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Política

La Fiscalía pidió rechazar el amparo de uno de los jueces desplazados que investigaba a Cristina Kirchner

Germán CastelliEl fiscal en lo contencioso administrativo federal Miguel Angel Gilligan dictaminó a favor de rechazar el amparo que el juez federal Germán Castelli presentó para que se declare inconstitucional la revisión de su traslado al Tribunal Oral Federal 7.El fiscal sostuvo en su dictamen al que accedió Infobae que cuando el Consejo de la Magistratura de la Nación emitió una resolución en la que sostuvo que se debían revisar los traslados de 10 jueces -entre ellos el de Castelli- no significó ningún perjuicio para el magistrado. “Se advierte que el acto cuestionado carece por sí mismo de aptitud suficiente para modificar los traslados/nombramientos”, sostuvo Gilligan.Sobre el nombramiento de los jueces, el fiscal recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación -que anunció que el martes intervendrá en el caso- “ha sostenido enfáticamente que resulta indispensable para la designación de los magistrados y el ejercicio de la función judicial, en sintonía con los principios de independencia e inamovilidad de los jueces,la intervención obligatoria del Poder Ejecutivo, precedida de la selección y emisión de propuestas en ternas vinculantes formuladas por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, de conformidad con los preceptos de la Constitución Nacional y la forma representativa de gobierno”.Castelli inició un amparo para que se declare inconstitucional la resolución del Consejo. Sostuvo que su traslado al Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py, donde tiene el caso de los cuadernos de la corrupción, se hizo cumpliendo todas las reglamentaciones vigentes. El Consejo dice que no y que principalmente no pasó por el Senado para su designación, tal como fija la Constitución. Castelli señala que una acordada de la Corte Suprema estableció que en su caso no debía pasar por el Senado.El fiscal Gilligan eludió en su dictamen pronunciarse sobre si el traslado de un debe pasar o no por el Senado. “Lo dicho no implica emitir opinión o adelantar pronunciamiento sobre la necesidad o no del requisito de un nuevo acuerdo del Senado, para disponer el traslado de jueces entre tribunales que se ubiquen dentro del Fuero Federal, tratándose de cargos de igual jerarquía, y cuando la competencia en razón de la materia es igual o similar”, opinó el fiscal.El Palacio de Tribunales (Foto NA: Hugo Villalobos)Tampoco hizo referencia sobre la decisión del Senado de no aprobar el traslado de Castelli ni del Poder Ejecutivo de emitir un decreto que dejó sin efecto el traslado ya que no forman parte de la causa ni fueron convocados. Inclusive, el fiscal Gilligan sostuvo que el amparo ya no tiene efectos porque se presentó contra una resolución del Consejo de la Magistratura que perdió vigencia por las actuaciones del Senado y del Poder Ejecutivo.El dictamen de Gilligan pasó a la jueza Macarena Marra Giménez, quien deberá resolverlo. Lo que resuelva podrá ser apelado a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y luego a la Corte Suprema. Sin embargo, el máximo tribunal ya tiene el caso.La situación de Castelli es similar a la de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes fueron trasladados a la Cámara Federal de Comodoro Py. Los traslados fueron dejados sin efecto e iniciaron causas judiciales.Mas allá que las causas están en las instancias inferiores, los tres jueces presentaron per saltum para ir a la Corte Suprema y que allí se declare inconstitucionales las medidas que anularon sus traslados. Los magistrados alegan que una acordada de la Corte los avala.Esta semana el máximo tribunal anunció que el próximo martes sus jueces -Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti-, tratarán el per saltum y Bruglia, Bertuzzi y Casteli tuvieron ayer una marcha de apoyo en el Palacio de Justicia.

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Los gobernadores peronistas y la CGT le propondrán a Alberto Fernández que asuma la presidencia del PJ

