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Política

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy presentó su renuncia

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy (foto de archivo: Maximiliano Luna)El Poder Judicial de Jujuy vuelve a estar en el centro de la escena. Horas después de que el oficialismo discutiera y dilatara el tratamiento del proyecto del senador Guillermo Snopek para intervenir ese poder en esa provincia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia local, Pablo Baca, le presentó la renuncia al gobernador Gerardo Morales “para ejercer una defensa activa sin que pueda sospecharse que utiliza su posición en la Justicia para manipular la investigación", tras la filtración de unas conversaciones relacionadas con la situación procesal de Milagro Sala.“(Pretendo) Evitar que los procesos de tipo político y judicial que se siguen en su contra sean utilizados para cuestionar el funcionamiento de las instituciones en Jujuy”, escribió el magistrado en la carta de renuncia dirigida a Morales.Baca había sido denunciado tras una nota del portal que dirige el periodista Horacio Verbitsky con conversaciones del 2016 entre el juez y Ana Juárez de Orieta -en ese momento a cargo de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos- en las que supuestamente reconocía que Sala estaba presa por cuestiones de la política local: por considerarse un problema para el gobernador.El mismo sitio publicó después una denuncia de violación de la funcionaria provincial aludida contra el magistrado.En la semana, Verbitsky pasó un par de veces por la Casa Rosada.“Las grabaciones clandestinas fueron manipuladas”, agregó en la carta Baca, a quién se le inició un proceso de juicio político en su contra en la Legislatura local.El juez había sido nombrado por Morales a mediados de diciembre del 2015 junto a Beatriz Elizabeth Altamirano, Laura Nilda Lamas González y Federico Francisco Otaola. El gobernador, recién asumido, amplió el número de jueces de la Corte local de esa manera de cinco a nueve miembros.“(Orieta) Se alejó de la gestión y posteriormente se sumó al proyecto político que llevó en las últimas elecciones al actual senador Guillermo Snopek como candidato a gobernador”, aludió Baca en relación a la grave denuncia por violación, que habría tenido lugar en su despacho tiempo atrás.El Presidente y el gobernador, la semana pasada, junto a otros mandatarios provinciales y ministros, en Olivos La Justicia local quedó de esta manera politizada por los movimientos de las últimas semanas.El proyecto presentado por Snopek -cuñado del gobernador-, que se discutió en la Cámara alta en la semana sin definiciones y que propone la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy, tuvo una fuerte repercusión en el oficialismo y en el seno de Cambiemos, que quedó en alerta.El propio Morales, enfrentado en duros términos con su cuñado, lo habló en privado con Alberto Fernández, quién, en teoría, le manifestó que su Gobierno no apoyaba la iniciativa, a pesar de que contó con el silencio, interpretado como respaldo, de la vicepresidenta Cristina Kirchner.El gobernador encabezó en esa línea una marcha por las calles de la capital jujeña hace poco más de una semana, que iba a contar con la presencia de los principales dirigentes de la coalición opositora, que al final no fueron de la partida por un pedido del propio mandatario, como un gesto de distensión con el Presidente.Morales, sin embargo, fue después a buscar apoyo político al Senado, y tuvo el respaldo de varios dirigentes de Cambiemos, que sí lo acompañaron con una movilización en las puertas del Congreso, a principios de semana.En medio de esos chispazos y presiones, el presidente del Tribunal Superior, uno de los cuatro jueces nombrado por el gobernador, presentó su renuncia.Seguí leyendo:En el Senado, el Frente de Todos avanzó con el proyecto para intervenir la Justicia de Jujuy, pero dilató una definición

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El Gobierno evalúa el cierre de todas las fronteras terrestres para frenar el avance del coronavirus

