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Política

La “Comisión Beraldi” estudia proponerle al presidente Alberto Fernández ampliar el Consejo de la Magistratura

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anuncia el proyecto de ley para reformar el sistema judicial en la Casa Rosada (Argentina Presidency/)En momentos en que la Corte Suprema de Justicia está en el foco de las miradas por las decisiones que tomará en los próximos días sobre los tres jueces desplazados por la bancada kirchnerista del Senado, la comisión que armó el presidente Alberto Fernández para que elaboren propuestas concretas de reforma avanza en silencio para entregar sus recomendaciones el 18 de noviembre. Ahora, los juristas expertos se abocarán a estudiar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, una pieza clave de la Constitución Nacional al momento de proponer a los candidatos a ser jueces y elevarlos a la Cámara alta para que los designe el Poder Ejecutivo.Según revelaron a Infobae fuentes con acceso a las deliberaciones, el quid de la cuestión se basa en decidir si le proponen a Alberto Fernández volver a establecer un Consejo de la Magistratura con 20 miembros: 19 consejeros del mundo político, académico y representativo de jueces y abogados; y el número 20, ocupado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, hoy en día Carlos Rosenkrantz.Si el consejo asesor se inclinase por esta idea y se le plantease al Presidente para enviar un proyecto de ley que el Congreso votase, el escenario serviría para saldar un problema que está en manos de la Corte Suprema: definir si confirma o rechaza un fallo judicial del fuero contencioso administrativo que ya dijo en 2015 que es inconstitucional la actual integración del órgano que selecciona y sanciona a los jueces.El Consejo de la Magistratura, que se creó con la reforma de la Constitución en 1994 y comenzó a funcionar en 1998, tenía inicialmente 20 integrantes, pero en 2006 el Congreso convirtió en ley un proyecto de la entonces senadora Cristina Kirchner para reducir ese número a 13.El entonces presidente Néstor Kirchner, junto a la entonces senadora Cristina Fernández y quien fuera el jefe de gabinete Alberto Fernández (foto NA/Presidencia) En aquel momento, Néstor Kirchner decía que el Consejo estaba manejado por las corporaciones (jueces y abogados), que era ineficaz y tenía demasiado presupuesto. La hoy vicepresidenta justificaba la reducción de integrantes para “tornar menos burocrático” al organismo y ahorrar dinero al Estado. Alberto Fernández, como jefe de Gabinete, aseguraba que las críticas al proyecto era una “ficción” y que buscaban ocultar "la vocación de mantener en pie un esquema de funcionamiento de lo más corporativo que existe en la Argentina”.Los dardos iban hacia el mundo de tribunales. De la primera composición había cuatro jueces, cuatro abogados, dos académicos, cuatro senadores y otros cuatro diputados, más el representante del Ejecutivo y el presidente de la Corte. Al reducirse a 13, el Consejo lo integran tres jueces, dos abogados, un académico, seis legisladores entre diputados y senadores y el enviado del Ejecutivo.Con 13 miembros, tanto el kirchnerismo como el macrismo se las ingeniaron para conseguir los 7 votos necesarios para impulsar las decisiones menos conflictivas. Los traslados, por ejemplo, que hoy están bajo la lupa y rigieron en ambas administraciones, necesitaban 7 votos sobre 13. Después de la polémica que generaron esos pases, hubo un cambio de reglamento para que se necesiten 9 votos (los dos tercios), al igual que enviar a un juez a un jury.El 29 de julio, el presidente Fernández anunció su proyecto de reforma judicial que ya fue enviado al Congreso y consiguió el aval del Senado, con el impulso oficialista y las críticas de la oposición. Al mismo tiempo, el jefe de Estado creó una comisión para que analice varias reformas en la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, entre otras cuestiones.La comisión comenzó a funcionar oficialmente el 18 de agosto. Está integrada por los abogados Carlos Beraldi (el defensor de Cristina Kirchner), León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera y los jueces de distintas cortes del país Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza), junto al ex juez de España Enrique Bacigalupo, coordinados por el director del BICE Fabián Musso.Ya analizó el capítulo del Ministerio Público, en donde se estudia si el titular de la Procuración debe ser elegido por el voto de las dos terceras partes del Senado y su cargo debe tener un plazo; ahora se apresta a adentrarse en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. También abordó el pase de la Justicia penal ordinaria a la órbita de la Capital Federal y este martes ampliará el análisis sobre la implementación del juicio por jurados a nivel nacional.(Maximiliano Luna) (Maximiliano Luna/)A partir del sábado, llegará entonces el debate sobre el Consejo de la Magistratura. Entre la ronda de voces de distintos ámbitos que convocaron, los integrantes de la comisión de juristas ya escucharon al titular del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, sugiriendo una ampliación. “Yo integré los dos consejos y el de antes me parece que funcionaba mejor”, les dijo Lugones. “La ley no establece un número, sino que habla de equilibrios. Cuando había 20 miembros, había más consenso. No como ahora que es blanco y negro. Uno estaba obligado a negociar, en el buen sentido, buscando soluciones, acercando posiciones”, dijo a Infobae.Otro de los que se mostraron a favor de esta iniciativa es el titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Marcelo Gallo Tagle. “Se debería volver a la anterior ley, en la cual había un equilibrio un poco más aceptable que el actual. Pero necesariamente debe incrementarse el número de jueces y abogados y la presidencia debe estar en manos de un integrante de la Corte Suprema. Hoy la preponderancia de la integración es más política que técnica y la ecuación debería ser la inversa”, afirmó ante los juristas.Según pudo saber Infobae, varios de los integrantes del consejo podrían inclinarse a avalar esta postura, aunque todavía no entraron directamente a la discusión y el número de integrantes que se sugiera para una eventual ampliación se definirá más adelante. “Todavía no empezaron los ‘ping-poneos’”, dijo una fuente a este medio.Lo que si se tiene es la foto de cómo funcionaba antes y cómo funcionó después. Según los datos estadísticos recolectados por este medio, en toda su historia, el Consejo de Magistratura llevó adelante 36 juicios políticos: 18 magistrados terminaron destituidos, 5 fueron ratificados en sus puestos tras un jury y 11 renunciaron antes de que se definiera su situación.Eduardo Freiler, el último de los jueces enviados a jury por el Consejo de la Magistratura, que terminó destituido (foto Télam)Habrá otros puntos de discusión sobre el Consejo de la Magistratura, como el proceso de selección, la preponderancia que se les da, a la hora de los puntajes, a los antecedentes académicos en detrimento del verdadero examen y la necesidad de respetar la perspectiva de género en esa competencia. También la posibilidad de que los integrantes del consejo tengan dedicación exclusiva.Pero sin duda el tema del número de integrantes es uno de los focos del debate. Alberto Fernández les pidió evaluar “la conveniencia, o no, de modificar la estructura y composición del cuerpo y armonizar su funcionamiento con el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.Una eventual vuelta al viejo Consejo de la Magistratura, con 20 miembros, ayudaría a zanjar el conflicto judicial que se abrió en octubre de 2015, a días de las elecciones que terminaría ganando Mauricio Macri, cuando los camaristas José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez dijeron que la Ley 26.080, que en 2006 reformó la composición del Consejo, era inconstitucional. ¿Por qué? Porque no respeta el “equilibrio” entre los estamentos que exige la Constitución Nacional y les da “un claro predominio” a los representantes de la política en detrimento de los jueces, abogados y profesores universitarios. Aquel fallo nunca se cumplió porque el Estado apeló y el caso se encuentra en estudio de la Corte Suprema de Justicia.

