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Política

Alberto Fernández: “El coronavirus mató la economía”

Alberto Fernández salió especialmente de la Quinta de Olivos para encabezar el acto en el Edificio LibertadorEl presidente Alberto Fernández aseguró este miércoles que la pandemia ha dejado al descubierto muchas cosas y entre ellas su capacidad de desmoronar imperios económicos. “El coronavirus mató la economía”, enfatizó el mandatario al encabezar este mediodía el acto de camaradería con las Fuerzas Armadas en el Edificio Libertador.“Con la pandemia descubrimos que el mundo tiene un sistema económico muy frágil, tan pero tan frágil que un virus, imperceptible a la vista humana, fue capaz de desmoronar imperios económicos”, advirtió el mandatario.El Presidente señaló que hace meses que los analistas se dedican a revisar la lista de enfermos y muertos que el coronavirus ha provocado y se ha dejado de lado lo que pasa en las bolsas de comercio del mundo. “Si nos detenemos a mirar, podríamos ver cómo el virus mató la economía”, advirtió.“Podríamos ver cómo se cayeron los bonos de las grandes potencias y cómo las acciones de grandes imperios económicos se desmoronaron. Y uno se pregunta: esa economía que nos proponían, ¿qué fortaleza tenía si tan solo un virus es capaz de tirarla abajo como quien tira abajo un castillo de naipes?”, reflexionó.Ante los mandos más altos de las Fuerzas Armadas, el Presidente llamó a “construir una economía sólida” y recordó que “la solidez en la economía la produce la economía real, que es la que produce, da trabajo y genera desarrollo. No hay otra economía”, afirmó.El Presidente reivindicó el rol de las FFAA durante la pandemia y anunció un reconocimiento salarial esperado“La economía del mundo financiero es una economía donde la plata se gana fácil, especulando. Y como diría mi abuela: todo lo que se obtiene fácil se pierde fácil también”, alertó.En este sentido, Fernández incentivó a desarrollar otro mundo y otro país, mucho más igualitario. “Debemos construir un país que permita un desarrollo más igualitario. Al norte o al sur hay una Argentina central rica, pero también hay otra Argentina periférica olvidada del desarrollo. De una vez por todas tenemos que hacer una Argentina que se desarrolle por igual”, reclamó.“No podemos vivir éticamente en una sociedad si sabemos que el 40% de los argentinos están hundidos en el pozo de la pobreza. Ignorar esa realidad no es ético. Lo único que es ético es tenderles la mano a esos y volverlos a poner junto a nosotros. Para eso necesito de todos, también de nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas”, concluyó.Seguí leyendo:El Presidente reivindicó el rol de las FFAA durante la pandemia y anunció un reconocimiento salarial esperadoCoronavirus: “Se vienen las semanas más duras”, dijo el ministro de Salud porteñoUn infectólogo que asesora al gobierno explicó que el récord de casos se debió a que “se cayó el sistema de carga durante 24 horas”Casi todos los pacientes con COVID-19 presentan al menos uno de estos tres síntomasEl Presidente, Rodríguez Larreta y Kicillof tomaron nota del récord de contagios por COVID-19, pero esperarán para definir cómo sigue la cuarentenaLa última y angustiante carta por la pandemia de la novia del Mago sin DientesArgentina, la economía de la región peor preparada para afrontar la crisis del COVID-19COVID-19 en Argentina: se confirmaron 117 muertes y 5.344 contagiados en 24 horasInseguridad y reactivación de la economía: Axel Kicillof analizó con intendentes del conurbano la continuidad de la cuarentenaLa fiscal de la causa del espionaje ilegal tiene COVID-19 y está internada

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El presidente de la Asociación de Magistrados sostuvo que existe un “avasallamiento sobre el Poder Judicial para vulnerar su independencia”

Marcelo Gallo Tagle (JAVIER GONZALEZ TOLEDO/)La corporación judicial se puso en alerta: la reforma judicial con foco en los tribunales de Comodoro Py que se anunciará este viernes, la iniciativa sobre la ampliación de ministros de la Corte Suprema a través de un consejo asesor, el pedido oficial para revisar los traslados de los jueces... Todo en un mismo escenario y en un mismo momento. “Nos preocupa el conjunto de estas medidas y el avasallamiento sobre el Poder Judicial para vulnerar su independencia”, dijo a Infobae el juez Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).Gallo Tagle es el titular de una entidad que nulea a jueces, fiscales, defensores, funcionarios y miembros de los cuerpos periciales que prestan funciones en la justicia nacional de la Capital Federal y en la justicia federal con asiento en las 23 provincias argentinas. Mañana, el Consejo de la Magistratura comenzará a debatir la iniciativa del Ejecutivo para revisar una decena de traslados que se hicieron, especialmente, en la gestión de Mauricio Macri. Algunos de los jueces en observación tienen o tuvieron causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Otros de los magistrados a los que se cuestionan ocupan cargos electorales.Al ser consultado por Infobae sobre estos traslados, Gallo Tagle afirmó: “Es un tema que surge en un momento inoportuno. No sé si es acerca o no la revisión de los traslados, pero lo que está claro es que no es el Consejo el que tiene que analizar eso si es que no fueron bien hechos”.Es que, según remarcó, acá se trata de decisiones que tomó el Poder Ejecutivo en la gestión anterior. “Cualquier investigación sobre esos traslados no las puede hacer el Consejo de la Magistratura. El Consejo no tiene competencia para dejar sin efecto una decisión del Ejecutivo, no tiene ninguna competencia”, afirmó. “No se puede saltear esta valla”, dijo.Fuentes consultadas por este medio señalaron que varios de los jueces traslados que están en la mira ya fueron a la asociación para manifestar su preocupación ante la iniciativa que oficiliazó la semana pasada el representante del Ejecutivo Gustavo Ustarroz en la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, que preside la diputada Graciela Caamaño.El foco está puesto sobre diez jueces: Zunilda Niremberger (jueza de Chaco) , Esteban Hansen (juez de Jujuy) y María Verónica Skanata (juez de Posadas) -que resuelven sobre cuestiones electorales-; Enrique Velazquez (desde hace 17 años juez de menores) y Juan Manuel Iglesias (Tribunal Oral de Chaco). También figuran los pases de Federico Villena (juzgado federal de Lomas de Zamora), Eduardo Farah (Tribunal Oral Criminal de San Martín), Germán Castelli (integrante del Tribunal Oral Federal) y la dupla de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (Cámara Federal porteña). Precisamente, es sobre Bruglia y Bertuzzi, que confirmaron muchos de los procesamientos de Cristina Kirchner, donde se concentran las mayores miradas.“¿Venganza? No sé las intencionalidades. Vemos las conductas -dijo a Infobae Gallo Tagle- Nos preocupa el conjunto de estas medidas y el avasallamiento sobre el Poder Judicial para vulnerar su independencia”.El juez aseguró que “en este contexto, todo es sospechoso y aparece como un fuerte avasallamiento sobre el Poder Judicial y su independencia”. Y señaló que estas cuestiones están siendo analizadas por la Asociación de Magistrados “con mucha preocupación”. Aún no se pronunciaron a través de un comunicado.Tras resaltar que “la Nación son tres poderes”, el titular de la entidad afirmó: “nos alarma que esta cantidad de proyectos, de la manera en que se están presentado” porque aparecen como “ataques para modificar ciertas estructuras” que hacen a uno de los poderes de la República.“El presidente Alberto Fernández anunció el día de su jura, pero también en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que se iba a respetar la independencia del Poder Judicial y que no se iba a permitir ninguna injerencia sobre la justicia. Aplaudimos ese discurso. Pero ahora pareciera que están medidas están afectando la independencia”, sostuvo el representante del organismo, en un claro mensaje por elevación a las autoridades del Gobierno.Fue por eso que Gallo Tagle afirmó: “Hay mucha actividad tendiente a modificar cuestiones de la Justicia: reformas, designaciones, ampliaciones del número de miembros de la Corte, traslados… Todos temas relevantes que, por formas y tiempos en que se están haciendo, no son los adecuados”.

