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Política

La Plata: Florencia Saintout no asistió al debate de candidatos a intendente y su atril quedó vacío

Debate de candidatos a intendente de La Plata (Infobae)Los candidatos a intendente de La Plata presentaron sus propuestas y proyectos para la ciudad de cara a las próximas elecciones generales del 27 de octubre, en un debate al que no asistió la postulante del Frente de Todos, Florencia Saintout. La ausencia de la actual diputada provincial quedó registrada con un atril vacío con su nombre en el frente, de manera similar a lo ocurrido en el debate presidencial de 2015 con Daniel Scioli. En el encuentro, realizado anoche en el Colegio de Abogados local, estuvieron presentes el intendente y candidato a la reelección Julio Garro (Juntos por el Cambio), Marcelo Peña (Frente NOS), Luana Simioni (Frente de Izquierda-Unidad) y Gabriel Crespi (Consenso Federal). Garro criticó la ausencia de Saintout y calificó a su propuesta como “un salto al vacío”. Mientras señalaba el atril con el nombre de la ex decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, diputada provincial, cuestionó: "No nos quiere contar sus ideas porque tiene poco interés en que conozcamos qué propuestas tienen para la ciudad”.Los candidatos que sí asistieron presentaron sus propuestas en torno a ejes preestablecidos, con dos minutos de presentación, y tuvieron luego tres minutos para exponer sin ser interrumpidos ni por el moderador (fue el presidente del Colegio, Hernán Colli), ni por otro expositor. Además, tuvieron un minuto para aclararaciones y dos minutos para la conclusión. Florencia Saintout, candidata a intendente de La Plata por el Frente de TodosLa ciudad de La Plata, escenario de una de las elecciones más polarizadas en la provincia, con más de 500 mil electores resulta ser un distrito clave. Cambiemos se lo conquistó al peronismo en 2015, y en las legislativas del 2017 logró un apoyo descomunal al vencer a la oposición por casi 20 puntos de diferencia. Sin embargo, la capital de la provincia no es ajena a la crisis nacional: según los últimos datos del Indec, en el Gran La Plata el desempleo alcanzó el 31,9%. Allí el Frente de Todos obtuvo el 47,2% de los votos superando a Juntos por el Cambio que sacó 37,78% en las PASO.Los bloques temáticos fueron Desarrollo Económico: Infraestructura, Empleo, Medio Ambiente, Transporte; Tecnología: Educación, Salud, Cultura, protección de grupos vulnerables; Seguridad y Políticas de transparencia.En el primer bloque, Crespi inició con un discurso planteando su perspectiva desde la ingeniería, “para convertir a La Plata en una ciudad del siglo XXI”. Después, Simioni expresó la necesidad de “dar vuelta la ciudad”, mientras que Garro comenzó con la defensa de las obras hidráulicas para evitar las inundaciones como prioridad, y Peña, con un dura crítica a la política.En cuanto a Desarrollo Económico, el candidato oficialista y actual intendente se centró en defender su gestión y planteó la propuesta de créditos de 200 mil pesos para quienes encabecen emprendimientos en los barrios que generen puestos de trabajo. "Durante los primeros cuatro años de gestión tuvimos una prioridad: que nunca más un platense muera por una lluvia. Ahora tenemos nuevas prioridades: generar empleo, desarrollar los barrios y crear nuevas oportunidades”, dijo.Julio Garro en el debate a intendente La Plata (Infobae)En tanto, Peña mencionó la necesidad de enfrentar a “los piquetes”, los cuales consideró un delito, desarrolló una propuesta de empleo y una iniciativa para abastecer a las Pymes, y cuestionó a los vendedores ambulantes aunque promoviendo medidas para que sean incluidos.Por el lado del FIT, Simioni puso el foco en el empleo y en la situación de los jóvenes como “los más perjudicados”, así como la situación de “fraude laboral” que implica el sistema de cooperativas que prestan servicios para la Municipalidad.A su turno, Crespi planteó que La Plata tiene tierra productiva y universidad, se preguntó “cómo puede ser que no se habilite el Parque Industrial II o no se de valor agregado a la producción frutiflorihortícola”, y pidió discutir políticas de turismo con “planificación y con los actores involucrados”.En cuanto a seguridad, Garro detalló números de instalación de las cámaras de seguridad para llegar a la número mil, las cuales se complementaron con las luces LED. También Habló de las declaraciones juradas que presentan funcionarios y concejales, y resaltó la transparencia en licitaciones y la creación de la guardia urbana.Simioni, del FIT, dijo que las políticas de seguridad “criminalizan a los pibes” y mencionó a la “militarización de la ciudad para evitar que las manteras vendan ropa usada en Plaza San Martín”.Por su lado, el candidato de Consenso Federal reclamó un “gobierno abierto” para que cada platense sepa con exactitud a dónde van sus recursos y cuestionó el tiempo que tardó el gobierno para instalar las cámaras. “Necesitaremos una cámara cada 400 habitantes”, dijo, y adelantó que su eventual gobierno va a continuar con la instalación de luces LED, “pero a todo el distrito”.Seguí LeyendoLa Plata: el Pro y el kirchnerismo anticipan una de las elecciones más reñidas de la provinciaCayeron más de 200 milímetros en La Plata, “la tormenta más importante desde 2013”Con información de Télam

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Mauricio Macri: “Estoy dispuesto a seguir dando la vida por ustedes”

Mauricio Macri en Pergamino. Esta tarde irá a Chaco (ESTUDIO SISSO CHOUELA/)Como ha sido habitual durante esta etapa de la campaña, Mauricio Macri brindó un reportaje a una radio local antes de desembarcar con la caravana del #SíSePuede. Esta vez, la entrevista fue concedida a la FM 104,7, de Chaco, provincia que visitará esta tarde. En diálogo con el periodista Julio Wajcman, el jefe de Estado aseguró que su único interés es ayudar a los argentinos. “A mí no me mueve la fama, ni el dinero ni el poder; yo quiero ayudar a que encontremos nuestro lugar”, planteó. Y agregó: “Yo estoy dispuesto a seguir dando la vida por ustedes”.Más allá de estas expresiones de deseo que ha repetido en diversas oportunidades en sus últimas apariciones públicas, Macri dio una definición económica sobre un planteo que realizan diversos especialistas para un eventual segundo mandato. Consultado por la posibilidad de una dolarización de las finanzas argentinas, contestó: “No podemos resignarnos a no tener nuestra moneda”. Y desarrolló: “Dolarizar la economía nos generaría muchas rigideces, mucha incapacidad de tener una política económica sana a la luz de lo que nos pasó; entiendo que algunos piensen que es una alternativa porque hemos sido como un alcohólico recurrente con la inflación”. En ese contexto, el jefe de Estado aseguró que la pobreza será su prioridad en caso de ganar las elecciones. “Sigue siendo mi objetivo para mi segundo gobierno, es un tema estructural que arrastramos hace 30 años y antes de la crisis del año pasado habíamos logrado llegar a la pobreza más baja de los últimos 25 años”, aseguró.Macri sobre la pobreza en 2017 (Infobae)En el debate presidencial de 2015, Macri había pedido que su gobierno sea evaluado por el descenso del índice de pobreza. En los dos primeros años, logró una reducción ese indicador hasta el 25,7 por ciento. Sin embargo, la crisis cambiaria y económica que se inició a principios de 2018 volvió a disparar la tasa hasta 35,4% en el primer semestre de 2019. Los analistas vaticinan que Cambiemos terminará su gestión en diciembre con una pobreza cercana al 38 por ciento. Según datos disponibles, Carlos Menem asumió en 1989 con una pobreza en el Gran Buenos Aires de 47,3 por ciento. Dejó el poder, en 1999, con una tasa de 26,7 por ciento. El último indicador oficial del gobierno de Fernando De la Rúa, difundido meses antes de su renuncia, fue de 35,4 por ciento. Eduardo Duhalde le dejó el gobierno a Néstor Kirchner con 51,7% de pobreza. Antes de la intervención del Indec, en el segundo semestre de 2006, la pobreza era de 26,9 por ciento.