En charlas reservadas, cruces de WhatsApp, videonconferencias cerradas y sobre todo con mucha decisión política, el peronismo y los principales referentes de los gremios aliados al Gobierno vienen gestando una gran puesta en escena que se cristalizará el próximo 17 de octubre: en el Día de la Lealtad peronista propondrán que el presidente Alberto Fernández sea ungido como nuevo titular del Partido Justicialista (PJ).La idea empezó a tomar forma hace varias semanas y ya fue conversada entre mandatarios provinciales del PJ y líderes de la CGT. Incuso la vicepresidenta, Cristina Kirchner, se sumó a la propuesta sin poner objeción alguna.La jugada del PJ tiene por objetivo de fondo otorgarle al jefe de Estado mayor poder político y mantener una regla máxima de la tradición peronista que sostiene que aquel que gobierna el país conduce el partido. Así ocurrió con Carlos Menem, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner cuando estuvieron en la Casa Rosada. Sólo Cristina Kirchner durante sus dos mandatos se negó a aceptar la titularidad del PJ porque en aquel momento avanzó con aquel proyecto de la tranversalidad partidaria que incluyó en la primera etapa al radical Julio Cobos como vicepresidente.“Es natural que quien maneje el país lleve adelante la conducción partidaria. Estoy de acuerdo con que Alberto sea el conductor del peronismo”, dijo a Infobae el actual titular del PJ, el diputado José Luis Gioja.Cristina Kirchner (REUTERS) (POOL/)De esta manera, el presidente del PJ confirmó lo que se viene gestando en forma secreta desde hace un tiempo entre gobernadores y sindicalistas. “No descarto que esto se haga realidad”, acotó.El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, confirmó que participará de manera virtual del acto del PJ que se realizará el 17 de octubre en la sede de la CGT y destacó que le parece “lógico” que Alberto Fernández asuma la presidencia del peronismo nacional.El tema lo habló el mismo Alberto Fernández la semana pasada cuando visitó San Juan y el gobernador Sergio Uñac lo tanteó para conocer su opinión. En la Casa Rosada no descartan que este sea un buen momento para que el jefe de Estado se entronice como presidente del PJ. Creen que le dará mayor fortaleza política en un momento donde su imagen empieza a ser castigada por la crisis económica desatada por la pandemia.José Luis Gioja, Alberto Fernández y Sergio Uñac el 20 de junio en San JuanA la vez, en el Gobierno y entre los gobernadores del PJ creen que la concentración del poder del PJ y de la Presidencia al mismo tiempo le dará mayor fortaleza a Alberto Fernández para encarar el año que viene, que será clave la elección de legisladores para sostener la estructura de poder oficialista en el Congreso.Está claro que Alberto Fernández piensa darle prioridad a la gestión y atender la situación económica que se vive en la Argentina por encima de todo. Pero la titularidad del PJ vendría a sellar la unidad peronista que el propio jefe de Estado viene pregonando con el armado de la liga de gobernadores peronistas y los sindicalistas allegados a la Casa Rosada.Según pudo saber Infobae, la idea de que Alberto Fernández asuma la presidencia del PJ la vienen conversando los gobernadores Uñac, Manzur, Gustavo Bordet (Entre Ríos), Omar Perotti (Santa Fe), Arabella Carreras (Río Negro), Raúl Jalil (Catamarca) y Juan Schiaretti (Córdoba), entre otros.A la vez, los gobernadores mantienen charlas sobre el mismo tema con un grupo de dirigentes sindicales de la CGT liderados por Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio); Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Antonio Caló (UOM) y Andrés Rodríguez (UPCN).La mesa chica de la CGT: Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Héctor DaerEn el PJ y la central obrera están preparando una gran puesta en escena para el 17 de octubre en el salón Felipe Vallese de la CGT donde habrá una plataforma virtual para conectarse con todos los gobernadores, intendentes y gremialistas. Allí ya fue invitado Alberto Fernández que sin dudas será la estrella central.Para el peronismo se tratará de una fecha histórica porque este año se cumplen 75 años del partido y porque en estos momentos un dirigente partidario lleva adelante la conducción del país. De allí la necesidad de transferir al Presidente la titularidad del partido.Pocos días antes de asumir la Presidencia en diciembre pasado, Gioja le ofreció a Alberto Fernández la titularidad del PJ para mantener así la tradición peronista. Pero el entonces Presidente electo no quiso aceptar ese desafío ya que le parecía que tenía que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo que en un momento en el que no veía posible responder.Sin embargo, a la luz de la situación política actual y a menos de tres meses de que se produzca el recambio de autoridades en el PJ de manera formal, Alberto Fernández ahora aceptaría el desafío planteado desde la cúpula partidaria, la liga de gobernadores peronistas y los jefes de la CGT.El Presidente junto a los gobernadores peronistas (NA) (ESTEBAN COLLAZO/)Gioja ya dijo abiertamente a sus pares en Diputados, a los gobernadores del PJ y a los sindicalistas con quienes mantuvo charlas reservadas que está dispuesto a dar un paso al costado para cederle a Alberto Fernández la titularidad del PJ. “Este 17 de octubre histórico por los 75 años del partido se va a sostener la unidad”, dijo Gioja enigmático.Durante una reunión virtual del consejo directivo cegetista, que se realizó esta semana, se habló en la misma dirección y se pulieron los detalles del acto virtual del 17 de octubre. Quieren que se respeten los protocolos sanitarios por el COVID-19 y por ello no habrá una movilización de las bases.La pelota ahora está del lado de Alberto Fernández, quien tendrá la última palabra para tomar una definición en este “momento histórico” del peronismo, como lo grafican sus dirigentes.Seguí leyendo:Alberto Fernández apuntó contra los “pícaros que tomaron deuda, compraron dólares y se los llevaron fuera del país”Horacio Rodríguez Larreta empezó a hacer política: visitó al intendente Julio Garro en La Plata

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El llanto y la angustia del nieto de Carlos Menem por la ausencia de clases presenciales: “Quiero volver al colegio”

El hijo de Zulemita Menem llora porque quiere volver a clases (Infobae)La pandemia dejó a todos los argentinos sin la rutina diaria. Los obligó a cambiar las formas de sociabilizar, trabajar, educarse y comprar. Uno de los sectores más afectados fue el de los chicos y jóvenes, que vieron interrumpida su la asistencia a la escuela y tuvieron que adaptarse a clases por teleconferencia. Seis meses después del inicio de la cuarentena, el gobierno nacional y el gobierno porteño negocian un regreso a clases presenciales muy paulatino. Sin embargo, hasta el momento, no hubo acuerdo para avanzar.En ese contexto, Zulemita Menem, la hija del ex presidente de la Nación Carlos Menem, publicó un video en su cuenta de Twitter en el que aparece su hijo llorando y pidiendo que lo dejen volver a la escuela. Angustiado y con los ojos llenos de lágrimas, ruega volver al colegio para retomar, en parte, su vida normal.“Quiero volver al cole al menos dos veces por semana. Extraño a mis amigos y mi maestra. Quiero volver”, dice el chico con la voz entrecortada en un video corto, que dura menos de un minuto y que generó muchas respuestas de los usuarios que siguen a la hija del ex mandatario.Zulemita Menem junto a su padre Carlos Menem (Foto: AFP)Uno de esos seguidores le planteó a Zulemita que era innecesario exponer a su hijo de esa forma y en las redes sociales. Ella rápidamente respondió. “Exponer a nuestros hijos es no hacer nada y dejarlos que sigan sufriendo esta barbaridad, cuando hay miles de formas para que vuelvan al colegio, al menos 1 o 2 veces por semana”, sostuvo.Otro usuario le planteó algo similar y ella volvió a responder: “Exponer a nuestros hijos cuando están sufriendo de esta manera es quedarte mirando el dolor y mirar para otro lado, o mostrar en las redes que todo es felicidad”, aseguró.“Nuestra mentalidad siempre es mostrar felicidad en las redes y muchas veces el dolor es la realidad y también hay que mostrarlo, quizás alguien pueda cambiarlo”, reflexionó Zulemita.En diálogo con Infobae, la hija del ex presidente dijo que las autoridades de Educación “no están viendo los conflictos emocionales que tienen los nenes, y la angustia que están pasando”. “Este no es un mensaje político, es el mensaje de una mamá que ve como su hijo está afectado por no poder ir al colegio”, señaló. Zulemita Menem junto a su hijo ((GM Press)/)“Mi hijo está en segundo grado. En el momento en el que están empezando a escribir, a aprender matemática. Son cosas que no se recuperan más. Tendrían que evaluarlo las autoridades. No es solo mi hijo, sino miles de chicos que están en una situación igual”, precisó.Zulemita explicó que su hijo se venía manifestando su angustia desde hace días por la imposibilidad de asistir a clases presenciales en el colegio y que hace un mes le dijo que no quería estudiar más a través de la computadora, que extrañaba a las maestras. “Quería que lo llame al director de su escuela, pensaba que él podía decidir que los chicos vuelvan. Estaba muy angustiado”, aseguró.La hija del ex mandatario le pidió al Gobierno que evalúen protocolos para que los chicos puedan volver a clases dos veces por semanas. “Que se dividan en grupos, que vayan diferentes días. Hay muchos papás que volvieron a trabajar y se les hace difícil la situación”, indicó.“Los chicos necesitan clases presenciales. Tienen que sociabilizar. Este tiempo que perdieron no lo recuperan más y la parte emocional es durísima de sobrellevar”, reclamó. Las aulas están vacías desde mitad de marzo de este año (Foto: Télam)El último lunes las autoridades de Educación del gobierno nacional y del gobierno porteño se reunieron para intentar encaminar el acuerdo para que un grupo de 6.500 chicos vuelvan a clases. Son aquellos que perdieron contacto con la escuela y la intención es que vuelvan a tener clases de apoyo presenciales y que sea en los patios de las escuelas.La propuesta original –la segunda– del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta planteaba el retorno en espacios abiertos como plazas y calles y contenía cuatro grupos prioritarios: los 6.500 chicos que la Ciudad identificó como aquellos que perdieron todo contacto con la escuela, los alumnos de primer grado que comienzan con su alfabetización, los estudiantes de quinto año que terminan su educación obligatoria en diciembre y los adultos que necesitan dar un examen presencial para terminar la carrera en un oficio.Seguí leyendo Burdo engaño a una pareja que compró un cilindro de GNC por Mercado Libre: filmaron la estafaEl “paciente 41” que generó una ola de contagios de Covid-19 admitió su culpa y fue condenado por la Justicia