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Fuerzas Armadas: cuál es el impacto económico que tendrán los aumentos a los militares que anunció Alberto Fernández

Alberto Fernández encabezó el encuentro de camaradería de las Fuerzas ArmadasLa regularización salarial en las Fuerzas Armadas que anunció hoy el presidente Alberto Fernández implicará un gasto estimado de 2.250 millones de pesos mensuales por el blanqueo del salario no remunerativo que hasta ahora recibían los militares y si el Congreso aprueba la ley que impulsó el Gobierno para crear un Fondo para la Defensa se sumarán $ 34.000 millones anuales para equipamiento y operaciones militares.Durante la reunión de Camaradería el Presidente anunció hoy que el Gobierno blanqueará en el presupuesto militar el pago no remunerativo de salarios para los efectivos de las tres fuerzas, los pensionados y los militares retirados ya que esta irregularidad había generado numerosos juicios contra el Estado y también el embargo de cuentas del Ministerio de Defensa.Según pudo saber Infobae de fuentes castrenses, la decisión de Alberto Fernández de incorporar desde el 1 de octubre al salario del personal militar la totalidad de las sumas no remunerativas como conceptos remunerativos fue recibida con mucho entusiasmo por los militares. Es que este era un tema altamente reclamado entre los efectivos militares desde hace años, había generado un éxodo del sector hacia las fuerzas de seguridad y generó una catarata de juicios contra el Estado que cada vez se hacía más complicada de enfrentar para las cuentas públicas.No sólo esto. Hubo en el ámbito militar mucha expectativa por la mención del Presidente en el mensaje a las Fuerzas Armadas al pedido especial para que el Congreso acelere la aprobación del proyecto de ley de creación de un Fondo para la Defensa que implicarán unos 34.000 millones de pesos anuales para equipamiento militar y tareas operativas de las tres fuerzas. El pago no remunerativo a los militares implicaba hasta ahora un promedio del 12% del sueldo global de los efectivos militares. Y según detallaron allegados al ministro de Defensa, Agustín Rossi, la idea de blanquear ese monto al salario remunerativo significará una erogación 2.250 millones mensuales para el Estado ya que la idea del Gobierno es alcanzar con esto a los militares en actividad pero también a los retirados para frenar de una vez los millonarios juicios que hubo en los últimos años.“En la práctica lo que se hará es regularizar un pago que estaba por fuera del salario remunerativo, se evitarán los juicios y se terminará con los amparos judiciales para embargar cuentas del Ministerio de Defensa”, dijo a Infobae un funcionario que responde al ministro Rossi.A la vez, explicaron que la incorporación del pago total remunerativo del salario de los militares servirá para engrosar los fondos del IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas.El presidente Alberto Fernández encabezó esta mañana el encuentro de Camaradería de las Fuerzas Armadas, donde agradeció a todos sus efectivos “por estar presentes cuando su pueblo los necesitó” durante la lucha contra la pandemia del coronavirus, y anunció que a partir del 1 de octubre se incorporará al salario del personal militar la totalidad de las sumas no remunerativas como conceptos remunerativos.En términos concretos esto implicará que los efectivos militares sumarán a su salario de bolsillo un 12% del salario no remunerativo que cobraban hasta ahora en negro.En este sentido, el Presidente aseguró que la medida de regularización de los ingresos tiene el objetivo de terminar “con el gran desorden del sistema salarial de las Fuerzas Armadas, para volver a poner las cosas en orden y para poner fin a todas las inequidades y desigualdades que se fijaron en este tiempo”.El propio jefe de Estado reconoció que esta irregularidad salarial en las Fuerzas Armadas generaba conflictos enormes porque muchas veces se vieron las cuentas embargadas del Ministerio de Defensa que no podía funcionar por temas de esta naturaleza.A la vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dispuesto por unanimidad incorporar a los sueldos del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas las sumas no remunerativas, al sostener que estas deben considerarse bonificables. A través de un fallo unánime, el máximo tribunal resolvió que los suplementos “por responsabilidad jerárquica” y “por administración de material” creados por el decreto 1305/2012 deben considerarse remunerativos.Además, las Fuerzas Armadas reciben un salario de hasta un 30% más bajo que las fuerzas de seguridad y ello generó en los últimos años un éxodo de militares a la Gendarmería o la Policía de la Ciudad, por ejemplo. Según datos oficiales del Ministerio de Defensa, actualmente hay 48.193 efectivos del Ejército, en la Armada 16.405 y en la Fuerza Aérea unos 13.263. En los últimos años hubo una baja significativa en las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en la Fuerza Aérea, se pasó de 15.000 efectivos en el 2010 a 13.000 en el 2018. Algo similar ocurrió con la Armada donde hubo un pico de 16.900 efectivos en el 2013 y en el 2018 se pasó a 16.400. En tanto, el personal del Ejército pasó de tener 50.900 efectivos en el 2015 a contar con 48.100 en el 2017.Fondo para la DefensaEl ministro de Defensa, Agustín Rossi, explicó al término del acto en el Edificio Libertador que el Gobierno espera que en las próximas semanas se sancione en el Congreso el fondo de reserva para las Fuerzas Armadas para lograr un reequipamiento del sector. Este proyecto de ley tiene media sanción de Diputados y espera su aprobación en el Senado.El Fondef contemplará un 0,5% de los gastos del Estado y en ese global presupuestario que sumarán las Fuerzas Armadas para impulsar puestos de trabajo en la Argentina y reequipar a los militares se destinarán 34.000 millones de pesos anuales según señalaron fuentes castrenses.En paralelo al anuncio presidencial los diputados Carlos Fernández (Juntos para el Cambio) y Germán Martínez (Frente de Todos), que forman parte de la Comisión de Defensa, reivindicaron la decisión del Gobierno de avanzar con el Fondo para la Defensa ya que “las inversiones que necesitan las Fuerzas Armadas trascienden una gestión de gobierno”.En el ámbito militar los anuncios del Presidente fueron muy bien recibidos si se tiene en cuenta también las críticas de algunos sectores del kirchnerismo duro hacia las Fuerzas Armadas. Por caso, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo cuestionó que Alberto Fernández llamara a “dar vuelta la página” en la relación con las Fuerzas Armadas. La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora lo llamó “negacionista”, pidió una rectificación pública y sostuvo que “no hay posibilidad de reconciliación con los genocidas”.En este nuevo contexto de pandemia y ante los anuncios presidenciales, en las Fuerzas Armadas remarcaron el gesto del Presidente y destacaron que haya salido especialmente de la Quinta de Olivos para tomarse una foto con los cuatro referentes de las fuerzas: el jefe del Estado Mayor Conjunto general de brigada Juan Martín Paleo, del Estado Mayor de la Fuerza Aérea brigadier Xavier Isaac, del Ejército general de brigada Agustín Cejas; y el de la Armada Argentina, contraalmirante Julio Guardia.Seguí leyendo: Inseguridad y reactivación de la economía: Axel Kicillof analizó con intendentes del conurbano la continuidad de la cuarentena

