Último momento

Política

Un ex directivo de Google aseguró que la denuncia de Cristina Kirchner “no hizo otra cosa más que incrementar su viralidad”

Una postal de 2008, en la inauguración de las oficinas de Google en Buenos Aires. Cristina Kirchner era por entonces presidenta (Télam)Cristina Kirchner y Mauricio Macri compartieron escenario el 6 de mayo de 2014 en la inauguración de las oficinas de Facebook en el barrio de Retiro, la cuarta sede en Latinoamérica. No lo hacían desde agosto de 2012, cuando la entonces Presidenta y el entonces jefe de Gobierno porteño asistieron al 158° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Los fotógrafos no los encontrarían, después, muchas veces juntos: el 25 de mayo de 2014 en el Tedeum de la Catedral Metropolitana, el 3 de julio del mismo año en el acto de apertura de un tramo de la Autopista Illia y el último 10 de diciembre en el Congreso, ese saludo frío convertido en meme y en sticker de Whatsapp en el marco de la jura de Alberto Fernández y el traspaso del mando presidencial.Ese encuentro, el de Facebook, lo produjo Alberto Arébalos, en aquellos años director de Comunicaciones de Facebook para Latinoamérica. A Cristina Kirchner ya la conocía. En 2008, cuando era director de Comunicaciones Globales de Google en la región, la invitó a la inauguración de las oficinas de la compañía en Buenos Aires. Incluso en 2010, antes de que muriera Néstor Kirchner, le transmitió una propuesta: abrir un canal de YouTube. Tuvieron una reunión en su despacho. Al poco tiempo, la Presidenta abrió su cuenta.“Cristina Kirchner siempre tuvo una muy buena relación con Google. Me consta”, dijo Arébalos en diálogo con radio Rivadavia. “Siempre comprendió muy bien lo que era Internet y el fenómeno digital”, aseguró, a modo de introducción para contrastar su asombro: “Por eso me extraña de la Vicepresidenta, me sorprende este tironeo”. El tironeo es la demanda de Cristina Kirchner a Google porque figuraba en el buscador como “ladrona de la Nación Argentina”.Alberto Arébalos es argentino y vive en Miami desde hace varios años. Es periodista, sociólogo, escritor, conferencista y CEO de MileniumGroup, una agencia de comunicaciónLa denuncia formulada por Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta e integrante de la Comisión que asesora al presidente Alberto Fernández en el proyecto para reformar la Corte Suprema, fue presentada el jueves 6 de agosto ante el fuero Civil Comercial Federal. Hacía referencia a una publicación del 17 de mayo en donde la búsqueda de la funcionaria arrojaba como resultado la calificación de “ladrona” en el panel de conocimiento donde figuran su foto y el cargo que ocupa.“Me da la impresión, por lo que yo sé, que hay un enorme malentendido -interpretó Arébalos. El panel al que se refieren, cuando la gente busca alguna personalidad y algún tema muy importante, se arma con contenido de sitios como Wikipedia. Acá sucedió, y viene sucediendo hace mucho tiempo en la Argentina con esto de la grieta, que hay gente que se dedica a hacer vandalismo en Wikipedia. Se meten y ponen ‘Macri es tal cosa, Cristina es tal cosa’, porque hay vándalos de los dos lados. Los controles en Wikipedia fallaron. Alguien hizo eso con maldad y como automáticamente el panel toma esa información, sucedió lo que sucedió”.Arébalos, periodista de vocación, es hoy consultor Internacional en comunicación corporativa, digital y manejo de crisis. Sociólogo, escritor, conferencista, es argentino y vive en Miami. Entre junio de 2007 y mayo de 2012, ejerció de director de Comunicaciones Globales y Asuntos Públicos de Latinoamérica en Google. Luego y hasta 2014, se desempeñó como director de Comunicaciones Corporativas de Facebook para Latinoamérica. En base a su conocimiento, cree que la denuncia de la vicepresidenta no debería prosperar.La leyenda que provocó la presentación judicial de Cristina Kirchner“A Wikipedia tendría que haber demandado. Google no es responsable en este caso. Pero tampoco hubo malicia por parte de Google ni de Wikipedia. Hay gente, trolls, que se dedican desde hace mucho tiempo a hacer vandalismo en Argentina y en otros países, pero Argentina es un caso bastante agudo. En vez de pintar grafitis en la calle, hacen vandalismo en sitios de Internet”, afirmó. A su vez, describió a Wikipedia como una enciclopedia virtual que se sostiene con contenido aportado por cualquiera y aseguró que los que coordinan el sitio en Argentina “están embanderados de un lado o del otro”.Consultado por Infobae puntualmente sobre si cree que Fernández de Kirchner debería avanzar con una demanda en contra de Wikipedia, Arébalos dijo: “En realidad mi opinión es que no debería demandar a nadie, partiendo de la base de que ni Wikipedia ni Google actuaron con malicia. De hecho apenas se supo eso se corrigió. Creo que demandar es una respuesta propia de abogados cuando el problema es de otra índole”.Y añadió: “En el caso específico del panel de conocimiento de Google, donde salió lo de CFK, ella misma pudo haber reclamado el control del mismo y así evitar esto. Eso esta especialmente explicado por Google. Ojo no dijo que ella es culpable de nada y entiendo la bronca que le da, pero cuando vos ponés una demanda y antes de ganar ya estas diciendo qué harás con la plata que supuestamente vas a ganar parece más un tema político que legal”.El panel de conocimiento se conforma con datos que provienen de muchos sitios, Wikipedia es uno de ellos. Como usuario, se puede hacer uso de la función “Reclamarlo para ti” que permite editar ese panel. Los pasos a seguir para hacer esa solicitud para modificar el panel de conocimiento así como los detalles en relación a cómo se conforma ese apartado están explicados en el blog oficial de Google, remarca Arébalos. El día que se difundió la presentación judicial que hizo Fernández de Kirchner el tema creció en búsquedas y fue trending topic en las redes. Consultado sobre si esa decisión y su posterior difusión no terminó propiciando mayor visibilidad al insulto que se incluyó en el panel de conocimiento, Arébalos dijo lo siguiente: “Es una regla de internet. Cada vez que pasa algo así, el hecho de hacerlo público incrementa su viralidad. Lo mejor es en este caso es bajar el contenido erróneo y, en su caso, reclamar el panel de conocimiento, cosa que debería hacer cada famoso/a en Argentina. Hacer todo este show no la ayuda a ella ni a nadie”.