el control para que se cumplan los requisitos de la cuarentena total en todo el país, el Gobierno nacional continúa ajustando sus medidas preventivas, de cara al brote creciente de contagios del coronavirus.Así, el Estado comenzó a coordinar propuestas y a visitar establecimientos que podrían ampliar la oferta de atención sanitaria, ante un posible pico de contagiados en los hospitales ya existentes.Entre las opciones disponibles, se barajó el pedido de asistencia a establecimientos de atención sanitaria remota, así como ya se iniciaron contactos con hoteles, sindicatos y clubes de fútbol para conocer la disponibilidad de grandes espacios.El ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, visitaron el lunes el Hospital Militar Reubicable (HMR), emplazado junto al Hospital Militar de Campo de Mayo, con el fin de analizar las instalaciones de cara a un posible uso en el futuro cercano.Imagen aérea del hospital de campaña de Campo de MayoAsimismo, desde la cartera de Interior se diseñó un informe para el presidente Alberto Fernández en el que se detalla cuál sería la utilidad esencial del HMR como complemento sanitario a los hospitales y centros de salud ya en funcionamiento.De acuerdo a la capacidad de empleo, el informe estableció que el hospital reubicable sería fundamental para tres puntos determinantes:- Ejecutar el apoyo de Sanidad durante los despliegues operacionales de la Fuerza, como unidad médica quirúrgica de campaña.- Proporcionar facilidades médicas con un alto grado de complejidad para el apoyo a la comunidad y/o la asistencia humanitaria en caso de emergencia y/o ante desastres naturales.- Reforzar las capacidades de otro hospital, por medio de su instalación anexa a éste.En tanto, las autoridades de ese nuevo hospital determinaron que el HMR está preparado para ser desplegado con todos su componentes y también contará con todo el apoyo de los medios militares que posee el Ejército Argentino.El ministro de Defensa, Agustín Rossi, acompañó a "Wado" De Pedro al Hospital Militar Reubicable de Campo de Mayo (Imagen ilustrativa - Thomas Khazki)Como medida preventiva para el tratamiento del virus Covid-19, el Jefe del Ejército Argentino, Agustín Cejas, ordenó la movilizacion de los módulos que contienen las instalaciones del HMR conformado por tres unidades específicas.La primera es la unidad médica y contempla cinco módulos: de primeros auxilios, de quirófano, de RX y diagnóstico por ultrasonidos y de esterilización.La segunda unidad es la de internación y está constituida por cuatro carpas de grandes dimensiones interconectadas entre sí, con camas de capaña y el correspondiente mobiliario y sistema de gases medicinales. Esto permite la internación simultánea de decenas de personas.La tercera unidad es la de Logística y está diseñada para abastecer el sostén necesario para que el hospital pueda desarrollar sus funciones con la mayor normalidad posible.Esta unidad está contemplada por siete otros módulos: de suministro eléctrico, de suministro de agua, el módulo cocina, lavadero, gases medicinales, ducha y baño.Además, desde el HMR se indicaron ciertos parámetros que podrían ser de una utilidad enorme ante una situación extrema o de desborde de atención.El HMR permite desde proporcionar apoyo quirúrgico y de emergencia de forma autónoma por un lapso de 48 horas de operaciones ininterrumpidas. Permite realizar hasta dos cirugías de forma simultánea y hasta es fácilmente transportable por vía marítima, terrestre o aérea. El HMR puede ser movilizado en 13 contenedores de 20 pies.Así, no sólo se ofrece una alternativa de suplementos y atención para cirugías complejas y atención de pacientes en estado grave, sino que además el HMR podría ser seleccionado para ampliar la capacidad de algún hospital que se encuentre ante un pico extremo de contagiados.Por su parte, el Gobierno determinó una serie de necesidades que busca solventar antes de que el brote de contagios de coronavirus sea mayor.En diferentes ciudades del Mundo, las compañías hoteleras ofrecieron sus habitacions para la instalación de hospitales itinerantes (REUTERS/Nacho Doce) (Nacho Doce/)Al menos tres ministerios del Estado nacional realizaron en las últimas horas un relevamiento de camas sanitarias disponibles. Así, se llegó a la conclusión de que sólo en el área de Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano se precisan de alrededor de 16.000 camas sanitarias para la atención de pacientes leves.Además, el tridente de Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires se enlazó en un trabajo