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Juntos por el Cambio pidió el regreso de las clases presenciales y acordó que votará en contra del impuesto a la riqueza

La mesa nacional de Juntos por el Cambio rechazó el impuesto a la riqueza y pidió que vuelvan las clases presencialesLa Mesa Nacional de Juntos por el Cambio respaldó a Horacio Rodríguez Larreta e insistió en que tiene que haber clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en medio de la resistencia del gobierno nacional a la propuesta porteña de que se habiliten espacios abiertos como plazas y calles.En otra de las reuniones virtuales que mantienen todos los lunes, los dirigentes de la principal coalición opositora repasaron la agenda legislativa que viene y acordaron rechazar el impuesto a la riqueza que impulsa el oficialismo y cuyo tratamiento legislativo se retomará esta tarde en la Cámara de Diputados, en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que buscará emitir dictamen.Tal como se habló esta mañana, los diputados de Juntos por el Cambio tendrán una posición unificada sobre esta iniciativa luego de que el bloque de la UCR pudo superar sus diferencias internas, ya que un sector minoritario y “rebelde”, encabezado por el puntano Alejandro Cacace, consideraba que la situación de emergencia justificaría crear una alícuota a los grandes patrimonios.Según concidieron, “no hay ambiente” en el país para aumentar los impuestos y que se trataría de un gravamen que se agrega a otros que ya existen y que se suma a medidas que contribuyen a un mal clima económico y que explica por qué empresas extranjeras se están yendo del país.Macri fue uno de los dirigentes que ratificó su apoyo a Rodríguez Larreta en su pelea con el gobierno nacionalEl encuentro virtual de la conducción nacional de JxC duró una hora y transcurrió en un buen clima. Mauricio Macri intervino apenas una vez durante el debate. Participaron también Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich (PRO), Alfredo Cornejo (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Mario Negri (UCR), Miguel Angel Pichetto, Martín Lousteau (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Luis Naidenoff (UCR), Humberto Schiavoni (PRO) y Juan Manuel López (CC). No se conectó María Eugenia Vidal.Los dirigentes analizaron la agenda legislativa que se desarrollará esta semana. Sobre el proyecto de presupuesto 2021 presentado por el Poder Ejecutivo se resolvió que se esperará a la presentación que efectuará esta semana el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la Cámara de Diputados, y acordaron que desde el Interbloque de JxC le harán tres preguntas al funcionario.Hablaron también sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, punto en el que Rodríguez Larreta brindó detalles del recurso ante la Corte Suprema de Justicia para pedir la “nulidad e inconstitucionalidad” del recorte dispuesto Alberto Fernández. Las palabras del jefe de gobierno porteño motivaron el respaldo de los representantes de la principal fuerza opositora, que se repitió cuando éste explicó la necesidad de que volvieran las clases presenciales en la Ciudad.Ratificó que insistirían en ese punto en la reunión que este mediodía mantendrán reunirán los ministros de Educación de Nación y Ciudad (Nicolás Trotta y Soledad Acuña) junto a sus pares de Salud (Ginés González García y Fernán Quiros). “Los chicos ya perdieron demasiado”, dijo.Cristian Ritondo, Mario Negri y Maximiliano Ferraro, los titulares de los bloques de diputados de Juntos por el CambioCon respecto al tema educativo, el Interbloque de diputados de Juntos por el Cambio advirtió que ya pasaron “más de seis meses de incertidumbre para los estudiantes y sus familias”, y por eso reclamó al gobierno nacional que “recuperen la presencialidad” porque “la escuela, con un protocolo estricto, está capacitada para sostener a los alumnos y alumnas que lo necesitan de manera urgente”.En un comunicado, los legisladores de JxC recordaron que desde el 15 de marzo, en que se resolvió la suspensión de las clases presenciales en virtud de la emergencia sanitaria, “la suspensión se ha prorrogado sin ofrecer ninguna certeza, ni plan alternativo de retorno progresivo a la presencialidad”.“La coordinación nacional no puede negar la autonomía que cada jurisdicción educativa tiene que tener para pensar cómo atender la situación que estamos viviendo -afirmaron- y tenemos que encontrar respuestas flexibles y dinámicas que nos permitan, poniendo a la escuela en el centro de la escena, diseñar el camino para la reapertura de las escuelas”.Los diputados opositores afirmaron que “las instituciones, alumnos, docentes y familias vienen sosteniendo el vínculo escolar y la continuidad pedagógica con innumerables esfuerzos” y que, “aun así, la realidad actual, con sobrada evidencia, nos demuestra que la salud emocional e incluso física de nuestros alumnos y alumnas se está deteriorando fuertemente a la vez que percibimos retraso o disminución en los procesos de contenidos cognitivos y habilidades adquiridas en términos de calidad educativa, que en un mediano plazo afectará a la gran mayoría de los estudiantes”.Para los diputados de JxC, “la suspensión de las clases se ha prorrogado sin ofrecer ninguna certeza, ni plan alternativo de retorno progresivo a la presencialidad”En ese sentido, destacaron “la urgente premisa de manifestar, haciéndonos eco de las voces de muchas familias, estudiantes y docentes, que más que nunca necesitan volver a la escuela" e hicieron hincapié en "recuperar la presencialidad es volver al vínculo y tenerlos cerca”. Y agregaron: “La escuela, con un protocolo estricto, está capacitada para sostener a los alumnos y alumnas que lo necesitan de manera urgente”.Criticaron luego al gobierno nacional porque “ha mostrado hasta ahora el silencio del mutismo en un tema central que nos atraviesa como sociedad y sobre el que se construye la comunidad como es la educación”, y consideraron que, así como “se requiere de un plan económico que marque cuál es el camino, también se requiere de una decisión clara en torno al regreso a la escolaridad”.El documento de los diputados de Juntos concluye de esta forma: “Apelamos a la coherencia de las autoridades nacionales, a la reflexión de los sectores sindicales y a la sociedad toda para recuperar espacios de encuentro educativo, cuidadosos y respetuosos de las medidas de salud y de estrictos protocolos. Es posible y es urgente. ¡A la educación todo!”. Seguí leyendo:Impuesto a la riqueza: el kirchnerismo buscará obtener dictamen esta semana en DiputadosBeatriz Sarlo: “Pensé que Alberto Fernández no iba a rifar su destino político a la obediencia a Cristina Kirchner, pero me equivoqué”