Los ministros De Pedro y Frederic, en una recorrida en el paso de Iguazú (Crédito: Fotografía Ministerio del Interior)El presidente Alberto Fernández evalúa en estas horas la posibilidad concreta de cerrar todas las fronteras terrestres de la Argentina en el caso de que se acelere el avance de casos de contagio de coronavirus, en una medida similar a la que tomó con la cancelación de vuelos internacionales provenientes de las zonas afectadas por la pandemia.Según explicaron hoy a Infobae fuentes calificadas de la Casa Rosada, el jefe de Estado se encuentra monitoreando a cada momento la evolución de los casos de coronavirus confirmados en el país -que de momento son 34- y cree que es viable un cierre total de fronteras como medida preventiva, tal como lo hicieron varios países del mundo, entre ellos, Israel e Italia.“Varios países de la región están estudiando también el cierre de sus fronteras en el caso de que la situación empeore”, confirmó un allegado a Alberto Fernández. El Presidente analizó el tema con los ministros de Salud, Ginés González García; de Seguridad, Sabina Frederic, y de Interior, Wado de Pedro, entre otros.Desde la Casa Rosada explicaron que el cierre de los 160 pasos fronterizos terrestres de la Argentina sólo se implantaría para las personas aunque no así para las mercaderías. La idea es que no se vea afectada la economía más de lo que ya la está afectando esta pandemia.El decreto presidencial que se emitió esta semana para enfrentar el avance del coronavirus suspendió temporalmente los vuelos internacionales de pasajeros provenientes de las “zonas afectadas”, durante el plazo de 30 días, así como facultó a la autoridad de aplicación para “disponer excepciones a fin de facilitar el regreso de las personas residentes en el país, aplicando todas las medidas preventivas correspondientes y para atender otras circunstancias de necesidad”.Ese decreto no decía nada del cierre de fronteras terrestres por lo que se debería fijar una nueva norma en caso de que se concrete la decisión presidencial. Esto es lo que evaluaron con el presidente Alberto Fernández los ministros del Interior y de Seguridad en la reunión en la que se analizó el tema con mayor rigurosidad y evaluación de impacto.Por ejemplo, el paso fronterizo de Iguazú, en la provincia de Misiones, sería el que más dificultades presentaría ya que después del aeropuerto de Ezeiza es el que mayor tránsito de personas recibe. Allí circulan más de 11 millones de personas al año.Este viernes, los ministros De Pedro y Frederic se trasladaron justamente al paso de Iguazú junto al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, para una visita de inspección. Los funcionarios nacionales aseguraron que desde el Estado se están tomando las medidas necesarias para contener la propagación de virus y que, además, en el país se está actuando según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).El cierre de fronteras sólo sería para casos de personas no para mercaderíasEn ese marco, el ministro De Pedro aseguró que “se está fortaleciendo, junto al Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud, el monitoreo de los movimientos de personas en nuestra frontera”.“El Presidente nos encomendó, junto a la ministra de Seguridad, fortalecer los controles, monitorear, recorrer y estar cerca de las necesidades de la gente, como así también verificar que se cumplan los protocolos”, añadió el funcionario durante la visita.A su vez, la ministra Frederic supervisó el trabajo de la Gendarmería Nacional, que es la fuerza federal que tiene jurisdicción en los pasos fronterizos y se analizó el refuerzo de dotación de efectivos para garantizar una mayor agilidad en los trámites sanitarios de control de ingreso de personas.Seguí leyendo:El Gobierno oficializó el protocolo ante casos sospechosos de coronavirus en establecimientos educativosCrece la preocupación en los sindicatos por la seguridad de los trabajadores ante el avance del coronavirus

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Ginés González García, sobre la decisión de no suspender las clases: “Puede cambiar mañana porque hay que actuar a la velocidad del virus”