“Yo la llevé a la oficina en su inauguración en 2008 y desde entonces siempre tuvo una buena relación (con Google). Este hecho es lamentable pero no debería llevar la sangre al río. Ella entiende bien la tecnología y cómo funciona Internet. Hablamos de eso en 2010 cuando le propusimos que abriera su canal de YouTube. Por eso me extraña que haya elegido este camino”. Y subrayó: “En conclusión, lo que digo es que es una víctima de vandalismo pero una demanda no es el camino”En su cuenta de Twitter, la vicepresidenta publicó: “Realicé una presentación judicial para solicitar una pericia informática urgente contra Google, que servirá como prueba de una demanda”. En efecto, solicitaron como medida de prueba un informe detallado de cómo se generó esa información, durante cuánto tiempo estuvo activa y qué cantidad de visualizaciones tuvo. El escrito acusa: “En suma, Google publicó en su plataforma y bajo su responsabilidad, información falaz y agraviante con relación a Cristina Fernández de Kirchner, mancillando su nombre, imagen y honor”.Arébalos entiende que se pidió una auditoría, no supone una demanda formal. El viernes 7 de agosto el juez Civil y Comercial Federal 7, Javier Pico Terrero, le dio curso al pedido formulado por la ex presidenta al aceptar la solicitud de prueba anticipada en base a un peritaje informático. Cristina Kirchner, a su vez, ya notificó al gigante digital que la Justicia aceptó su presentación. La resolución judicial ordena a la compañía a conservar todos los datos asociados a los términos “Cristina Fernández de Kirchner” y “Cristina Kirchner” desde el 17 de mayo de 2020 hasta el día en que se realice la pericia.El escrito que presentó Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner (Gladys Betker/)“Ya hay antecedentes y jurisprudencia en Argentina, con fallos de la Corte Suprema, donde quedó claro que los buscadores no son responsables del contenido que aparece en otros sitios. Lo que pasa es que muchas veces es más fácil señalar y criticar a Google por su importancia o presencia que entender el funcionamiento de Internet y de ese panel”, apuntó. Indicó, además, que las personas que poseen un panel de información tienen potestad para pueden reclamar, editar y controlar lo que allí sale publicado.Arébalos aseveró que la empresa, al tomar conocimiento de la denuncia, corrigió la información en calidad de urgente. “A través de los medios hemos tomado conocimiento de que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner habría realizado una presentación en la justicia en relación a un incidente ocurrido a mediados de mayo sobre cierto contenido en el panel de conocimiento, al que en su momento le dedicamos toda nuestra atención y resolvimos de manera expedita, de acuerdo con los procedimientos y políticas establecidos para casos similares”, expuso Google Argentina a través de un comunicado en el que explicaron que el panel de conocimiento se genera de forma automática al absorber información de distintas fuentes digitales.El experto se permitió esbozar una opinión de índole personal: “Me parece que hay cosas más importantes en este momento en la Argentina y en el mundo. La Vicepresidenta sabe que es vandalismo y que nadie la está acusando de eso. Yo creo que no debería prosperar ni darle tanta importancia. Hay problemas más importantes como para hacer tanto drama con una cosa de la que ni Google ni Wikipedia son culpables. Sí hay gente responsable que viene haciendo vandalismo digital desde los dos lados de la grieta”.Entre junio de 2007 y mayo de 2012, fue director de Comunicaciones Globales y Asuntos Públicos de Latinoamérica en Google. Después, de 2013 hasta julio de 2014 estuvo al frente de las comunicaciones corporativas de Facebook en la región“Internet es inmensa: miles de millones de personas metiendo y sacando información en 150 idiomas. No hay forma de controlar eso. Sí podés, una vez que te dicen, controlarlo pero el control previo es materialmente imposible. Si eso hubiese aparecido y Google se hubiese negado a sacarlo, es discutible. Pero apenas se le avisó, Google hizo todo lo que tenía que hacer. Pegarle a Google es fácil porque es visible y se piensan que es una gran bolsa de dinero. A mí me parece un poco exagerado”, consideró Arébalos.La presidenta dijo en sus redes sociales que Google provocó un daño que debe ser reparado y que el perjuicio que le ocasionan a los difamados puede ser incalculable. “¿Existe algún tipo de defensa para las personas que resultan víctimas de este tipo de acciones perpetradas por un gigante informático como Google?”, se preguntó. En contrapartida, Arébalos advirtió: “No digo que no haya recursos para corregir errores. No digo que Google sea perfecta. Ninguna empresa es perfecta, como ningún gobierno o ninguna persona lo es. Reclamar la perfección de las empresas cuando nadie lo es me parece que es tirar demasiado de la cuerda”.Seguí leyendo:Cristina Kirchner denunció a Google porque figuró como “ladrona de la Nación Argentina”Alberto Fernández le contestó a Macri: “La primera condición para ser libres es que estemos vivos”