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Más de 240 mil personas firmaron para que la Corte impida los desplazamientos de los jueces que investigaron a Cristina Kirchner

Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (Nicolás Aboaf)Dos petitorios en contra de la maniobra del Gobierno nacional para desplazar a los tres jueces que investigaron a Cristina Kirchner ya juntaron más de 240 mil firmas en la plataforma change.org.Ambas iniciativas buscan que la Corte Suprema intervenga para mantener en sus puestos a los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. La primera de ellas lleva acumuladas 172.322 firmas, mientras que la segunda suma otras 70.058 adhesiones.“Señores Ministros de la Corte, tienen en sus manos la oportunidad de demostrarle a la sociedad que ustedes actúan en defensa de la República y de los derechos constitucionales de la gente”, advierte una de las solicitadas.Entre sus argumentos sostienen que la Cámara de Senadores de la Nación y el Consejo de la Magistratura, “ambos con mayorías K", “han articulado una maniobra para desplazar” a Bruglia y Bertuzzi de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y a Castelli, del Tribunal Oral Federal N° 7 de Comodoro Py.Se refieren al argumento que utilizó el kirchnerismo para avanzar con la remoción –amparado en la Acordada 3 de la Corte–, por el cual los pliegos de los magistrados no habían pasado por el Senado. “Pero omiten intencionalmente tomar en cuenta a la Acordada 7, que establece que en el caso de traslado de Jueces Federales Nacionales la cuestión resulta ‘diametralmente diferente’ a lo dictaminado en la Acordada 4”, justifican.Leopoldo Bruglia y Pablo BertuzziEn efecto, los magistrados presentaron amparos para que se declare inconstitucional el proceso para revisar sus traslados. Señalaron que se hicieron cumpliendo con la normativa vigente, que una acordada de la Corte Suprema avaló que no debían pasar por el Senado de la Nación y que la única manera de desplazarlos de sus cargos es con un fallo judicial.En ese sentido insisten en que la Cámara alta ya aprobó previamente las designaciones de los tres magistrados para actuar como jueces federales. “De más está decir que el proceder del actual Consejo de la Magistratura y del Senado es claramente anticonstitucional, ya que vulnera el principio de estabilidad de los magistrados (art. 110 de la Constitución Nacional”.Germán CastelliLa expulsión de Bruglia, Bertuzzi y Castelli de los cargos que ocupaban en la Justicia Federal Penal, aquella ante la cual se tramitan las causas de corrupción, forma parte de “maniobras ilegales por anticonstitucionales en las que está involucrado todo el arco militante del kirchnerismo y el justicialismo en el Senado y en el Consejo de la Magistratura”, denuncian.En las peticiones destinadas a que Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco impidan los desplazamientos de los jueces, advierten que el objetivo de fondo del oficialismo es “la impunidad de Cristina y sus funcionarios, porque ante la abrumadora cantidad de pruebas en estas causas, no tienen ninguna línea de defensa fundada. No tendrían argumentos para defenderse si las causas avanzan”.Sesión especial remota del Senado de la Nación en la que se dio tratamiento a los acuerdos solicitados por el Poder Ejecutivo respecto a los traslados de los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Castelli (COMUNICACIÓN SENADO).Respecto del pedido de per saltum que realizaron los tres magistrados al máximo tribunal, expresaron que los ministros de la Corte “tienen en sus manos la oportunidad de demostrarle a la sociedad que actúan en defensa de la República y de los derechos constitucionales de la gente; si fallan de acuerdo a derecho, será la gente quien defenderá sus investiduras, de ser necesario. Si por el contrario le dan la espalda a la gente, ustedes también quedarán a merced de este Gobierno que, paso a paso, avasalla la República y a quienes se les opongan".Seguí leyendo:La Corte Suprema, a un paso de convalidar la destitución de los jueces que investigaron a Cristina KirchnerGermán Castelli: “Confío en la Corte Suprema, pero está cometiendo errores en los tiempos para resolver”En qué situación quedaron los jueces federales que investigaban la corrupción K y fueron desplazados por el Gobierno

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Senado: qué dice la presentación judicial de Juntos por el Cambio que busca impedir el debate sobre el recorte de fondos a la ciudad de Buenos Aires

El jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio y de la UCR, Luis Naidenoff, y el jefe del bloque del PRO, Humberto Schiavoni, pidieron a la Justicia que anule la prórroga del protocolo de funcionamiento remoto de las sesiones del Senado que impulsó Cristina Kichner la semana pasada. En los hechos, el protocolo anterior venció ayer y las comisiones convocadas para hoy ya deben regirse por un nuevo reglamento, entre ellas el plenario de Asuntos Constitucionales y Presupuesto para tratar el proyecto de ley enviado por Alberto Fernández que fijará las partidas a transferir de Nación a la Ciudad por el traspaso de la policía, lo que implica una nueva quita presupuestaria a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Para el Frente de Todos esa comisión es legítima y válida, pero la oposición la rechaza.El apuro por consensuar la demanda judicial tiene que ver justamente con la defensa de la gestión larretista, además de una larga lista de cuestionamientos que hace la oposición a la vicepresidenta, entre ellos el desplazamiento de tres jueces que la investigaban. A horas de la reunión de comisión, citada para esta tarde a las 17, la presidenta de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, avivó la polémica: “Los senadores de Juntos por el Cambio quieren parar la Cámara porque no quieren debatir la ley que va a otorgar más fondos a las provincias. Es inentendible ver cómo Naidenoff le cuida el bolsillo a Larreta en desmedro del resto del país”.El miércoles último, Juntos por el Cambio votó en contra del protocolo remoto y exigió los dos tercios de los votos para considerarlo válido. La votación resultó 41 a 28, es decir, simple mayoría.Tras varias reuniones de interbloque definieron la estrategia y con el patrocinio de Antonio María Hernández y Ricardo Gil Lavedra solicitaron al Poder Judicial que “declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable del Decreto de la Presidencia del H. Senado de la Nación N° 14/2020 (en adelante “DP 14”) así como de la decisión de la presidencia del cuerpo de hacer constar en el acta de la sesión especial del día 16/09/2020 una supuesta convalidación por el pleno del cuerpo del DP 14 y de la Resolución del H. Senado de la Nación DR-148/20, todo por medio de lo cual se pretende prorrogar las sesiones ‘remotas o virtuales’ por el plazo de 60 días". Agregan en el escrito que deberá ser "con costas”.Martín Lousteau y Laura Rodríguez Machado cuando se retiraron del recinto en la última sesión (COMUNICACIÓN SENADO) (Charly Diaz Azcue 2020/)En la demanda, a la que tuvo acceso Infobae, Juntos por el Cambio señala que los senadores no están impedidos de circular y asistir al Congreso conforme lo establece el decreto presidencial que impuso el aislamiento obligatorio y sus excepciones. También apuntaron que la vicepresidenta de la Nación y titular del cuerpo solicitó una declaración de certeza a la Corte para las sesiones remotas sin contar con mandato del Senado. Y que el protocolo “modifica” no “interpreta” el reglamento, lo que determina la necesidad de una mayoría calificada.“A partir de ello, la Presidencia del Senado avanzó de manera unilateral, inconsulta y sin consenso alguno con los miembros del cuerpo, en la implementación de un sistema para sesionar de manera remota. Ello fue muy distinto de lo actuado por la Cámara de Diputados”, argumentan en referencia al debate y redacción de un reglamento en el marco de la Comisión de Modernización que en la Cámara baja confluyó en un texto consensuado.El interbloque opositor refirió una serie de intercambios “informales” que determinaron la primera votación a favor y por unanimidad del protocolo de funcionamiento remoto en el Senado el 13 de mayo y apuntaron que su renovación exige dos tercios de los votos por implicar la “modificación del reglamento” del Senado. También recuerdan que en el primer texto se estableció que sólo se tratarían por videoconferencia proyectos urgentes vinculados con el COVID-19. En los hechos, eso cambió.La siguiente renovación también fue polémica. Cristina Kirchner firmó el Decreto 11, que no fue avalado por la totalidad de los senadores, y el 12, que sí contó con voto unánime por lo que Juntos por el Cambio accedió a mantener la modalidad remota.Luis NaidenoffSobre la sesión del miércoles 16, el amparo señala que “pese a la votación negativa de los 28 senadores de los distintos bloques de oposición y a no haberse llegado a los dos tercios, la presidente del cuerpo hizo constar en el acta de la sesión que estaba aprobada la ratificación de la DP 14, cuando no lo estaba por no haberse alcanzado la mayoría requerida para adoptar tal decisión”.Es evidente que este tipo de sesiones, con el sistema informático que se ha adoptado, concentra su administración en áreas operativas que dependen exclusivamente de la Presidencia del Senado, sin ningún tipo de auditoría informática por parte de los bloques opositores, limitando consecuentemente la posibilidad de control tanto de la oposición como de la ciudadanía en su conjunto.El interbloque cita además una larga lista de objeciones a las sesiones remotas, entre ellas que “resulta prácticamente imposible, sin tener acceso al sistema, verificar la real asistencia de todos los Senadores que aparecen registrados con la evidente implicancia que eso tiene en el quórum y en las votaciones sobre todo las efectuadas a mano alzada". Hasta ponen en duda que haya habido quórum, aun cuando votaron varias leyes por unanimidad. “La presidente del cuerpo afirma que lo hay y no hay modo de rebatir ni constatar esa afirmación y ello es así porque ella sí nos ve a todos pero nosotros no vemos al resto ni podemos constatar si están conectadas las personas que deben estarlo y no sustitutos”, afirman.Para empujar la vuelta a la presencialidad, aseguran que el sistema ha fallado en varias oportunidades y que las votaciones a mano alzada tienen un deficiente control. Denuncian a la presidencia del Senado por “atropellos” contra los senadores y de “violar” sus derechos en el manejo de la tecnología y el uso de la palabra y en la “vulneración de los derechos de los ciudadanos” por ejemplo en la audiencia pública convocada para escuchar a diez jueces trasladados vía decretos presidenciales que también se realizó en forma remota. En las 55 páginas se transcriben varias de las discusiones televisadas entre Cristina Kirchner y los senadores Martín Lousteau, Esteban Bullrich y Laura Rodríguez Machado, por ejemplo.Más allá de todos estos cuestionamientos, lo central es la conclusión que reiteran: “No venimos a quejarnos ante la justicia por haber perdido una votación, sino que ganamos la votación (porque, al no votar a favor, el oficialismo no reunió los dos tercios requeridos para la reforma del Reglamento) pero la presidente del cuerpo hizo constar en el acta que la perdimos y tuvo por aprobado algo que no había sido aprobado”.

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Impuesto a la riqueza: el kirchnerismo anunció que le hará modificaciones al proyecto para evitar que se pueda eludir el pago