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“Hoy no podemos hacer choripán porque hay mucha lluvia”: el audio de CFK que se le disparó a Aníbal Fernández en medio de un juicio

(Maximiliano Luna)Cristóbal López y Fabián De Sousa, los dueños del grupo Oil Combustibles que salieron en libertad la semana pasada, volvieron hoy a tribunales de Retiro para asistir a su juicio oral. Pero ya empezada la audiencia, cuando estaban por retomar la declaración indagatoria, un insólito episodio tuvo lugar: se disparó un audio de Cristina Kirchner diciendo "hoy no podemos hacer choripán porque hay mucha lluvia”. Sonó dos veces. Todos se dieron vuelta hacia donde salía el sonido. Las mirada apuntaron hacia Aníbal Fernández, el ex jefe de Gabinete kirchnerista que asiste a todas las audiencias. Hubo risas contenidas. La frase la había pronunciado por la ex presidenta en un acto de abril de 2017 y se había convertido en “ringtone”. “Se ve que estaba revisando el teléfono de algo que le mandaron y se le disparó”, especuló uno de los presentes en el juicio.Más allá del breve incidente, los jueces del Tribunal Oral Federal 3 avanzaron con el debate. De Sousa retomó la cuarta jornada en donde declaró dando su versión de los hechos. Negó las acusaciones en su contra e insistió, técnicamente, en dar explicaciones sobre los planes de pago y las gestiones hechas ante la AFIP. “Es más fácil contarle un cuento a la sociedad y a ustedes que ponerse a hacer las cuentas”, afirmó.Aníbal Fernández (Nicolás Stulberg)Cristóbal López, que aún no declaró, estuvo presente en la sala de audiencias.La presencia de ambos empresarios eran esperada porque hoy volvieron a los tribunales en libertad. Salieron de prisión el 8 de octubre luego de pagar la fianza que les impuso el juez Claudio Bonadio en dos causas relacionadas con los cuadernos, luego de ser excarcelados por la Cámara Federal. Por la causa por la que habían llegado a prisión, en diciembre de 2017, ya estaban excarcelados por el propio tribunal que los juzga.Cristóbal López y De Sousa están en el banquillo de los acusados junto al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray la investigación por los 8 mil millones de pesos que no habrían devuelto a la AFIP por impuesto a los combustibles.Ambos quedaron detenidos, acusados de hacer maniobras para intentar vender la empresa a espaldas de la justicia. Sin embargo, el 13 de setiembre, la jueza María Eugenia Capuchetti sobreseyó a los empresarios por entender que esas maniobras no existieron.Seguí LeyendoCristóbal López, tras su liberación: “Ahora vamos a recuperar nuestras empresas”Cristóbal López y Fabián De Sousa quedaron en libertad

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La Corte Suprema rechazó el pedido de aclaratoria del Gobierno en la causa por la reducción del IVA

La Corte Suprema de Justicia emitió otro fallo en contra del gobierno nacionalLa Corte Suprema de Justicia volvió a pronunciarse en contra del gobierno nacional. Esta vez, rechazó un pedido de aclaraciones presentado por los abogados del Estado en la causa que resolvió que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias no puede afectar los fondos de coparticipación de las provincias.Con la firma de los ministros Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, el máximo tribunal desestimó el planteo porque el Estado no argumentó cuáles son las complejidades técnicas y las supuestas dificultades alegadas en la presentación.Agregó además que el Poder Ejecutivo debió haber cuantificado los costos de las reducciones que dispuso y tenido en cuenta sus efectos al momento de establecerlas por decreto.Recordó que, como se afirma en la propia presentación del Estado Nacional, es el Presidente, como jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración del país quien cuenta con los elementos y potestades tendientes a cumplir de forma efectiva lo resuelto por el Tribunal. La Corte aclaró sin embargo que nada impide que el gobierno nacional abra instancias de diálogo con los mandatario para resolver la cuestión. El presidente Mauricio Macri impulsó la reducción del IVA en los alimentos de la Canasta Básica y beneficios en el Impuesto a las Ganancias luego de la derrota en las elecciones primarias. Quince provincias se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia y en virtud de su competencia originaria presentaron una medida cautelar porque las medidas fiscales impactaban en fondos que son coparticipables.El máximo tribunal le dio la razón a los gobernadores y ordenó restituir los fondos. El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que la sentencia era compleja y en tal sentido planteó que le pedirían aclaraciones a la Corte. También dijo que los jueces parecían opositores por sus últimas decisiones. Este jueves, llegó la respuesta del tribunal.

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Mauricio Macri, contra el kirchnerismo: “Creen que ya ganaron y empezaron a perseguir periodistas antes de asumir”

Mauricio Macri llevó la marcha del "Sí, se puede" a la ciudad de Reconquista (foto: Estudio Sisso Chouela) (ESTUDIO SISSO CHOUELA/)En un nuevo acto por la marcha del “Si, se puede” en todo el país, Mauricio Macri llegó a Reconquista, Santa Fe, y brindó un encendido discurso en contra del kirchnerismo. En esta ocasión, el Presidente puso el foco en la libertad de expresión y criticó con dureza la idea de una Conadep del periodismo que instaló el Frente de Todos como también el informe de la Comisión de la Memoria que preside Pérez Esquivel. “De todas estas libertades que conseguimos, la más importante que tenemos que defender es la libertad de expresarnos libremente. Y como ya se creen, equivocadamente, que ganaron, ya empezaron a perseguir periodistas antes de asumir y es no es la Argentina que Queremos. No, no queremos más ese tipo de Argentina. Lamentablemente no cambian más, son así”, sentenció el mandatario.En una plaza colmada, el Presidente reiteró su pedido para que la sociedad no tenga miedo y ser parte de la solución. “Estamos acá por nuestro futuro y porque nos une querer cuidar nuestra democracia, la honestidad, amar y querer vivir en libertad", enfatizó. El presidente Macri volvió a pedir a sus seguidores que cuiden el voto. (Estudio Sisso Chouela) (ESTUDIO SISSO CHOUELA/)Macri aseguró que todo lo que se hizo durante su gobierno no fue en vano. "Nos une hacer y no destruir. Nos une nunca bajar los brazos y nos une la decisión de ser libres y que nadie venga con un dedito para decirnos cómo tenemos que pensar. Por eso más que nunca no tenemos que tener miedo. Estos valores son los que nos defienden”.El presidente pidió también “que nos demos el tiempo de hacer hasta lo que parece imposible, juntos”, y sostuvo que nos une “creer que se puede estar mejor” y “querer dejarle un futuro mejor a nuestros chicos”, durante esta nueva marcha del “Sí se Puede”.En este sentido, le pidió a los manifestantes reunidos en la ciudad santafesina de Reconquista, fiscalizar la elección, “convencer a otros” y “defender lo que creemos en las redes, sin agresión pero con convicción”.“Que esta energía se transforme en una votación que exprese el amor que tenemos por nuestro país” y “el orgullo” de haber nacido en la Argentina, dijo Macri y agregó que está en juego “no dar vuelta la elección, es dar vuelta la historia de este país y tengamos décadas de paz, amor y trabajo” Seguí leyendo:“Hoy no podemos hacer choripán...”: el audio de CFK que se le disparó a Aníbal Fernández en medio de un juicioEl informe político que se entregó en IDEA y puede anticipar el resultado electoral del 27 de octubreRoberto Lavagna: “Hubo lluvia de inversiones, pero de Argentina al exterior, salieron USD 70.000 millones”