Leer más »

El Poder Judicial estima que necesitará casi 7.000 millones de pesos más para el año próximo

(Marcelo Regalado)Para el 2021, el Consejo de la Magistratura de la Nación estima que necesitará $71.700 millones para el pago de sueldos de jueces y empleados de la Justicia nacional y federal. Ese monto implica $6.800 millones más que los $65.000 millones previstos hasta el cierre de este año.La cifra surge del anteproyecto del Presupuesto 2021 elaborado por el administrador general, Claudio Cholakián, que se consideró hoy en la reunión de la Comisión de Administración del Consejo de la Magistratura de la Nación, y fuera adelantado por Infobae el domingo.Si bien estaba previsto, inicialmente, que se apruebe esta tarde para ser tratado este jueves en el plenario, el presidente de la Comisión, el abogado radical Juan Pablo Vélez, propuso postergarlo a fin de que pueda ser analizado en más detalle y los consejeros pudieran proponer modificaciones.El punto que generó observaciones durante la reunión fue la inclusión de $850 millones para los sueldos de los 137 nuevos cargos de jueces federales contemplados en el proyecto de la reforma judicial enviado al Senado hace dos semanas.El gasto en personal del Poder JudicialDel total de los recursos estimados para 2021, el 95% ($ 67.856 millones) está destinado al pago de los sueldos de 24.502 cargos, entre magistrados, funcionarios judiciales, técnicos, peritos, auditores y empleados de distintas áreas y escalafones. Esta cifra incluye tanto los cargos actuales, como los requerimientos para completar dotaciones de personal en juzgados, tribunales y dependencias del Poder Judicial ya existentes, y para los juzgados y tribunales ya creados, pero aún no habilitados. En total, los cargos requeridos para los cuales el Consejo está pidiendo recursos suman 4.574.Destacada con la flecha, la partida en el anteproyecto del Presupuesto 2021 para el Poder Judicial para los sueldos de los nuevos jueces previstos en el proyecto de la reforma judicial. El punto fue objetado en la reunión de hoy.Para la proyección de gastos en personal, en el anteproyecto se aclara que se tomó la base de salarios a junio del 2020, sin aumentos salariales ni variaciones por paritarias en 2021.Los sueldos de los nuevos juecesLos $850 millones para los 137 nuevos cargos de jueces federales contemplados en el proyecto de la reforma judicial que impulsa el Ejecutivo, contemplan los sueldos de 15 magistrados para integrar los cinco nuevos TOFs con un sueldo de camaristas de $667.000 mensuales brutos; otros cinco secretarios de cámara con un ingreso presupuestado de $370.000; 23 jueces de primera instancia para los nuevos juzgados penales federales a crearse en la Ciudad, y 94 magistrados federales en el interior, con sueldos estimados mensuales brutos de $457.000.Detalle de los montos anuales en pesos, previstos para los sueldos de los distintos cargos de jueces a crearse en el proyecto de reforma judicial. Fuente: Consejo de la Magistratura de la Nacion.Sin embargo, este punto fue uno de los observados, en primer lugar, por el diputado y consejo del PRO Pablo Tonelli. “Me llamó la atención que se incluyó algo que no esta aún aprobado. Me parece perfecto que se haga estimación de cuanto saldrían los nuevos jueces, pero no me parece ponerlo en el presupuesto en esta instancia”, advirtió.Su señalamiento fue acompañado por el presidente del Consejo, el juez Alberto Lugones. “No fue un tema conversado previamente. Mi intención no es mantenerlo ya que abriríamos un debate en el ámbito del Consejo, que es propio del Legislativo. Si después el proyecto de la reforma judicial se aprueba, se verá de incluir una partida aparte”. Ante esos cuestionamientos, Cholakian explicó que se incluyó en el anteproyecto para que los consejeros tuvieran “una acabada idea de los costos de los cargos de magistrados que están en proyecto de ley”.La decisión de excluir ese ítem quedó prácticamente sellada cuando el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, confirmó que debía tenerse en cuenta solo para una evaluación del costo. “Debemos trabajar sobre concreto. En caso de aprobarse la ley, y luego en las instancias temporales correspondientes, se verá de hacer las correcciones presupuestarias pertinentes”, señaló.Al terminar la reunión y ante la consulta de Infobae, Más Vélez precisó que esos $ 850 millones no se restarían del presupuesto estimado, sino que se destinarían a atender “el stock de cargos requeridos a crearse y que superan los 4.500”, así como a “atender otras necesidades, como la regularización del plan de limpieza y de tecnología”.Según un cálculo tentativo preliminar que preparó el presidente de la Comisión de Administración con sus asesores, además de los $850 millones para los sueldos de los jueces, la reforma judicial - de aprobarse así como establece el proyecto- insumiría otros $747 millones para personal. A esta cifra, estimó Más Velez, habría sumarle una estimación de $15.800 millones en adquisición de edificios para que funcionen los nuevos juzgados y tribunales, tomando como base unos 650 m2 para cada uno, y que debieran ser instalados desde cero en espacios nuevos. Y finalmente, otros $25 millones para computadoras e impresoras. Ninguno de estos ítems no están incluidos en el anteproyecto del Presupuesto 2021. Solo los sueldos de los nuevos jueces.Cargos ya creados sin recursosDe hecho, en el anteproyecto también está prevista una partida de $358 millones para otros 1.098 cargos para juzgados o tribunales aún no fueron habilitados por la Corte, pero ya creados por leyes anteriores. Están vacantes porque no hay aún un juez designado por concurso, o aún teniendo magistrado asignado, no hay recursos para disponer de un edificio propio o nombrar al personal correspondiente.Es el caso, por ejemplo, de los Juzgados Federales de Victoria y Concordia (Entre Ríos), Libertador General San Martín (Jujuy), General Pico (La Pampa), Puerto Iguazú (Misiones), Pehuajó (Buenos Aires), Nº4 de Mendoza, Nº3 de Tucumán, o el TOF Nº3 de Córdoba y el de La Plata. Un ejemplo de la demora que puede llevar este trámite es el de la Cámara de Defensa de la Competencia, creada en 2014.Los gastos de funcionamientoPara el resto de las necesidades de funcionamiento de la Justicia nacional y federal del todo el país, el anteproyecto estima para 2021 unos $3.800 millones. Este monto está destinado a cubrir desde la compra de papel, insumos informáticos y alquiler y mantenimientos de edificios, hasta la reparación de ascensores, personal de limpieza y adicionales de policías, por mencionar algunos de los ítems. Para el cálculo se consideró una Variación de Precios ( IPC) de 30% y aumento en los servicios básicos del 20%.El abogado y consejero Juan Pablo Mas Velez, presidente de la Comisión de Administración. (Julieta Ferrario) ((Julieta Ferrario)/)El Consejo de la Magistratura es el responsable de administrar los recursos y pagar los sueldos de la Justicia nacional y federal del todo el país, excepto los de la Corte Suprema, que maneja sus propios fondos. Para eso, debe confeccionar una estimación de sus necesidades cada año, antes del 15 de agosto, y elevarlas a la Corte para que esta se las haga llegar al Poder Ejecutivo, que es el que debe girarle los recursos. Sin embargo, Cholakian ya acordó con la jefatura de Gabinete de la Nación, una prórroga de 15 días para la elevación del proyecto aprobado por el plenario del Consejo.Usualmente, el Ejecutivo no envía toda la partida solicitada ya que fija un “techo” presupuestario en función del 3,5% que le corresponde al Poder Judicial de la recaudación. De ese porcentaje, el 2,93% es para Consejo y el 0,57% para la Corte. El Consejo debe luego “negociar” con el Ejecutivo para achicar la diferencia entre lo presupuestado y lo que el Ejecutivo le gira, y ver cómo administra el dinero que le llega. Para el 2021, el “techo” previsto es de $67.800 millones, por lo que la diferencia estimada con lo presupuestado es de casi $4.000 millones. Ahí es donde el Consejo debe decidir cómo administra los fondos y ese “faltante” y qué necesidades prioriza.El déficit presupuestario este año, en el que se prorrogó el Presupuesto nacional del 2019, hizo que el Ejecutivo le tuviera que girar ya una partida adicional de $7.500 millones y está prevista otra similar para completar unos $15.000 millones extra a los $50.000 millones asignados inicialmente en el presupuesto, para alcanzar los $65.000 que serán necesarios hasta fin de año.Seguí leyendo:Reforma judicial: la oposición se endurece y se prepara para bloquear la iniciativa del Gobierno en la Cámara de Diputados

Leer más »

Rechazaron un pedido de dos jueces de Comodoro Py para frenar la revisión de sus traslados que impulsa el Gobierno