(Infobae)El ministro de Salud, Ginés González García, se refirió este jueves a la decisión del gobierno nacional de no suspender las clases en escuelas y universidades, pese al avance del coronavirus en el país. “El tema de las escuelas lo dijimos ayer: lo que decimos hoy por ahí se cambia mañana. Tenemos que actuar a la velocidad del virus y prevenir”, explicó. "Cada distrito tiene situaciones distintas con respecto al coronavirus. Y como tal, tiene toda la potestad. Nosotros lo que dijimos ayer es que la escuela que tiene un caso sospechoso, cierra el aula; la escuela que tiene un caso comprobado, cierra la escuela. Y por supuesto, si la autoridad local considera que hay circulación del virus, cierra todas las escuelas, por lo menos de esa ciudad”, detalló en una rueda de prensa.Por otra parte, adelantó que en las próximas horas el Gobierno publicará “una resolución para frenar el ingreso de extranjeros que estuvieron en zonas de circulación del virus” y aseguró que el Ejecutivo apunta a descentralizar el procedimiento de detección del coronavirus: “Es inminente que cinco o seis lugares que empiecen a hacer esto. La idea es llegar a 30 o 35 laboratorios en todo el país”.El ministro de Salud también brindó detalles sobre cómo están los infectados por el dengue en diferentes provincias del país (Osvaldo Fanton/telam/aa)En diálogo con la prensa, luego de recorrer el laboratorio del hospital Malbrán, González García destacó que Argentina todavía está “en fase de contención pero no quiere decir que esté contenido”. “Obviamente no es original de acá el virus. Ha sido un virus que ha venido a través de gente que llegó de otros países. Estamos preparando junto al Ministerio del Interior una resolución que la van a tener ustedes dentro de un rato, porque la estamos terminando, que va a poner mucho más freno al ingreso de extranjeros que en los últimos 14 días hayan estado en zonas donde existe circulación viral”, precisó. En tanto, el funcionario resaltó que el Ejecutivo busca que el laboratorio del hospital Malbrán deje de ser el único que realiza las pruebas para determinar si una persona tiene coronvarius y dijo que eso “genera una demora mayor". En esa línea, agregó: "Desde que entran acá hasta que salen hay un procesamiento de 12 horas. Las provincias tienen que hacer un trabajo: si no es influenza, si es gripe, sí lo hacen descentralizado. Tienen que venir con eso. Es un procedimiento que estamos mejorando, buscando reactivos rápidos”.El titular de la cartera de Salud brindó explicaciones sobre cómo está la situación con respecto al avance del coronavirus (Casa Rosada) (ESTEBAN COLLAZO/)“Está prevista la descentralización, el curso para la gente que va a trabajar en distintas provincias y es inminente que hagamos cinco o seis lugares que empiecen a hacer esto. La idea es llegar a 30 o 35 laboratorios descentralizados en todo el país”, adelantó.Además, aseguró que si bien