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Polémica por designaciones en el Estado a menos de dos semanas de las elecciones

Mauricio Macri y Andrés Ibarra (NA)A dos semanas de las elecciones generales del 27 de octubre, el Gobierno oficializó diversas convocatorias para cubrir 313 cargos en los ministerios del Interior y Justicia, la Dirección Nacional de Migraciones, y las secretarías de Modernización y de Legal y Técnica, entre otras áreas. Según señalaron a Infobae desde Casa Rosada, se trata de un proceso de 4883 concursos impulsados tanto por Mauricio Macri como por Cristina Kirchner.Sin embargo, desde el kirchnerismo cuestionaron las resoluciones publicadas ayer en el Boletín Oficial, firmadas por el secretario de Empleo Público, Pablo Martín Legorburu. “Resulta sorprendente que a tan pocos días de las elecciones y el cambio de Gobierno se produzca una convocatoria masiva a cubrir vacantes dentro del Estado. Estoy de acuerdo con la regularización de la personas que llevan mucho tiempo en la administración pública, pero el solo hecho de que se haga en un contexto electoral ya levanta sospechas”, aseguró el diputado de Mendoza por el Frente para la Victoria, Guillermo Carmona, ante la consulta de Infobae.Para el dirigente peronista, la convocatoria oficial viola el decreto 632, firmado por el presidente Mauricio Macri, que congeló la cantidad de contratados y las plantas permanentes y transitorias, y también la Ley de Responsabilidad Fiscal. “Establece que no se pueden aumentar las erogasiones bajo ningún concepto, y lo que cobra un empleado de planta es diferente a lo que cobra un contratado”, destacó el diputado.El diputado Guillermo Carmona (Charly Dí­az Azcué)Con el objetivo de ahorrar 25.000 millones de pesos, el Jefe de Estado firmó el mencionado decreto en julio del año pasado. Entre los argumentos, se afirmó que “la calidad en la gestión pública depende del cumplimiento del principio de economía, esto es, que el funcionamiento de la Administración Pública propenda a la utilización racional de los recursos públicos". "La asignación de recursos a la Administración Pública debe ajustarse estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el logro de las metas y objetivos previstos”, se agregó en el texto.Por su lado, el secretario de Modernización y vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, afirmó que las acusaciones son “infundadas”. “Las vacantes publicadas no son designaciones ni están destinadas a personas que ingresaron durante esta gestión; tampoco implican un aumento de la planta del Estado porque son puestos de trabajo ya ocupados, por lo tanto no está en contra de la Ley de Responsabilidad Fiscal ni del Decreto 632/18”, expresó el funcionario en las redes sociales.Y agregó: “Se trata de convocatorias a concurso para empleados que trabajan hace más de 10 años en la Administración Pública Nacional. Esta es una política que se viene desarrollando desde 2016 y que implica el ingreso o permanencia en el Estado bajo criterios de mérito e idoneidad. Estos concursos no son un mero pase a planta automático, sino que son procesos donde se deben validar competencias y antecedentes, rindiendo exámenes y acreditando requisitos específicos, conforme a los convenios colectivos de trabajo”.Desde el área de Modernización, y ante la consulta de este medio, destacaron que hay “hay concursos congelados desde la gestión anterior, 3260, todos cargos simples. Nosotros vinimos y los descongelamos, y también impulsamos 1623, incluso concursos para altos cargos de la dirección pública, algo que nunca se había hecho”. Y agregaron: “Se trata de concursos para pasar a planta permanente de empleados que estaban contratados y que venían desde hace 10 años con contratos precarios”.Ibarra, que en diálogo con radio Mitre afirmó que Cambiemos recibió en 2015 una planta de empleados permanentes y transitorios de 240 mil personas y que finalizará su mandato con una planta de 190 mil personas, defendió la política de gestión del empleo público y la comparó con el kirchnerismo.“Hablan de refugiarse en el Estado a costa de los argentinos. Una paradoja, precisamente es lo que ellos hicieron de manera inescrupulosa antes de irse en 2015. Sería bueno recordar que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner la Administración Pública Nacional creció indiscriminadamente un 91% (+110.700 puestos), mientras que el gobierno de Mauricio Macri la redujo un 18.5% (-44.800 puestos)”, indicó el funcionario en su cuenta de Twitter.Evolución del empleo público total (2005-2015). Fuente: PresidenciaFrente a esta comparación, Carmona aseguró que “estas cosas no tienen que ocurrir en ningún gobierno, para eso tiene que haber una legislación clara, precisa. Este tipo de mecanismos pueden dar lugar a favoritismo. Lo ha hecho Gabriela Michetti en el Senado y no tengo dudas de que buscan lo mismo, identificar sectores de la administración donde hay cuadros del macrismo en cualquiera de sus versiones. Se busca favorecer las adhesiones al macrismo de los beneficiarios”.En este sentido, el diputado presentará durante la jornada de hoy un proyecto para derogar las resoluciones publicadas en el boletín oficial. También se establece lo siguiente: Dispóngase que durante los seis meses previos año del año de fin de mandato y de elecciones de medio término, el Poder Ejecutivo no podrá realizar designaciones de personal de planta permanente, temporal y/o contratado aun estando estos vacantes y autorizados, ni tampoco llevar adelante concursos o procesos que impliquen cobertura de cargos".“Queda exceptuada de esta prohibición las designaciones que se encuentren fundadas en situaciones de emergencia de tipo social o desastre natural declaradas por ley”, agrega el texto.Seguí leyendoContrataciones, autos y viajes en ejecutiva: 6 claves del decreto que firmó Mauricio Macri para recortar gastos del EstadoLos 5 puntos del proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal que será enviado al Congreso

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Lázaro Báez pidió postergar su declaración en el juicio por la ruta del dinero K y lo intimaron para la próxima semana

