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Política

Salta habilitó las reuniones familiares de hasta 10 personas y ya son 5 las provincias que flexibilizaron los encuentros sociales

Salta se suma a las provincias que habilitan las reuniones sociales. En la foto, las salidas recreativas con menores en la Ciudad de Buenos Aires. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que permitirá las reuniones familiares y sociales de hasta 10 personas, tras mantenerse una curva casi inexistente de los contagios de coronavirus en el distrito. De esta manera, la provincia se suma a Jujuy, Mendoza, La Pampa y San Luis, que ya flexibilizaron el régimen de cuarentena con medidas similares.En Salta, la medida fue oficializada esta mañana y comenzará a regir desde este fin de semana los días sábados, domingos y feriados hasta las 20 horas.“Hoy, gracias a todos ustedes, podemos decir que somos una de las provincias que no registran transmisión comunitaria de COVID-19 y cumplen con los parámetros epidemiológicos y sanitarios", sostuvo el gobernador Sáenz a través de su cuenta personal de Twitter.Aunque se trata de una nueva flexibilización de la fase cuatro del aislamiento obligatorio salteño, Gustavo Sáenz advirtió que quienes transgredan el permiso en cuanto a los horarios y días establecidos tendrán que afrontar fuertes multas.“Apelamos a la responsabilidad de todos y de cada uno de los salteños. Sigamos trabajando juntos, solo así saldremos adelante”, expresó Sáenz.El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, definió que las reuniones sean de hasta 10 personas. En relación a la franja horaria, el mandatario salteño defendió el régimen de restricción: “No es caprichoso establecer los horarios sino que son los mismos que fijamos para todos. Esto requiere de la responsabilidad individual de cada salteño".Y agregó: “No hay que bajar los brazos y está bueno que los salteños tengan esta posibilidad. Juntarse con familiares, amigos, me parece muy bueno, pero siempre respetando las normativas”.La reapertura en el interiorDe esta manera, Salta se suma al grupo de provincias que comienzan a liberar paulatinamente las actividades sociales de la población. El primer distrito que estableció el permiso fue Jujuy, durante la primera semana de mayo, a través de un comunicado del Comité Operativo de Emergencias (COE). “La gente se puede movilizar el día que le corresponde según la terminación del DNI para ir a una casa particular. Sigue vigente la normativa que prohíbe reuniones de más de diez personas. Esto es algo que todavía no se ha alterado”, explicó el coordinador del organismo, Omar Gutiérrez, en una conferencia de prensa.Tras la habilitación de comercios y el sector gastronómico, se flexibilizaba el aislamiento social preventivo obligatorio por coronavirus en la provincia del norte argentino. La medida aclaraba que se habilitaba el traslado de personas para compartir un almuerzo o cena, en cuanto se respete la terminación del documento de identidad y la cantidad de participantes.En San Luis, la habilitación entró en vigencia la semana pasada. Al poco tiempo se agregó La Pampa, que dispuso que autorizó las salidas recreativas y reuniones sociales de hasta diez personas aunque solo para el domingo pasado.“Este fin de semana hará un clima otoñal muy lindo, el próximo ya vamos a sentir el rigor del frío y estamos comenzando a ver un inicio del pico de contagios en el AMBA y no sabemos cuál será la onda expansiva”, había anunciado el gobernador Sergio Ziliotto.Un camino similar adoptó ayer la provincia de Mendoza. En ese distrito cuyano, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, decretó la realización de reuniones familiares los fines de semana y feriados, también con un tope de 10 personas. Esa medida regirá para quienes tengan vínculo directo como padres, hijos y hermanos, con restricciones de horario.La flexibilización de las actividades sociales y recreativas arrancó este fin de semana en gran parte del país. Incluso en la Ciudad de Buenos Aires, donde por primera vez tras dos meses de aislamiento obligatorio las familias porteñas pudieron salir con sus hijos a la calle, por el plazo de una hora.Mientras algunas localidades avanzan con más permisos, otras ciudades y centros urbanos deciden dar marcha atrás, ante el aumento de casos de coronavirus en regiones específicas. Es la situación de distritos ubicados en la provincia de Buenos Aires, Río Negro y Chubut, que observaron un crecimiento en la curva de contagios.Seguí leyendo:En Mendoza habilitarán las reuniones familiares de hasta 10 personasCoronavirus en la Argentina: San Luis permitirá reuniones familiares y actividades deportivas al aire libreCoronavirus en Argentina: desde el comienzo de la pandemia, hubo 872 menores de 18 años contagiados, de los cuales 72 fueron bebés

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Jorge Capitanich: “La cuarentena en Chaco deberá seguir por lo menos hasta agosto”