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Senado: con fuertes reclamos de Juntos por el Cambio, el kirchnerismo firmó el dictamen que quita más fondos de la coparticipación a Rodríguez Larreta

María de los Angeles Sacnun, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales ( Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado )El bloque del Frente de Todos, con aliados, logró la firma de los senadores el dictamen respecto al “Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, rubricado entre el gobierno nacional y el Gobierno de la CABA el 5 de enero de 2016 que en los hechos fija partidas presupuestarias que significarán una reducción de los porcentajes transferidos de la Nación a la Capital. El oficialismo tiene en el Senado mayoría propia por lo que no tendrá dificultad para dar media sanción al texto, posiblemente dentro de una semana, excepto porque Juntos por el Cambio judicializó el protocolo de funcionamiento remoto y considera inválido cualquier dictamen y también las sesiones por teleconferencia.Además, la oposición reclamó porque no expusieron cuatro de los 14 expositores que solicitaron, entre ellos el ex ministro bonaerense Hernán Lacunza y el de Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, y por “el apuro” para terminar este jueves el tratamiento en comisión. “Me parece sesgado el planteo, se abrió el debate y se presentaron las preguntas que se quisieron preguntar”, se defendió la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun luego de que la secretaria contara que se llamó a todos los posibles disertantes y justificó la imposibilidad de algunos de presentarse. “No es justo que nos traten de apresurados”, agregó Carlos Caserio, titular de la comisión de Presupuesto.De todos modos la principal bancada opositora participó activamente en los tres plenarios de comisión que tuvieron lugar esta semana. Asumieron la defensa política y técnica de las partidas de la administración de Horacio Rodríguez Larreta los dos senadores de la Capital, Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri; los bonaerenses Esteban Bullrich y Gladys González que lo hicieron con mucho énfasis; la cordobesa Laura Rodríguez Machado y el puntano Claudio Poggi. El Frente de Todos en cambio dejó transcurrir las reuniones donde hubo muchas preguntas de radicales y macristas. Sólo unos pocos senadores oficialistas salieron al cruce en cada una de las tres jornadas con alguna consulta u observación aunque Sacnun tuvo que frenar varias veces a Lousteau que interrumpió a los disertantes con preguntas o aclaraciones.Martín Lousteau (CHARLY DIAZ AZCUE/)Los primeros expositores de este jueves fueron los representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde confluyen las provincias con sus respectivos ministros de Economía. Abrió el debate su presidente, Ricardo Sebastián Veliz, quien es ministro de Economía de Catamarca. Lousteau insistió en querer saber qué haría como ministro catamarqueño si en lugar de la automaticidad de las partidas le transfirieran competencias dejando los recursos en Nación. “No estoy acá como ministro”, respondió Véliz en representación de todos los distritos y no del propio. Ante la insistencia del porteño que reformuló la consulta, Sacnun reprochó: “Esto no es un juicio para que usted actúe como un abogado de parte”.“Siempre que estén fijos los índices por ley van a existir las transferencias”, contestó Veliz que como el vicepresidente del CFI, Ignacio Perincioli (ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz) y el director ejecutivo, Juan Chirino, defendió la ley 23.348 que establece que el traspaso de recursos “para un trato equitativo con el resto de las jurisdicciones, se tiene que realizar mediante transferencia”. Insistieron que debe ser así hasta que haya una nueva ley de Coparticipación.Lousteau volvió a consultar a cada uno cómo se asumieron los costos del traspaso de la Educación y la Salud a las provincias y Bullrich preguntó: “Escucho a varios decir que no se modifica la coparticipación cuando surge de un decreto que sí modifica la Coparticipación ¿No hay preocupación?”. Y Tagliaferri apuntó que se busca definir el monto de transferencias “con una ley que no tiene acuerdo”.El texto del convenio contabiliza el gasto asignado este año a la Policía de la Ciudad en $24.500 millones, cifra considerada un piso a partir del cual se harán las transferencias desde Nación con una fórmula para su futura actualización en los ejercicios sucesivos. El cálculo se hará de acuerdo a un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al año precedente.Esteban BullrichPromediando la reunión, que arrancó pasadas las 13 el ex constituyente y constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, abogado del interbloque de Juntos por el Cambio en la presentación contra el protocolo remoto, advirtió que fijar el monto a través de este convenio ley “es una vuelta al pasado, al período preconstitucional” ya que, consideró “si digo te paso los servicios y te fijo el monto, es volver a los sometimientos más brutales”.El ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Martín Mura, cuestionó las cifras que en reuniones anteriores brindaron los funcionarios del Ministerio del Interior y del de Seguridad. Y planteó que sí significa una quita de coparticipación. “La Ciudad es el distrito que menor porcentaje de Coparticipación tiene y aporta casi diez veces que lo que aporta el segundo”, graficó y sobre el impacto que tendrá la quita prevista en las arcas porteñas aseguró que será de más de $ 65.000 millones, “el equivalente a diez meses de salarios docentes u ocho meses de salarios de la Salud”.Intervino entonces el rionegrino Alberto Weretilneck, senador y ex gobernador, que primero saludó a Mura por ser oriundo de General Roca, provincia de Río Negro. “¿Porque en el convenio firmado en el 2016 no hay un número establecido? ¿No es riesgoso no haber garantizado un monto?”.Buscó ayudar al porteño la cordobesa Rodríguez Machado que preguntó cuánto incrementó sus gastos la Ciudad para atender en hoteles y en centros sanitarios a los argentinos que al inicio de la pandemia llegaban desde el exterior. La tucumana Beatriz Mirkin, del Frente de Todos, calentó el debate: “Tucumán también gastó más, la senadora le está haciendo una pregunta al ministro para que haga un gol”. “Usted no puede calificar mi pregunta, pero si dice que el ministro hará un gol ya no hace falta que la conteste porque usted acaba de admitirlo”, se metió Rodríguez Machado antes de que Sacnun volviera a poner orden. “Los gastos por COVID significaron un incremento de $ 20.000 millones, gran parte en atención en hoteles”, les dijo Mura.Martín Mura Desde Salta el senador Sergio Leavy (Frente de Todos) quiso saber por qué “la Ciudad recibe $ 88.000 millones de más cuando Salta en el año 2019 tuvo un presupuesto de $ 77.000 millones, mucho menos que lo que le giramos a la ciudad de Buenos Aires solamente por seguridad”. Y criticó: “¿Este dinero debe devolverse y repartirse entre las otras jurisdicciones?”. Comparó a Salta, con 1.300.000 habitantes y la CABA, con tres millones.La santacruceña Ana Ianni (Frente de Todos) preguntó al vicepresidente del CFI, ministro de su provincia, por la “discrecionalidad” sufrida por la gestión de Alicia Kirchner durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. Perincioli se excusó por estar representando en la reunión los intereses de todos los distritos y entonces interrumpió Esteban Bullrich que como ex ministro de Educación de Macri negó los dichos de Ianni que volvió a tomar la palabra para repetir la acusación.Otro puntano, el ex gobernador y actual senador Adolfo Rodríguez Saá, consideró que “a los victimarios los quieren convertir en víctimas” porque “no estamos tratando la Coparticipación Federal”, en línea con el argumento del presidente Alberto Fernández que firmó un decreto para bajar las partidas incrementadas a favor de la Ciudad a través de otro decreto pero del ex presidente Macri.En la misma reunión expusieron Javier Curcio, director del Departamento de Economía FCRE-UBA; Alejandro Otero, director de Relaciones Institucionales AFIP que justificó el envío del convenio al Congreso y Raul Garré, director BNA que calificó como “buena noticia” que “la discusión política se traiga para su desarrollo al Congreso de la Nación”.José Mayans (CHARLY DIAZ AZCUE/)No coincidió con él la senadora Tagliaferri que cuando ya se habían desconectado los expositores, preguntó “¿para qué nos invitan a debatir?” y alertó que “no estamos castigando a un jefe de gobierno opositor, estamos castigando a seis millones de argentinos y estamos castigando la Constitución”.Caserio, como presidente de la comisión de Presupuesto, defendió el proyecto remitido por Alberto Fernández. “Tenemos que hablar con Justicia” pidió y recordó que en lugar de 14 inmuebles, como creían se habían transferido a la Ciudad, “se transfirieron 60 inmuebles, por 325 millones de dólares”.En el cierre, Bullrich volvió a calificar de “atropello” el debate a pesar de que Caserio les marcó la cantidad de tiempo y las veces que los senadores opositores hicieron uso de la palabra. El senador bonaerense propuso continuar la próxima semana con la presencia de Lacunza y Ocampo antes de dictaminar, aún cuando en el inicio habían planteado que no era legal.El rionegrino Weretilneck sugirió hacer un cuarto intermedio y convocar para hoy mismo a ambos oradores que “tampoco son Donald Trump para tener la agenda tan complicada”. La secretaria repitió las gestiones hechas para tratar de que estuvieran presentes durante toda la semana. Sacnun se molestó: “Estoy convencida que si hubiera habido 50 oradores igual hubieran dicho que les quitamos el uso de la palabra cuando han monopolizado la palabra todos estos días”.El chaqueño radical Víctor Zimmerman solicitó algunos cambios al dictamen, Sacnun le propuso seguir conversando hasta el día en que se trate en el recinto ya que incluso en sesión se pueden agregar modificaciones. Otra vez quedó de lado el planteo sobre la validez del protocolo remoto.“Hasta que no se vote, se puede modificar en el recinto”, cerró el jefe del bloque del Frente de Todos José Mayans que remarcó todo el espacio que tuvo la oposición para exponer, hablar, presentar disertantes. Y reiteró que “son absolutamente válidas” las sesiones y comisiones. “Nos veremos el próximo jueves”, anunció Mayans la próxima sesión.