Lázaro Báez (Gustavo Gavotti/)De manera imprevista, Lázaro Báez decidió postergar su declaración en el juicio oral por la “ruta del dinero K”. Aunque su propia defensa había pedido que declare, lo que generó expectativas entre los demás imputados, en las últimas horas el empresario decidió postergar esa instancia y hasta se negó a ser trasladado a los tribunales de Comodoro Py. Su abogada Elizabeth Gasaro explicó que Báez decidió posponer su declaración porque “todavía quedan testigos pendientes”. El presidente del tribunal Néstor Costabel le respondió que no estaba justificada la ausencia del empresario y lo volvió a citar para el miércoles próximo, cinco días antes de las elecciones presidenciales. La postergación de Báez, adelantada ayer por sus abogados a través de un escrito, precipitó otras decisiones similares. El abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín también pidieron postergar su declaración. Báez asistió a las primeras audiencias del juicio, a fines de 2018, y luego dejó de ir. Hace cuatro meses, también se ausentó su abogado, Víctor Hortel, ex jefe del Servicio Penitenciario Federal. Al empresario ahora lo representan José Velázquez, que también defiende a su hija Luciana, y Gasaro.Hasta ahora, Báez nunca habló en el juicio. Su última aparición pública, hace cuatro meses, fue en un programa de C5N, donde desmintió el contenido de una escucha judicial del “Operativo Puf”, que luego se confirmó que era real.Aún se desconoce cuándo será la fecha de la nueva declaración de Báez (Gustavo Gavotti)Se cree que el constructor mantendrá la misma estrategia defensiva a la que se aferró durante todo el último año. Se espera que utilice conceptos como “persecución judicial” o “causa armada” y conceptos similares a los que se oyeron en aquella escucha.La ausencia de Báez precipitó la declaración de Leonardo Fariña, que había pedido ampliar su indagatoria a raíz de una documentación enviada por el Banco Central de Uruguay sobre la compra del campo “El Entrevero” y la participación de Santiago Carradori. Esa documentación se agregó a la causa en las últimas semanas. El arrepentido hizo una exposición y luego contestó preguntas de todas las partes, incluso del tribunal. “Yo envié un mail el 9 de marzo de 2011 con copia a Martín Báez y Pérez Gadín para que se enviaran 5 millones de dólares para el campo. El Banco Central de Uruguay corrobora mis dichos”, arrancó su exposición.Cuando comenzaron las preguntas, Fariña tuvo un cruce con la abogada Tatiana Terzano, que participa de la defensa de Báez. Ante las primeras preguntas, el arrepentido reaccionó ofuscado: “Todos mintieron en el juicio por evasión, que justamente es el hecho que me llevó a la cárcel …. Ustedes trabajan con Franco Bindi y Giselle Robles, vaya a Dolores. No puedo responder sobre esa causa porque no estoy sobreseído”. Lázaro Báez y Julio De Vido (Juan Mabromata / AFP) (JUAN MABROMATA/)El presidente del tribunal tuvo que intervenir varias veces para aplacar la tensión y encausar las respuestas de Fariña. “Parece que soy un paracaidista que hice una fortuna de un día para el otro. Báez dijo que me vio dos veces pero su propio hijo contó que nos entregaron teléfonos encriptados para hablar”, ironizó el arrepentido. Ante una nueva intervención de la abogada Terzano, Fariña reclamó que declare el empresario. “Yo compré campos, las cooperativas, y la mitad de SGI, me llama la atención que ustedes que no me pregunten por ninguna de esas operaciones”, cerró su intervención.La audiencia debía continuar con la declaración de Federico Elaskar, pero su abogado defensor explicó que no pudo asistir a la audiencia porque tuvo un accidente. “Se salvó de milagro”, dijo el abogado José Manuel Ubeira. Según pudo saber Infobae, Elaskar se cayó por las escaleras de su casa y necesita varios días de reposo.Leonardo FariñaSegún el cronograma dispuesto por el Tribunal Oral Federal 4, los alegatos deberían comenzar a fines de noviembre. Con más de 30 partes involucradas, el veredicto recién se conocerá en 2020, tal como adelantó Infobae.Con ese escenario, los jueces del TOF 4, Guillermo Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Pallioti, deberán volver a tomar una decisión sobre la prisión preventiva de Báez, que vence el 5 de diciembre. Se descarta que la renovarán hasta el final del juicio.SEGUÍ LEYENDO:Siete de cada diez argentinos confía en la democracia, pero sólo un tercio está conforme con su funcionamiento

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Con críticas a Alberto Fernández, Macri llevó el “Sí, se puede” a Córdoba