conjunto para conseguir las 1.500 camas de terapia intensiva e intermedia todavía faltantes.Se proyecta que el gobierno de Axel Kicillof pueda anunciar en los próximos días la disponibilidad de 700 nuevas camas de terapia intensiva, ubicadas casi en su mayoría en dos hospitales que estaban cerrados.En tanto, desde el Gobierno se hizo referencia a las ofertas de los clubes de fútbol para la utilización de predios o de edificios de concentraciones de sus equipos de fútbol.El propio presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, publicó un posteo en las redes sociales el 19 de marzo, donde ofreció las instalaciones del club de La Ribera: “El club es de los socios e hinchas de Boca y, en situaciones como esta, de todos los argentinos. Con la Comisión Directiva tomamos la decisión de poner las instalaciones a disposición de los ministerios de Salud de Nación y Ciudad para cualquier necesidad que surja a lo largo de esta pandemia”, dijo el directivo.El presidente de Boca, Jorge Ameal, ofreció al Gobierno Nacional las instalaciones del club en caso de que sean necesarios espacios amplios (REUTERS/Mariana Greif) (MARIANA GREIF/)El informe gubernamental también hizo mención a las ofertas recibidas por diferentes actores de la vida social argentina: intendentes del conurbano pusieron a disposición dependencias municipales y polideportivos.Los sindicatos ofrecieron sus hoteles, al igual que todo su sistema de salud por obras sociales. Los dueños de hotelería privada siguieron por el mismo camino.Además, diferentes entidades religiosas ofrecieron las camas de retiro y sus escuelas, mientras que la AFA puso a disposición su predio de Ezeiza y la Sociedad Rural, su predio de exposiciones.La Asociación del Fútbol Argentino también ofreció las instalaciones del predio de Ezeiza ante cualquier eventualidad sanitaria (Télam) (.ALEJANDRO,MORITZ.TELAM/)Por su lado, la AMIA ofreció camas y voluntarios.Hasta el domingo a la noche, la argentina registraba 266 personas contagiadas por el virus Covid-19 y cuatro muertos. Sin embargo, el propio Gobierno ya empezó a diseñar un plan de contención, en caso de que el brote de contagios se desborde.Seguí Leyendo:Otra rueda negativa para los ADR en Wall Street: Despegar se hundió hasta 35% por el impacto del coronavirus en el turismo

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Cuáles son las vías para denunciar violencia de género durante la cuarentena

Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, ubicada en Lavalle 1250 de la Ciudad de Buenos AiresLa cuarentena obligatoria dispuesta por el coronavirus puede implicar el agravamiento de situaciones de violencia de género en el ámbito doméstico, en un contexto de prohibición de salir a la calle para hacer la denuncia. Por este motivo, desde la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, explicaron que la mujer o la víctima de violencia de género que quiere ir a hacer una denuncia a la comisaría más cercana a la Oficina, puede hacerlo ya que está contemplada dentro de una de las excepciones del decreto de necesidad y urgencia dictado por el Presidente, al ser una razón de “fuerza mayor”. “La víctima que está escapando de una situación de violencia en su casa estaría justificada, y puede explicarle al policía que la intercepte que va a una comisaría o a la OVD”, le dijo a Infobae Analía Monferrer, titular de la Oficina que está bajo la supervisión de la actual vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco.Elena Highton de NolascoMonferrer también informó que la Oficina sigue abierta las 24 horas del día, con “personal reducido para la recepción de denuncias, como medida de prevención de contagio, y con la modalidad de trabajo remoto por parte de los profesionales por video conferencia y teléfono para analizar el nivel de riesgo”. Además de la línea 137 para recibir denuncias en la Ciudad de Buenos Aires, o el 911 ante una emergencia, la atención presencial de la Oficina está a cargo de cuatro personas para recibir quienes se presenten en el lugar. "Y además disponemos de un espacio más amplio en la PB de Lavalle 1220, donde funciona la Cámara Civil, donde el lugar para espera es mayor, como medida de precaución”, agregó. La Oficina funciona normalmente al lado, en Lavalle 1250, en el Palacio de Tribunales, en el centro porteño.En comparación a la semana en que la cuarentena anterior no era obligatoria, las denuncias bajaron mucho. “Era lógico por las restricciones de circulación y la dificultad para moverse en el transporte público. Por eso creemos que cuando termine la