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Coronavirus: el gobierno bonaerense les pagará 500 pesos por día a pacientes leves para que se internen en un centro de salud

El gobernador de Buenos Aires, Axel KicillofEl gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este miércoles la entrada en vigencia de un nuevo plan para combatir la pandemia. Se trata del programa “Acompañar” que tiene como objeto lograr que las personas que están contagiadas de coronavirus, pero son pacientes leves, cumplan el aislamiento afuera de sus casas. De esa forma reducen la posibilidad de contagio a sus familiares.El incentivo para que se cumpla ese proceso es la asistencia del Estado mientras la persona se encuentra afuera de su domicilio. El gobierno bonaerense le pagará $500 por día a cada paciente que decida transcurrir el tiempo de cuarentena en uno de los centros de aislamiento que se montaron durante la pandemia. El tiempo máximo estimado para el aislamiento es de 10 días.El programa contempla un fondo especial para dar lo que Kicillof consideró un “subsidio de desarraigo y solidaridad” porque “aporta haciendo la cuarentena en otro lado, pero también toma una decisión solidaria”. “No es aislar ni confinar. Es acompañar en buenas condiciones este proceso de aislamiento fuera de su casa”, sostuvo. El centro de aislamiento que se montó en Tecnópolis (Foto: Franco Fafasuli) (Franco Fafasuli/)El Gobernador contó que la decisión se tomó luego de hablar con pacientes, intendentes y ministros, que advirtieron que la gente no se quiere ir de sus casas cuando no tienen síntomas o bien estos son leves. “No lo hacen porque sienten que pierden algo. Ahí es donde aparece el Estado”, indicó. La presentación del programa “Acompañar” se hizo en Tecnópolis, uno de los centros para aislamiento de pacientes leves que tiene Buenos Aires y que, según reveló el mandatario, es el más grande de todo el país. Entran 2000 personas y está equipado para que aquellos que deban estar en cuarentena puedan tener actividades recreativas, contención psicológica y atención médica. Del encuentro participaron el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, su par en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, y el ministro de Cultura, Tristán Bauer. Durante la conferencia que brindaron después de recorrer las instalaciones, Kicillof aseguró que el nuevo plan “es una medida sanitaria fundamental”. “Buscamos que los que tengan la enfermedad en un estado más leve pueda pasarla lo mejor posible y sentirse acompañado. El gobierno de Buenos Aires no va a escatimar recursos para tratar de que se contagie la menor cantidad de gente posible”, afirmó el gobernador, al tiempo que resaltó la labor de todos los trabajadores de la salud que están en el equipo de trabajo que hay en centro de aislamiento.Kicillof consideró que “es una decisión que da igualdad” porque “no no todos tienen las mismas condiciones para aislarse en sus casas”. Y agregó: “Es en ese momento cuando aparece el Estado y crea estas instalaciones y acompaña con estas decisiones”. Noticia en desarrollo...

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Teletrabajo: los senadores del Frente de Todos escucharon a los empresarios, pero no aceptarán modificaciones al proyecto