Los tribunales de Comodoro Py (Adrián Escandar) (Adrian Escandar/)La jueza en lo contencioso administrativo federal María Biotti rechazó hoy suspender la decisión del Consejo de la Magistratura de la Nación para revisar los traslados de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la Cámara Federal de Comodoro Py, que son objetados por el gobierno nacional por la forma en la que llegaron a ese tribunal sin pasar por el Senado de la Nación. En la misma resolución, la magistrada le pidió al Consejo que presente un informe sobre la demanda que los camaristas iniciaron en su contra.Los jueces de la Cámara, dos de los 10 traslados que el oficialismo cuestiona, presentaron un amparo en el que pidieron que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la decisión del Consejo de revisar sus traslados. Junto con eso, los magistrados requirieron una medida precautelar y otra cautelar que suspensa la decisión del Consejo mientras se analiza la causa. Señalaron que si se avanza con el trámite de revisión “existe el riesgo” que se vulneren derechos sobre los que no se pueda volver a atrás.Pero el primer pedido fue rechazado hoy. “Que en lo que concierne a la medida interina que se solicita durante el plazo fijado al demandado para presentar su informe en los términos de la norma citada (ley 26.854), en atención al breve plazo que se otorga a la accionada para contestar el informe del art. 4 de ley 26.854 no se advierte que durante su transcurso pudiera provocarse un daño de dificultosa reparación ulterior, ni que pudiera ocurrir algún acto que no pueda ser suspendido a través del dictado de la cautelar pretendida, por lo cual no corresponde acceder a lo peticionado”, sostuvo Biotti en su resolución a la que accedió Infobae.Por otra parte la jueza le dio tres y cinco días al Consejo de la Magistratura para que presente dos informes sobre la demanda que Bruglia y Bertuzzi presentaron contra la resolución 183 que el organismo tomó hace dos semanas. En esa resolución, que se aprobó por siete votos contra seis, el Consejo señaló que 10 traslados de jueces que se hicieron en su mayoría durante el gobierno de Mauricio Macri se hicieron con irregularidades.Leopoldo Bruglia, uno de los jueces que presentó el amparoUna vez que el Consejo presente los informes, Biotti deberá resolver el segundo pedido de los jueces -de medida cautelar- para suspender la vigencia de la decisión hasta que decida si es o no constitucional.El Consejo consideró que esos 10 traslados se hicieron sin cumplir con todo el trámite que establece la Constitución Nacional para la designación de jueces. Le faltó pasar por el Senado de la Nación. El Consejo remitió los 10 casos al Poder Ejecutivo para que analice si comparte las objeciones y remite el caso a la cámara alta. El traslado es cuando un juez pasa de un tribunal a otro. En esos casos el Consejo también señaló que los cambios se hicieron para juzgados cuya temática era distinta del que el magistrado venía.Bruglia y Bertuzzi ocupan lugares clave para la política. Por la Cámara Federal pasan las causas por corrupción de funcionarios públicos. Allí se definen las investigaciones, procesamientos y detenciones de los hombres y mujeres del poder político y económico. Llegaron a esos cargos en 2018 con el apoyo del macrismo y el rechazo del kirchnerismo. Otro de los jueces objetados es Germán Castelli, integrante del Tribunal Oral Federal 7 que tiene el caso de los cuadernos de la corrupción en el que está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner. Castelli llevó su caso a la Organización de Naciones Unidas.El resto de los jueces objetados por sus traslados son: Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata.La sesión virtual del Consejo en la Magistratura en la que se aprobaron las objeciones a los trasladosLos magistrados defienden el cambio de tribunal. Señalan que se hizo con la normativa vigente y que no requerían el acuerdo del Senado. Inclusive, alegan que en algunos casos hubo una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fue específica para esas situaciones. También que con la concreción del traslado ya tienen derechos adquiridos que de la única forma que pueden ser revocados es con una sentencia judicial.“En este carácter de jueces federales, la Constitución Nacional nos confiere las garantías de inamovilidad, estabilidad en nuestros cargos y la intangibilidad de nuestras remuneraciones”, señalaron Bruglia y Bertuzzi en el amparo que presentaron la semana pasada y que hoy su primera resolución con un rechazo para suspender la revisión que inició el Consejo.Si el Poder Ejecutivo coincide con las objeciones del Consejo podrá mandar al Senado los 10 traslados para que sean aprobados o no. Allí el oficialismo cuenta con los votos para imponer su voluntad. Si no aprueba alguno de los traslados esos jueces deberán volver al tribunal en el que estaban antes.SEGUÍ LEYENDO:Consejo de la Magistratura: avanza el plan del Gobierno para desplazar a diez jueces federales

Leer más »

El Gobierno le respondió a Juan Grabois y dijo que las tomas de tierra son “actos delictivos”

La ministra de Tierra y Hábitat, María Eugenia Bielsa, le respondió a Juan Grabois (Franco Fafasuli)Este martes el dirigente social Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), afirmó que “hay una oleada de toma de tierras que se va a profundizar” porque “la gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el coronavirus dando vueltas”.El gobierno nacional lo cruzó rápidamente. La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, aseguró que “lo que está sucediendo respecto de las tomas, en muchos casos, tiene que ver con situaciones más delictivas”. La ministra sostuvo que “no cabe ninguna duda de que existe necesidad” en mucha gente que no tiene lugar donde vivir o vive en lugares muy pequeños, y reconoció que en el último tiempo “ha habido tomas”.Juan Grabois aseguró que la toma de tierras se va a profundizar “Cada vez que esto sucede en alguna provincia aconsejamos que busquen una salida consensuada”, indicó Bielsa, al tiempo que reconoció que las tomas de tierras también se han producido en Santa Fe, su provincia natal, donde hubo “ocupaciones que fueron como consecuencia del hacinamiento” y no estuvieron “vinculadas a situaciones delictivas”. La funcionaria del gobierno nacional dijo que desde la Casa Rosada apoyan “el financiamiento de programas que vengan a resolver el crecimiento vegetativo de la población”. En tanto, sostuvo que “los episodios del conurbano bonaerense tienen otra matriz”. En diálogo con Infobae, Bielsa advirtió que el cuestionamiento no fue para Grabois a quien considera “una persona valiosa” y que “no conocía sus declaraciones” en el momento en que se expresó sobre la toma de tierras. Más temprano Grabois había aclarado que la ocupación ilegal de terrenos no solo se produce en el conurbano bonaerense sino también en el interior del país. “Hay tomas de tierra en todos lados. En la provincia de Buenos Aires hay cualquier cantidad. También en Chaco y Corrientes, y se va a profundizar”, admitió.En ese sentido, convocó al Estado a ocuparse de esta situación y hasta sugirió una solución al respecto: “Es más inteligente lotear la tierra, ponerle agua, luz y cloaca y darle a la gente para que se haga su casa”.La toma de tierras comenzó a multiplicarse durante los meses de la pandemiaLa propuesta de Grabois, a la que definió como el “Plan Marshall criollo, para poblar y dar trabajo”, va en sintonía con los dichos del titular del Sindicato de Mecánicos y Afines de la Industria Automotriz (SMATA), Ricardo Pignanelli.“Ricardo Pignanelli dice que hay muchas industrias que buscan relocalizarse a nuevos emplazamientos porque el COVID les muestra que estar todas metidas en los cinturones urbanos tiene sus problemas”, dijo Grabois.En esa línea, agregó: “Hay que crear nuevos parques industriales para crear nuevos pueblos y nuevas ciudades. Eso es un proyecto de país. Nuestros objetivos son: levantar el nivel de debate y plantear el trabajo mínimo garantizado”.Por otra parte, diputados de Juntos por el Cambio presentaron en el Congreso un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para aumentar las penas para las personas que usurpen propiedades y terrenos privados y públicos. Según consideró Grabois la mayoría de las tomas son porque la familias viven hacinadas Se trata de una iniciativa de la legisladora Adriana Cáceres. El proyecto propone que la pena de prisión para el delito de usurpación pasaría de la actual escala punitiva, que va de seis meses a tres años, a una que contemple un mínimo de un año de cárcel y un máximo de seis. La pena aplicable sería de entre dos y ocho años de prisión si la usurpación “tiene por objeto inmuebles cuya posesión, tenencia o derecho real, sea ejercido por el Estado nacional”, según se desprende del proyecto.Seguí leyendoJuan Grabois: “Hay una oleada de toma de tierras que se va a profundizar”Según la UCA, la crisis del coronavirus generó 1 millón de nuevos desempleados y la tasa de desocupación llega al 15,5%

Leer más »

Alberto Fernández causó un conflicto diplomático con Trump cuando negocia la deuda externa con el FMI