el del Malbrán “es un laboratorio de referencia mundial y el único reconocido por la OMS en Argentina", están buscando “agilizar el trabajo del laboratorio, al que le hemos puesto todos los recursos a disposición". "Están trabajando doble turno, sábados y domingos. También estamos planificando la descentralización. No es tan simple porque hay que capacitar al personal”, explicó. En otro orden de temas, hizo referencia a los controles fronterizos que está realizando el Ejecutivo con el fin de fortalecer los controles en los ingresos de extranjeros que puedan venir de país donde haya circulación del virus. “Estamos trabajando con Migraciones y hay muchos extranjeros que ingresan por dos fronteras: la de Mendoza y la de Foz de Iguazú en Misiones. Creemos que es una medida importantísima para bloquear todas las posibilidades. Después lo demás es una adivinanza, uno hace todo lo que pueda, primero para que no pase y segundo, cuando entremos a la próxima fase, para que si pasa esté bien contenido", expresó.También aseguró que para el Gobierno hay “máxima prioridad sobre el tema” y que el “Presidente encabeza todo esto y nos asignó recursos en esta circunstancia”; y que están trabajando junto a todas las provincias para estar preparados frente a un recrudecimiento de los casos de coronavirus. El ministro de Salud adelantó que el gobierno nacional tomará medidas más estrictas con los extranjeros que entren al país proveniente de países con circulación del virus (REUTERS/Matías Baglietto) (MATÍAS BAGLIETTO/)Otro de los temas que tocó fue el virus del dengue, que resulta ser un problema grave para muchas de las provincias que están en el nordeste de la argentina. “Con el tema dengue la buena noticia es que un laboratorio va a hacer un test de diagnóstico pronto que se desarrolló en una universidad argentina", indicó, al tiempo que resaltó que “si esto funciona podemos tener -en estas semanas- un test de diagnóstico rápido”. "Esto sirve para bloquear la transmisión del virus. Está muy centrada en algunas provincias, cercadas por países muy epidémicos, como Paraguay y Brasil. Estamos en una fase de pico de epidemia en varias provincias”, sostuvo.Por último opinó sobre la decisión del club River Plate de no presentarse a jugar la primera fecha de la Copa de la Superliga con Atlético Tucumán como forma de prevención frente a la propagación del coronavirus. “Es una decisión del club, no puedo decirle nada. El problema es que la gente siempre quiere que se haga más. Y por supuesto que hay hacer todo lo que hay que hacer, pero si no se hace en conjunto no sirve”. Además, dejó en claro que esa decisión supera los límites de su autoridad. “Yo no me meto. En esto no puedo opinar. Todo esto tiene que ser gradual", sostuvo. Seguí leyendoCuánto le costará el coronavirus a la economía argentinaEl Gobierno evalúa el cierre de todas las fronteras terrestres para frenar el avance del coronavirus