La Comisión de Trabajo del Senado analizó el proyecto de teletrabajoLos senadores del Frente de Todos decidieron respaldar el proyecto sobre teletrabajo tal como fue aprobado por la Cámara de Diputados, sin tomar en cuenta los pedidos de modificaciones que efectuaron la oposición y los empresarios, por lo que la iniciativa se encamina a convertirse en ley.El anuncio lo hizo el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Daniel Lovera, del Frente de Todos, en una reunión de ese grupo legislativo en el que se escucharon las objeciones al proyecto por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Argencon, la Asociación de Empresarios Nacionales, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).Las entidades empresariales plantearon sus diferencias respecto de algunos artículos del proyecto y advirtieron que así como estaba redactado podría desalentar el teletrabajo en la Argentina.Sin embargo, cuando terminaron las exposiciones, Lovera dijo que el oficialismo “tenía grandes coincidencias” con algunas de las observaciones, pero que “existen intereses contrapuestos” porque “la pandemia aceleró” la necesidad de una regulación “por el avasallamiento de los trabajadores”.Daniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, anuncia que no van a modificar el proyecto sobre teletrabajo“Coincidimos en que debemos escuchar a todos y a cada uno de los bloques. Pero es difícil una ley marco que contenga a todos”, señaló. Y puntualizó que el teletrabajo “tiene posibilidades de ampliarse”, aunque advirtió que hay trabajadores “con empleos y salarios importantes” y otros sectores “que están obligados a teletrabajar y que, sin pandemia y sin regulación, deberán hacerlo en condiciones precarias si no fuera por los convenios colectivos que ponen equilibrio”.El senador oficialista admitió: “Si abrimos el debate, no sé si va ser factible que tengamos ley”, tras lo cual consideró que “la media sanción de Diputados estableció pautas protectorias para salvaguardar el trabajo y la salud” de quienes hagan teletrabajo, y que por eso el bloque del Frente de Todos había resuelto “propiciar un dictamen acompañando el proyecto sin modificaciones”.Lovera propuso “que sea el Ministerio de Trabajo, es decir, el Poder Ejecutivo, dentro de las reglamentaciones, el que mejore, si hiciera falta, algunas de las cosas que hay que mejorar”.El impacto entre los senadores opositores que lo escuchaban fue fuerte porque tenían la sensación de que sus colegas del Frente de Todos finalmente iban a acceder a algunos cambios. La decisión de aceptar escuchar a los empresarios, luego de una resistencia inicial, había sido interpretada por los legisladores de Juntos por el Cambio como un indicio de buena voluntad del oficialismo.Primero intervino Julio Cobos, de Juntos por el Cambio, que dijo que su bancada buscaba “consensuar” modificaciones y que la decisión de no introducir cambios “es una lástima porque es necesario regular de la mejor manera, pero que no constituya un obstáculo” para el teletrabajo.El senador Julio Cobos, en la reunión de la ComisiónSu par de Interbloque Gladys González insistió en la necesidad de reformar la iniciativa y le dijo a Lovera: “Les entregamos una propuesta para que la trabajemos juntos y ustedes también creen que algunos artículos son mejorables”. Por su parte, Silvia Giacoppo, de Juntos por el Cambio, lamentó “no poder mejorar algo después de que todos los sectores coincidieron en los puntos álgidos”.Esteban Bullrich, del mismo sector de la oposición, dijo que la resolución del oficialismo “es una frustración” porque “esta Cámara debe actuar mejorando los proyectos que recibe, no simplemente aprobando”. Consideró que “no hay comprensión de lo que está pasando y de lo que va a pasar” en la Argentina y que “estamos regulando sobre el pasado y no sobre el futuro”. “Es una mala señal del Senado para la Argentina porque vamos a llevar informalidad a un sector que no la tiene”, advirtió.“Esta reunión de hoy podría titularse: El consenso que no fue. Fueron días de mucha esperanza porque veíamos cierta apertura por parte del oficialismo de escuchar a quienes se van a ver afectados”, destacó María Belén Tapia, vicepresidenta de la Comisión y del Interbloque opositor. “El proyecto es mejorable –sostuvo–, pero el hecho de que no podamos cambiar una coma ni agregar una frase pone más límites. Es triste que que finjamos que escuchamos y que en la práctica no suceda”.Daniel Funes de Rioja, de la UIA, en la reunión de la Comisión de Trabajo del Senado que trató el proyecto de teletrabajoAntes de este cruce, el primer representante empresarial que había hablado ante los senadores fue Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la UIA, quien destacó que, a partir de la pandemia, entre un 18% y un 20% de empleados del sector industrial están trabajando en forma remota y que se estima que podrían llegar al 30%, por lo que pidió que el teletrabajo “sea en el marco de la ley y que sea registrable”, aunque recordó que la modalidad está siendo regulada, por ejemplo en los servicios tecnológicos, mediante los convenios colectivos de trabajo.Planteó luego sus críticas a algunos artículos del proyecto, como el que prohíbe al empleador comunicarse con los empleados fuera del horario de trabajo, punto que consideró “impracticable” porque “debería acordarse en el marco de los convenios colectivos”. También objetó el que se refiere a la reversibilidad porque “la relación laboral es de confianza y credibilidad” y la posibilidad de revocar el teletrabajo “debería ser común” tanto para el empleado como para el trabajador.“Perdimos 322 mil puestos de trabajo en un año –destacó–. Tenemos que encontrar soluciones que no sean frustrantes, que no favorezcan la informalidad ni la migración laboral”.Brenda Puig, de IDEA, en la reunión de la Comisión de Trabajo del Senado Luego fue el turno de Brenda Puig, líder de la Red de Abogados de IDEA, para quien el teletrabajo “es una realidad que ya existía y que funcionaba muy bien”, por lo que sostuvo que el debate sobre su regulación, en la pandemia, “deberá tener visión de futuro” porque “es una herramienta fantástica para generar más y mejor empleo” y por eso llamó a “no regular con institutos de otra realidad”.Aseguró que en IDEA “coincidimos en el espíritu, pero no en la forma” en que están redactados varios artículos, entre los que mencionó también el de la reversibilidad: “No es razonable que sea unilateral, sin preaviso ni adecuación consensuada ni plazo de adecuación”. Con respecto a los gastos por el teletrabajo, que correrán por cuenta del empleador, Puig dijo estar de acuerdo, pero que “es muy relevante aclarar que la provisión (de herramientas de trabajo) sea no remunerativa”.“Esta ley nos va a impactar, y puede ser que incentive el teletrabajo para que haya más empleo, pero el peligro es que desaliente su uso y ahí perdemos todos”, concluyó la abogada de IDEA.Luis Galeazzi, presidente de Argencon, hizo hincapié en que en las empresas del conocimiento, que él representa, trabajan 450 mil personas y que por eso “somos el corazón del teletrabajo”. Afirmó que el sector “exporta por 6 mil millones de dólares en formato de teletrabajo”, por lo que esta modalidad “no es una forma de precarizar sino de armonizar la relación de trabajador y empleador”.Luis Galeazzi, de Argencon, opina sobre el proyecto de teletrabajoOpinó que “esta ley genera contradicciones que van a entorpecer el teletrabajo justo cuando se necesitan más empleos” y criticó, entre otros artículos, el referido a la reversibilidad: “El INVAP produce reactores nucleares que se exportan a Turquía, Holanda y Australia, y eso implica que hay equipos que viajan de Río Negro a esos países –ejemplificó–. ¿Qué pasa si en Turquía un empleado pide volver a trabajar a Bariloche? Eso debe ser de común acuerdo, no que sea unilateral”.Galeazzi también cuestionó que el proyecto “discrimine el trabajo extranjero cuando exportamos teletrabajo al mundo porque ese rubro es la tercera fuente de exportación argentina” y con el texto aprobado en Diputados “perderíamos ese mercado si hay represalias comerciales contra el país”.Tras las coincidencias con estas críticas que expresó Marcela Dávila, del Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba, fue el turno del titular de la Asociación de Empresarios Nacionales, Leonardo Bilanski, quien destacó los graves problemas económicos que atraviesan las pymes, sector donde el 60% utiliza el teletrabajo y al 35% le resulta imposible aplicarlo, según sus estimaciones.Aunque ante los diputados había alertado sobre el efecto negativo del proyecto en las pymes, el directivo ahora pidió a los senadores que votaran la ley tal como está, aunque admitió que debería haberse incluido en el texto una “estratificación y un plazo de instrumentación” porque no es lo mismo aplicarla en una empresa con 10 empleados que en otra que tiene más de 200.Pablo Deluca, directivo de ADEPA, durante la reunión de la Comisión de Trabajo del SenadoA continuación habló el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones de ADEPA, Pablo Deluca, quien, luego de destacar que “la mejor ley que se puede hacer es aquella que no es sumamente intrusiva”, indicó que “más del 80% de los empleos periodísticos hacen teletrabajo en este momento de crisis enorme, sin inconvenientes y con una productividad muy buena”.Cuando mencionó sus objeciones al proyecto analizado, le apuntó al artículo sobre la reversibilidad porque “en la práctica se hace inviable en la aplicación con fluidez y flexibilidad”, ya que “es complicado para las empresas porque implica duplicar costos en términos de cantidad de gente que ha decidido el teletrabajo respecto de guardar esa posición por si decidiera volver a hacerlo de manera presencial”.Destacó que las empresas del sector “han sostenido el trabajo en todo este tiempo” y puntualizó que “algunas ni siquiera han accedido a las facilidades del programa ATP, en un contexto en el que la publicidad y la pauta oficial cayeron en más de un 85%”. Sin embargo, dijo, “hemos seguido cumpliendo con las obligaciones respecto de nuestros trabajadores porque nadie está pensando en cercenar esos derechos sino que, al contrario, estamos tratando de que este balance, en términos de aplicabilidad de este artículo sobre reversibilidad, sea reconsiderado por parte del Senado”.Ramiro Albrieu, del CIPPECPor último, Ramiro Albrieu, investigador del CIPPEC, dijo que “el mundo ya tiene normativas” sobre teletrabajo y que en todos los casos incluye la protección del trabajador y la promoción de la modalidad. Dijo que en el proyecto que se analiza en el Senado la primera cuestión está contemplada “con muchas previsiones”, aunque “la promoción del teletrabajo está desbalanceada”: consideró que, pese a que una de cada cinco empresas en la Argentina hizo un cambio tecnológico, “se requiere una política de capacitación y de ayuda a las empresas mediante beneficios crediticios para comprar computadoras y de incentivos tributarios” para expandir el trabajo remoto.Entre los cuestionamientos al proyecto, también coincidió en que “desincentiva no preavisar para los casos de reversibilidad” y pidió que participe el Ministerio de Ciencia para que brinde asesoramiento sobre cómo se pueden instrumentar algunos artículos de la iniciativa en el mundo digital.Seguí leyendo:Fuerzas Armadas: cuál es el impacto económico que tendrán los aumentos a los militares que anunció Alberto FernándezAlberto Fernández cierra el frente interno por la deuda: ¿trinchera final o margen para negociar?