Alberto Fernández y Mauricio Claver, el candidato de Donald Trump para ocupar la Presidencia del BIDAlberto Fernández y Donald Trump iniciaron una batalla geopolítica que tiene final abierto y consecuencias infinitas para la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos, la negociación de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el peso de la Unión Europea (UE) en la región.Ambos presidentes pujan por la conducción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero detrás de este inesperado conflicto diplomático existe un juego de poder que excede al Gobierno nacional y se apoya en una probable derrota de Trump frente al candidato demócrata Joe Biden.América Latina siempre manejó al BID, mientras que Estados Unidos controla al Banco Mundial (BM) y Europa está a cargo del FMI. Se trataba de repartir -desde una perspectiva formal- la conducción de los tres organismos de crédito multilateral respetando a los principales bloques geopolíticos de Occidente.La Casa Blanca imponía de hecho su agenda de intereses en el BID, el BM y el FMI, pero los representantes políticos de América Latina y Europa respetaban este minué diplomático a cambio de controlar la burocracia administrativa, salir en las fotos y participar de los cónclaves más respetables del sistema financiero.Pero hace cuatro meses, Trump decidió romper las reglas de juego e imponer un candidato estadounidense a la Presidencia del BID. Se trata de Mauricio Claver, un asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca, ex representante de Trump en el FMI y con una mirada particular y agresiva frente al régimen populista de Nicolás Maduro.Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador durante su reunión oficial en la Ciudad de MéxicoLa irrupción de Claver causó una fractura en el Mercosur, la decisión de Alberto Fernández de avanzar contra los planes de Trump y una jugada inesperada que empujó Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Trump cree que puede usar al BID para apuntalar su agenda regional, en tanto que el Presidente argentino y Borrell -por distintas perspectivas diplomáticas-, consideraron que Washington se había excedido en el uso de su propia fuerza y decidieron derrotar a Claver. El candidato de Trump ya conocía las intenciones del tándem Alberto Fernández-Borrell, pero abruptamente abandonó la diplomacia secreta, se pintó la cara y declaró la guerra. Claver observó que sus adversarios crecían en apoyo todos los días, y decidió un ataque público que escapó a los cálculos de Olivos y la UE.No es para menos, en secreto y puntillas de pie, Alberto Fernández y Borrell habían logrado la adhesión de México, Chile, Nicaragua, y es muy probable que se sume Perú. Este bloque de países miembros del BID, si no hay cambios de último momento, puede obstaculizar la designación de Claver a la jefatura del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).“Simplemente buscan forzar (por Argentina y sus aliados) una táctica obstaculizadora con una minoría de países. Cualquier intento de secuestrar una elección a pesar de un reglamento muy claro sería no solo no democrático, sino también un esfuerzo que los Estados Unidos van a enfrentar muy profundamente”, aseguró Claver en un contacto con periodistas de América Latina.Josep Borrel, Alto Representante para la Política Exterior de la UE (Zucchi-Enzo/European Council/dpa/)La movida diplomática de Alberto Fernández y Borrell es fácil de explicar. La Asamblea para designar a las nuevas de autoridades del BID está convocada para el 10 y 11 de septiembre. Y el 3 de noviembre hay elecciones presidenciales en Estados Unidos. Antes del COVID-19, no había dudas del triunfo de Trump. Ahora, tras los efectos económicos y sociales de la pandemia, Joe Biden -candidato demócrata- puede derrotar a su adversario republicano y desalojarlo de la Casa Blanca. En este contexto, Alberto Fernández y Borrell -alegando la imposibilidad de una Asamblea presencial del BID por el COVID-19 - solicitaron una postergación formal hasta mediados de marzo de 2021. El Presidente y el canciller de Europa apuestan a una derrota de Trump, y como consecuencia de este hecho político global, obtener la posibilidad de recuperar al conducción del BID, que siempre perteneció a América Latina.“Desde su fundación en 1959, el BID ha sido dirigido por un presidente latinoamericano y un vicepresidente propuesto por los Estados Unidos. Esta fue la visión de los presidentes Eisenhower y Kennedy, quienes acordaron la necesidad de fortalecer la identidad latinoamericana del Banco (…) Creemos que cambiar este modelo es una política de largo alcance que solo puede ser el resultado de una reflexión tranquila”, explicó Borrell en una carta dirigida a todos los estados miembros del Banco Interamericano de Desarrollo.Cuando hace referencia a una “reflexión tranquila”, Borrell explicita que sería imposible discutir - a la distancia- el cambio de reglas que propone Trump. Y esa distancia es consecuencia del COVID-19. Obvio, la pandemia es sólo una excusa sanitaria-diplomática, pero muy inteligente para evitar que Claver ocupe la presidencia del BID antes de los comicios del 3 de noviembre La réplica de Claver es un comienzo formal de hostilidades de Washington contra a la UE, Argentina, Chile, Costa Rica, Nicaragua y, eventualmente Perú. Sucede que Alberto Fernández y Borrell no sólo empujan la postergación de la Asamblea -apostando a la derrota de Trump-, sino que también consideran la posibilidad de dejar sin quórum la votación de mediados de septiembre que -hoy- ganaría el candidato de Estados Unidos.Esta sucesión de movidas destinadas a bloquear la elección de Claver, fueron diseñadas en conversaciones secretas que se hicieron entre Olivos y Bruselas. Alberto Fernández y Borrell no quieren que Washington controle la asignación de los créditos blandos del BID. Y darán pelea para cumplir este objetivo geopolítico.La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, asisten a una conferencia, en Ciudad del Vaticano. (REMO CASILLI/)La estrategia de Alberto Fernández para bloquear a Claver dejó al desnudo la crisis del Mercosur y abrió la posibilidad a un castigo ejemplar de Washington a la Casa Rosada. Respecto al bloque regional, Argentina está sola en este conflicto diplomático: Brasil, Paraguay y Uruguay apoyan al candidato de los Estados Unidos. Y en la intimidad de la Cancillería, Felipe Solá ya reconoció que es imposible lograr que los socios del Mercosur retrocedan y apoyen la posición de la Argentina.Pero la crisis en el Mercosur será un asunto secundario, si Trump vence en los comicios del 3 de noviembre. El Presidente de los Estados Unidos no analiza en términos florentinos sus batallas diplomáticas, y ajusta cuentas con sus enemigos coyunturales sin reparar en los costos y en los daños políticos. Trump sabe que Alberto Fernández especula con su derrota frente a Biden, y aguardará su oportunidad para cobrar su cuenta política.Mauricio Macri apostó por Hillary Clinton, y soslayó las posibilidades de Trump. Y cuando el candidato republicano derrotó a la nomenclatura demócrata, Macri pasó largos días hasta que lo comunicaran con la Torre Trump, adonde el presidente electo diseñaba su gabinete nacional.Alberto Fernández no tendrá idénticas posibilidades. No es amigo de Trump, no comparte su ideología y trabaja para que Claver caiga como candidato de los Estados Unidos. En Washington ya avisaron que, si hay reelección, el Presidente pagará en la negociación con el Fondo Monetario Internacional.Argentina debe 44.000 millones de dólares que vencen durante los próximos cuatro años. Una cifra imposible de conjurar con las actuales reservas del Banco Central. Entonces, Alberto Fernández y Martín Guzmán deberán negociar y pedir apoyo a la Casa Blanca. Si derrota a Biden, allí estará Trump. Esperando su turno.Seguí leyendo:Joe Biden eligió a Kamala Harris como la candidata demócrata a vicepresidente de Estados Unidos

Leer más »