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El Gobierno oficializó el protocolo ante casos sospechosos de coronavirus en establecimientos educativos

El ministro de Educación, Nicolás Trotta.Ante el avance del coronavirus a nivel global y dentro de la Argentina, donde hasta el momento se registraron 34 infectados y dos muertos, el Gobierno publicó este sábado el protocolo que las instituciones educativas deben seguir si detectan algún caso sospechoso o confirmado de contagio en alumnos, maestros, directivos o personal no docente. La medida se comunicó través de la Resolución 103/2020 que se publicó en el Boletín Oficial.El documento, que lleva la firma del ministro de esta área, Nicolás Trotta, estableció las medidas de seguridad y prevención que tienen que tomar las autoridades de cada establecimiento si se encontraran ante alguno de estos supuestos, que van desde la identificación y aislamiento del posible enfermo hasta la clausura total del lugar por un tiempo determinado.De esta manera, se decidió que, “ante la confirmación médica de un caso de Coronavirus” que afecte a cualquier persona de las categorías antes mencionadas, se “deberá proceder a la suspensión de clases y cierre de dicho establecimiento por el plazo de 14 días corridos”.Asimismo, si se trata de un posible infectado que todavía se estuviera analizando, tendrá que “procederse al cierre del o los grado/s o sección/es del establecimiento educativo donde desarrollan sus tareas, hasta tanto se cuente con el resultado del test que descarte la sospecha, o por un plazo máximo de 14 días corridos desde la notificación”.En tanto, si el que se sospecha que pudo haberse contagiado del virus es un “personal directivo, docente que no se encuentre frente al aula, auxiliar o no docente”, el procedimiento que se establece es el “autoaislamiento obligatorio de la persona afectada y de sus contactos estrechos” que tiene en ese lugar hasta que se descarte la presencia de COVID-19 o por el mismo período antes señalado.La Universidad Nacional de Córdoba decidió suspender las clases momentáneamente. “En estos casos no procederá la suspensión de clases en el establecimiento educativo, debiendo llevar a cabo la desinfección y limpieza indicados por la autoridad sanitaria”, agregaron las autoridades nacionales sobre este último supuesto.Como excepción, el Ministerio de Educación aclaró que "no deberán cumplir con la rutina de autoaislamiento obligatorio las personas que habiten en el domicilio del personal directivo, docente, auxiliar o no docente o estudiantes calificados como ‘contacto estrecho’ de un caso sospechoso”.Además, la cartera que dirige Trotta resaltó que estas medidas “alcanzan a todos los establecimientos educativos públicos o privados de todos niveles” y le solicitó “a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, así como también “a las instituciones de educación superior”, que las adopten a partir de la publicación de esta Resolución.Por el momento, el Gobierno decidió continuar de forma normal con las clases. (Foto NA/BA Noticias) ((NA)/)El Ministro ya había informado días atrás que su área está “cumpliendo con lo que dice el protocolo vinculado a los casos sospechosos” de coronavirus que difundió en su momento el Gobierno nacional, lo cual implicaba aislar a los posibles infectados, entre otras cosas.Además, el funcionario adelantó que está estudiando diferentes herramientas de enseñanza a distancia para que los alumnos puedan "darle continuidad a todos los procesos de aprendizaje desde los hogares”, en caso de que el Poder Ejecutivo decida suspender las clases a nivel nacional.Si bien los expertos consideraron que, por el momento, no es necesario el cierre general de los establecimientos educativos debido a que aún “no hay circulación comunitaria del virus”, algunas universidades y colegios privados suspendieron su actividad por el momento.De la misma forma, la provincia de Jujuy interrumpió el ciclo lectivo para evitar la propagación de la enfermedad, mientras que Misiones optó por discontinuar las clases durante 15 días e implementar una plataforma virtual de educación a distancia, aunque en este último caso es principalmente por el brote de dengue.Seguí leyendo:Pese a la recomendación oficial, algunas universidades y colegios privados suspendieron las clasesCoronavirus: el Gobierno estudia herramientas de enseñanza a distancia para implementar en caso de que se suspendan las clasesTres mitos a desmontar en torno a la identidad política de los desaparecidos