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El Polo Obrero realiza un corte en la Panamericana en contra de la flexibilización de la cuarentena y en reclamo de aumentos a los planes sociales

Organizaciones sociales y políticas de izquierda encabezadas por el Polo Obrero llevaban adelante una “jornada nacional de lucha” en reclamo de mayor ayuda estatal por la pandemia del coronavirus. El epicentro de la protesta se desarrollaba en la autopista Panamericana y en la avenida General Paz, donde las manifestaciones producían importantes demoras en el tránsito.La columna del piquete se movilizaba durante este mediodía en el cruce de la Ruta 202, mano a Provincia, a la altura de la localidad bonaerense de Don Torcuato.El corte total en la General Paz, en tanto, era a la altura de avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Liniers, y se había programado un punto en el Puente Pueyrredón.“¡Basta de hambre! ¡Ni un peso para el #FMI y la deuda!”, señala el comunicado de las organizaciones Polo Obrero y Partido Obrero “tendencia”, las agrupaciones que se formaron detrás de la figura de Jorge Altamira.De acuerdo a la proclama de estas organizaciones, los manifestantes se movilizan en todo el país porque “se pretende levantar la cuarentena estando al borde del colapso sanitario y en el pico de contagios”.“¡Defendamos una cuarentena por la vida”, esboza el texto, que además solicita la apertura de programas de “trabajo genuino” y el aumento de las partidas presupuestarias en comedores y merenderos.Por otro lado, la convocatoria apunta a que también se incrementen “los ingresos congelados de los planes sociales y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”, y un aumento “general de salarios y jubilaciones”.Las dos protestas ocasionaban importantes demoras y varios kilómetros de congestión.Seguí leyendo:Dirigentes de la oposición, intelectuales y empresarios le pidieron al Gobierno que promueva “una mesa de diálogo nacional” para enfrentar la crisisMáxima tensión en Córdoba capital: la UTA prometió “sitiar la ciudad” con una protesta masivaDaniel Arroyo: “Hay una sociedad preocupada y angustiada, pero que entiende que el camino hoy es el aislamiento”

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El Gobierno piensa en Víctor Abramovich para ocupar el lugar de procurador general de la Nación