Los jueces de los tribunales orales se sumaron a las críticas contra la reforma judicial que impulsa el Gobierno

El Palacio de JusticiaLos jueces que integran los 28 Tribunales Orales Criminales de la ciudad de Buenos Aires -los que juzgan los llamados delitos ordinarios como robos, homicidios- emitieron un documento en el que señalaron una serie de críticas al proyecto de reforma judicial que presentó el gobierno de Alberto Fernández y que se está discutiendo en el Congreso de la Nación.La principal objeción es a lo que llamaron una “completa incertidumbre” sobre el destino de muchos jueces y juezas cuyos tribunales desaparecerán, según el texto del proyecto. El escrito fue elaborado por la Comisión Ejecutiva de la Junta Nacional de Presidentes de Tribunales Orales Nacionales, integrada por los jueces Gabriel Vega, Adrián Pérez Lance, Hugo Cataldi, Sergio Paduczak, Federico Salvá y Luis Altieri.Las objeciones se suman a las que la semana pasada habían presentado la Cámara del Crimen y la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.El proyecto establece una reorganización de la justicia federal en el país. Entre esos cambios se cuentan la fusión de los juzgados federales de Comodoro Py con los de Penal Económico y la división de sus dos secretarías para que haya 46 tribunales de primera instancia. También duplica la cantidad de juzgados en el interior del país y la fusión de Civil y Comercial Federal con Contencioso Administrativo Federal.“Esta junta coincide en la necesidad de modernizar la justicia federal, así como también en el avance hacia un sistema acusatorio”, señalaron en el texto al que accedió Infobae, pero marcaron una serie de objeciones.En el caso de la justicia penal nacional la iniciativa dispone su transferencia a la ciudad de Buenos Aires. Para los Tribunales Orales la iniciativa establece que aquellos jueces que ya dieron su consentimiento para pasar a la ciudad así se hará. Es el caso de los magistrados que asumieron en el gobierno de Mauricio Macri y se les hacía firmar su conformidad de pasar a la ciudad. Pero el proyecto nada dice cuál será el destino de los jueces que no dieron esa aprobación ya que asumieron antes. Para esas situaciones una vez que concluyan su último juicio el tribunal oral se disuelve. Es decir, deja a los jueces sin cargo.Tribunal Oral de juicio (Télam)El proyecto establece que los empleados y funcionarios de esos tribunales se reubicarán en otros lugares. “Nada dice sobre los magistrados y magistradas que aún permanezcan en funciones”, resaltó la Junta y agregaron que eso “provoca que un número de jueces y juezas de la nación, ya con la sanción misma de la ley, se verán instantáneamente sumergidos en una situación de completa incertidumbre, una vez que agoten su cometido en relación con los procesos en trámite”.“Este extremo no sólo altera la estabilidad que debe garantizarse a los magistrados y magistradas de la nación para ejercer en plenitud su función, sino que además termina dando pie a una eventual causa de remoción por fuera de aquellas que establece la Constitución Nacional, en flagrante contradicción con sus reglas (115 y 53). Esto de seguro, será fuente de gran cantidad de acciones judiciales que pondrán en riesgo la efectiva concreción de la reforma”, advirtió.El proyecto sí crea seis tribunales orales para el nuevo fuero federal que requerirán la selección de sus jueces.La Junta recordó que una ley vigente -ley 27307 de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico- establecía la transferencia de tribunales orales criminales en federales. “Es importante subrayar que esa ley, examinada y sancionada hace apenas tres años por el mismo Congreso de la Nación, procuraba también un reforzamiento de la justicia federal penal, pero que no se agotaba en una simple fusión del fuero federal criminal y correccional con el penal económico nacional. Se incluía la incorporación de siete órganos más acoplando tribunales orales nacionales, aprovechando así la experiencia y conocimientos indispensables para una inmediata puesta en funcionamiento”, destacó la Junta y señaló que “sorprende la renuncia a esos recursos humanos, dejando de lado magistrados con probada capacidad para afrontar juicios orales, muchos de los cuales ya han intervenido en procesos de competencia federal a través del régimen de subrogación”.Así hay un “dispendio de recursos económicos que supone la transferencia de cargos al estado local, junto con el traspaso de las competencias, y al mismo tiempo la creación de otros puestos exactamente equivalentes para los nuevos tribunales orales penales federales”.“Sin embargo, entendemos que la reforma no se agota en la sumatoria de dependencias jurisdiccionales, y/o en la supresión de otras. Una modificación profunda también requiere contemplar las distintas modalidades que en el siglo XXI asume la criminalidad organizada; potenciada muchas veces por las nuevas tecnologías cuyo impacto merece ser ponderado y en base a ello, repensar el alcance de la competencia federal, tanto en su faz territorial cuanto material”, agregó el comunicado. Para concluir que el proyecto de reforma “constituye una oportunidad para que el aporte de todos los actores involucrados en el sistema de justicia, muestre que el consenso puede sacar lo mejor de los argentinos”.

Leer más »

Se divide la causa “Formosa”: Gildo Insfrán y otros funcionarios provinciales serán investigados en su provincia

El gobernador de Formosa Gildo InsfránEl gobernador de Formosa Gildo Insfrán y otros tres funcionarios provinciales acusados de tener participación directa en la contratación de la firma The Old Fund, que cobró $7.600.000 por un supuesto asesoramiento con la deuda pública con el Estado Nacional, serán investigados por la Justicia de su provincia. El juez federal Ariel Lijo se declaró incompetente respecto a los funcionarios de Formosa, pero seguirá a cargo de la causa respecto al ex vicepresidente Amado Boudou, José María Nuñez Carmona y Alejandro Vandenbroele.Ante un planteo de la defensa de Insfrán, a cargo de Sergio Vargas, Lijo declaró su incompetencia parcial para investigar al gobernador, a la ex ministra de Economía Inés Lotto de Vecchietti, a Jorge Ubaldo Melchor (ex titular del Fonfipro formoseño) y a Martín Cortés (presidente del Banco de Formosa). Ese tramo de la investigación pasará a manos del juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de Formosa, que ya tiene una causa abierta en 2012 por los mismos hechos.Ese expediente se inició a raíz de una denuncia del senador Luis Carlos Petcoff Naidenoff. En pocos meses el juez provincial decidió sobreseer a Jorge Ubaldo Melchor. El ex titular del Fonfipro también integró la lista de imputados que declararon en indagatoria ante el juez Lijo. A comienzos de 2017 desfilaron por Comodoro Py todos los funcionarios de Formosa junto a Boudou, Nuñez Carmona y Vandenbroele. Hasta ahora no fueron procesados. La Justicia comprobó en estos años que The Old Fund, una firma sin experiencia en el mercado de la consultoría y sin actividad comercial antes de quedarse con Ciccone, cobró $7,6 millones del Fonfipro por un supuesto asesoramiento para la reestructuración de la deuda provincial.En julio de 2009, Amado Boudou llegó al ministerio de Economía y en septiembre de ese año la provincia firmó el convenio con The Old Fund, la firma a nombre de Vandenbroele. En marzo de 2010, se firmó una adenda al acuerdo.El ex vicepresidente Amado BoudouEl gobierno de Formosa utilizó al Fonfipro para el pago de la factura número 3 del talonario de The Old Fund. Esa factura -la primera, ya que las anteriores fueron anuladas- fue emitida el 20 de mayo de 2010. Fue Melchor el funcionario que hizo, el 21 de mayo, la retención de $156 mil de impuesto a las ganancias por aquella operación.En ese estado de la causa, los abogados de Insfrán manifestaron que la actuación del gobernador vinculada al proceso de reestructuración de la deuda son “actos administrativos de su exclusiva competencia, de estricto contenido de Derecho Público Provincial”.En una resolución a la que tuvo acceso Infobae, Lijo sostuvo que “la responsabilidad de Insfrán, Lotto de Vecchietti, Melchor y Cortés deberá ser dilucidada por la justicia provincial de Formosa, mientras que el reproche penal que pudiera hacerse respecto de la conducta de Boudou, Núñez Carmona, Vandenbroele y Martínez resulta materia propia de este fuero de excepción; por cuanto quien se desempeñaba en ese momento como Ministro de Economía de la Nación habría delineado, junto con Núñez Carmona, Vandenbroele y Martínez, la maniobra que resulta objeto de este proceso”.El argumento para resolver de esa manera es un fallo de la Corte Suprema que dispuso que ante la intervención de funcionarios federales y provinciales en un mismo hecho, “corresponde la escisión del expediente a los efectos de que la justicia de excepción entienda en la responsabilidad que podría corresponderle a los funcionarios nacionales, mientras que la justicia provincial debía dilucidar la imputación realizada a los funcionarios locales”.Sin embargo, la querella a cargo de la Oficina Anticorrupción había rechazado el pedido de los abogados de Insfrán. Algo similar planteó la defensa de Amado Boudou. Su abogado Eduardo Durañona sostuvo que “los hechos investigados no pueden ser analizados de manera parcial y, por ende, no podrían ser escindidos a fin de que se investigue a los funcionarios que participaron en tribunales de diferente jurisdicción”.