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Escándalo en Diputados: un legislador del Frente de Todos se mostró en un acto erótico en plena sesión

(Infobae)Un acto totalmente repudiable se vivió esta tarde durante la sesión en la Cámara de Diputados en la que se debate la renegociación de una deuda de las provincias con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sucede que el diputado del Frente de Todos Juan Emilio Ameri apareció en la transmisión realizando un acto erótico con una mujer que estaba sentada arriba de su falda. En el video se puede ver como el diputado kirchnerista le toca y besa los senos de la mujer. Inmediatamente, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, anunció que Ameri iba a ser suspendido. “Quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento y disponer la supensión inmediata del diputado Juan Ameri”, dijo Massa minutos después de enterarse lo que había sucedido. Massa pide la suspensión del diputado Juan Emilio Ameri (Infobae)Además, dispuso la conformación de una comisión que tenga cinco integrantes, elegidos por los diferentes bloques de la Cámara, para que “determine la sanción” que se le aplicará al legislador. “Vamos a escuchar las explicaciones del señor diputado, pero no podemos admitir que se den este tipo de situaciones”, sostuvo Massa, visiblemente molesto y en tono firme, frente a los pocos diputados que estaban en el recinto.“A lo largo de estos meses hemos convivido en el marco de sesiones remotas. Se dio una situación que nada tiene que ver con lo habitual y con el normal funcionamiento y decoro de esta casa”, sostuvo el presidente de la Cámara baja, que luego agregó: “Hemos tenido situaciones de un diputado que se quedó dormido y de otro que se tapó mientras estaba en su casa, pero hoy vivimos una situación que supera las reglas”, completó. Noticia en Desarrollo

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El fiscal Stornelli apeló la decisión de archivar la causa por el “Operativo Puf”, el supuesto complot para hacer caer el caso Cuadernos