Carlos Heller, presidente de la comisión de PresupuestoLa titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, finalmente no participó del debate del impuesto a la riqueza en Diputados pero envió un informe según el cual 9.298 contribuyentes con bienes por más de $ 200 millones estarán alcanzados por esta contribución extraordinaria que se pagará por única vez si se convierte en ley el proyecto que impulsa el Frente de Todos. Según leyó el titular de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, la recaudación potencial estimada sería de $ 307.000 millones lo que equivale a un punto porcentual del PBI.El diputado anunció que se evalúa agregar una aclaración para que se computen para el pago del aporte a aquellos sujetos que en los últimos 180 días hayan operado variaciones que “hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación destinada a eludir su pago”. Los 180 días hacen referencia al tiempo que lleva en debate en la opinión pública el impuesto.También se haría una corrección para que paguen los no residentes que tienen bienes en el país a través de personas jurídicas “para ser lo menos arbitrarios entre residentes y no residentes”. Aunque dijo que no quería hacer nombres, habló sobre “empresas que están en el país y sus dueños cambiaron de residencia”.El nuevo texto de la ley diría: “Se presume, sin admitir prueba en contrario, que las acciones o participaciones en el capital de sociedades regidas por la Ley General de Sociedades Nº 19.550, t.o. 1984 y sus modificaciones, que pertenezcan a sociedades, empresas, establecimientos permanentes, patrimonios de afectación, explotaciones u otro ente de cualquier tipo, constituidos, domiciliados o ubicados en el exterior, o bajo régimen legal extranjero, pertenecen de manera indirecta de personas humanas residentes en el exterior o a sucesiones indivisas allí radicadas, a estos efectos, ese sujeto deberá designar ante AFIP un responsable por el ingreso del aporte de esta Ley por su tenencia accionaria. En caso de no designar ningún responsable, el encargado de la determinación e ingreso del aporte será la sociedad emisora de esas acciones o participaciones”.También se incorporaría una nueva redacción que impone el pago a “las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el Título VI de la Ley 23.966 texto ordenado 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.Las previsiones de la AFIPLa estimación se hizo sobre las 888.631 personas humanas y sucesiones indivisas que presentaron Declaración Jurada. Pero como no todos los contribuyentes hicieron su presentación en tiempo y forma, el organismo realizó una actualización sobre las declaraciones de años anteriores. De ese universo, 7438 personas declararon poseer bienes por más de $ 200 millones mientras que otras 1860 podrían pagar el aporte según la actualización realizada por AFIP. Esas 7438 personas concentran el 49,2% de los bienes declarados en Argentina y en el exterior.Otro dato que arroja el informe de la agencia de recaudación consigna que 253 personas declararon bienes personales por más de $3.000 millones y por lo tanto su aporte, en promedio de $600 millones, será del 50% del total. Quienes declararon entre 200 y 600 millones pagarían en promedio $6 millones .En el inicio del debate Heller avisó que el oficialismo no apuraría el dictamen ya que intentará ampliar la base de apoyo y compartirá el nuevo texto con los diputados integrantes de la comisión. Juntos por el Cambio redacta un dictamen de rechazo aunque analizará algunas de las modificaciones al proyecto original que de todos modos por lo expuesto hoy no conforman a la principal bancada opositora.La comisión volverá a reunirse mañana para escuchar la exposición del ministro de Hacienda Martín Guzmán quien defenderá el proyecto de Presupuesto 2021 y recién el viernes a las 15 retomarán el debate sobre el impuesto ideado por Máximo Kirchner y Carlos Heller.Uno de los cambios fue explicitar en el texto que la ley tendrá vigencia a partir de la entrada en vigencia de la misma y no con fecha 31 de diciembre del 2019. “La retroactividad era inconstitucional”, celebró Luis Pastori, de la UCR. El diputado misionero también indicó que “el nombre no es un tema menor” en referencia a que Juntos por el Cambio considera que se trata de “un impuesto” y no de “un aporte”.Pastori anticipó que el interbloque rechaza, como lo hizo la semana pasada, gran parte de lo planteado por el Aporte Solidario Extraordinario pero que de todos modos esperarán el nuevo texto, corregido, que prometió Heller. Recién después confirmarán su posición.Heller aclaró también que en el caso de los bienes rurales “se contabiliza la evaluación fiscal y no la evaluación de mercado que saben que es muy distinta”. En la pantalla con múltiples caras de los diputados conectados en forma remota se vio a Ricardo Buryaile, ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri hacer gestos con la cabeza. “Buryaile por más que movás la cabeza sabés que es así, sino mostrame tu declaración jurada y vas a ver que es así”, le dijo riéndose el diputado cooperativista. Buryaile también se rió y lo mismo hizo Pastori.“Esto es un nuevo impuesto, está bueno que no demos vuelta las cosas de manera semántica. Esto es compulsivo”, remarcó la diputada Carmen Polledo del PRO. Y aseguró que “no defendemos a los más ricos”.En línea con Heller, la diputada cristinista y economista Fernanda Vallejos buscó mostrar que el impuesto a las grandes fortunas alcanzará “a un universo de personas privilegiadas” y enfatizó que “menos del 0,02% de los argentinos pagarán este aporte”. Vallejos habló de ‘la herencia macrista’ para cuestionar el rechazo de Juntos por el Cambio. Dijo que producto de las políticas de la gestión de Mauricio Macri hay 40% de pobreza y “es escandaloso el avance de la desigualdad”. Y aunque señaló que “la diputada me merece respeto” y “que no tengo por qué desconfiar de sus intenciones”, le pidió “reflexionar” sobre el apoyo a una ley.Por su parte Luciano Laspina advirtió que “no es un tema cualitativo, no es si violamos los derechos de una persona o de miles, de tres jueces o de miles, el argumento no puede ser que afectó a pocas personas”. “Es una falacia muy peligrosa, el Estado de derecho no se puede violentar ni siquiera contra una persona, ni contra quien sea más rico”, remarcó Laspina. Y agregó que “es una pésima idea en este contexto” el cobro a los no residentes y que desalienta la llegada de inversiones.El diputado del PRO, que tuvo un duro cruce con Heller, criticó en duros términos una idea con la que “vamos a ahogar al sector privado y a perseguir al empresariado nacional”. “Como queremos ser una alternativa de gobierno cuando todo esto fracase queremos estar bien plantados y queremos decirle a la sociedad que hay otro camino, el respeto constitucional, el empleo, la inversión privada, la seguridad jurídica. No es defender a los ricos es defender a los argentinos de bien que necesitan empresarios, necesitan inversión privada y empresarios que se queden en el país y no que se vayan. Hay otro camino, lo vamos a recuperar”, subrayó para anticipar el voto en contra.Desde Entre Ríos la peronista Blanca Osuna también apeló a la “herencia” y leyó una extensa lista con los nombres y sedes de empresas que cerraron en los cuatro años de gestión de Mauricio Macri. Y Heller defendió su derecho a aclarar y hacer comentarios tras algunas intervenciones: “No soy solo presidente de la comisión, soy autor del proyecto, este proyecto lleva mi firma”, consideró antes de que lo defendiera también el ex gobernador riojano Sergio Casas quien a la inversa de lo dicho por los diputados de Juntos por el Cambio les reprochó “no dar un debate serio y necesario”.En el mismo debate y a pesar de las diferencias y discusiones previas, el Frente de Todos logró acompañamiento de Juntos por el Cambio para el proyecto de ley que prohíbe que el Estado otorgue beneficios a empresas con domicilio tributario en los llamados “paraísos fiscales” y también a aquellas con probada evasión fiscal. El texto establece que se excluirán de los auxilios financieros estatales “a las empresas registradas en paraísos fiscales o con probada evasión fiscal determinada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”.En la votación de comisión a viva voz el proyecto tuvo 46 votos de los 49 presentes. Si hay sesión, podría tener sanción esta misma semana en el recinto.