Macri vuelva a la provincia de Córdoba con el "Sí, se puede" (foto: Estudio Sisso Chouela) (ESTUDIO SISSO CHOUELA/)Mauricio Macri ya está en Córdoba. Volvió a la provincia –donde en las PASO sacó casi 20 puntos– para encabezar una nueva estación de su marcha por las 30 ciudades bajo el lema de que “Sí, se puede”. Si primera escala fue la ciudad de Río Cuatro. Allí reiteró que los argentinos no quieren “más a los mafiosos” “ni deditos que nos diciplinen”, y llamó a “dar vuelta la elección”.El presidente aseguró que la del 27 de octubre no es una elección más y reconoció que la inflación “es un flagelo” que afecta al país “desde hace 80 años”. Asimismo, insistió en que “el mundo se asustó cuando el 12 de agosto porque pensó que Argentina iba a volver al pasado”, pero advirtió que eso sucedió “porque no conocen a los argentinos”, y afirmó que “amagan un poco pero al pasado no se vuelve”.En este sentido, Macri ratificó que en un nuevo mandato de Cambiemos vendrá “el alivio para la clase media”, aunque reconoció “el agobio y la angustia” de los argentinos “a los que les cuesta llegar a fin de mes”.“Los argentinos no quieren más a los prepotentes que se creen los dueños del poder; no queremos más deditos que nos discipline”, enfatizó.Finalmente, el mandatario le pidió a los cordobeses que se sumen a la movilización que se está organizando para el próximo sábado 19 en Buenos Aires, antes del segundo debate presidencial: “Los espero a todos en el Obelisco, por nuestro futuro”.Más tarde, a las 18, Macri llegará a la ciudad de Carlos Paz, donde protagonizará una nueva movilización en el Playón Municipal, frente a la Plaza del Avión, donde esperan 10 personas con el aporte de las localidades vecinas, una concurrencia histórica para la bucólica villa turística.Es que en la localidad de casi 70 mil habitantes conocida también como “la perla" del Valle de Punilla ubicada a orillas del dique San Roque, el Presidente alcanzó la mayor diferencia del país, más del 33 por ciento, ya que la boleta de Juntos por el Cambio llegó a 55.93% y la del Frente de Todos, que postuló a Alberto Fernández apenas 22.54%.El presidente junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, ayer en Pergamino (ESTUDIO SISSO CHOUELA/)“La gente en general ha visto cómo creció la provincia con la apertura que tuvo el Presidente con el Gobernador y valoró las obras que hizo aquí, como el anillo de circunvalación, la puesta en valor del aeropuerto con grandes mejoras edilicias y más vuelos, y distintas obras que impactaron directamente en la vida de la ciudad, donde ganan Schiaretti y Macri, ambos tienen altísima aceptación”, dijo el dirigente radical Daniel Velázquez, el hombre en la zona del presidente del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, que va por la reelección.También en Río Cuarto, donde estuvo al mediodía, a Macri le fue muy bien en las primarias, porque Juntos por el Cambio logró 44%, en tanto el Frente de Todos se quedó con 32%, 12 puntos de diferencia. Pero los más de 30 de Carlos Paz ya tienen una escala solo comparable con provincias donde de condiciones clientelas, muy distintas a Córdoba donde impera una democracia altamente participativa.Por cierto debe recordarse el contexto cordobés, muy distinto a las demás provincias del país, salvo el caso de Capital Federal. En la provincia mediterréa, Juntos por el Cambio se impuso con el 48.18%, mientras que el Frente de Todos logró 30.39%, casi 18 por ciento de diferencia.Macri compartió acto con Vidal este martes en Pergamino (foto Estudio Sisso Chouela) (ESTUDIO SISSO CHOUELA/)Macri y Negri protagonizaron un gran acto en Río Cuarto, hablaron con medios locales, y desde ahí viajaron en helicóptero hasta Carlos Paz, donde visitaron la fábrica de alfajores La Quinta, símbolo del clásico producto cordobés, con más de 40 años en el mercadoAyer Macri visitó Pergamino, la pujante ciudad ubicada en la zona agrícola núcleo y con una conocida fidelidad a los partidos políticos que mejor representan a la clase media. De hecho, aunque en la segunda sección electoral ganaron Fernández y Axel Kicillof, en esa localidad de 100 mil habitantes no solo ganaron el intendente Javier Martínez (PRO), sino también la gobernadora María Eugenia Vidal y el Presidente.Por una diferencia promedio de 6 puntos (43% sacó Juntos por el Cambio contra 37% que logró Frente de Todos), en medio de una ola electoral de protesta por la crítica situación económica, Pergamino se mantuvo dentro del oficialismo y todo indicaría que ampliará la diferencia, ya que se cree que los votantes que obtuvo Roberto Lavagna, el candidato de Consenso Federal a la gobernación, Eduardo “Bali” Bucca, y el ex intendente Horacio “Cachi” Gutiérrez, junto a mayor cantidad de votantes y una épica que no existió en la campaña de las primarias, facilitará una mejor perfomance.“Nosotros hicimos siempre campaña a favor de la boleta completa”, dijo el referente radical Juan Manuel Batallanes, secretario de Tierra, Vivienda y Obras Públicas Sociales de Pergamino, donde oficialmente la UCR está en manos del ex intendente Gutiérrez, que acompañó a Lavagna, lo que obligó a las huestes del centenario partido a maximizar sus esfuerzos proselitistas, buscando posicionar a Daniel Salvador, el vicegobernador que busca la reelección junto a la gobernadora Vidal.Macri aterrizará y se irá directo a visitar la planta de Seeds Energy, una compañía fundada hace tres años por productores locales que obtuvieron financiamiento externo para producir energía en base al marlo y la chala del maíz, que antes era un desperdicio de la cosecha, y ahora se transforma en energía que se incorpora directamente a la red eléctrica.Se trata de un viejo proyecto nacido en lo que se llama el “cluster de las semillas” que imagina soluciones de competitividad en la región agrícola desde hace varios años, pero solo pudo ponerse en marcha en los últimos tiempos. Sin embargo, la administración nacional no parece especialmente conmovida con el esfuerzo y, según trascendió, la AFIP tiene una deuda de dos millones de dólares en devolución de IVA con la joven empresa.De allí, Macri se dirigió directamente a la Plaza de la Merced que está en el centro histórico de Pergamino a las 19 aproximadamente. Los referentes de Juntos por el Cambio miraron durante el el día el pronóstico del tiempo, ya que llovió en forma intermitente, pero finalmente llegaron a por lo menos 5000 personas en la movilización, ya que fueron militantes y voluntarios de Salto, Colón, Rojas, San Nicolás y Arrecifes. El Presidente estuvo acompañado por Vidal y Salvador en la Plaza de la Merced. Seguí leyendoCómo será “la marcha del millón” que prepara Juntos por el Cambio para el acto de Macri en el Obelisco antes del segundo debate presidencialMauricio Macri ensaya con Durán Barba para el segundo debate y en el Gobierno hay expectativa por la marcha al Obelisco

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Piden que los candidatos a presidente adhieran a un Acuerdo Social Anticorrupción