El fiscal Carlos Stornelli (Nicolás Stulberg)El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi resolvió archivar por inexistencia de delito el caso que investigaba la denominada “Operación Puf", al alegar que la causa Cuadernos nunca estuvo en riesgo. “”Puf” fue la investigación que se abrió en Comodoro Py para determinar si ex funcionarios kirchneristas pergeñaron la investigación que tiene en sus manos el juez Alejo Ramos Padilla en Dolores para dinamitar la causa Cuaderno, que desembocó en un nuevo procesamiento por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner.En ese expediente, Alejo Ramos Padilla proceso al fiscal federal Carlos Stornelli, una pieza clave en la pesquisa que confirmó la existencia de un sistema de coimas que pagaban ciertos empresarios para acceder a la obra pública en épocas de CFK en la Casa Rosada. Ese caso debe ser juzgado por el Tribunal Oral Federal 8 (TOF8), cuyo titular Germán Castelli acaba de ser eyectado por la decisión de la bancada kirchnerista del Senado.Stornelli conoció la decisión procesal de Martínez de Giorgi apeló a la Cámara Federal para que revise su remisión al oscuro archivo de Comodoro Py.El juez Martínez de Giorgi se basó en analizar qué denunciaba el primer dictamen fiscal para verificar “la existencia de una operación dirigida a entorpecer el correcto desarrollo del expediente Nº 9608/18, conocido por la causa de ‘los Cuadernos’, siendo que para ello se recurrió al armado de una causa en trámite ante el Juzgado de Dolores”.Según la resolución a la que accedió Infobae, Martínez De Giorgi afirmó: "Del desarrollo efectuado, queda descartado que las conversaciones y/o diálogos que se consignaron en ambas causas tuvieran la intencionalidad que se les atribuyó primigeniamente al efectuarse la denuncia. Como también –de haber tenido esa intención evidentemente, a la luz de lo realmente ocurrido, no han logrado consumar el objetivo supuestamente perseguido de entorpecer el trámite de la conocida como causa ‘de los Cuadernos’”.“La realidad muestra que la causa 9608/18 desde su inicio hasta su elevación a juicio el 20 de septiembre de 2019, fue tramitada bajo la dirección del Dr. Claudio Bonadío, por entonces titular de este Juzgado, siendo el fiscal actuante el Dr. Carlos Stornelli, a cargo de la Fiscalía Federal Nº4. Situación que nunca fue alterada”, afirmó el juez.La vicepresidenta Cristina Kirchner. EFE/EPA/Juan Mabromata / Archivo (EFEI0342/)Afirmó que la tramitación del expediente del caso cuadernos, en donde está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita, junto a un grupo de sus funcionarios y una treintena de empresarios, nunca se vio “perturbada", ni se comprobó que "la maniobra denunciada en este proceso hubiera influido de alguna manera en las decisiones jurisdiccionales que allí se tomaron”. Es más, desatacó, el caso ya fue elevado a juicio.“No se desprende la existencia de un accionar que pudiera tildarse delictivo, ni que, como consecuencia de ello, correspondiera atribuirle responsabilidad penal a persona alguna”, aseguró. El juez también rechazó la hipótesis de una maniobra de ‘forum shopping’ en el caso que se abrió en Dolores, causa que derivó en el procesamiento del fiscal Carlos Stornelli -junto a D’Alessio, un ex espía, dos ex policías o el fiscal de Mercedes Juan Bidone y un periodista, entre otros-.A Elisa Carrió, además, la descartó como querellante en la misma resolución por “no resultar ella directamente afectada por los sucesos denunciados, ni ser particularmente ofendida por ellos, corresponde no hacer lugar a tal pedido”. “Más aun, cuando se ha concluido, conforme todo lo dicho, que el objeto procesal de estos autos, no constituye delito”, añadió.Con esta decisión, Stornelli ya apeló ante la Cámara Federal para que la causa siga abierta. El fiscal cree que la investigación de Dolores fue un complot para atacar la causa de los cuadernos de la corrupción e insistirá con esa hipótesis para que la decisión de Martínez De Giorgi sea revocada y el caso siga investigándose.Según plantea el escrito que impulsó el fiscal, y al que accedió Infobae, llama la atención que se omitiera “cualquier tipo de valoración respecto de la anticipación en una red social de la maniobra aquí denunciada, ello por parte de la Diputada Carrió, precisamente 18 horas antes de que se hiciera pública la causa del Juzgado Federal de Dolores” ni profundizara en “cuanto menos sugerente seguidilla de visitas registradas en el penal de Ezeiza, respecto de algunos de los protagonistas de las conversaciones develadas en autos y durante el período en que ésta tuvieran lugar, como así respecto de algunos involucrados en la causa “Cuadernos” y sus conexas”.El casoBuenos Aires: La diputada Elisa Carrió durante el debate del proyecto de Restauración de la Sostenibilidad y la Deuda Pública Interna. Foto: Víctor Carreira/Télam/ef 29012020La llamada causa “Operativo Puf”, que nació casi en paralelo a la investigación sobre el falso abogado Marcelo D’Alessio, busca esclarecer si hubo un complot de presos kirchneristas para derribar la causa de los cuadernos. Las sospechas contra esos detenidos, entre los cuales estaba Roberto Baratta y Juan Pablo Shiavi, surgieron a través de transcripciones que llegaron de manera anónima, casi en forma paralela, al fiscal Stornelli y a la diputada Elisa Carrió.Stornelli hizo una denuncia y el caso cayó en manos del juez Luis Rodríguez y el fiscal Jorge Di Lello. Esa causa fue cerrada mas tarde. Inmediatamente después, las legisladoras aliadas a Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, radicaron la presentación que cayó en manos del juez Claudio Bonadio. El caso tuvo cinco fiscales que por distintos motivos se fueron excusando. El sexto fiscal, Franco Picardi, llegó a la causa en noviembre de 2019.Mientras el fiscal Carlos Stornelli tomaba declaración como arrepentido al contador Victor Manzanares en la causa cuadernos, la diputada Elisa Carrió publicó en su red social que había una operación en la que vinculó al juez Ramos Padilla.La denuncia se sustenta en interceptaciones telefónicas hechas por un juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, para conocer los diálogos en prisión del narcotraficante Mario Segovia, conocido como el “Rey de la efedrina”, que está detenido en Ezeiza. Esas interceptaciones legales terminaron permitiendo escuchar a otros detenidos, como el caso de los ex funcionarios kirchneristas. Villena aseguró que había ordenado la destrucción de esas conversaciones. De alguna manera terminaron difundiéndose.Allí se oía por ejemplo al ex subsecretario Roberto Baratta y al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, conversando con el ex representante en el Vaticano Eduardo Valdés, hoy diputado nacional. Es más: es Valdes quien pronunció la frase: "Va a haber novedades, quedate tranquilo. “Operativo Puf... Bonadio, Stornelli, Puf...”. Más tarde, se amplió a otros involucrados, como el juez Ramos Padilla y su padre. Entre los denunciados apareció el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade y Pedro Etchebest, el denunciado de la causa de Dolores.El juez Bonadio avanzó fuerte con esa denuncia, en una puja que mantenía abierta con su colega de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien también invitó a hacer un descargo como imputado a Bonadio.Alejo Ramos Padilla (Adrián Escandar) ((Adrián Escandar)/)Los diálogos se difundieron en televisión. Algunas de esas conversaciones de los detenidos eran con sus familiares o abogados. Eso llevó a la que la Corte Suprema de Justicia hiciera una advertencia sobre poner límites al uso de las interceptaciones telefónicas: instó a los jueces a disponer escuchas telefónicas solo “con criterio restrictivo” y de forma “fundada”, y exhortó a la Comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia a certificar que la AFI “no realiza tareas de investigación criminal ajenas a las expresa específicamente solicitadas como requerimiento de asistencia por los magistrados judiciales”.El caso Puf ahora está siendo analizado por la fiscal Cecilia Incardona, en el marco de la causa que analiza si existió un espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri y uno de sus capítulos aborda el caso de detenidos en causas de corrupción.