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Para Sabina Frederic, los policías que protestaron frente a la Quinta de Olivos deben ser sancionados: “Hubo intereses partidarios malintencionados”

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic (Infobae)La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró que la protesta de un grupo de policías bonaerenses frente a la residencia presidencial de Olivos fue un hecho “completamente repudiable” y opinó que “tiene que haber sanciones” para el personal que participó.“Es un lugar que no tiene ninguna relación con la protesta, pero sí creo que lo que va a hacer el gobernador de la provincia (Axel Kicillof) es analizar caso por caso y aplicar las sanciones que correspondan”, declaró Frederic en una entrevista con AM750.Días atrás, efectivos policiales pidieron mejoras salariales y protagonizaron reclamos callejeros en varios puntos del país y de la provincia de Buenos Aires, incluso en las inmediaciones de la quinta de Olivos, un hecho repudiado por todo el arco político y la sociedad civil.Consultada sobre si podría haberse evitado la protesta, Frederic afirmó: “No sé qué información tenía el Ministerio de Seguridad de la provincia” y “como las provincias son autónomas corresponde que el ministro (Sergio Berni) y el gobernador (Kicillof) analicen si podría o no haberse evitado”.“En principio había reclamos salariales, por condiciones salariales, por los ascensos y por la prestación en salud; había múltiples petitorios, creo que esa dimensión lo hace un reclamo legítimo”, reflexionó la ministra.Protesta policial frente a la Quinta de Olivos (Franco Fafasuli/)Sin embargo, Frederic consideró que “a los reclamos legítimos expresados con métodos ilegales se montaron otros intereses, intereses más partidarios, malintencionados o bien intencionados, que aprovecharon unas demandas que son legítimas y que fueron reconocidas por el gobernador de la provincia, al darles el aumento”.“Hay que estar muy atentos a las condiciones salariales del personal policial para que hechos como ese no ocurran porque la sensación de inestabilidad institucional, aunque ese no haya sido el objetivo, no lo fue de una parte mayoritaria, el efecto es ese sobre todo los que fueron a manifestar a Olivos”, explicó.Finalmente, la ministra de Seguridad declaró que actualmente el índice de delitos es “más bajo porque la circulación está restringida”, pero aceptó “un significativo aumento de la violencia en los robos”.“Eso nos tiene preocupados, alertados y sobre todo a los ministerios de seguridad de las provincias”, reconoció la funcionaria.Por otro lado, cuestionó la “irresponsabilidad política” de sectores de la oposición que “abonan a un clima que no le hace bien a la sociedad argentina” y, si bien descartó que exista un ánimo golpista, consideró que algunas personas incurren en intervenciones imprudentes.“Estamos atravesando una época inédita por esta pandemia y eso muestra una gran irresponsabilidad política de los sectores que se reconocen como oposición”, señaló Frederic.Ante una consulta, la ministra afirmó que “no hay un clima golpista”, sino que existen “personas que tienen intervenciones irresponsables: algunos ex dirigentes políticos que reclaman un protagonismo que no tienen y abonan a un clima que no le hace bien a la sociedad argentina”.La ministra hizo referencia de esta manera a las marchas realizadas en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, Rosario, Mar del Plata, La Plata y San Carlos de Bariloche, donde manifestantes autoconvocados se movilizaron con consignas contrarias a las políticas del gobierno nacional.Seguí leyendo:El Gobierno prorrogó la prohibición de cortar los servicios públicos, incluidos la telefonía, la televisión por cable e internetLa Corte Suprema, a un paso de convalidar la destitución de los jueces que investigaron a Cristina KirchnerPara el Financial Times, lo que provoca el éxodo de empresas del país es el Gobierno y no la pandemiaLa “venganza” de Cristina Kirchner y el ultimátum judicial de Juntos por el Cambio en el Senado

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Patricia Bullrich: “En Juntos por el Cambio no hay sectores radicalizados ni talibanes”

La presidenta del PRO, Patricia Bullruch (Gustavo Gavotti) (Gustavo Gavotti/)La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró este domingo que “no hay sectores radicalizados” ni “talibanes” en Juntos por el Cambio y destacó que esa fuerza “está haciendo un trabajo de introspección para mejorarse”, al reconocer que el gobierno de Mauricio Macri “golpeó” a su propio electorado durante la gestión de Cambiemos.“Se hizo un esfuerzo sobre la clase media que había que haberlo pensado con un poco más de análisis porque golpeamos a nuestro propio electorado, pero es algo que lo estamos haciendo en el PRO, para el PRO y hacia el PRO”, reconoció Bullrich, en declaraciones a radio Mitre.Tras considerar que Juntos por el Cambio es “una oposición responsable”, la ex ministra de Seguridad dijo que “no hay sectores radicalizados" en la oposición y que no son “talibanes”. "Tenemos capacidad de escuchar, tenemos un alerta sobre lo que pasa en la sociedad”, explicó.La ex ministra de Seguridad es uno de los reclamos que hubo contra el gobierno nacional “Lo que no queremos es lo que está pasando con el Gobierno que, en vez de hacerse cargo que hace 8 meses que gobiernan y que ha llevado a la cuarentena más larga del mundo y que ha destruido la economía siempre, quiere echar la culpa para atrás”, sostuvo.En otro tramo de la entrevista remarcó que Juntos por el Cambio aprendió “a ser una fuerza que escucha, que toma el pulso de la sociedad” y dijo no coincidir con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en cuanto a que existen en el espacio “sectores radicalizados comparables a Cristina Fernández de Kirchner”.Consideró que “la teoría amigo-enemigo nada tiene que ver con Juntos por el Cambio". En ese sentido, indicó que "se ve y se sabe lo que piensa y no tenemos talibanes; no coincido con la descripción de la teoría de los dos demonios”.Los principales dirigentes de Juntos por el CambioEste miércoles, en una entrevista con Infobae, el gobernador jujeño había asegurado que “el kirchnerismo y los sectores más radicalizados de Cambiemos buscan el caos, y eso no le sirve al país”. Además, había destacado que “el Gobierno eligió a Horacio Rodríguez Larreta y el PRO como rivales para profundizar la grieta”, en relación a la confrontación del Presidente con el Jefe de Gobierno porteño por la coparticipación.En tanto, Bullrich explicó que “el Gobierno en vez de abrirse y escuchar se ha cerrado cada vez más” y sostuvo que, seis meses después de iniciado el aislamiento obligatorio, “no se cuidó la salud, no se cuidó la economía y no se cuidó la libertad y se avanzó con una agenda de intento de control y monopolio de la justicia”.Finalmente, la ex ministra justificó las marchas de ayer en contra de varias de las políticas del Ejecutivo: “La sensación que existe hoy es que vivimos hoy y no sabemos qué va a hacer el Gobierno mañana y esto genera mucha angustia y nosotros como dirigentes siempre tratamos de reducir esa angustia y genera una idea de futuro y Juntos por el Cambio tiene una idea de futuro”.Seguí leyendo Dólar y salarios contenidos: lo que deberá hacer el Gobierno para cumplir su pauta de 32% de inflaciónEl Gobierno echa más leña al fuego tras endurecer los controles cambiarios y avanza con el impuesto a la riqueza