Jorge Capitanich manifestó que Chaco se encuentra en Fase 4 de la pandemia pero deberá seguir al menos dos meses más de aislamientoEn medio de la polémica sobre la continuidad del aislamiento obligatorio y la flexibilización de actividades en las distintas provincias, sobre todo las más afectadas por la pandemia, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, aseguró que la cuarentena en ese distrito “deberá seguir hasta, por lo menos, el mes de agosto”.Desde los primeros días de la llegada del coronavirus a Argentina y hasta hoy, Chaco se instaló cómodamente como la provincia con mayor cantidad de contagios después de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento, según datos oficiales, tiene 660 casos confirmados, 35 muertes y una tasa de letalidad del 5,30%.En este sentido, Capitanich explicó que la provincia se encuentra atravesando la Fase 4 de la pandemia, porque tiene un promedio de 25,4 días de tasa de duplicación de casos, cuando el límite inferior es de 25. “Esto fluctúa de acuerdo al surgimiento o no de casos”, señaló este miércoles por la noche en diálogo con el periodista “Toti” Pasman en Radio La Red, y remarcó que la continuidad del aislamiento debe ser con una “cuarentena administrada” y con un sistema “de análisis inteligente”.Capitanich, de visita en una planta algodonera durante la pandemia“El 94 % de los casos están en Resistencia. La mayor localización de casos está en el macrocentro y los casos activos están prácticamente curados. Tenemos mayor capacidad de testeo”, explicó. “Dentro de Resistencia, con 409 espacios territoriales (barrios y asentamientos), en 45 de ellos hemos localizado casos, algunos dispersos entre uno, dos o tres, y a su vez también clusters de mayor concentración”.“El tema de la discusión no es si se vuelve o no a fases, me parece que esa es una discusión cerrada. Es un problema que lo tenemos que visualizar en términos de modelos de convivencia con el COVID-19”, manifestó. En este contexto la provincia implementó un sistema de autoevaluación sistemática tres veces a la semana a través de la red de teléfonos celulares junto con la administración del flujo y regulación de la circulación de tránsito y el seguimiento de las camas ocupadas del sector de salud privado y público. “El sistema de salud se está adaptando a la demanda”, señaló.“La adopción de estas medidas, junto a otras, nos permiten coexistir con el coronavirus –aseguró Capitanich– pero también nos obliga a ser extremadamente rigurosos en la protección de las personas con factores de riesgo y la localización geográfica”.El gobernador de Chaco consideró que la cuarentena administrada deberá seguir hasta el mes de agostoRespecto de la flexibilización de las actividades, el gobernador aseguró que la provincia ya trabaja en distintos mecanismos para que comercios y otros rubros “coexistan con el virus” para minimizar el impacto económico del coronavirus en la población chaqueña.“El problema central es que no existen remedios ni vacunas para este virus. Donde el vector es la misma persona que porta y traslada el virus, lo que hay que hacer es garantizar una correcta regulación de la circulación y un sistema de bioseguridad e higiene”, remarcó el gobernador.“Las recetas en el mundo son múltiples desde Uruguay, Suecia, pasando por Alemania y Corea del Sur. O sea, que no hay una sola receta o alguien que te pueda decir hasta cuándo va a durar esto o cómo lo tenés que afrontar de la mejor manera posible. La única estrategia es administrar la cuarentena de manera razonable para cuidar a la población y, por otro lado, generar ciertas condiciones y garantías para la actividad económica”, concluyó.SEGUÍ LEYENDO:Falta de agua, hacinamiento y solidaridad: cómo se resiste la llegada del coronavirus en una de las villas más pobres del conurbanoExtensión de la cuarentena: el Gobierno analiza aislamientos diferenciados para los barrios vulnerables

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Desestimaron una denuncia del macrismo contra Graciana Peñafort por sus dichos sobre la Corte Suprema

Graciana PeñafortLa jueza federal María Servini desestimó hoy una denuncia penal que un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentó contra Graciana Peñafort, abogada y directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, por incitación a la violencia colectiva por un mensaje en la red social Twitter en el que sostuvo que “es la Corte Suprema quien tiene que decidir ahora si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones", luego de un planteo ante el máximo tribunal para que habilite las sesiones virtuales de la Cámara alta.“Advierto que la conducta de la Dra. Graciana Peñafort, por más desafortunada que pudiera llegar a resultar en sus formas, no encuadraría dentro de estos discursos prohibidos; por el contrario, se halla bajo la tutela del derecho constitucional a la libertad de expresión. Ello por cuanto sus manifestaciones se dieron como una expresión pública de sus ideas respecto de circunstancias de indudable interés público”, sostuvo la magistrada en su resolución.Los diputados de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, Álvaro de Lamadrid, Soher El Sukaria, Adriana Noemí Ruarte, Lidia Inés Ascarate, Jorge Enríquez y Fernando Iglesias denunciaron a Peñafort por una serie de mensajes en su cuenta de Twitter. Uno de ellos decía: “Es la Corte Suprema quien tiene que decidir ahora, si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones. Porque la vamos a escribir igual”. “Como cantan los Redondos ‘Fijate de qué lado de la mecha te encontrás’”.Fue tras la presentación de Peñafort, en nombre del Senado que preside Cristina Kirchner, para que la Corte avalara la legalidad de audiencias virtuales para reemplazar a las sesiones presenciales, limitadas por la pandemia del coronavirus.Los legisladores entendieron que Peñafort, abogada de varios ex funcionarios kirchneristas como el ex vicepresidente Amado Boudou, había amenazado a los jueces de la Corte Suprema e incitado a la violencia colectiva.El fiscal federal Eduardo Taiano había pedido la semana pasada en un dictamen en la desestimación de la denuncia contra Peñafort porque entendió que no había delito en sus publicaciones ya que “para que la acción en cuestión resulte típica debe existir un riesgo cierto e inminente, de que se ponga en peligro, en este caso, la vigencia de la Constitución Nacional”. “Sin embargo, no se advierte de qué modo las manifestaciones de la denunciada pudieron haber puesto en peligro dicha vigencia, ya que sus dichos no tienen en modo alguno entidad suficiente para incitar a la violencia colectiva, y menos aún para amedrentar e intimidar a los ministros de la Corte Suprema”, sostuvo el fiscal.La jueza Servini (Reuters)Servini explicó que ante el pedido de desestimación de una denuncia por parte de la Fiscalía “el Juez se encuentra imposibilitado no sólo de ordenarle que requiera su instrucción, sino que ese impedimento abarca también la posibilidad de conocer y decidir sobre el asunto traído a su conocimiento”. Pero además la magistrada compartió que no había delito para investigar en los dichos de Peñafort y destacó el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. “Concretamente, la nombrada puso de manifiesto en un medio de difusión pública y en su carácter de sujeto político, su opinión de cómo debían resolver los ministros de nuestro máximo tribunal respecto de una discusión eminentemente política como lo era el hecho de si se podía o no realizar sesiones en el Senado de la Nación en forma remota debido al régimen de cuarentena sanitaria vigente”, explicó.Para la jueza, la directora jurídica del Senado "se limitó a compartir públicamente pensamientos propios sobre ese tema, del cual además resultaba partícipe como letrada de la parte solicitante, con el agregado, a modo de metáfora, de una estrofa de lo que sería una composición musical. “En definitiva, no se trató de otra cosa que la difusión pública de las ideas de una persona, que se podrá o no compartir, o estimar su redacción de buen o mal gusto, pero nunca incriminar penalmente”, agregó Servini, y concluyó que “estos dichos no fomentaron ni tampoco incitaron a la violencia colectiva y mucho menos –por su falta de idoneidad– pudieron resultar en amenazas coactivas agravadas y/o atentados contra la autoridad dirigidos hacia los Ministros de la Corte Suprema”.