Los candidatos a presidente fueron invitados a adherir al documento contra la corrupción (Adrián Escandar) (Adrian Escandar/)Un grupo de reconocidos juristas de distintos ámbitos y espacios políticos, junto a organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la transparencia y la ética en la función pública harán público hoy el texto de un “Acuerdo Social Anticorrupción” e invitarán a los candidatos presidenciales a adherir, de cara a las elecciones generales del 27 de octubre.El documento fue impulsado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano -capítulo local de Transparencia Internacional-, la organización Directorio Legislativo y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), cuyo foco es el recupero para el Estado del dinero producto de delitos económicos.A partir de una serie de lineamientos base, el texto fue luego enriquecido y consensuado entre el constitucionalista de origen radical y ex integrante de la Cámara que condenó a las Juntas Militares Ricardo Gil Lavedra; el penalista Roberto Carlés, hoy alineado con el Frente de Todos, discípulo de Eugenio Zaffaroni y frustrado candidato a la Corte Suprema propuesto por Cristina Kirchner; el ex titular de la Oficina Anticorrupción Manuel Garrido; y Natalia Volosín, abogada y autora de La máquina de la corrupción.El Acuerdo incluye un conjunto de propuestas de reforma de leyes y políticas públicas que la Argentina debería implementar en materia de lucha contra la corrupción.“Es una hoja de ruta, una serie de iniciativas con 16 ejes en diferentes áreas para que marquen un horizonte sobre qué hay que hacer”, explicó Gil Lavedra en diálogo con Infobae.“Queremos poner el tema en la agenda pública. Venimos de padecer altos niveles de corrupción estructural en la anterior administración. Esta mejoró, pero quedan un montón de cosas para hacer. No se podrán implementar todas juntas, hay que discriminar qué iniciativas son más urgentes que otras”, agregó. Y puso como ejemplo de las prioritarias, modificar la ley de Ética Pública, el régimen de contrataciones con el Estado y una nueva ley para auditorias generales.El constitucionalista Gil Lavedra, el penalista Roberto Carlés, el ex titular de la Oficina Anticorrupción y la abogada Natalia Volosín, entre los impulsores del Acuerdo. (Foto ACIJ)“La corrupción es un tema que viene estando en la agenda mediática y, sin embargo, los cambios estructurales que se hicieron hasta ahora son insuficientes. La idea es aprovechar la discusión electoral para ponernos de acuerdo sobre una hoja de ruta que se debería implementar para que las condiciones estructurales que facilitan y permiten la corrupción se reduzcan”, le dijo Sebastián Pilo, co-director ejecutivo de ACIJ, a este medio.Según explicaron los impulsores, ya hubo conversaciones con representantes de las dos fuerzas mayoritarias, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, así como con la agrupación de Roberto Lavagna y el Frente de Izquierda.“Ya tienen el documento y lo están analizando. Vamos a estar trabajando para obtener su compromiso, pidiendo públicamente que adhieran a este ideal normativo. Todavía ninguno nos confirmó ni que sí ni que no. A todos les pareció un insumo importante para abordar. Puede que adhieran parcial o integralmente”, afirmó Sebastián Pilo, co-director ejecutivo de ACIJ.Para la elaboración de la propuesta, los redactores tuvieron conversaciones, además de con las difentes fuerzas políticas, con funcionarias/os de los distintos poderes del Estado para presentarles la iniciativa y proponerles su adhesión.“La corrupción impacta negativamente en el conjunto de nuestra sociedad, pero afecta particularmente a los grupos y comunidades más desfavorecidos. Las fallas institucionales que permiten que este fenómeno ocurra profundizan las desigualdades existentes en nuestro país, y alejan aún más a los sectores de poder de aquellas/os que ven vulnerados sus derechos”, sostienen en el documento.“A su vez -destacan-, la corrupción afecta gravemente la calidad de nuestra democracia. Se trata de un práctica en la que convergen actores estatales y del sector privado, que produce alteraciones en el proceso de toma de decisiones públicas que afectan al interés general. Así, la corrupción socava la independencia de -y, por tanto, la confianza en- nuestras instituciones públicas y repercute sobre la participación de la ciudadanía en los asuntos comunes”.El impacto de la corrupción“La corrupción impacta negativamente en el conjunto de nuestra sociedad, pero afecta particularmente a los grupos y comunidades más desfavorecidos. Las fallas institucionales que permiten que este fenómeno ocurra, profundizan las desigualdades existentes en nuestro país, y alejan aún más a los sectores de poder de aquellos que ven vulnerados sus derechos”, sostienen en el documento.“A su vez -destacan-, la corrupción afecta gravemente la calidad de nuestra democracia. Se trata de un práctica en la que convergen actores estatales y del sector privado, que produce alteraciones en el proceso de toma de decisiones públicas que afectan al interés general. Así, la corrupción socava la independencia de -y, por tanto, la confianza en- nuestras instituciones públicas y repercute sobre la participación de la ciudadanía en los asuntos comunes”.“En función de ello, convocamos a todos los actores de la vida social argentina, y particularmente a los partidos y referentes políticos, a adherir a este documento y utilizarlo como disparador de nuevos debates, a fin de generar los consensos estructurales y de largo plazo que necesitamos alcanzar para la construcción de un país con menos corrupción y, en particular, más justo e igualitario”, argumentan los redactores del Acuerdo.Ética en la función públicaEl documento consensuado impulsa una nueva Ley de Ética en la Función Pública que “subsane las deficiencias del marco normativo actual”. En este sentido, propone que los organismos de aplicación de la ley sean “efectivamente autónomos en los tres poderes del Estado, en reemplazo de la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo”. Actualmente, la OA está a cargo de Laura Alonso, ex diputada y militante del macrismo. Para su designación y remoción, “deben existir mecanismos claros acordes a sus objetivos” y para garantizar “tanto la imparcialidad como la eficiencia de estos organismos, deben contar con plena autonomía funcional y autarquía financiera, con criterios públicos de actuación y de rendición de cuentas”.En cuanto a la regulación de los conflictos de intereses de los funcionarios, la ley debe prevenir de forma efectiva “la cooptación de políticas públicas”, para evitar que las decisiones se encuentren motivadas “por intereses particulares en desmedro de las obligaciones públicas y el interés general”.También el documento aborda el fenómeno conocido como “puerta giratoria”. Propone limitarlo con la regulación de “períodos de enfriamiento” previos y posteriores al ejercicio de la función pública para evitar que “los actores privados que puedan llegar a ejercer cargos en el sector público tengan incentivos para beneficiar a sus ex empleadores o sus empleadores futuros; y quienes pasan del Estado al sector privado puedan llegar a utilizar la información obtenida en el ejercicio de su función para su beneficio personal”.Las modificaciones a la ley de Ética Pública incluyen la obligación de que todos los funcionarias de los tres poderes del Estado con “algún tipo de rol decisorio o intervención en el uso, distribución o administración de recursos públicos, presenten sus declaraciones juradas patrimoniales y las de sus familiares más cercanos en valores reales y de manera pública”. Deben incluir información detallada de todos los activos físicos, financieros, tenencia de títulos, criptomonedas, deudas y créditos, así como información sobre los ingresos, empleos externos y empleos anteriores, incluidos los no remunerados o de representación de intereses sectoriales de, al menos, los cinco años anteriores a la asunción del cargo.Con el objetivo de facilitar la supervisión y control por parte de la ciudadanía, “los tres poderes del Estado deben implementar mecanismos que permitan la libre accesibilidad on line de todas las declaraciones, tal como ya lo establece el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública”.También proponen ampliar el control sobre los obsequios y viajes para los tres poderes del Estado, que contemple “la prohibición de cualquier regalo, donación, cesión gratuita de uso o pago parcial o total de viajes para los funcionarios de cualquier rango y sus familiares más cercanos”. Además -destacan- “las excepciones a esta regla general de prohibición deben ser claras y taxativas” y se debe “excluir de las excepciones a quienes sean contratistas del Estado, titulares de cualquier tipo de concesión, licencia o servicio público, o que realicen una actividad fiscalizada por la institución a la que dirigieran el obsequio”.Ingreso democrático al EstadoLos redactores del documento observan que si bien la Constitución establece la idoneidad como único requisito para el acceso a los cargos públicos, “el acceso a los cargos públicos de la mayoría de las reparticiones estatales se realiza por criterios arbitrarios o poco transparentes”.Para revertirlo, proponen “el fortalecimiento de la carrera administrativa y los concursos, en todos los poderes del Estado, que