cuarentena, vamos a tener un pico de denuncias. El viernes (primer día de la cuarentena obligatoria) tuvimos, tres casos, el sábado otros tres, y hasta hoy, ningún otro. Normalmente tenemos una promedio de entre 46 y 50 denuncias diarias”, detalló Monferrer.Además de la línea 137 en la Ciudad y el número 911, funciona el 144 en todo el país para orientar y derivar denuncias de violencia de género.Desde la Comisión de Género del Ministerio Público de la Defensa (MPD), Raquel Asencio, recordó que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires -por un pedido del MPD- prorrogó automáticamente por 60 días hasta el 18 de mayo, todas las medidas de protección por violencia familiar -como exclusiones del hogar o prohibiciones de acercamiento- que se estaban vencidas a partir del 8 de febrero o que estaban por vencerse, para evitar dejar a las denunciatnes en una situación de riesgo.“En este contexto de cuarentena, las mujeres tiene mayores dificultad para pedir prórrogas. No hace falta hacer ninguna gestión ni trámite judicial, policial, ni de ningún tipo. Además, tenemos que aprovechar los recursos disponibles en el Poder Judicial, que está saturado con menos personal por las medidas de prevención, para que no pierda tiempo en tramitar estos recursos”, señaló Asencio.“Esto rige para la Ciudad de Buenos Aires, ya lo hizo también la Justicia de Entre Ríos y se está replicando en varias provincias. Sería importante que esta prórroga automática se dicte en todo el país y se informe a todas las fuerzas policiales”, agregó. En las últimas horas, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires dispuso una medida en el mismo sentido.“Cóctel desencadenante”Por otro lado, advirtió sobre el riesgo de que “se puedan intensificar agresiones en una situación de convivencia forzosa las 24 horas, bajo mucho stress, ansiedad y preocupación económica. Todo este cóctel pueden actuar como desencadenante en grupos familiares donde ya están instalados cuadros de violencia”.Asensio recordó que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, desde la Comisión de Género de la Defensoría General, tienen un servicio de patrocinio gratuito a víctimas de violencia de género. “Ahora estamos trabajando a distancia, con trabajo remoto para mantener el contacto con nuestras asistidas, vía teléfono o mail. Y seguimos tomamos casos nuevos por derivación de la OVD y la línea 137 para urgencias, cuando hace falta el patrocinio jurídico para ampliar medidas de protección por ejemplo".Asimismo, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de las Mujeres habilitó líneas para recibir denuncias por whatsapp (+54) 1127716463, (+54) 1127759047, (+54) 1127759048, el mail linea144@mingeneros.gob.ar y una aplicación gratuita que se puede descargar en el teléfono desde https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/linea-144-atencion-mujeres.Desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, el fiscal general Juan Bautista Mahiques también precisó los canales disponibles para denunciar situaciones de este tipo, en medio de la cuarentena. “Hoy tenemos 4 fiscalías de violencia de género de turno funcionando , que reciben la totalidad de las denuncias diarias vía los distintos canales que tenemos disponibles: el 080033fiscal, la aplicación que se puede descargar en el celular desde la web del Ministerio Público Fiscal y por mail denuncias@fiscalias.gob.ar. Estos cuatro canales de denuncias son monitoreados 24 horas, los siete días de la semana por el personal de Acceso a la Justicia, que se realiza de manera remota . A todo esto, se suma el acompañamiento de la Oficina de Víctimas".Los canales para recibir denuncias vía las fiscalías de la Ciudad derivan los casos a las oficinas especializadas en violencia de géneroEn la Provincia de Buenos Aires, en tanto, desde la Procuración General explicaron a Infobae que existen durante las 24hs mails y teléfonos para denunciar directamente en cada uno de los departamentos judiciales de la Provincia, y también se puede denunciar casos específicos en el botón diferenciado para casos de violencia de género en la app seguridad.gba.gov.ar sin tener que ir a la comisaría.Seguí leyendo:Violencia de género: en Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires prorrogaron todas las medidas de protección a las mujeres

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Un predio secuestrado en la causa contra la familia de Escobar Gaviria se convertirá en un centro de análisis y logística del coronavirus