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Los detalles del nuevo decreto del Gobierno que extiende la cuarentena hasta el 11 de octubre

La extensión de la cuarentena durará hasta el 11 de octubre (Juan Ignacio Roncoroni) (Juan Ignacio Roncoroni/)El último viernes el gobierno nacional anunció la extensión de la cuarentena hasta el 11 de octubre. La medida comenzará a regir a partir el lunes, pero este domingo se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia que detalla las condiciones que tendrá la nueva etapa en todo el país.El aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) continuará aplicándose en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en las localidades bonaerenses de Mar del Plata, Bahía Blanca y Tandil. También se aplicará en los departamentos jujeños de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen, Palpalá, Susques, Yavi, Rinconada y San Pedro, y en el departamento Capital de la provincia de La Rioja, todas ciudades con un nivel muy alto de contagios de coronavirus.Otras de las localidades donde se aplicará será en los aglomerados de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi y el departamento de General Roca, en la provincia de Río Negro; en los departamentos de General José de San Martín, Cerrillos, Rosario de Lerma, General Güemes, La Caldera, Orán y Capital de la provincia de Salta; en el aglomerado de la ciudad de Río Gallegos, de Santa Cruz; en los departamentos de Capital y Banda, en Santiago del Estero, y en el departamento de Río Grande, en Tierra del Fuego.Alberto Fernández extendió la cuarentena hasta el 11 de octubre En tanto, seguirán bajo las medidas de distanciamiento, social, preventivo y obligatorio (DISPO), con las mismas condiciones que hasta la actualidad, los restantes distritos del país. Entre estos casos, extrañamente, está el de Santa Fe, que en las últimas semanas restringió más actividades para intentar cortar la avanzada del virus. Actualmente en la provincia que gobierna el peronista Omar Perotti no están permitidas las actividades comerciales de shoppings ni peatonales, tampoco los locales gastronómicos ni los comercios mayoristas y minoristas de más de 100 metros cuadrados.Santa Fe no tiene habilitado el ejercicio de profesionales liberales, los servicios de personal doméstico y las actividades religiosas. Tampoco las prácticas deportivas ni las obras privadas, entre otras actividades que quedaron suspendidas por el crecimiento de contagios y la ocupación de camas en el sistema sanitario. Sin embargo, en el decreto presidencial la provincia aparece entre los lugares donde se aplica, por ley, el distanciamiento social.El DISPO se sigue aplicando en aquellas jurisdicciones en las que el sistema de salud cuenta “con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria”, el tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no es inferior a 15 días y que no están definidas “por la autoridad sanitaria nacional como aquellas que poseen ‘transmisión comunitaria’ sostenida del virus SARS-CoV-2”.En muchos lugares del país se cumple con el distanciamiento obligatorio (ZUMA PRESS / CONTACTOPHO) (ROBERTO ALMEIDA AVELEDO / ZUMA P/)Los gobiernos provinciales continúan manteniendo la facultad para, en caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus, disponer el aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a las provincias provenientes de otras jurisdicciones por un plazo máximo de 14 días.Del mismo modo, en el caso de los departamentos y partidos de hasta 500 mil habitantes las autoridades provinciales “podrán disponer nuevas excepciones al cumplimiento del ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’ y a la prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas”.Para eso, “deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial e implementar un protocolo de funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional”.En el decreto se mantiene la autorización para las reuniones sociales de hasta diez personas en espacios públicos al aire libre, siempre que se dé estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales, y que no se utilice el servicio público de pasajeros de colectivos, trenes o subtes.Seguí leyendo El Gobierno prorrogó la prohibición de cortar los servicios públicos, incluidos la telefonía, la televisión por cable e internetPara el Financial Times, lo que provoca el éxodo de empresas del país es el Gobierno y no la pandemia

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“Un alfajor Jorgito simple”: el curioso impuesto que quiere aplicar un intendente bonaerense al campo y a las grandes empresas por el coronavirus

El intendente de Laprida, Pablo Torres, junto al presidente Alberto FernándezEl intendente del partido bonaerense de Laprida anunció que pagará un bono estímulo a trabajadores municipales y personal de salud que será financiado con una nueva tasa equivalente a un “alfajor Jorgito simple”.A través de las redes sociales, Pablo Torres, del Frente de Todos, adelantó que pretende cobrarle el nuevo gravamen a las producciones de más de 400 hectáreas: a razón de $35 por hectárea.La tasa se cobrará por única vez y también alcanzará “a las grandes empresas de capitales no lapridenses” como bancos, empresas de electricidad, gas, TV por cable y telefonía. Aunque aclaró que no afectará “al comercio ni a la industria local”.“Es una forma de premiar a las y los trabajadores que nos cuidaron -y nos siguen cuidando- durante la pandemia”, argumentó. Según reveló el mismo intendente, el bono estímulo ya fue ofrecido -y aceptado- por los sindicatos SOEM y UPCN.El bono será de $12.000 para los trabajadores municipales y los esenciales cobrarán un extra de $5.000.La medida generó un rechazo inmediato en los sectores productores y ante las críticas Pablo Torres salió a aclarar que cuando asumió su cargo se autoimpuso una rebaja del 30% del salario.“Devuelvo al Municipio $100.000 por mes, es decir a lo largo del año entregaré al Municipio 1 millón doscientos mil pesos. Nunca lo anuncié, nunca puse un cartelito en Facebook, nunca lo dije en ninguna nota de prensa, no me parece que sea algo que uno deba andar diciendo ni proponiendo: escribí una nota, fui a la Dirección de Personal, la presenté, y listo!!!”, dijo a través de las redes sociales.“El problema es ideológico, el dinero de la Tasa para el bono es mínimo (y más mínimo aun si se lo compara con el aporte anual que hace el intendente). O sea, la cháchara anti-política suena bien, pero cuando vamos a la realidad se ve que es sólo cháchara”, contestó.Por otro lado, explicó que no aplicará rebajas en los salarios de sus funcionarios “porque ganan poco en comparación al trabajo y la dedicación que le ponen”.Y agregó: “Trabajan 12, 14 o 16 horas diarias. No tienen sábados ni domingos, y les doy de vacaciones 5 días por año. Un director gana $60 mil, un secretario $90 mil”.El presidente de la Sociedad Rural de Laprida, Luis Crippa, reconoció que la medida no le “cayó bien” a los productores porque fue sin consulta.“Él se mandó como un hecho consumado. No es necesario que los aportes salgan siempre del campo, pero no negamos que el gesto es importante y valoramos el esfuerzo de salud”, dijo a Cadena 3.Seguí leyendo:El Gobierno prorrogó la prohibición de cortar los servicios públicos, incluidos la telefonía, la televisión por cable e internetDiego “Peque” Schwartzman logró otro gran triunfo ante Shapovalov y avanzó a la final del Masters 1000 de RomaPara el Financial Times, lo que provoca el éxodo de empresas del país es el Gobierno y no la pandemiaLa turbulenta vida y el trágico final de Thelma Stefani, la “Marilyn Monroe argentina”