garanticen la idoneidad y la estabilidad, y prevengan prácticas como el nepotismo y/o cualquier otra que implique la selección de funcionarios con criterios arbitrarios”.También piden la implementación de la ley 26.861 de ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial -incluida la Corte Suprema- y a los Ministerios Públicos Fiscales”. Sanción de la corrupciónEl documento considera necesario “armonizar los delitos de corrupción de forma coherente y proporcional al resto del Código Penal y de acuerdo a las obligaciones internacionales de nuestro país respecto de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción”.En ese sentido, propone dejar en claro que “la suspensión de la prescripción para los funcionarios se aplica aún para aquellas personas que, habiendo participado del delito, no hubiesen ocupado la función pública ni en ese momento ni con posterioridad”. Asimismo, que “no requiere que sea el mismo cargo en el cual se cometió el delito, sino que puede ser cualquier otro cargo, tanto en el sistema federal como provincial, y en cualquiera de los poderes del Estado”.El Acuerdo también propone que “se cree un mecanismo de remisión automática de los expedientes de causas de corrupción en los que se haya declarado la prescripción o superación del plazo razonable”, a los organismos encargados de la sanción de jueces o fiscales intervinientes. Lo fundamentan en que la prescripción de las causas de corrupción “es uno de los problemas que posibilitan la impunidad de este tipo de delitos” y “prácticamente no tiene consecuencias para los jueces y fiscales a cargo de ellas”.El Acuerdo propone revisar las penas accesorias a la privación de la libertad, como multas e inhabilitaciones para acceder a la función pública y para contratar con el Estado, a fin de recuperar activos y que funcionen como desincentivo para cometer delitos vinculados a la corrupción.Para los autores del Acuerdo, el “sistema judicial se ha mostrado ineficiente para evitar la impunidad de los delitos de poder, que sigue siendo la regla”. Y entre los motivos, enumera “la extensión desmedida de los procesos judiciales en causas de corrupción, la falta de recursos y personal técnicamente especializado en delitos complejos, y un sistema procesal incompatible con las características del delito en estos tiempos”.Por eso promueve implementar de forma plena el nuevo Código Procesal Penal y el sistema penal acusatorio; y sancionar por ley un Régimen de Extinción de Dominio, que sea “acorde a las garantías constitucionales y efectivo para el recupero de activos de la corrupción”.También, “garantizar una implementación adecuada, transparente y no discrecional de los mecanismos de delación premiada, así como de la prisión preventiva, para evitar situaciones de opacidad o que ameriten cuestionamientos sobre los procesos”.En cuanto a la implementación de la figura del arrepentido en las causas que investigan corrupción, debe ser realizada “en forma transparente y bajo protocolos previos de actuación del Ministerio Público Fiscal” que establezcan la obligatoriedad de la filmación íntegra de las declaraciones, a fin de que pueda controlarse el cumplimiento de todos los requisitos legales.También destacan que es necesario controlar que “la prisión preventiva sea utilizada como un mecanismo excepcional, de conformidad con la garantía del debido proceso y con los estándares reconocidos tanto por los tribunales argentinos como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.El documento propone reformar el programa de protección de testigos para que alcance a los delitos de corrupción sin que dependa de la solicitud de la autoridad judicial (hoy está dirigido a personas que colaboren en causas relativas al narcotráfico, el secuestro extorsivo, el terrorismo, delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1976/1983, y la trata de personas) y sancionar una ley de protección de denunciantes o whistleblowers.Asimismo, para evitar sus reiteradas filtraciones, recomienda reforzar los controles sobre el sistema de escuchas telefónicas en el marco de investigaciones criminales, así como revisar el diseño del organismo a cargo de ejecutarlas y su ubicación institucional. “Es necesario un mayor control por parte del Poder Judicial respecto a la cadena de custodia de las grabaciones y la delimitación de responsabilidades ante sus filtraciones, así como un mayor control por parte del Poder Legislativo sobre todo el sistema”.Contrataciones públicasOtro de los capítulos del Acuerdo se refiere a un nuevo régimen de compras y contrataciones públicas, para lo cual propone impulsar una única ley de compras y contrataciones del Estado nacional para bienes, servicios y obra pública, que abarque entre otras reformas:● Publicidad de la información de todo el ciclo de contratación pública.● Entrecruzamiento de los registros y las bases de datos sobre oferentes y proveedores del Estado entre la Nación, provincias y municipios.● Eliminación de todas las formas de asignación discrecional de contrataciones e incorporación de reglas claras y objetivas de adjudicación● Creación de una cláusula anticorrupción que abarque la suspensión de los contratos respecto a las personas físicas o jurídicas en los casos donde se hubiese comprobado la existencia de irregularidades en la contratación y la exclusión de los contratistas que sean condenados en este tipo delitos.● Prohibición de contratar con el Estado a los/las proveedores que tengan cuentas o sociedades en paraísos fiscales.● Obligatoriedad de presentar declaraciones juradas patrimoniales a los directivos y gerentes de empresas proveedoras y contratistas del Estado, que sean beneficiarias de los contratos de mayor valor.● Implementación de mecanismos de participación ciudadana de carácter obligatorio en todas las etapas, particularmente en las de planificación y control● Regulación de los conflictos de intereses para los procesos de compras y contrataciones.● Seguimiento de la conformación de las Uniones Transitorias de Empresas y sus subcontratistas.Financiamiento políticoPara prevenir desviaciones en el uso de recursos públicos -como aviones oficiales- para fines político-partidarios durante las campañas, y la confusión entre roles oficiales y de militancia partidaria de los empleados públicos, el Acuerdo recomienda:● Impulsar una ley de publicidad oficial para garantizar que cumpla con fines exclusivamente vinculados al interés general y que su distribución se realice de acuerdo a parámetros objetivos.● Implementar un sistema de controles sobre el uso de recursos públicos en períodos electorales.● Garantizar la plena publicidad, en tiempo real, de todos los aportes recibidos por los partidos políticos, tanto para actividades permanentes como en períodos de campaña.● Garantizar los recursos necesarios para que los órganos de control (juzgados y cámaras electorales) cuenten con el personal y las herramientas técnicas necesarias para supervisar el financiamiento de los partidos.● Impulsar la plena vigencia de los regímenes de sanciones para el comportamiento indebido de los partidos y sus representantes (incluidas las suspensiones para participar de elecciones ante infracciones a la ley).Otros de los capítulos para prevenir la corrupción en el Estado se refieren al Acceso a la información Pública en los tres poderes del Estado y a la transparencia presupuestaria y fiscal.El rol del sector privado“El sector privado cumple un rol fundamental en los casos de corrupción. Su intervención no se reduce a la participación en estos delitos, sino que suele facilitar también su ocultamiento mediante maniobras como el lavado de dinero. La opacidad de los mercados financieros y de la actividad de muchos de estos actores en su relación con el sector público limita seriamente las posibilidades de prevenir y detectar la corrupción”, señala el documento.Para controlar el rol del sector privado en los casos de corrupción, entre otras medidas, los redactores del Acuerdo consideran necesario:● Reducir la discrecionalidad en la aplicación del secreto fiscal y favorecer la apertura de esta información en casos en los que se investiguen delitos de corrupción.● Fortalecer la lucha contra la evasión fiscal y el blanqueo de dinero mediante la apertura de la información sobre mercados financieros locales y participación de ciudadanaos argentinos en mercados financieros extranjeros y paraísos fiscales.● Implementar medidas de control sobre la relación entre el sector privado y el público, incluyendo la sanción de una ley que regule la gestión de intereses (lobby) y que dé publicidad a las audiencias entre privados y funcionarias/os.● Ampliar los alcances y obligaciones de régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas establecido en la Ley 27.401 y exigir la implementación de programas de integridad en todas las empresas que contraten o se relacionen con el sector público.● Crear un registro con la información sobre los beneficiarios efectivos o finales de las personas jurídicas.Otras propuestas del ambicioso Acuerdo Social Anticorrupción se refieren a cómo mejorar la independencia y eficacia del Poder Judicial, el fortalecimiento del rol de los Ministerios Públicos, la eficacia de los organismos de control, la reforma del sistema de inteligencia nacional y la participación ciudadana en la prevención, investigación y sanción de la corrupción.