(Twitter: @MunicipioPilar)El imponente edificio había sido pensando como un centro de transbordo, con capacidad para 920 autos. El proyecto original, lanzado en el segundo mandato de Cristina Kirchner, apuntaba a conectar a los dueños de las cocheras con un tren “vip” y con líneas de colectivos de corta y media distancia. Pero todo quedó en la nada. El “tren vip” a Pilar nunca se concretó y el edificio terminó embargado por la Justicia en la causa judicial donde están procesados la viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria. Ese expediente investiga las inversiones locales del narco colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, actualmente detenido en Estados Unidos y vinculado a la Oficina de Envigado, la organización que sucedió al Cartel de Medellín. Ahora, con la crisis del coronavirus, el edificio y el predio que lo rodea se transformarán en un centro de logística. También se utilizará para hacer chequeos médicos, aunque no será un lugar para tratar pacientes infectados. La Municipalidad de Pilar arrancó este lunes con los trabajos para reacondicionar el lugar, mientras espera una orden del juez federal de Morón Néstor Barral y la autorización de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). “Se está formando el trámite pero la urgencia sanitaria permite que podamos empezar los trabajos”, dijeron fuentes de ese municipio.El predio tiene una ubicación privilegiada: está en el kilómetro 46,5 de la Panamericana (ramal Pilar), a metros de la autopista y muy cerca de varios hospitales.“El proyecto consiste en preparar el lugar para establecer un centro de operaciones conjuntas de competencia interdisciplinaria entre las áreas de Seguridad, Salud e Infraestructura”, publicó la Municipalidad de su cuenta de Twitter. Sin embargo, fuentes municipales aseguraron a Infobae que también se van a poder hacer chequeos por el coronavirus.En el predio que rodea el edificio -de 6.000 m2 y seis pisos- se van a armar estructuras modulares para poder diagnosticar y derivar a los centros correspondientes. “Hoy esa función se está realizando a través de las ambulancias de SAME. La idea es que la gente pueda llegar al lugar por sus propios medios y luego derivar los casos correspondientes”, explicó una alta fuente del Municipio. (Twitter: @MunicipioPilar)El predio forma parte de los bienes embargados en la causa judicial contra Piedrahita Ceballos pero pertenece al empresario y abogado argentino Mateo Corvo Dolcet.El colombiano compró acciones de dos empresas de Corvo Dolcet. “En el caso de Insula Urbana llegó a detentar un 10,60% del paquete accionario. En la segunda, Pilar Bicentenario, (dueña del edificio de cocheras) el 2,86%”, admitió el abogado argentino en una entrevista con Infobae. Los nexos entre el abogado argentino y Piedrahita Ceballos fueron la viuda de Escobar, María Isabel Santos Caballero, y su hijo, Sebastián Marroquín. El colombiano lo admitió a mediados del año pasado, cuando los fiscales del caso le tomaron declaración en Miami bajo la Ley del Arrepentido.El juez procesó a Corvo Dolcet porque entiende que los fondos invertidos por Piedrahita provenían del narcotráfico. Pero el abogado asegura que recién se enteró de los negocios del colombiano a partir de su detención.José Bayron Piedrahíta Ceballos fue capturado el 29 de septiembre de 2017 en una de sus haciendas en Caucasia. En la misma causa está procesado el ex jugador de Boca Mauricio “Chicho” Serna. La Justicia comprobó que le “vendió” varias propiedades en la Argentina a Piedrahita Ceballos, que luego fueron utilizadas por el empresario para comprar las acciones de las empresas de Corvo Dolcet. A cambio, Serna recibió propiedades en Colombia del narco.Con los procesamientos confirmados hace más de un año por la Cámara Federal de San Martín, el expediente judicial se encamina al juicio oral.El predio solicitado por la Municipalidad de Pilar para la crisis del coronavirus ya tiene un antecedente. En Salta, dos hoteles incautados a la organización narcocriminal conocida como “Clan Loza” serán utilizados por la provincia para el aislamiento de ciudadanos extranjeros que provengan de zonas afectadas por el COVID-19.La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) resolvió el viernes entregar en forma temporal los inmuebles a la provincia de Salta. Fue tras un pedido del titular de la PROCUNAR Diego Iglesias, luego de que su colega de Salta, Eduardo Villalba, y el gobernador de esa provincia, Gustavo Sáenz, lo requirieran en el marco de la emergencia sanitaria nacional y provincial.

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