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Memorándum con Irán: la Cámara Federal rechazó un planteo de Zannini y confirmó que el ex director de Interpol seguirá siendo investigado

Carlos Zannini (Adrián Escandar) (Adrian Escandar/)La Cámara Federal rechazó este jueves un planteo contra la imputación de Ronald Noble, el ex director de Interpol, que había formulado la defensa de Carlos Zannini, el hoy procurador del Tesoro que está acusado, junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, por encubrir el atentado contra la AMIA por la firma del Memorándum con Irán. Se trata de la causa que quedó en instrucción, como remanente de la causa principal que ya está elevada a juicio. Precisamente, la defensa de Zannini pidió esta semana ante el Tribunal Oral Federal 8 la nulidad de toda la elevación a juicio, precisamente por esa investigación que quedó en el juzgado del fallecido Claudio Bonadio que ahora subroga Marcelo Martínez De Giorgi. El planteo aún está bajo análisis, indicaron a Infobae fuentes judiciales.Es que en la causa en instrucción las querellas de dos de las víctimas de la AMIA imputaron al ex jefe de Interpol para que se investigara su rol en el encubrimiento. Lo hicieron precisamente en base al fallo de la Cámara Federal de diciembre de 2017 que confirmó los procesamientos de Cristina Kirchner y su prisión preventiva, y del resto de los involucrados.Es ahora la misma Cámara la que rechaza el planteo de la defensa de Zannini, cuestionando la sospecha sobre Noble. ¿Por qué? Porque están pidiendo que pueda declarar como testigo en el juicio oral. La diferencia en la forma en la que llegue a declarar Noble es clave: como indagatoria, enfrenta una sospecha y puede mentir; como testigo, está obligado a decir verdad.El entonces Canciller Héctor Timerman y Ronald NobleNoble ya dijo más de una vez públicamente, desde que el fallecido fiscal Alberto Nisman radicó la denuncia por encubrimiento contra la entonces presidenta, que las alertas rojas nunca estuvieron en peligro con la firma del Memorándum. Esa es una de las bases de la denuncia de Nisman. A criterio de las defensas, Bonadio nunca quiso tomarle declaración a Noble porque la causa se hubiera caído.En el juzgado de Martínez De Giorgi, la defensa de Zannini, a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías, había solicitado recientemente una serie de medidas al Departamento de Interpol en base a una presentación de la querella, a cargo de Tomás Farini Duggan. Pero el juez le dijo a la defensa que Zannini ya no era parte de ese proceso (sino del que está en juicio oral) y por lo tanto rechazó la presentación.La defensa apeló. Ahora los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia aseguraron que si bien el juez tiene razón “por el tenor de los argumentos de su defensa –vinculados a la incidencia de la cuestión que aquí se discute para determinadas posiciones que su parte ha expuesto en la instancia previa al debate oral– deja en evidencia que no puede descartarse sin más un interés suficiente en cabeza de ella”.Aun así, la Cámara dijo que no correspondía la queja. “El proceder que se busca censurar es amplia y cotidianamente utilizado en expedientes de complejidad como éste por resultar adecuado frente a los diferentes intereses legítimos que operan en casos así, que exigen compatibilizar la necesidad de evitar demoras injustificadas y, a la vez, cumplir en forma completa con los fines de la instrucción. Entre esos objetivos, se encuentra el de corroborar o descartar la eventual participación de todos los presuntamente implicados”, afirmó.Para los jueces, “no genera ningún agravio que se haya mantenido parcialmente abierta la etapa preparatoria para tratar las situaciones de otros imputados todavía no indagados y para investigar aspectos susceptibles de profundización”.En ese contexto es que la querella de un grupo de familiares de las víctimas imputó a Noble y pidió medidas de prueba. Fue en febrero de 2018. Y es por eso, señaló la Cámara, que el juez ordenó pruebas y “postergó una definición sobre si existe o no sospecha bastante sobre el rol asignado por la querella Noble, como para convocarlo a que ejerza su acto de defensa”.“Esas decisiones responden a la discrecionalidad que, por ley, el juez posee en el ejercicio de su tarea y no pueden tildarse de arbitrarias. No son por ende revisables, según la regla que rige la materia –se aseguró–. Con todo, la apelación fue correctamente denegada. En consecuencia, corresponde hacer lo propio con la queja bajo estudio”.Seguí leyendo:Memorándum con Irán: familiares de AMIA pidieron que el ex titular de Interpol no declare anticipadamente en el juicio