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La CGT ofrecerá los hoteles sindicales para alojar a quienes tengan que quedar aislados por el coronavirus

José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la CGTLa CGT pondrá a disposición del Gobierno la estructura de hoteles que tienen los sindicatos en todo el país para alojar a las personas que deban cumplir con la cuarentena obligatoria de 14 días que se dispuso por decreto ante el avance del coronavirus en la Argentina.Así lo adelantó a Infobae el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri, líder del gremio de Obras Sanitarias, que sostuvo que, en caso de que la Casa Rosada acepte la oferta sindical, será una forma de descomprimir el sistema de salud y evitar que colapsen los hospitales y los sanatorios si llegara a aumentar en el país el número de enfermos o de sospechosos de haberse contagiado.Se estima que, de esa forma, podría duplicarse la capacidad de alojamiento que tiene hoy la estructura sanitaria de la Argentina y dar una solución alternativa a quienes tienen que hacer la cuarentena obligatoria y sean casos que no revisten gravedad.El sindicalista, que dijo haber consultado la propuesta con los titulares de la central obrera, Héctor Daer y Carlos Acuña, aseguró que si se utilizan los hoteles sindicales será más barato que ocupar las camas de hospitales, clínicas y sanatorios existentes, aunque advirtió que la CGT pedirá ayuda al Estado para contar en aquellos lugares con médicos, respiradores y asistencia alimentaria.“No nos inspiramos en ninguna experiencia parecida en otras partes del mundo. Fue una idea nuestra y creemos que se puede convertir en un aporte de la CGT y del sistema de obras sociales sindicales, que brinda asistencia médica a unos 15 millones de personas en todo el país”, dijo Lingeri.Los sanatorios del sector privado comenzaron a recibir infectados y sospechosos de haberse contagiado La CGT está dispuesta a reunirse cuanto antes para instrumentar esta asistencia con el ministro de Salud, Ginés González García, y estaría organizando una reunión con el titular de Salud porteño, Fernán Quirós, que podría tener lugar el lunes próximo, a las 17, para ofrecerle la red de hoteles sindicales a quienes tengan que cumplir la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires.La propuesta cegetista surgió ayer en un encuentro que mantuvieron Lingeri y el equipo de técnicos que integran el Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social (IISSS), que fue creado en 2013 por la central obrera y que presiden Gabriel Lebersztein (director médico de la obra social de Comercio) y Luis Scervino (director médico de la obra social de Obras Sanitarias).Allí se analizó la situación generada en el país por el avance del coronavirus y el impacto que tendrá en el sistema de salud, por lo que surgió la idea de poner a disposición la enorme red de hoteles que tienen los sindicatos en el país para aliviar la demanda de camas en hospitales, clínicas y sanatorios.Para eso, de todas formas, el Estado tendría que brindar una habilitación provisoria a estos hoteles para que puedan alojar pacientes y convertirse así en auxiliares del sistema de salud.Participaron del encuentro que encabezó Lingeri los presidentes de algunas de las principales obras sociales sindicales, que también integran el instituto.La reacción de la CGT está asociada con la preocupación que genera el coronavirus en todo el gremialismo. Como anticipó Infobae, los sindicatos del transporte, en particular, multiplicaron los contactos en las últimas horas con las autoridades de los ministerios de Salud y de Transporte para intentar garantizar la seguridad de los trabajadores del sector.Los hospitales de algunas ciudades del mundo están colapsando por la cantidad de casos de afectados por el coronavirus (Stringer ./)Si bien causó alivio que el Gobierno anunciara la creación de tres comités de crisis para coordinar acciones en el transporte automotor, ferroviario y fluvial, marítimo y lacustre, hay sindicatos que ya tomaron medidas ante el endurecimiento de las medidas de prevención contra el coronavirus.El gremio de aeronavegantes, por ejemplo, decidió no servir más comida y bebida en los vuelos de cabotaje de varias compañías y dejó en libertad de acción a la tripulación de cabina a trabajar o dejar de hacerlo, mientras que la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que agrupa a los choferes de ómnibus, reclamó al Gobierno un protocolo que minimice los riesgos de contagio a quienes manejan.Entre los sindicalistas del transporte causó inquietud que el decreto que estableció la emergencia sanitaria no incluyera específicamente a quienes se desempeñan en el sector. Lo admitió el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, quien dijo que veía “muy bien” las medidas contempladas en el decreto presidencial para prevenir el coronavirus, pero también criticó al Gobierno porque consideró que deberían contemplarse situaciones como las del personal aeronáutico.”El decreto nos deja con el mismo trato que un ciudadano común y los trabajadores del transporte aéreo tienen que tener un apartado especial", afirmó.Seguí leyendo:El Gobierno evalúa el cierre de todas las fronteras terrestres para frenar el avance del coronavirusLas Fuerzas Armadas fabricarán alcohol en gel y barbijos para la prevención del coronavirusEl Gobierno oficializó el protocolo ante casos sospechosos de coronavirus en establecimientos educativos