Leer más »

El ministro de Salud bonaerense volvió a culpar a la Ciudad por el aumento de casos de coronavirus: “Los contagios van de CABA a la provincia”

Daniel Gollan sobre los contagios (Infobae)El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, planteó este lunes que mientras los contagios de coronavirus sigan creciendo en la ciudad de Buenos Aires también aumentarán en el Conurbano “por la lógica misma de la enfermedad”.Pocos días antes de que los gobiernos nacional, porteño y bonaerense deban anunciar cómo continuará la cuarentena en el AMBA –zona que concentra el 90% de los casos–, el funcionario no descartó la posibilidad de “hacer un cierre más estricto” en el aislamiento siempre que la “sociedad lo acompañe”.Ayer, el gobernador Axel Kicillof había pedido “no politizar” la pandemia y dijo que “es ridículo hacer comparaciones con la ciudad de Buenos Aires”. En esa línea, insistió nuevamente en la importancia de coordinar la política sanitaria con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.Sin embargo, en un tono más confrontativo, Gollan remarcó que la Capital ya tiene 2.200 casos cada 100 mil habitantes. “En la Ciudad sigue creciendo, y nosotros en el primero, el segundo y el tercer cordón del Conurbano, en forma de oleadas, vamos detrás de ese número. Ya estamos por 1.200 en el primer cordón, 1.000 en el segundo y 600 en el tercero”, detalló el sanitarista. Aunque luego también pidió “no politizar” el análisis.Ante este panorama, el ministro no descartó la posibilidad de dar marcha atrás con la flexibilización del aislamiento social preventivo y obligatorio. “Si esto sigue así, hay que pensar en hacer un cierre más estricto, pero también hay que ver si la sociedad luego lo acompaña”, dijo en El Destape Radio.El sanitarista explicó que su intención “no es polemizar” con el gobierno porteño, pero insistió en que “los contagios van de CABA a la provincia, porque la mayor concentración de gente que llegó enferma, llegó a la Ciudad”.“La mayor concentración claramente empezó en la Ciudad; cuando uno ve la animación del mapa de los contagios es como una mancha de aceite con un epicentro que empezó en la Ciudad de Buenos Aires. Empieza donde hay más concentración y empieza a dispersarse y luego va tomando el total del conglomerado urbano; uno tiende a hacer acciones para frenar esto”, agregó.Estas declaraciones fueron hechas casi al mismo tiempo que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguraba que la curva de contagios de coronavirus “está madura” y que en base a diferentes elementos técnicos esperan que empiece a bajar en las próximas semanas.“Es una cuestión de pocas semanas que empiece a descender”, aseguró en su conferencia matutina.Fernán QuirósPor su parte, Gollan también contestó a las críticas de quienes aseguran que se están violando las libertades individuales: “Es como si tengo un auto, no puedo ir a 180 kilómetros por hora porque puedo hacerme y hacer daño, hay que restringir ese deseo, eso es vivir en sociedad, implica que uno no puede hacer lo que quiere, pero hay gente que no lo entiende”.En relación a los testeos, el ministro dijo que la Ciudad todos los días hace entre 2.200 y 2.900 testeos de los residentes, mientras que la provincia más de 10.000, y que es por eso que “se encuentran más casos”.“En la Ciudad de Buenos Aires hacen los mismos testeos y nosotros multiplicamos por casi cuatro en el último mes; no es una crítica, es otra modalidad”, señaló, al tiempo que explicó que por cada caso que descubre un test de PCR hay otros casos sin síntomas y que por eso es necesario tomar un indicador real que es “el impacto sobre las camas de las terapias, que es el el dato más fidedigno de cuánta gente se está enfermando”.Esta tarde, el presidente Alberto Fernández y el alcalde Horacio Rodríguez Larreta se reunirán en Olivos para discutir los pasos a seguir de cara al anuncio del fin de semana.Según trascendió, el jefe de Gobierno porteño se inclina por avanzar con su cronograma de apertura gradual mientras que la Casa Rosada mira con preocupación los datos epidemiológicos de la provincia de Buenos Aires.Seguí leyendo:Juntos por el Cambio limó asperezas y ratificó que no debatirá la reforma judicial en forma virtualMercado Libre: ¿por qué sus acciones se derrumbaron el día que anunció ingresos récord?“Tengo hijos, por favor les pido”: el video que muestra el feroz linchamiento de vecinos a un ladrón

Leer más »

Rodríguez Larreta está reunido con Alberto Fernández en Olivos para tratar de avanzar con su plan de flexibilización de la cuarentena