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Coronavirus en Argentina: después de dos meses, Alberto Fernández retomó sus viajes al interior del país con una visita a Santiago del Estero y Tucumán

Alberto Fernández saluda con el codo a Gerardo ZamoraEl presidente Alberto Fernández viajó este mediodía a la provincia de Santiago del Estero en el marco de una gira por el interior del país que tendrá otras escalas, según anticipó Infobae.Respetando el distanciamiento social y con barbijo, el Presidente se encontró con el gobernador Gerardo Zamora que lo recibió en el aeropuerto. Junto a Fernández viajaron el ministro del Interior , Eduardo “Wado” de Pedro , el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el Secretario General de la Presidencia , Julio Vitobello y el Secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.Es la primera vez, desde que se inició la cuarentena, que el Presidente sale de Buenos Aires La primera actividad que llevaron adelante fue una recorrida por la Planta MegaAlfalfa Argentina S.A. ubicada en la Ciudad de Forres, que fue inaugurada hoy. Por la tarde visitó obras que se realizaron en la Escuela del Centenario. Al caer la tarde volverá a Capital Federal para retomar su agenda.Mega Alfalfa Argentina produce y exporta fardos argentinos de alta calidad desde Santiago del Estero a China y Arabia Saudita, entre otros países. “Celebro que empresarios como ustedes se fijen objetivos tan altos: hacer de Santiago del Estero la capital mundial de la producción de alfalfa. Es un objetivo enorme y está muy bien porque así crece la Argentina”, aseguró el Presidente durante la visita a la fábrica.“Si hay algo que tenemos que volver a poner como objetivo como sociedad es la palabra solidaridad, porque nadie se salva solo", aseguró el Presidente durante la visita a la empresa “Si hay algo que tenemos que volver a poner como objetivo como sociedad es la palabra solidaridad, porque nadie se salva solo. Los empresarios necesitan de los que trabajan y producen y todos necesitamos de los empresarios que inviertan, vendan al exterior y traigan divisas a la Argentina. Nosotros debemos desarrollar oportunidades para todos y yo siento que acá lo están haciendo. No dejen de hacerlo, porque el futuro tiene que ver con eso: darle oportunidades a todos de crecer y desarrollarse”, expresó.En la ciudad capital, el mandatario recorrió las obras de ampliación de colectores, redes cloacales y conexionado extra domiciliario, que beneficiará a 37.600 habitantes directos y a 180 mil indirectos, con una cobertura del 100 por ciento de desagües cloacales. Estos trabajos demandaron una inversión estimada de 2.267 millones de pesos. Además, encabezó la puesta en valor de la Escuela del Centenario, que requirió una inversión de 226 millones de pesos, y cuyas aulas, patio y microestadio fueron refaccionados y ampliados integralmente. Las obras de restauración del edificio declarado Monumento Histórico Nacional estuvieron paralizadas desde abril de 2019 por la falta de giro de fondos por parte de la entonces gestión nacional. Alberto Fernández junto al gobernador de Tucumán, Juan ManzurEl Ministerio de Obras Públicas de la Nación realiza éstas y otras obras en Santiago del Estero por una inversión total de 9.893 millones de pesos, que incluirá la reactivación y finalización de dos obras hídricas que permitirán el acceso al agua potable a más de 80 mil habitantes. También activará cuatro obras viales que serán finalizadas en 2022, y permitirá la realización de trabajos de infraestructura social en 18 municipios, que generarán 1.300 puestos de trabajo local en el marco del Plan Nacional Argentina Hace. El objetivo del jefe de Estado es conocer de cerca la realidad que atraviesan las jurisdicciones del interior en medio de la pandemia por coronavirus. Además, busca darle sustento a su decisión política de extender la cuarentena, que será anunciada probablemente durante el fin de semana.De hecho, el Poder Ejecutivo decidió dividir la estrategia sanitaria por regiones. En la mayoría de las provincias, son los propios gobernadores los que tienen la facultad de administrar sus cuarentenas de acuerdo a las curvas locales de contagios y muertes. En cambio, en el Área Metropolitana, donde se concentran el 90% de los casos positivos, todas las decisiones son adoptadas en conjunto por la jefatura de Gabinete y los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires.El jefe de Estado inauguró la Planta MegaAlfalfa Argentina S.A. ubicada en la Ciudad de Forres De no haber cambios, esa estrategia continuará vigente hasta el 8 de junio. En el centro del país no habrá nuevas excepciones y se trabajará en un protocolo especial en el transporte. Las autoridades entienden que colectivos, trenes y subtes son uno de los principales focos de propagación del COVID-19 y por eso desalientan su uso.Ayer, Fernández, Rodríguez Larreta y Kicillof se reunieron en Olivos y dejaron atrás las tensiones de los últimos días para trabajar junto a sus equipos en las características que tendrá el confinamiento a partir del 25 de mayo.Alberto Fernández extenderá la cuarentena hasta el 8 de junio Por otra parte, Alberto Fernández sabe que en el interior ha crecido su imagen por el manejo que tuvo hasta ahora de la crisis del COVID-19. Los sondeos de opinión que llegan al despacho presidencial mostraron en las últimas semanas que más del 80% de la gente está de acuerdo con la extensión de la cuarentena. Y entre el 75% y 78% de los encuestados cree que la evaluación de la gestión del Gobierno es muy buena, buena o ni tan buena ni mala. En detalle, la valoración positiva que hay de Alberto Fernández en estos momentos es del 60% al 70% en las encuestas.Seguí leyendoMás voces del oficialismo respaldaron el proyecto para que el Estado se quede con acciones de las empresas privadasGuzmán y los fondos de Wall Street pactaron una tregua: extensión de la oferta y default sin juicio