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La jueza imputó a tres ex integrantes de la Armada por la tragedia del ARA San Juan

El submarino ARA San JuanLa causa judicial, en la que se investiga el hundimiento del ARA San Juan junto a sus 44 tripulantes, tiene sus primeros tres imputados. Todos eran oficiales de la Armada en el momento del siniestro.Ellos son, el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia; ex jefe de Logística de la Fuerza de Submarinos; el capitán de Fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos; y al capitán de Navío Héctor Alonso, por entonces jefe del estado mayor de la Fuerza de Submarinos.Las declaraciones indagatorias serán los días 22, 23, y 24 de octubre, respectivamente. Es decir, en el caso de Alonso, un día antes que prescriba el presunto delito de “incumplimiento de funcionarios público”, tal como alertó la abogada querellante Valeria Carreras –y publicó este medio-, ya que el 25 de octubre se cumplirán los dos años de la zarpada del submarino desde la Base Naval Mar de Plata, fecha en la cual, para la letrada, “se configuró el delito”.Esto tiene una razón de ser. La pena máxima para esa calificación legal es de dos años, y para los ex funcionarios el tiempo no se interrumpe, como para los que aún siguen en funciones, como por ejemplo, el ministro de Defensa, Oscar Aguad.En la cédula de notificación, a la que tuvo acceso exclusivo Infobae, Marta Yañez, la jueza federal de Caleta Olivia que investiga la tragedia, aclara que recién cuando se presenten para la declaración indagatoria “se les hará saber a los imputados los hechos que se les imputan y las pruebas que obran en su contra”.La jueza federal deja entrever que no serán los únicos imputados que tendrá la causa, y que estos serán “convocados con el devenir de la presente instrucción”.La magistrada ya informó sobre la medida que tomó al actual jefe de la Armada Almirante José Luis Villán.Los tres oficiales fueron los que firmaron la orden de zarpada del submarino ese 25 de octubre.Sus superiores eran el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, por entonces comandante de adiestramiento y alistamiento de la Armada y el ex comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide.Hasta una semana después de la mayor tragedia de la Armada en tiempos de paz, la fuerza estaba bajo el mando del almirante Marcelo Srur.El próximo 22 de octubre, es decir el día de la primera indagatoria, la querella conformada por Carreras, Fernando Burlando y Lorena Arias, presentará una larga lista de imputaciones, entre los que figuran Srur, López Mazzeo, Villamide y el ministro Aguad, los acusan del presunto delito de “homicidio con dolo eventual”.Como ya publicó Infobae, las ordenes de operaciones que pesaban sobre el ARA San Juan estaban divididas en cuatro fases.La primera consistía en llegar hasta la Base Naval de Ushuaia, realizando patrulla submarina.La segunda era una estadía en esa base.La tercera, un ejercicio conjunto de ataque y posterior patrulla del mar.La cuarta nunca (realizar tareas de inteligencia sobre pesca ilegal, y posiciones de aviones y naves inglesas que operan bajo las ordenes de “gobernación Malvinas), nunca se concretó.Según reconstruyó la Comisión Bicameral, el hundimiento de la nave ocurrió mientras desarrollaba la tercera etapa.Según el trabajo de diputados y senadores, “eran las 10 de la noche del 14 de noviembre de 2017 cuando desde el ARA San Juan se realizó una comunicación de alta frecuencia al Comando de la Fuerza de Submarinos”.Fue para informar que “estaba navegando normalmente, que iba a inmersión a plano profundo y que la próxima comunicación sería dentro de las próximas 48 horas”.Sin embargo, a las 23:42, Fernando Villarreal, el jefe de Operaciones del buque, llamó al celular personal del jefe de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos, Hugo Miguel Correa. Le dijo que estaban en superficie porque acababan de tener un principio de incendio, pero que ya estaba controlado.En la conversación, según la documentación aportada a la Bicameral y al juzgado de la jueza Yañez, “Villarreal explicó que podría haberse producido por la entrada de agua por el sistema de ventilación. Pese a decirle que estaba bajo control, le consultó a Correa dónde estaban los buques de la flota por si necesitaban ser rescatados”.Mientras esto sucedía, el capitán del submarino, Pedro Fernández, enfrentaba un temporal con olas superiores a los siete metros de altura.Para la magistrada resultaría evidente que Correa no percibió la gravedad de lo que estaba ya que respondió que el resto de la flota “estaban a 20 o 24 horas de navegación”.Según declararon expertos tanto en sede judicial como en la Comisión Bicameral, ese tiempo se podría haber reducido a un máximo de 10 o 12 horas si el capitán de fragata Correa hubiese advertido que era necesario tomar medidas urgentes.Exactamente 28 minutos después, es decir en los primeros minutos del 15 de noviembre de 2017, Villarreal volvió a llamar a Correa. Actualizó la posición del submarino por GPS. Correa, por su parte, le pidió que estuviese atento porque en un rato iba a llamarlo el comandante de la Fuerza de Submarinos, Villamide.Esto sucedió a las 00:58. Fue allí cuando el capitán del submarino le dijo que su superior que estaban navegando en superficie porque habían tenido un cortocircuito en las baterías de proa con principio de incendio, probablemente ocasionado por la filtración de agua de mar.Villamide declaró en la causa que en ese momento le ordenó cancelar la patrulla y emprender la derrota -el regreso- hacia la base naval de Mar del Plata.El capitán Fernández le respondió que lo iba a hacer cuando volviera a inmersión. En ese momento estaba reponiendo aire y alejándose de la costa por el fenomenal temporal, que maltrataba a la nave.El siguiente mensaje fue “por datos”, a través del sistema Tonina. Decía: "Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N°3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido”, también aclaró que el principio de incendio había sido controlado y que no había novedades en la tropa, es decir que no había heridos.A las 7:19, Villarreal volvió a llamar a Correa. Le preguntó si habían recibido el mensaje y le anunció que iban a abandonar la patrulla y los ejercicios. Volvían directamente a Mar del Plata. También le dijo que estaban cansados, que iban a bajar para poder descansar y revisar las baterías.(Senado de la Nación)No hubo otra comunicación. A las 10:51, la Organización para la Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBTO), que tiene su sede en Viena, informó la existencia de un evento hidroacústico anómalo.Era la implosión del ARA San Juan.El resto ya es conocido. Un año después se encontraron los restos del submarino a 900 metros de profundidad.“La prueba colectada durante la presente investigación no arroja dudas de que dicho evento hidroacústico se produce con motivo del colapso estructural del submarino ARA San Juan", escribieron en su dictamen los integrantes de la Bicameral.Pudo haber cambiado el destino de los 44 tripulantes si Correa y Villamide tomaban otras decisiones. Si daban otro tipo de directivas, si prohibían la inmersión del ARA San Juan, a la espera de la llegada de los buques de la flota que habían realizado tareas de adiestramiento juntos a pesar del temporal y el mal tiempo.Quizás a partir de la decisión de la jueza, algunas de estas preguntas tengan respuesta para los dolientes que lloran a sus seres queridos sepultados en el océano.

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