(Presidencia) (ESTEBAN COLLAZO/)El presidente Alberto Fernández está reunido con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta para analizar los datos epidemiológicos y los detalles del plan de flexibilización de la cuarentena que impulsa el Gobierno porteño.El próximo domingo 16 de agosto vence la actual extensión de la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Por lo tanto, los gobiernos nacional, bonaerense y porteño deberán acordar si continúan de forma “coordinada” o si finalmente avanzan por caminos diferentes.Esta mañana, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que la curva de contagios de coronavirus “está madura” y en base a diferentes elementos técnicos esperan que empiece a descender en las próximas semanas, lo que indicaría que lo peor de la pandemia ya pasó en la Capital Federal.La segunda etapa del cronograma del Gobierno porteño incluiría el retorno de los deportes individuales tanto amateurs como federados (sin público), algunas industrias no esenciales, los estacionamientos privados y la gastronomía al aire libre sin servicio.Este lunes, en uno de los tres reportes semanales que encabeza, el funcionario explicó: “Todas las curvas en las ciudades del mundo han tenido un formato exponencial, de ascenso permanente, hasta que en un momento se ponen horizontales y bajan; si ustedes ven los datos de la Ciudad, llevamos varias semanas en que la curva no sube exponencialmente y eso denota que se encuentra en transición, que está madurada”.Este dato -explicó Quirós- se complementa con la tasa de duplicación de casos, con un R0 que fluctúa en torno a 1 y con un mapa empidemiológico que demuestra que la curva de contagios ya tuvo su pico y descendió en un tercio de los barrios de la Capital Federal.“Hay un conjunto de elementos epidemiológicos que demuestran que la curva de la ciudad está madura y es una cuestión de pocas semanas que empiece a descender”, aseguró el ministro.En cambio, su par bonaerense, Daniel Gollan, señaló que los casos en la CABA siguen en aumento y que por “la lógica de la enfermedad” el conurbano “va detrás de ese número”.A su vez, no descartó la posibilidad de “hacer un cierre más estricto” en el aislamiento siempre que la “sociedad lo acompañe”.La relación entre el Gobierno porteño y la Casa Rosada atravesó la semana pasada un período de tensión política a raíz de algunas críticas públicas de Alberto Fernández y de Axel Kicillof.(Presidencia)Durante la inauguración de un hospital en Ituzaingó, el jefe de Estado filtró algunos cuestionamientos a la administración porteña: señaló que los afiliados porteños del PAMI no encuentran lugar en los hospitales porteños y deben ser trasladados a centros de salud bonaerense.Ya le había disparado un dardo similar durante la conferencia de prensa del 31 de julio, en la que anunciaron la extensión de la etapa actual de la cuarentena, cuando apuntó contra la apertura de comercios y remarcó las consecuencias de flexibilizar la cuarentena. “Si vos ves todos los negocios abiertos por avenida Santa Fe, te relajás”, insistió al día siguiente horas antes de que el Gobierno porteño anuncie la apertura de comercios sobre grandes avenidas.Seguí leyendo:El ministro de Salud bonaerense volvió a culpar a la Ciudad por el aumento de casos de coronavirusEl Gobierno contrató a una empresa de Nueva York por 432.000 dólares para difundir la agenda de Guzmán“Podrían haber sobrevivido si los hubiesen derivado a Caleta Olivia”, aseguró el papá de los gemelos que nacieron en el baño de un hospitalAlberto Fernández prepara el anuncio de la nueva etapa de la cuarentena y sigue de cerca las medidas con las que pretende encarar la post pandemia

Leer más »

Félix Crous: “En Comodoro Py tirás una banana al aire y no llega al piso”

El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous“En Comodoro Py tirás una banana al aire y no toca el piso”, sostuvo el titular de la Oficina Anticorrupción Félix Crous al opinar sobre la reforma judicial que busca licuar el poder de los tribunales federales de Retiro. A su criterio, se trata de una reforma “imprescindible” porque la justicia funciona mal todos, salvo para los jueces y fiscales que pertenecen al sistema. Además, Crous aseguró que se necesita ampliar la Corte Suprema de Justicia porque tres votos para conformar una mayoría es “demasiado poder”.“No se trata de licuar o no licuar el poder de Comodoro Py”, dijo a Infobae, “se trata de que los enclaves más poderosos, que funcionan como una corporación con intereses autónomos, vuelva su quicio”. A su criterio se debe “reparar el estado de derecho y recuperar el poder judicial”. El funcionario afirmó que “es una reforma imprescindible, que excede mejorar el desempeño de ese poder del Estado en términos de eficiencia de servicio”. El titular de la OA afirmó: “El sector más poderoso del Poder Judicial Federal se ha extraviado de la función republicana que debe cumplir. Entender que deben ser inexorablemente consultados sobre cualquier iniciativa que los involucre y no respetar las leyes que sienten que los perjudiquen, fallando en favor de sus propios intereses o lisa y llanamente ignorándolas, no sólo desafía la división de poderes sino también la democracia representativa”.Esta mañana, en una entrevista radial con El Destape, Crous había hablado de la implementación del juicio por jurados, también en debate dentro de la reforma. En ese contexto, el funcionario explicaba que “es cierto que en casos de gran sensibilidad pública”, como puede ser un caso de justicia por mano propia, “los jurados se pueden sentir inhibidos”, pero afirmó que eso de que la gente calificada es menos influenciable que la gente común es una falacia.Fue así que dijo: “Estoy seguro de que a la hora de juzgar un hecho de corrupción en un jurado de doce personas, la representación plural es mayor garantía para dictar una condena que la ideología del sector social que alimenta la conformación de los tribunales argentinos. En 12 juzgados es muchos mayores chances de que estén representadas las distintas miradas, sensibilidad, tradiciones que comprende la comunidad que aquellas que componen la comunidad de Comodoro Py, donde tirás una banana y no toca el piso”. Cuando Infobae lo consultó por esos dichos, Crous minimizó esa expresión al señalar que esa expresión fue “meramente incidental”.El funcionario volvió sobre la necesidad de avanzar sobre en resaltar la necesidad de la reforma. “La forma que adopta el instrumento que lleve ese objetivo prioritario puede ser ampliar el fuero, poner en marcha el sistema acusatorio, pero por sobre todo construir consenso y poder para que eso no pase más”, afirmó. Sobre si tiene críticas al proyecto, el funcionario admitió que “quizás hacen falta más fiscales para fortalecer el sistema acusatorio pero para eso se debaten los proyectos de ley”.También resaltó que los pronunciamientos de la Cámara del Crimen y de la Cámara en lo Civil y Comercial -dos se los fueros que se verán alcanzados por la iniciativa oficial y cuestionando abiertamente la reforma- demuestran que “hay una autopercepción torcida” sobre cuál es el rol que le corresponde a esos tribunales “en un sistema democrático donde el pueblo es el soberano”.En tanto, el titular de la OA afirmó que es necesario ampliar la Corte Suprema de Justicia, una propuesta que, incluso, desde el propio Gobierno habían salido a bajarle el tono porque -se dijo- lo que estaba en el foco de la discusión eran su funcionamiento. “Una Corte de cinco miembros es excepcional en la región. Todas las cortes son más numerosas. Es demasiado poder para sólo tres personas que hacen mayoría y pueden poner jaque a las políticas públicas de quienes reciben el mandato de millones de votantes”, dijo a Infobae.Las críticas de Crous hacia adentro del sistema judicial no son nuevas: miembro fundador de Justicia Legítima, fue fiscal en causas de derechos humanos y fue nombrado por la ex procuradora Alejandra Gil Carbó al frente de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) cargo del que fue desplazado durante el gobierno de Maurico Macri. Con la llegada de Alberto Fernández al Gobierno, fue elegido para encabezar la OA. La oposición cuestionó que, desde ese rol, la querella de la OA abandonó las causas Hotesur y Los Sauces, en donde están procesados Cristina Kirchner y sus hijos, y también desistió de una apelación en la causa por enriquecimiento ilícito contra Ricardo Echegaray, paso que permitió que quedara firme el sobreseimiento del ex titular de la AFIP por esa imputación.

Leer más »