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Alberto Fernández recibirá esta tarde a Rodríguez Larreta y a Kicillof para analizar cómo continuará la cuarentena

Kicillof, Fernández y Rodríguez Larreta se volverán a ver las caras en Olivos (Presidencia)El presidente Alberto Fernández convocó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, a una reunión que se realizará esta tarde, a partir de las 19, en la Quinta Presidencial de Olivos. El de hoy será el primer encuentro formal entre las tres administraciones para analizar cómo será la nueva etapa de cuarentena que se iniciará el lunes 25 de mayo y se extenderá al menos hasta el 8 de junio.El encuentro tendrá un condimento especial: en los últimos días, intendentes bonaerenses e integrantes del gabinete de Kicillof criticaron a la Ciudad de Buenos Aires por haber habilitado la apertura de comercios, algo que podría provocar el aceleramiento de los contagios en el Área Matropolitana. Hubo algunos funcionarios que incluso plantearon la idea de aislar a la Capital Federal. Esa polémica parece haberse enfriado en las últimas horas, luego de la intervención de la Casa Rosada, que buscó pacificar los ánimos en un momento sensible en materia sanitaria y económica.De acuerdo a conversaciones preliminares con los expertos, el Poder Ejecutivo continuará con su estrategia de regionalizar la modalidad de la cuarentena. Esto implica, imponer medidas más restrictivas en los distritos donde hay circulación local del virus y relajar las características del confinamiento en las provincias donde no se registraron casos nuevos en los últimos 14 días.Hasta ahora, el gobierno nacional utilizó la tasa de duplicación de casos como un indicador para determinar qué jurisdicciones pueden avanzar hacia una nueva fase. A raíz del aceleramiento de las curvas de casos y muertes en el Área Metropolitana, se prevé que tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires no habrá cambios significativos.Uno de los focos de contagios que preocupa a las autoridades sanitarias son los barrios vulnerables. Por ese motivo, inició el programa Detectar, que incluye la búsqueda activa de casos sospechosos en villas de emergencias para avanzar con los testeos PCR. Ese programa explica en parte el aumento de casos en Capital Federal, dicen los especialistas.

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Victor Hortel renunció como abogado defensor de Lázaro Báez en el juicio por la “ruta del dinero K”