“Víctor Abramovich no quiere el lugar de (Eduardo) Casal”, aseguran cerca del abogado que hoy está en la línea sucesoria de la Procuración General de la Nación. Nadie lo cree demasiado. Sin embargo, insisten en que nadie del Gobierno se comunicó para saber si aceptaría esa jugada, para la cual se necesita desplazar a Casal (que está en forma interina a cargo del Ministerio Público Fiscal) y a quien le sigue, la abogada Laura Monti.Una amiga, incluso, brindó otro detalle. “Lo llamé para felicitarlo porque sonaba como el plan B, pero me contó muy sorprendido que se había enterado por los diarios”, confió a Infobae. Quizás porque, en rigor, Abramovich haya sido desde el principio el plan A de Cristina Fernández de Kirchner, según comentan algunos.Lo concreto es que la unidad que se fue consolidando en Juntos por el Cambio es la que obliga al Gobierno a pensar nuevos experimentos en materia judicial, más que nada buscando opciones que no necesiten dos tercios de la Cámara de Senadores para su aprobación, una cantidad de votos que difícilmente obtengan.Esa mayoría agravada es la que llevó a desestimar a la vicepresidenta el ingreso del pliego de Daniel Rafecas para ocupar la vacancia de la Procuración, algo que cuando arrancó el Gobierno daba por descontado. Espadas del FdT en el Senado le dijeron que si les da margen de maniobra, pueden lograrlo. Pero Cristina no les tiene confianza y no quiere arriesgarse a una derrota. Y así nació –o volvió, según con quién se hable– la idea de mover las piezas para dejarle lugar a Abramovich.Es que el actual procurador fiscal ante la Corte Suprema tiene los pergaminos perfectos para el FdT. Fue secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur entre 2010-2014, dirigió el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús entre 2006 y 2009 y fue vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA entre 2008 y 2009. Director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consultor del BID, la UNESCO, la OIM, la UNICEF y de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. También fue docente de la maestría de Derechos Humanos y Democratización en América Latina que estuvo bajo la dirección general de Jorge Taiana.El 29 de septiembre de 2015, quien todavía era procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, le tomó juramento como procurador fiscal ante la Corte Suprema, cargo al que accedió luego de un concurso realizado para magistrados del MPF, en una terna donde Abramovich quedó en primer lugar.Eduardo Casal, en Diputados. (Nicolás Stulberg)Del evento participaron Horacio Verbitsky y Gastón Chiller, por el CELS, Ana Jaramillo, decana de la UNLa, los jueces Daniel Rafecas, Alejandro Slokar y Oscar Zas, y el ya mencionado Taiana, entre otros allegados. También los procuradores fiscales Casal y Monti, que deberían abandonar sus cargos para facilitarle el ascenso.Con varios pedidos de juicio político impulsados desde despachos oficiales, el Gobierno espera que Casal renuncie antes y Monti dé un paso al costado. En caso contrario, espera dar vuelta la posición de algunos senadores opositores para que se avengan a aprobar el pliego de Rafecas.“Nosotros vamos a sentar posición sobre todo lo que está pasando en materia judicial en la mesa chica de Juntos por el Cambio. No sólo es el cargo del procurador, sino la instalación de una reforma de la que nadie conoce el texto, mientras el Consejo de la Magistratura no se reúne y el Poder Judicial está paralizado”, explicó un influyente senador opositor, preocupado por lo que considera “una avanzada K sobre la Justicia independiente”.

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Ruta del dinero K: la Oficina Anticorrupción pidió una pena de 8 años y 6 meses de prisión para Lázaro Báez

En la primera audiencia luego del receso por la cuarentena, la Oficina Anticorrupción pidió hoy una pena de 8 años y 6 meses de prisión para Lázaro Báez en el juicio por la ruta del dinero K, donde se juzgan maniobras de lavado por alrededor de 60 millones de dólares. El empresario ya acumulaba dos pedidos de penas de 9 y 8 años de cárcel de las otras dos querellas. Los abogados de la OA también pidieron penas para los cuatro hijos de Báez y solicitaron que el tribunal ordene el decomiso de los bienes investigados.La querella de la OA también pidió que sean condenados el abogado Jorge Chueco, actualmente en libertad, y Daniel Pérez Gadin, una pieza clave en la estructura de Báez, a 7 años y 6 meses. En el caso de Leonardo Fariña, los abogados de la OA destacaron su rol como arrepentido y solicitaron una pena de apenas 3 años. “Los aportes de Fariña han contribuido a comprobar los hechos de lavado”, destacaron los letrados.Luego de tres postergaciones y de innumerables problemas técnicos, esta mañana finalmente se pudo reiniciar el juicio de manera remota. La audiencia estaba prevista para las 9:30. A partir de ese momento, fueron apareciendo en la plataforma de Zoom los abogados y algunos de los imputados. El presidente del TOF 4, Néstor Costabel, informó que Lázaro Báez y su hijo Martín se negaron a ser trasladados dentro de la cárcel de Ezeiza para seguir la audiencia a distancia.En ese contexto de cierta informalidad, un defensor oficial decidió seguir la audiencia desde una hamaca. Hasta los jueces del TOF 4 participaron a distancia. El único de los abogados defensores que no estaba presente a esa hora era José Manuel Ubeira, que representa a Federico Elaskar, y tuvo que ser reemplazado por otro colega.Los primeros minutos transcurrieron entre ajustes técnicos y algunas aclaraciones previas de los abogados. Alejandro Baldini, que defiende a Leandro y Melina Báez, aclaró que sus defendidos estaban siguiendo la audiencia desde Río Gallegos, donde la señal podría sufrir interrupciones. “Estamos casi en Fase 1 porque hubo un rebrote de casos”, explicó. De hecho, la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner firmó ayer un decreto que establece restricciones y la suspensión de ciertas actividades en Río Gallegos.Recién pasadas las 10 de la mañana, los abogados de la OA retomaron su alegato con un Power Point donde estaban descriptas las operaciones de lavado de dinero en la compra de autos, campos y propiedades. Luego describieron los roles de cada uno de los 27 acusados.En ese contexto, los abogados del organismos que preside Félix Crous aseguraron que Martín Báez “fue los ojos de su padre en el traslado del dinero a SGI” y que tuvo un rol clave en la conformación de la estructura bancaria en el exterior. “En los albores de la maniobra constituyó Teegan Belice y fue beneficiario de la cuenta de Fromental”, destacó uno de los abogados entre tantas operaciones. Para el mayor de los hijos, la querella pidió una pena de 8 años. El pedido de pena para Lázaro Báez, de 8 años y 6 meses, estuvo en la misma línea de las otras dos querellas. Antes del receso, la Unidad de Información Financiera (UIF) había pedido una pena de nueve años de prisión para el empresario, y la AFIP ya había pedido ocho años de cárcel.Para los otros tres hijos, la OA también pidió condenas: Leandro (5 años), Melina (4 años y 6 meses) y Luciana (4 años y 6 meses).El juicio se había suspendido el 11 de marzo y su reinicio fue demorado al menos tres veces por fallas técnicas. En un principio se iba a reanudar el 24 de junio; luego el 1 de julio, y por último se intentó que fuera el pasado miércoles 8, sin embargo nunca se superaron los problemas. Finalmente se optó por la plataforma Zoom.En las próximas tres audiencias será el turno de la Fiscalía. A partir de ese momento el juicio entrará en la recta final con los alegatos de las defensas. El TOF 4 dispuso el siguiente orden: 1) Lázaro Báez, 2) Jorge Oscar Chueco, 3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 4) Leonardo Fariña, 5) Martín Báez, 6) Leandro Báez, 7) Melina Báez, 8) Luciana Báez, 9) Walter Zanzot, 10) Julio Enrique Mendoza y así hasta llegar al número 27.A partir de la semana próxima, las audiencias se llevarán a cabo los miércoles y los jueves a las 9:30.La semana pasada, la Sala IV de la Cámara de Casación le había ordenado al TOF 4 que reanudara el juicio y celebrara por lo menos tres audiencias semanales hasta concluir el debate. La resolución cayó muy mal entre los jueces. En respuesta, el tribunal manifestó su “total discrepancia con la exigencia dispuesta” y dijo que el pedido “produce estupor”.El tribunal integrado por Néstor Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti también se quejó por “la carencia de recursos (...) que no encontró una solución en los órganos que ejercen superintendencia”. Y le recordó a Casación que de los tres jueces que llevan adelante este juicio, solo uno es titular del TOF 4.Lázaro Báez (Gustavo Gavotti)Lázaro Báez por ahora sigue detenido en EzeizaEl viernes pasado, el Tribunal Oral Federal 4 decidió ratificar la fianza de $632.500.000 que le había impuesto al empresario Lázaro Báez. La decisión implica postergar, por un tiempo indefinido, su salida de la cárcel. Los jueces tampoco hicieron lugar a la prisión domiciliaria tal como la había ordenado el juez Sebastián Casanello, esto es, sin una fianza. De esta manera, los abogados de Báez ahora deberán seguir apelando el monto de la fianza ante la Cámara de Casación.El fiscal Abel Córdoba había dictaminado a favor de reducir la fianza en pesos a 386.578.500, aunque mantuvo el monto en dólares. Sin embargo, el TOF ratificó el monto inicial de la fianza, tomando en cuenta el valor del dólar blue.La situación de Báez se complicó aún más porque el TOF 4 pidió también un nuevo informe sobre el estado de salud del empresario y reclamó actualizar los datos sobre la situación socio-ambiental del domicilio denunciado, en el barrio Ayres del Pilar, donde tenía previsto vivir.De esta manera, también quedó en suspenso el lugar elegido para cumplir con la domiciliaria. Báez había propuesto una casa en ese barrio privado, donde hubo protestas de los vecinos.