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El papa Francisco también opinó sobre los “méritos” en su habitual mensaje diario

FOTO DE ARCHIVO: El papa Francisco celebra la audiencia general semanal en la Biblioteca del Palacio Apostólico en el Vaticano, el 10 de junio de 2020 (REUTERS) (VATICAN MEDIA/)“Quien razona con la lógica humana, la de los méritos adquiridos con la propia habilidad, pasa de ser el primero a ser el último. En cambio, quien se confía con humildad a la misericordia del Padre, pasa de último a primero”, fue el mensaje de esta mañana en la cuenta de Twitter del papa Francisco. La frase estaba acompañada por la referencia al capítulo 20 del Evangelio de Mateo, versículos 1 al 16 (cfr. Mt 20, 1-16).Es un pasaje de la Biblia en el que Jesús habla largamente a sus discípulos y seguidores y, por medio de parábolas, les explica cómo será el Reino de los Cielos.El tuit del Papa fue seguido por otros dos, que dicen: “Estamos llamados a ser instrumentos de Dios Padre para que nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud” y “Cada uno es importante a los ojos de Dios, cada uno puede transformar un poco del mundo contaminado por la voracidad humana en la realidad buena querida por el Creador”.En el contexto del debate desencadenado por las declaraciones de Alberto Fernández desmereciendo el mérito -valga la redundancia-, la cita no parece inocente. “Lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años. El más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres”, había dicho el Presidente, el 15 de septiembre.Su comentario desató polémica y una infinidad de réplicas. El propio Presidente aclaró luego que “desvalorizar el mérito sería una locura” pero reiteró que sin igualdad de condiciones “el mérito tiene un poder relativo”.Como suele ser en la Argentina de estos días, el debate tomó la forma de posiciones extremistas y tajantes. Inconciliables. De un lado, los que piensan que todo logro descansa en el mérito individual, sin importar el contexto social, ni el ámbito familiar, ni las oportunidades; del otro, los que creen que, a igualdad de condiciones, igualdad de resultados, y que el mérito individual -es decir, el talento y el esfuerzo de cada uno- para nada cuentan; por lo tanto, el Estado debe proveerlo todo, y a todos.El tuit del papa Francisco parece darle la razón a Alberto Fernández, al decir que quien crea en “los méritos adquiridos con la propia habilidad”, será postergado, mientras que el que “con humildad” confíe en “la misericordia del Padre”, saldrá favorecido.(Presidencia) (ESTEBAN COLLAZO/)En el fragmento bíblico que cita Francisco, Jesús les dice a los discípulos que “muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros”. Para explicar esta frase algo críptica, agrega que “el reino de los cielos es semejante a un hombre (que) salió por la mañana a contratar obreros para su viña”.Les ofreció un denario por día y los envió a su propiedad a trabajar. Pero, horas más tarde, ve a otros obreros desocupados y les dice: “Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo”.Esta escena se repite varias veces, hasta el anochecer: “Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo”.A la noche, dice la parábola, “el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros”. A todos les pagó un denario. Esto generó la protesta de los primeros, que murmuraban: "Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día”.El dueño de la viña replicó: “¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, como a ti”.Y Jesús concluyó: “Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque muchos son llamados, mas pocos escogidos”.Jesús apelaba a parábolas para transmitir su mensajeEl pasaje, puede casi parecer una metáfora del comunismo, o al menos de su ideal: de cada uno según su capacidad, y a cada uno según su necesidad. Una reivindicación de los postergados o marginados de la sociedad.Pero en la misma Biblia y en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 25, Jesús cuenta otra parábola, la de los talentos; palabra usada en su doble acepción: como aptitud o inteligencia, por un lado, y como moneda de cuenta, por el otro. En la Antigüedad, un talento era una cantidad determinada de dinero.Jesús empieza así su relato: “Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos”.El siervo “que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos” y “el que había recibido dos, ganó también otros dos”.“Pero -dice Jesús- el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor”.Luego de mucho tiempo, el señor volvió y llamó a sus siervos para que le rindieran cuentas de lo que habían hecho con los talentos que les había confiado.“Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos”, dijo el primero. El señor respondió: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré”.Lo mismo pasó con el que había recibido dos talentos y había logrado ganar otros dos.“Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro (...) por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo”.La respuesta fue: “Siervo malo y negligente, (...) debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos”.El papa Francisco habló sobre los méritos y citó un pasaje del Nuevo Testamento bíblico Es una parábola que va más allá de lo bíblico y hace al sentido de la vida misma: ¿qué cosa brinda más satisfacción que los logros alcanzados mediante la multiplicación de nuestras capacidades? Así éstas equivalgan a 5 talentos o a uno. El talento, el don, puede ser enorme en algunos -y serán Maradonas, Favaloros o nuevos Steve Jobs- mientras que otros tendrán dones más modestos. Lo importante es no enterrarlos, porque no sólo no fructificarán sino que se atrofiarán y los perderemos.El talento, los dones, se reciben. Interviene la herencia, el azar, la naturaleza o el Creador, como se prefiera. Luego está lo que cada persona hace con esos talentos. El producto final, los logros, será resultado de una conjunción de vocación, voluntad y determinación, por un lado, y de contexto por el otro: condiciones materiales, entorno familiar, estímulos, acceso a la educación, etcétera.Cuánto más útil le sería a la Argentina que los políticos entendieran esto y, sin desalentar el esfuerzo individual, sin ignorar lo meritorio de cada uno, se concentraran en generar las condiciones, las oportunidades y los estímulos necesarios para que los argentinos puedan multiplicar sus talentos.Seguí leyendo:Alberto Fernández volvió a insistir con que el mérito no es el camino para el crecimientoQué hay detrás de “la meritocracia”, el concepto que obsesiona al presidente Fernández

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