Lázaro Báez (Gustavo Gavotti/)Lázaro Báez volvió a sufrir una baja en su equipo de abogados. El ex jefe del Servicio Penitenciario Víctor Hortel presentó su renuncia formal ante el Tribunal Oral Federal 4 que lleva adelante el juicio por la causa conocida como la “ruta del dinero K”. También renunció a la defensa de Martín Báez, que sigue detenido en la cárcel de Ezeiza junto a su padre. Hortel no participa del juicio, al menos en persona, hace casi un año, luego de sufrir un ACV. En su reemplazo, fue designado Juan Martín Villanueva. Hortel fue jefe del Servicio Penitenciario durante el gobierno de Cristina Kirchner y tuvo que renunciar en 2013 tras una fuga masiva en el penal de Ezeiza, en medio del escándalo que generó la irrupción de Vatayón Militante, el grupo de militantes K que ingresó a las cárceles durante su gestión. También defendió al ex titular de la UOCRA de La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina.En los últimos días, Hortel había reaparecido en los medios hablando de la crisis carcelaria por el coronavirus. “Con el gobierno de Cambiemos aumentó el punitivismo y los encarcelamientos masivos”, dijo en una entrevista radial.En los hechos, Hortel ya no estaba defendiendo a Báez, al menos no iba al juicio. En junio del año pasado, sufrió un ACV. En se misma fecha, también renunció Esteban Balian, que actuaba como codefensor de Báez. Por ese motivo, el empresario pidió suspender una audiencia ante el TOF 2 en el juicio por el direccionamiento de la obra pública a favor de Austral Construcciones. Los jueces rechazaron ese pedido y la audiencia se realizó con normalidad. Desde entonces, la abogada Elizabeth Gasaro se hizo cargo cargo de la defensa de Báez y su hijo en el juicio.La renuncia de Hortel fue presentada este lunes ante el TOF 4 pero recién fue aceptada esta mañana por el presidente del tribunal, Néstor Costabel.Lázaro Báez (Gustavo Gavotti)El juicio oral está suspendido desde el 11 de marzo y debería retomarse con la segunda parte del alegato de la Oficina Anticorrupción. Hace una semana, Costabel le mandó un oficio al Consejo de la Magistratura de la Nación para saber si está en condiciones de proveer un sistema informático que permita retomar el debate de manera remota. También le pidió una opinión a todos los abogados de las partes. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la mayoría de las defensas se expresaron a favor de retomar el juicio a la distancia. Antes de tomar una decisión, los jueces están esperando que llegue la respuesta formal del Consejo de la Magistratura, donde ya se especula que el nuevo sistema desarrollado por la empresa ARSAT demorará al menos dos semanas.El juicio contra Báez y sus hijos es uno de los más complejos porque tiene 24 imputados, tres querellas, la Fiscalía y los integrantes del tribunal. No se descarta un sistema mixto como está implementando la Cámara de Diputados, con algunas pocas presencias en la sala de audiencias y la enorme mayoría a distancia.Por ese motivo, el presidente del TOF 4 también le hizo llegar un oficio a la Secretaría General de la Cámara de Casación para saber si hay alguna sala disponible en el edificio de Comodoro Py “que reúna las recomendaciones contenidas en el protocolo de medidas de prevención, higiene y seguridad (conforme Anexo IV de la Acordada 14/2020 de la CSJN)”.Seguí leyendo:Renunció el director del Servicio Penitenciario tras denunciar cómplices en la fuga de presos

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Coronavirus en Argentina: la Coalición Cívica advirtió que aplicar la Ley de Abastecimiento puede ocasionar más concentración económica y la quiebra de pymes

Maximiliano Ferraro, presidente de la CC ARILa Coalición Cívica ARI advirtió al Gobierno que la aplicación de la Ley de Abastecimiento puede llevar a una mayor concentración económica y a la quiebra de muchas de pequeñas y medianas empresas.La advertencia figura en una carta que el presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, y el diputado porteño Hernán Reyes le enviaron al presidente Alberto Fernández y al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en la que también piden que “sea devuelta al Senado la propuesta para la conformación de la Autoridad Nacional de Competencia”, que fue remitida para su aprobación en año pasado pero cuyo pliego fue retirado por el Gobierno. El argumento de los legisladores es que ese organismo permitiría tener la capacidad para “atenuar la concentración económica”.Ferraro y Reyes destacaron que, “en observación de la realidad que nos toca vivir como argentinos respecto de la emergencia sanitaria, económica y social que generó la pandemia de COVID-19, le solicitamos una aplicación restrictiva de la Ley de Abastecimiento y una normalización de las instituciones previstas por la Ley de Defensa de la Competencia”.Para la CC ARI, la fijación de precios máximos con las grandes empresas perjudica a las pymes"Hay que asumir que algunos oferentes perecerán ante la falta de demanda e imposibilidad de financiación de sus costos fijos, con el riesgo de su corrimiento definitivo del mercado. Asimismo, las diferentes situaciones patrimoniales y de flujo de caja entre las grandes empresas que pueden afrontar la nueva realidad y las pymes durante la etapa de aislamiento pueden devenir en agresivas políticas de adquisición de los fondos de comercio y/o las sociedades pymes por parte de sus competidores”, afirmaron Ferraro y Reyes en su carta.Sostuvieron que “el aislamiento preventivo, social y obligatorio, consecuencia de la pandemia, ha generado una situación que favorece las condiciones para una importante distorsión respecto del normal funcionamiento de la oferta y la demanda de productos en Argentina".Para los legisladores de la CC ARI, “la Ley de Abastecimiento debe responder exclusivamente a atenuar las condiciones de aprovechamiento indebido de una situación de desabastecimiento, la que solamente se observa en el ámbito de los insumos médicos y algunos productos específicos alimenticios y otros que tienen relación directa con la prevención del COVID-19”.Controles de precios de la AFIP en los supermercados“Las políticas acordadas de precios máximos a las que arriba el Gobierno Nacional con ciertos grandes operadores del mercado ponen en crisis a las más pequeñas. Una política demasiado rígida en la fijación de precios máximos, que se extienda sobre la cadena de valor alimenticia completa, solamente agrava la situación respecto de las pymes que no estén en condiciones de financiar una política de precios. Esto es sabido por parte de las grandes empresas, que pueden compensar sus pérdidas gracias a su poder de mercado. La política de fijación de precios máximos solamente puede ser soportada por aquellas empresas con respaldo financiero suficiente”, agregaron.Por eso, Ferraro y Reyes propusieron "circunscribir la política de precios máximos exclusivamente a los mercados afectados por el desabastecimiento o con riesgo real de padecerlo y excluir expresamente a los productos de las micro, pequeñas y medianas empresas”.“Consideramos indispensable que se establezca la suspensión de las medidas de clausura provisoria -agregaron-. Este tipo de sanciones resultan en una restricción en la oferta, y ello permite la consolidación de mayores abusos. No es oportuno que la Secretaría de Comercio convalide las clausuras provisorias o la confiscación de productos para su enajenación forzosa”.Seguí leyendo:Axel Kicillof: “Si en la Ciudad van a abrir los comercios, que no vaya a trabajar la gente de la provincia de Buenos Aires"Daniel Arroyo: “Estamos pensado en el camino de salida para el día después”