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Con colaboración de la oposición pero algunas advertencias, el Gobierno avanza en el Senado con la propuesta a los tenedores de deuda bajo ley local

Diego Bastourre, secretario de Finanzas de la Nación Con apoyo de la oposición, y algunas advertencias, el Gobierno dio un paso más en el Senado para avanzar en el proyecto de ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública bajo Ley Argentina. El tono del debate volvió a ser el que se registró en las sesiones extraordinarias de febrero cuando por unanimidad se votó en la Cámara alta la Sostenibilidad de la Deuda bajo Ley Extranjera. Sin peleas, se recuperó el clima de diálogo y entendimiento entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio por lo que sorprendió a la oposición que el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos), insistiera en votar el dictamen hoy mismo e incorporar modificaciones, previo acuerdo con el Ejecutivo, recién cuando el texto llegue para su tratamiento al recinto.Ante la comisión, a la que se invitó a los senadores de la Bicameral de Seguimiento de la Deuda, expusieron el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, y el subsecretario Ramiro Tossi. Durante una hora y cinco minutos ambos fundamentaron el proyecto de ley y luego respondieron preguntas. Incluso aceptaron propuestas de la oposición.En nombre de Juntos por el Cambio fue el ex ministro de Economía Martín Lousteau quien planteó consultas y correcciones. Principalmente manifestó dos preocupaciones. La primera respecto a la redacción de la cláusula RUFO ya que, consideró, debería indicarse que la ley se aplicará desde su sanción. El riesgo, explicó, es la ventana de tiempo entre el tratamiento de la ley y la negociación paralela con los tenedores de títulos bajo ley extranjera. Bastourre apuntó como lo más destacado de la ley a tratar en el Congreso que se da el mismo y “equitativo” tratamiento a los tenedores locales y extranjeros. Lousteau repitió la necesidad de salvar en la redacción la posibilidad de que en esa ventana de tiempo los extranjeros consigan una mejora en la oferta. Caserio pareció responderle al senador al mismo tiempo que a los bonistas: “Esta es la oferta final, el Gobierno no hará otra oferta”.De todos modos, Bastourre quiso darle tranquilidad al senador radical. “Estamos completamente abiertos a una redacción superadora y a consensuar”, repitió.Martín LousteauLa segunda duda de Lousteau fue respecto a si los organismos públicos tenedores de deuda podrían verse “desfavorecidos” ya que, alertó, “hay que hacerlo con mucho cuidado porque están administrando pasivos de terceros”. Como ejemplo mencionó a los jubilados y los fondos del PAMI y ANSES. “Entendemos la inquietud, cada organismo público discutirá”, agregó el secretario de Finanzas en otro intento por llevar tranquilidad respecto a que se harán canjes que no perjudiquen a los pasivos argentinos.En el inicio de la presentación, el secretario de Finanzas de la Nación desmenuzó el proyecto de refinanciación, la oferta que se hará a los distintos grupos de bonistas y los incentivos para que accedan a la propuesta argentina.El joven funcionario enmarcó la propuesta en el plan de Economía que arrancó en diciembre con la Ley de Solidaridad, continuó en febrero con la aprobación en el Congreso de la ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública bajo legislación extranjera y que completaron los decretos 346, 391 y 582 de este año para el diferimiento del pago de intereses y amortización de capital, reestructuración de títulos bajo ley extranjera al que se invitó al canje de títulos y la última enmienda. Subrayó Bastourre que la propuesta para la que el Ejecutivo pide autorización al Congreso se instrumenta en un “sintonía” y “equidad” tanto para los tenedores de bonos bajo ley extranjera y los títulos públicos emitidos bajo ley argentina.Bastourre, acompañado por una serie de filminas con toda la información, avisó que desde la presentación del proyecto de ley hasta esta reunión de comisión la propuesta se redujo de USD 45000 a USD 41714 tras la operación de canje del viernes pasado.El secretario destacó que se pasará de “un perfil de vencimientos muy cargados en los primeros años, de USD 32400 millones en 2024 a USD 2152 millones básicamente por el pago de intereses en esos años ya que el capital se empieza a pagar en el 2025″. Y repitió: “Habrá un alivio financiero en el corto plazo”.En la breve ronda de preguntas, Lousteau (Evolución-UCR), arrancó con comentarios elogiosos. “No hace falta esta ley salvo para una autolimitación que nos parece muy buena”, subrayó en referencia a que el Poder Ejecutivo quedó facultado a través de la ley de Solidaridad, la 27541 del mes de diciembre. Sin embargo durante toda la reunión reclamó tomarse unos días más antes de la firma del dictamen. Caserio se comprometió, después del aval de Economía, a incorporar los cambios al texto que se vote en el recinto lo que, anticipó, podría ocurrir la próxima semana pero pidió votar a viva voz y pasar el dictamen para la firma digital.Intercedieron entre Lousteau y Caserio el vicepresidente de la comisión, Esteban Bullrich (PRO) y el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans. Bullrich ofreció aportar hoy mismo la nueva redacción para cumplir con los plazos urgentes del oficialismo y consideró que “no sería bueno votar ahora” para “dar buenas señales para afuera y votar ahora nos va a obligar a tener alguna disidencia parcial”. “Vale la pena el trabajo”, agregó y recordó que en febrero Juntos por el Cambio aportó los dos tercios de los votos para la ley de sostenibilidad de la deuda bajo ley extranjera. Esos dos tercios que en los últimos meses, tras varios roces con el oficialismo, se negaron a dar.Carlos Caserio, presidente de la comisión de Presupuesto y HaciendaMayans se mostró más contemplativo de lo habitual y hasta mencionó como “Martín” y “Esteban” a ambos opositores. Él le dio la solución a Caserio y pidió no votar a viva voz y dar tiempo para pasar uno a uno el dictamen para su firma digital mientras se espera la posibilidad de incorporar los cambios. “Es importante el aporte que hizo Martín”, repitió dos veces y propuso “trabajar todos juntos porque es estratégico”.“Entiendo que se trata de un tema vital, pero hablamos de un universo de 42.000 millones de dólares, lo que hagamos puede condicionar la reestructuración, una redacción concienzuda es mejor”, continuó sin éxito con su planteo Lousteau, que aceptó la idea de Mayans de incorporar los cambios en otra instancia.Desde Misiones, el otro vicepresidente de la Cámara y senador por el Frente Renovador de la Concordia, Maurice Closs, expresó el deseo de todos: “Me gustaría que esto salga por unanimidad”.