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Los curas villeros, en contra del aborto: “Cuando se niega el derecho a vivir, todos los derechos humanos quedan colgados de un hilo”

Los curas villeros, en contra del aborto: “Cuando se niega el derecho a vivir, todos los derechos humanos quedan colgados de un hilo”El equipo de Curas de Villas y Barrios Populares de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires emitió un documento en el que expresaron su rechazo a la legalización del aborto, al considerar que “no está en las prioridades de los más pobres". Desde la parroquia Virgen de Caacupe de la villa 21-24, en Barracas, los sacerdotes expresaron en ese sentido “su compromiso con la lucha por la Cultura de la Vida” y la “valoración de la vida de las mujeres pobres”.Bajo el título “Cuidando la Vida construimos nuestros barrios. Algunas consideraciones sobre el drama del “aborto”, los curas villeros sostienen en el documento que “cuando se niega el derecho a vivir (...) todos los derechos humanos quedan colgados de un hilo". Si bien admiten que el aborto es una problemática que existe para las mujeres, creen que la interrupción del embarazo “no es camino de solución a los profundos problemas que sufren”.Aseguran que entienden a quienes abordan el tema como una cuestión de salud pública, pero consideran que “estos argumentos conciben a la salud desde un enfoque aislado, como si lo seres humanos no fuéramos relación, vínculos, espíritu”. Al respecto, agregaron: “Comprendemos que está en juego la salud, pero también comprendemos que no se puede alcanzar la salud descartando a otro ser humano. Por eso, para las mujeres de nuestros barrios, el aborto es vivido como un drama existencial, personal y comunitario”.Señalan también en el documento que “a las mamás que sufren situaciones dramáticas hay que acompañarlas y poder ayudarlas con su embarazo, como hacen muchas vecinas que ayudan en situaciones difíciles, cuando no hay nadie más que ellas". En otro segmento del documento, los curas apuntaron contra los organismos internacionales que prestan dinero a la Argentina, ya que “sugieren políticas de control de crecimiento de la población", aunque no ofrecieron datos concretos que sostuvieran esta afirmación. “Esto apunta directamente a nuestras villas y barrios donde en vez de reducir la pobreza se reduciría la cantidad de pobres”, agregaron. Criticaron “la cultura del descarte” que -dicen- promueve deshacerse de todas aquellas personas que “molestan” y se interponen en lograr la comodidad y el confort.“El papa Francisco ha denunciado innumerables veces la cultura del descarte de nuestras sociedades: los viejos, los inmigrantes, las personas con discapacidad, los pobres y los niños por nacer molestan, nos piden atención, nos piden cuidado, nos ‘quitan’ comodidades y privilegios; entonces hay una fuerte tendencia a descartarlos, a quitarles el derecho a la existencia. Los proyectos individuales, el nivel de consumo, el bienestar y el confort, por sobre todas las cosas, son los que mandan”, sostienen. “Si aparece alguna excusa para eliminar una vida humana inocente, siempre aparecerán razones para excluir de este mundo a algunos seres humanos que molesten”, añadieron.A lo largo del documento, los sacerdotes se refirieron a la situación de las mujeres pobres que defienden el derecho a la vida y que a pesar de su situación llevan adelante su tarea como madres. “Queremos hacer notar, una vez más, el compromiso y valoración de la vida de las mujeres pobres. Las mujeres de nuestros barrios son profundamente progresistas. No se dejan seducir por el individualismo y asumen en sus decisiones los valores de la comunidad. Muchas veces son madres de sus hijos y de los del pasillo. El testimonio cotidiano de las mujeres de los barrios populares nos permite descubrir un paradigma de pensamiento profundamente ligado a la vida, una vida encarnada en ellas y dada a luz con tremendo amor y ternura, una vida que se amamanta y se lleva en los brazos, una vida frágil que se cuida y se acompaña a crecer”, expresaron.“Muchas veces miramos a los países poderosos y ‘desarrollados’ de nuestro mundo. En muchos de ellos está legalizado el aborto. Y en muchos casos se descarta así a los niños que van a nacer con Síndrome de Down. La lógica de los poderosos, de los fuertes, que deciden sobre los que menos posibilidades tienen, es la lógica dominante en nuestro mundo de hoy. Y esto también, de alguna manera, se traslada al tema de la niña o niño por nacer”, platearon el documento.Finalmente, el grupo de curas indicó que no alcanza con respetar la vida del niño por nacer sino que hay que trabajar aún más para que tengan una vida digna. “Es obvio, la propuesta de una vida digna no acaba con el nacimiento de la niña o el niño. Estos necesitan calor de familia-comunidad, necesitan nutrirse bien, necesitan jardín y escuela, necesitan acceder a la atención médica adecuada, necesitan que los clubes sean espacios sanos y dichosos donde desplegar sus potencialidades, etc. Y si en nuestra patria la mayoría de los pobres son niños y adolescentes, ellos deben ser los privilegiados”, concluyeron.Seguí leyendoAlberto Fernández visitó a los curas villeros y les prometió trabajar juntos para combatir el hambre y la drogaEn el Día del Pontífice, los curas villeros pidieron “dejar de manipular” la figura del papa Francisco con fines políticos

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El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal pidió la declaración de la feria judicial por el coronavirus