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Condenaron por corrupción a dos ex intendentes kirchneristas

Los ex intendentes de Perugorría, Angelina Lesieux y su pareja Jorge CoronaLa Justicia de Corrientes condenó este miércoles a dos ex funcionarios kirchneristas por hechos de corrupción. Se trata de Jorge Luis Corona y Angelina Soledad Lesieux, quienes fueron intendentes de la localidad de Perugorría entre 2005 y 2017 y habían sido acusados de quedarse con más de $56 millones de pesos destinados para obras públicas que nunca se concretaron.La lectura de la sentencia del Tribunal Oral Penal de Mercedes, integrado por los jueces Juan Manuel Muschietti, Jorge Troncoso y Margarita López Rivadeneira, fue esta mañana. Corona recibió 8 años y 3 meses de prisión. En tanto que su pareja, Lesieux, fue condenada a 5 años de cárcel. Además el matrimonio fue inhabilitado perpetuamente a ejercer cargos públicos. Ambos ya se encontraban presos: fueron arrestados en febrero de 2018, tras estar dos meses prófugos, tiempo en el cual los dos escribían en redes sociales que estaban de vacaciones.En la misma causa también estaban imputados otros tres ex funcionarios de Perugorría. Dos de ellos fueron encontrados culpables: el contador Ernesto Moray Mussio recibió 3 años y 3 meses y la tesorera Patricia Vera, 2 años y 9 meses. En el caso de Moray Mussio, quien era auditor externo, también fue inhabilitado por 6 años y 3 meses. La resolución fue favorable para la imputada restante: Sabrina Lammens, quien era secretaria de Gobierno, fue absuelta. El tribunal dispuso la libertad inmediata de los tres debido a que los condenados ya superaron ese tiempo en la cárcel.La sentencia se dio a conocer esta mañanaCorona fue jefe comunal de Perugorría durante dos mandatos entre 2005 y 2013, año en que fue reemplazado por su esposa, Lesieux, quien gobernó hasta 2017. La pareja fue acusada de generar una asociación ilícita para la apropiación de fondos provenientes del Estado Nacional para la ejecución de casas, una ciclovía, un puente y otras obras. Los fondos “eran desviados en interés particular de los involucrados mediante un mecanismo que se desarrolló durante más de una década”.En su momento, el doctor Martín José Vega, Juez de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, explicó que se trató de una causa de alta complejidad por la cantidad de información de tipo administrativo, contable, económico-financiero, patrimonial y de campo que se tuvo que analizar.En diálogo con Infobae, dijo que “las maniobras consistían en lograr la concesión de planes o programas subsidiados por el Estado para la realización de determinados proyectos; recibir los fondos girados en las cuentas bancarias que la Municipalidad de Perugorría tenía en el Banco de la Nación Argentina Sucursal Mercedes y, mediante diferentes mecanismos adaptados a las circunstancias de tiempo y lugar, sustraerlos”. El modus operandi culminaba “retirando directamente los fondos de la institución bancaria o librando cheques cuyo espurio destino se disimulaba a través de facturaciones apócrifas o directamente no se justificaba”, detalló Vega.Tras casi dos años de investigación se calculó que el ex intendente Corona “logró la concesión de siete proyectos con remisión de fondos que fueron administrados fraudulentamente”. Traducido en cifras, “se totaliza la suma de $10.892.183”. Su pareja, Lesieux, heredó esas prácticas y profundizó el modelo. La causa indica que la ex jefa comunal obtuvo “la concesión de cinco proyectos con remisión de fondos, que fueron administrados fraudulentamente en perjuicio de la administración pública, totalizando $45.540.128”.Los ex jefes comunales fueron arrestados en febrero de 2018La Fiscal de Instrucción María Alejandra Talamona intervino en el caso y la investigación se desarrolló junto a personal especializado de la División Anticorrupción de la Policía Federal Argentina. El juez Vega elevó a juicio la causa en octubre del año pasado. El proceso judicial comenzó el 9 de junio último y los fundamentos del fallo se expondrán el 1 de octubre.Seguí leyendo:Procesaron a un funcionario del Ministerio de Seguridad por una contratación millonaria durante la gestión de GarréLa Cámara Federal porteña quedó integrada sólo con dos jueces por la exclusión de Bruglia y Bertuzzi

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Fuerte debate en el Senado por la legalidad de los decretos del Gobierno que le quitan fondos a la Ciudad de Buenos Aires