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Coronavirus en Argentina: Cristina Kirchner convocó a la segunda sesión remota y el Senado votará la primera ley a distancia

Cristina Kirchner conduce la sesión de la semana pasadaUna semana después de la media sanción en la Cámara de Diputados y tras intensas reuniones en comisión en las que se emitieron los dictámenes necesarios, Cristina Kirchner convocó a una nueva sesión en el Senado para este jueves a las 14.Si todo avanza en el marco del consenso alcanzado, este 21 de mayo quedará fijado en el calendario parlamentario como el día en que se sancionó por primera vez una ley en forma remota o telemática.Dos serán los temas del día. Uno es el proyecto de ley que establece beneficios especiales para el personal considerado esencial que cumple funciones en el área de salud, Fuerzas Armadas y seguridad, entre otros en el marco de la pandemia de Covid-19 y el aislamiento social, preventivo y obligatorio.El otro es el proyecto conocido como “Ley Silvio”, como la llamó en Diputados su autor, Eduardo ‘Bali’ Bucca, y que apunta a protocolizar medidas de seguridad para prevenir contagios en el personal médico, enfermeros, camilleros, etc. Silvio Cufré fue un enfermero que vivía en San Vicente y murió por coronavirus. Fue la primera víctima fatal que se contagió en el cumplimiento de su trabajo en el sector sanitario.Dos comisiones dictaminaron en forma conjunta para que el “Programa de Protección al Personal de la Salud” llegue al recinto. En una reunión de plenario remota, los integrantes de las comisiones de Salud y Presupuesto y Hacienda votaron en forma nominal, uno por uno, a favor y luego completaron el trámite en forma digital lo que es posible a partir de la aprobación en el recinto del reglamento de funcionamiento tanto de las sesiones como de las comisiones.El presidente de la comisión de Presupuesto, el cordobés Carlos Caserio, resaltó que la “Ley Silvio” es “fundamental para proteger a los trabajadores de salud” y en la reunión de comisión les pidió a los legisladores de la oposición que no introdujeran cambios para que la norma entre en vigencia rápidamente. A cambio ofreció proponer al Ejecutivo algún ajuste en la reglamentación. Desde el radicalismo propusieron por ejemplo que se preserve la identidad del personal de salud que se haya contagiado para evitar su estigmatización.Silvio CufréLa “Ley Silvio” busca proteger al personal médico, de enfermería, de dirección y administración, logístico, de limpieza y de otras áreas que presten servicios en establecimientos de salud donde se efectúen prácticas destinadas a la atención de casos sospechosos, realización de muestras y tests, y/o atención y tratamiento de Covid-19.Exige además que hospitales y clínicas garanticen medidas de bioseguridad en las áreas de los establecimientos dedicadas específicamente a la atención y toma de muestras de casos sospechosos o confirmados de Covid-19. También en las áreas donde haya mayor riesgo de contagio. El proyecto además establece que la autoridad de aplicación, sindicatos, empresas, universidades y organizaciones sociales deberán determinar protocolos de protección y capacitaciones.Uno de los temas que seguramente generará debate en el recinto, como ya pasó en comisión, es el artículo que hace referencia al financiamiento. Los gastos generados por esta ley “serán atendidos con los recursos del presupuesto nacional, a cuyos fines el señor jefe de Gabinete de Ministros efectuará las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias”, indica.Cruce entre Martín Lousteau y Carlos Caserio en el Senado (Infobae)El otro proyecto a debatir son los beneficios impositivos para el personal esencial de salud y seguridad y las pensiones para las familias de las víctimas de esos sectores. Este martes hubo dictamen a favor en la comisión de Presupuesto que preside Caserio. También hubo intenso debate. Una vez más se desmarcaron del resto del interbloque de Juntos por el Cambio Martín Lousteau y Esteban Bullrich. Ambos expresaron cuestionamientos y pidieron que el Senado, a través de la Oficina de Presupuesto, haga cálculos sobre el alcance de la ley.El radical Martín Lousteau y Caserio protagonizaron un fuerte cruce. “Los trabajadores de la salud que tengan ingresos por debajo del mínimo no imponible no tienen beneficios”, reclamó el senador por Evolución y se preguntó si “¿ponerle el cuerpo a la pandemia, vale lo mismo según lo que ganan?”. “Estamos excluyendo a los que menos ganan”, advirtió con el argumento de que un gran número de trabajadores de la salud ganan menos que el mínimo no imponible e, incluso, que "hay más mujeres que ganan menos del mínimo que hombres”. Y propuso “hacer mejor los cálculos”.En tanto, el senador del PRO consideró la pensión graciable es “un parche” y pidió “responsabilidad” y una discusión de fondo para evitar en un futuro tener que "hacer leyes para eliminar beneficios que pusimos en el pasado”.Caserio en la sesión de la semana pasadaCaserio se sintió aludido por los planteos de Bullrich y Lousteau y respondió. “No es serio el planteo de que esta comisión no esté trabajando con seriedad. Una cosa es que uno se equivoque y otra que no sea serio, que no esté preparado para presidir una comisión. Lousteau me tiene acostumbrado, porque de uno u otro modo él tiene siempre criterios variables, de acuerdo a las situaciones, que muchas veces no coinciden ni siquiera con su marco ideológico o su pensamiento político… Pero no es una crítica, cada uno es como es. Pero Bullrich es vicepresidente (de la comisión). Si no estaba de acuerdo me hubiera hecho un llamado telefónico para hacerme críticas directas, o proponerme cosas. El planteo de la Oficina de Presupuesto es ridículo”.Finalmente y a pesar de los entredichos el dictamen tuvo aprobación unánime pero hubo “disidencia parcial” de siete senadores de Juntos por el Cambio. Además de Bullrich y Lousteau, marcaron diferencias Silvia Elías de Pérez, Julio Martínez, Víctor Zimmerman, Gladys González y Guadalupe Tagliaferro. El resto, en cambio, votó a favor sin ninguna objeción.La ley que fue aprobada una semana atrás en Diputados, por unanimidad, exime en forma transitoria del pago del impuesto a las Ganancias al personal que trabaje en la emergencia desde profesionales, técnicos, auxiliares de gastronomía, limpieza y maestranza al personal operativo de salud, Fuerzas Armadas, seguridad, Migraciones, Aduana, bomberos y trabajadores de recolección de residuos domiciliarios o patogénicos. La excepción será para las liquidaciones en sus haberes en concepto de guardias obligatorias, horas extra y todo concepto que exceda el trabajo habitual (el período exceptuado es del 1 de marzo al 30 de septiembre).Además, la norma establece pensiones graciables y vitalicias a familiares de víctimas fatales por COVID-19. Los beneficiarios serán cónyuges, hijos hasta la mayoría de edad o convivientes de las personas fallecidas. La pensión será una suma mensual igual al doble del haber mínimo jubilatorio y se le aplicarán los aumentos correspondientes a las jubilaciones ordinarias.Seguí leyendo:La agenda del Congreso: el Senado sancionará las dos primeras leyes remotas y Diputados avanzará con una nueva ley de economía del conocimiento