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Obra pública: en la prueba técnica hubo fallas y tendrán que realizar otra antes de reiniciar el juicio

Cristina Kirchner en una de las primeras audiencias del juicio oral (Reuters)La prueba técnica del juicio por la obra pública presentó algunos problemas por lo que harán otra y por el momento el proceso no se reiniciará. Inconvenientes en el demora del sonido, abogados a los que se les caía el sistema o les costaba ingresar fueron algunos de los inconvenientes que se presentaron esta tarde.“Ningún problema fue grave pero fueron problemas que no te permiten hacer una audiencia de juicio”, coincidieron dos fuentes a las que consultó Infobae. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uribiru, Jorge Gorini y Andrés Basso, tomaron nota de los inconvenientes y anunciaron que fijarán una fecha para hacer otra prueba técnica.El tribunal decidió retomar el juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez y en el que está acusada la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a través del sistema de videoconferencia. Es porque la pandemia del coronavirus no permite la presencia de tantas personas en una sala de audiencias y las que hay en los tribunales de Comodoro Py no son aptas para respetar la distancia social que la situación médica actual requiere.Así, impulsaron el reinicio del juicio de manera mixta: el tribunal y los testigos en la sala de audiencias y el resto de las partes, la Fiscalía, las querellas y las defensas por videoconferencia. Antes de retomar el proceso convocaron a una prueba técnica para probar el sistema. Y se hizo hoy.El principal problema que manifestaron las defensas fue que había un delay (demora) en el sonido. Fue cuando un funcionario del tribunal simuló ser un testigo y conversó con los jueces. Los abogados también manifestaron que tuvieron inconvenientes cuando querían hablar. Para hacerlo deben accionar una mano que les aparece a los jueces en el sistema. Pero dijeron que no funcionaba y tuvieron que hablar por el micrófono.“A mi se desconectó tres veces. Me reconecté en poco tiempo pero la audiencia siguió y yo esa parte me la perdí”, le dijo a este medio un abogado.Los tribunales de Comodoro Py desde donde se hizo la prueba técnicaUn abogado no se pudo conectar por su computadora y tardó en ingresar a la audiencia -algunos creen que fue más por algún problema con su conexión que por el sistema- y el fiscal Diego Luciani tuvo dificultades al comienzo de la audiencia. Fue cuando se activó el sistema y su pantalla se bloqueó y no tenía sonido. Luego pudo volver a conectarse.En la audiencia estuvieron los abogados de los 13 acusados y cinco de los acusados: el ex secretario de obras públicas José López, el ex director Nacional de Vialidad Nelson Periotti, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Raúl Daruich y Raúl Pavesi.Después de poco más de una hora de simulacro, el tribunal anunció que los convocaría a todos nuevamente para hacer una nueva prueba técnica en una fecha que deben definir. El sistema que se utilizó es el “Jitis”, del Consejo de la Magistratura de la Nación. Es el mismo que se usó para las pruebas del juicio por lavado a Báez y que finalmente no usó. Reinició hoy el juicio con el sistema de Zoom.En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 52 obras públicas que recibieron las empresas de Báez para Santa Cruz durante los 12 años de gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Según la acusación, esas irregularidades fueron el pago de sobreprecios para obras que no se terminaron y la falta de antecedentes técnicos para acceder a los trabajos. Están siendo juzgadas 13 personas. Además de Cristina Kirchner, Báez y López, también el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

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