Reunion remota de la Plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, el 23 de Septiembre de 2020, en Buenos Aires, Argentina ( Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado ) (CHARLY DIAZ AZCUE/)Como si fuera un juicio, los bloques de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos llevaron a un plenario de comisiones a varios especialistas que se expresaron a favor y en contra sobre la transferencia de partidas de Nación a la Ciudad de Buenos Aires en el marco del debate de la ley convenio enviada por el Poder Ejecutivo para fijar los fondos nacionales para la policía de la Ciudad.Por el Gobierno expusieron Daniel Fihman, Secretario de Coordinación Bienestar Control y Transparencia Institucional; Silvia La Ruffa, Subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa y Gabriel Fuks, Secretario de Articulación Federal de la Seguridad. Luego lo hicieron el constitucionalista Daniel Sabsay, que consideró que el Presidente viola la legalidad tributaria y lo calificó de “una especie de emperador”; el ex convencional constituyente radical Antonio María Hernández,; el ex senador porteño y ex presidente provisional del Senado Federico Pinedo; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y finalmente el ex procurador Carlos Balbín quien es doctor en derecho y especialista en derecho constitucional.La presentación se dio en el marco del debate sobre el proyecto de ley que aprueba, en el ámbito legislativo, el “Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, firmado entre el gobierno nacional y CABA el 5 de enero de 2016.En su intervención, Fihman afirmó que “en marzo de 2016 se firmó un acta complementaria entre las dos partes que establecía que la Nación efectuaría la liquidación de los haberes del personal efectivamente transferido así como del resto de los gastos incurridos, que el Ministerio de Seguridad a través de la PFA informaría esos gastos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y este último realizaría la transferencia de esos montos al Tesoro Nacional”. La totalidad de ese monto transferido, precisó Fihman, “fue validado por el Gobierno de la CABA y alcanzó la suma de más de 8 mil millones de pesos entre el 5 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de ese mismo año”.Por su parte, La Ruffa aseguró que el expediente que dio lugar al convenio "no cuenta con un informe técnico que explicite cuáles fueron los criterios que utilizó en ese momento el gobierno nacional para definir las estructuras necesarias para garantizar las competencias federales en materia de seguridad en el territorio de la Ciudad”.Y Fuks, que hizo una defensa técnica y política, apuntó que “no existe un rechazo al mecanismo de la construcción de la policía ni a la competencia en materia de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. "La voluntad del Presidente Alberto Fernández, es clara: respetar la autonomía de la Ciudad. A pesar de que la Ciudad excede largamente la recomendación de la ONU de efectivos por habitante, el Estado Nacional sigue prestando en su territorio competencias no federales, y que en el proyecto permanezca la cláusula 14ª es la ratificación de ese compromiso asumido”, consideró.Por la oposición buscaron plantear la inconstitucionalidad del decreto de Alberto Fernández que retrotajo en un punto las transferencias respecto a lo dispuesto por Mauricio Macri los senadores de la Capital, Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri y también Esteban Bullrich, senador nacional por Buenos Aires, provincia que se beneficiará con los fondos que Nación le recorta a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.Lousteau no quedó satisfecho con las respuestas de los funcionarios nacionales y reclamó más precisiones. El senador de Evolución-UCR cuestionó el cálculo del gasto que busca fijar el oficialismo. El costo “está subestimado” dijo y consideró que “es mala base (tomar sólo el año 2016) para saber cuánto costó lo que transfirió la Nación”."Hay una diferencia sobre el punto de partida, por eso creemos que tomar el 2016 es una mala base para saber cuánto costó lo que transfirió la Nación y por eso hay que tomar el 2015 y cuándo lo vemos en ese año se gastó solo en Seguridad Metropolitana y Bomberos es muy superior a los 8.046 millones que están diciendo”, apuntó el porteño.“Nosotros deberíamos estar discutiendo sobre los números para que una vez considerado que hubo una transferencia de competencias como la hubo, saber cuáles tienen que ser exactamente los montos transferidos y no que sea algo que se hace de la noche a la mañana y sobre un cálculo que es muy discutible”, concluyó.Andrés Gil Domínguez, constitucionalistaSin embargo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez reprochó la falta de debate de los últimos años: “Parece que estos años no ha sido muy importante discutir estos temas", remarcó sobre la falta de una ley después de la reforma constitucional del año 1994.Le contestó en su discurso, porque no hubo intercambio entre expositores, el radical Antonio María Hernández, ex constituyente y abogado del Frente de Todos en la demanda contra el protocolo remoto. “El sistema de coparticipación estaba muy discutido antes de la reforma constitucional”, consideró. También insistió en que cualquier modificación debe ser a partir del consenso y deben continuarse las conversaciones entre la Ciudad y la Casa Rosada. “Luego de eso puede venir un proyecto de ley”, avisó.Gil Domínguez, a quien se le cortó la conexión, retomó y advirtió que "sigue vigente la ley 23548 que habla todavía de la Municipalidad y hace que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que está a la par de las provincias tenga que depender de la parte de la torta del Estado federal y no esté compartiendo con las provincias la distribución de fondos, ahí tenemos el problema”.Uno de los expositores fue el ex senador Federico Pinedo. Como ex presidente provisional del Senado se mostró contento de participar en la reunión de comisión vía teleconferencia. “Me hubiera gustado poder darles un abrazo”, se lamentó sobre las restricciones sanitarias por la pandemia.“Tiene que haber un convenio, un acuerdo de voluntades, nadie puede modificarlo unilaterlamente”, reclamó Pinedo en la misma línea que antes se había expresado Antonio María Hernández. “La Corte dice que si no hay acuerdo no puede haber transferencia”, consideró y defendió también el decreto de Macri "que está avalado por ocho leyes”. Y concluyó: “La Nación no tiene ninguna facultad para quitarle coparticipación a ninguna provincia”.El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo establece un costo fijo de $ 24.500 millones para la seguridad porteña y determina una actualización anual según un índice compuesto en un 80%por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad.La discusión, además del cálculo, giró alrededor de la facultad que tiene, o no, el Presidente para avanzar sobre el tema. Daniel Sabsay abrió el debate con el argumento de que se viola la ley tributaria. Y calificó con duros términos a Alberto Fernández a quien comparó con un “emperador”. Le respondió el senador neuquino Oscar Parrilli que no solo manifestó “desagrado” sino que marcó una contradicción cuando el Poder Ejecutivo envió el convenio para su debate en el Congreso.

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Los diputados de Juntos por el Cambio exhortaron a la Corte Suprema a que se pronuncie sobre los jueces desplazados por el kirchnerismo