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La oposición impulsa un proyecto para prohibir que el Estado se quede con parte de las empresas a las que asiste por la pandemia

El diputado nacional Luis Petri (Télam)Luego de que la la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos planteara que si el Estado continúa ayudando a grandes empresas sería “razonable” que obtenga a cambio “una participación en el capital” de esas compañías, legisladores de Juntos por el Cambio decidieron impulsar un proyecto para prohibir que el Estado se quede con parte de la empresas. El legislador opositor Luis Petri presentó este miércoles un proyecto para prohibir que las ayudas que otorga el Gobierno puedan condicionarse a la participación en el capital social por parte del Estado. “El Estado involucrándose en los planes de negocios de las empresas y quedándose con parte de sus acciones a cambio de ayuda, atenta contra el derecho de propiedad, es una confiscación de bienes encubierta”, aseguró.Además, manifestó que las declaraciones realizadas por Vallejos “no son aisladas y ha sido el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el que calificó como ‘interesante’ la idea de que el Estado se quede con parte de las empresas que asiste”.Uno de los tuits de Fernanda Vallejos que generó polémica “No vamos a permitir que, aprovechando el estado de necesidad, se vulneren los derechos consagrados constitucionalmente y, por ello, proponemos el presente proyecto de ley”, explicó Petri.La iniciativa fue acompañada por los diputados Waldo Wolff, Alfredo Cornejo, Fernando Iglesias, Roxana Reyes, Ricardo Buryaile, Álvaro de Lamadrid, Jimena Latorre, Estela Regidor, Lidia Ascárate, Ximena García, Gonzalo del Cerro y Gabriela Lena.Ante la emergencia sanitaria, Fernanda Vallejos consideró que el Gobierno tiene dos opciones: “Aplicar una política de transferencia de ingresos de carácter universal o asignar los recursos únicamente a quienes cumplen con ciertos criterios”. Como es sabido, el oficialismo optó por el segundo camino.Fernanda Vallejos es una dirigente cercana al núcleo duro del kirchnerismo En esa línea, la diputada kirchnerista aseguró que el hecho de que varios grupos económicos que han solicitado ayuda estatal para pagar sueldos “han protagonizado distintos episodios de fuga de capitales” o tienen “sede en guaridas fiscales” vuelve necesario que el Gobierno revise los criterios utilizados hasta el momento para otorgar fondos de ayuda.Según explicó, resulta “injusto” que empresas que cuentan con recursos propios y tienen “probada capacidad” para afrontar los salarios de sus empleados soliciten ayuda estatal.Esos recursos, que no “alcanzan para todos”, deberían ser destinados prioritariamente a las jubilaciones, a ampliar la cobertura o el monto del IFE o a la asistencia a las empresas en verdaderas dificultades.

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