Los principales legisladores de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados (Franco Fafasuli) (Franco Fafasuli/)Diputados del interbloque Juntos por el Cambio presentaron este miércoles un proyecto de resolución en el cual exhortan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a pronunciarse a los desplazamientos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes investigaron en los últimos años a la vicepresidenta Cristina Kirchner.El proyecto fue firmado por los diputados Mario Negri (presidente del bloque radical y del interbloque), Cristian Ritondo (presidente del bloque PRO), Maximiliano Ferraro (presidente del bloque CC-ARI), Gustavo Menna (UCR), Pablo Tonelli (PRO) y Mariana Stilman (CC-ARI).Lo que buscan evitar desde la oposición es que la Corte no acepte los per saltum y que los reclamos de los tres jueces se pierdan en apelaciones, lo que llevaría mucho más tiempo de resolver. En los fundamentos, los legisladores de Juntos por el Cambio sostienen que “la República Argentina vive una circunstancia que no reconoce precedentes durante el desenvolvimiento de gobiernos constitucionales" y que “nunca en toda su historia se desplazaron a jueces de los cargos que titularizan en un juzgado o tribunal, por decretos del Poder Ejecutivo”. Los tres jueces que fueron desplazados de sus actuales cargos “Hasta acá las remociones o desplazamientos forzados de los jueces habían sido patrimonio exclusivo de los gobiernos que usurparon el poder por golpes de Estado”, expresaron los legisladores, al tiempo que sostuvieron que “los jueces solo pueden ser desplazados de sus cargos si se verifican algunas de las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución –mal desempeño, delitos en el ejercicio de sus funciones o comisión de crímenes comunes-".Además, destacaron que solo puede realizarse el desplazamiento “en función de un proceso llevado a cabo por los órganos previstos en la Ley Suprema: juicio político a cargo del Senado, con la Cámara de Diputados como acusadora en el caso de los jueces de la Corte; enjuiciamiento a cargo del jurado previsto en el artículo 115 de la Constitución en el caso del resto de los jueces, con el Consejo de la Magistratura como acusador”.“Está claro que en ningún caso y por ningún motivo, compete al Poder Ejecutivo disponer algo semejante”, afirmaron, e hicieron hincapié en que “de ninguna manera los jueces de la Nación están sometidos al arbitrio del gobernante de turno, y mucho menos en lo que respecta a su permanencia y estabilidad en el órgano judicial que titularizan”.La Corte Suprema tiene que resolver el futuro de los magistrados que fueron desplazados (Nicolás Aboaf)Los diputados opositores indicaron también que “frente a semejante avasallamiento del Poder Judicial, y la entidad y trascendencia de la afectación que ello provoca en los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, resulta impostergable que la Corte Suprema, en su carácter de garante final de la vigencia de la supremacía de la Constitución por sobre cualquier decisión autocrática adoptada al margen de sus disposiciones, ejerza la potestad que le asigna el artículo 116 de la Ley Fundamental y se pronuncie sobre la legalidad de lo actuado por el Poder Ejecutivo”.La Corte Suprema tratará el próximo martes la situación de los jueces federales, quienes iniciaron causas judiciales para continuar en los cargos de los que fueron desplazados. Los integrantes del máximo tribunal acordaron en su reunión de los martes –que por la pandemia se realiza a través de la plataforma Zoom– tratar el tema de los magistrados en una semana.Lo que los jueces de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, tienen hoy para resolver son los dos per saltum que presentaron Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Con eso primero debe determinar si aceptan tratar el caso a través del per saltum –que es una vía extraordinaria de llegar al máximo tribunal– o lo rechazan y esperan a que el caso llegue por las vías tradicionales de la apelación luego de que intervengan todas las instancias del caso.Seguí leyendo Fuerte debate en el Senado por la legalidad de los decretos del Gobierno que le quitan fondos a la Ciudad de Buenos AiresAlberto Fernández: “Siento vergüenza cuando veo la inequidad que existe del otro lado de la General Paz”

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El debate en el Congreso por la coparticipación de CABA empezó con un cruce entre el constitucionalista Sabsay y el ultra K Parrilli

El cruce entre Parrilli y Sabsay (Infobae)Por segunda vez el constitucionalista Daniel Sabsay expuso ante un plenario de comisiones en el Senado. Ya lo había hecho para cuestionar la reforma judicial del oficialismo y hoy fue convocado para hablar sobre el convenio de traspaso de recursos y de la policía a la Ciudad de Buenos Aires. De aprobarse la iniciativa, implicará un recorte adicional a la administración de Horacio Rodríguez Larreta tras el DNU presidencial de poda de recursos firmado en medio de la crisis con la Policía bonaerense.En ese contexto, Sabsay dijo que el presidente Alberto Fernández “se transforma en una especie de emperador” y que “irrumpe en una suerte de monarquía” al ejecutar, afirmó, “un despojo arbitrario” contra la Capital.Ante el plenario de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, que presiden María de los Ángeles Sacnun y Carlos Caserio, el constitucionalista aseguró que el decreto presidencial –que retrotrae lo dispuesto por Mauricio Macri durante su paso por la Presidencia– es “una clara violación de la legalidad tributaria” y advirtió que el jefe de Estado “dispone de los fondos de un distrito y decide a qué distrito los envía y para qué”. También recordó que el año pasado, con la nueva gestión de gobierno, se firmó un nuevo convenio fiscal con trámite legistlativo. “Esta manía revisionista no solo destruye la previsibilidad de las relaciones sino la seguridad jurídica”, apuntó.Desde el oficialismo fueron varios los senadores que intentaron que respondiera si también el decreto de Macri para subir la transferencia de partidas era inconstitucional. “Lo que se hubiera malhecho en el pasado no habilita hacerlo mal ahora”, afirmó. Y agregó que en su momento criticó al ex presidente aunque se negó a dar el debate al respecto: "Me invitaron a hablar sobre el convenio de transferencia”, se excusó.No es la primera vez que Parrilli se cruza con SabsayAl tomar la palabra, el senador kirchnerista Oscar Parrilli expresó su “desagrado” porque acusó al Presidente de ser “un monarca” y de ser “antidemocrático”. "Me parece de muy mal gusto”, aseveró, y subrayó que justamente él estaba allí en un debate que había sido promovido por el Poder Ejecutivo en el Senado. Sabsay le respondió: “Usted insiste en la modalidad del maltrato y le repito lo que ya le dije, quien es maltratado, maltrata, y no voy a permitirle que usted me maltrate”. El mensaje parecería aludir a los reproches que Cristina Kirchner le realizó a Parrilli en conversaciones telefónicas.En la misma comisión, que arrancó puntualmente a las 11, expusieron primero tres funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación. Lo hicieron Daniel Fihman, secretario de Coordinación Bienestar Control y Transparencia Institucional; Silvia La Ruffa, subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa; y Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal de la Seguridad. Los tres dieron cifras sobre la transferencia de partidas para el funcionamiento de la fuerza policial en el año 2016.Continúan en la lista de oradores, conformada por el oficialismo y la oposición: Andrés Gil Domínguez, constitucionalista; Antonio María Hernández, ex diputado nacional-convencional constituyente; Federico Pinedo, ex presidente provisional del Senado, y Carlos Balbín, doctor en Derecho, especialista en derecho constitucional.SEGUÍ LEYENDO:“Me está atropellando”: el reclamo del constitucionalista Daniel Sabsay al senador Oscar Parrilli durante el debate de la reforma judicial

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