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (DyN)El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la inmediata declaración de feria judicial por al menos 15 días para evitar la propagación del coronavirus.A través de una nota, la entidad advirtió que el masivo tránsito de abogados, magistrados, empleados y justiciables convierte a los tribunales en una zona de altísimo riesgo de contagio y propagación de la enfermedad.Asimismo, el CPACF dejó en claro que la declaración de la feria está en consonancia con el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el Presidente Alberto Fernández en el que se declara la ampliación de la emergencia sanitaria, y con las acordadas de la propia Corte a donde dispuso licencias excepcionales en el Poder Judicial como consecuencia de la pandemia.El Colegio de Abogados de la Capital presentó además dos notas del mismo tenor ante el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.Nota del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal solicitando la declaración de feria judicial para evitar el contagio del coronavirus en tribunalesEl Poder Judicial empezó a aplicar las recomendaciones del Ministerio de SaludLa Corte Suprema de Justicia dispuso hoy aplicar en el ámbito de todo el Poder Judicial de la Nación las medidas recomendadas por el ministerio de Salud para la prevención del coronavirus y otras enfermedades respiratorias.“En función del carácter dinámico de la situación epidemiológica”, también se aplicarán las recomendaciones de ese ministerio “que en el futuro se dicten”, agregó la Resolución 514/2020, firmada esta mañana por el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz y los ministros Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.En la norma, la Corte ordenó además que el Departamento de Medicina Preventiva Laboral y la de Recursos Humanos la “mantenga informada”, como así también a todas las Cámaras Federales Nacionales, los Tribunales Orales y demás dependencias sobre las recomendaciones de prevención que esa cartera dicte en el futuro.Asimismo, la Corte decidió “la creación de una comisión para el seguimiento y control de la situación epidemiológica en el ámbito del Poder Judicial de la Nación”. Esta comisión, que “reportará” al máximo tribunal, "estará conformada por el Decano del Cuerpo Medico Forense, el Director de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, el Subdirector General del Departamento de Medicina Preventiva Laboral” de la Corte, consignó el documento conocido hoy.La Resolución 514/2020 fue dictada por las medidas de prevención sugeridas por el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral, “a fin de impedir la propagación del virus”.El martes último, la Corte resolvió la aplicación en el ámbito del Poder Judicial de la Nación de una licencia excepcional, con goce de haberes, para magistrados, funcionarios y empleados que regresen al país procedentes de áreas donde se propaló el virus.Según la Acordada 3/2020, la medida fue tomada para “preservar la salud del personal del Poder Judicial de la Nación como así también la de todas las personas que concurran a los tribunales” y “contribuir con la contención de la propalación de la infección por coronavirus”.Anteayer la Cámara Federal de Casación Penal recomendó a los tribunales bajo su jurisdicción que se limite el traslado de detenidos y que se prioricen las "videoconferencias" para evitar “aglomeraciones" en las salas de audiencia, con el fin de no propagar el coronavirus.La resolución fue firmada por los camaristas Ana María Figueroa, Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci y Eduardo Riggi, también siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud.Seguí leyendo:Medidas en la Justicia por el coronavirus: médicos de guardia, distancia en las audiencias y alcohol en gel en todos los juzgados

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Un intendente bonaerense abrió las sesiones del Concejo Delibertante con un discurso ‘celeste’

Jaime MéndezUn sector de la dirigencia política de San Miguel es “celeste”. Durante el debate de la ley de interrupciónd el embarazo en 2018 el ex intendente Joaquín de la Torre y su sucesor, Jaime Méndez, lideraron las movilizaciones en contra. Este año se preparan para repetir. Quedó claro en el mensaje del jefe comunal en la inauguración de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante: “Queremos reafirmar nuestro compromiso con el primero de los derechos que tienen nuestros vecinos y nuestros compatriotas, que es el derecho a la vida”, arrancó y reivindicó la misa en la Basílica de Luján del último domingo, convocada bajo el lema “Sí a las Mujeres, sí a la Vida”.Esta semana estaba previsto que el Ejecutivo Nacional enviara al Congreso el proyecto de despenalización del aborto y también la iniciativa llamado “1000 días” para ayudar a las mujeres embarazadas con dificultades y luego durante los tres años siguientes a sus hijos pero se frenó ante el impacto que provoca el coronavirus y las necesidades más urgentes de la gestión.“Ningún argentino puede quedar afuera de la comunidad que pretendemos sostener y de la Patria que queremos reconstruir”, arengó el intendente y recordó la histórica posición de su municipio. Apeló además a las palabras del presidente Alberto Fernández respecto a su política de “empezar por los últimos para llegar a todos”. “Nos preguntamos por qué se pretende dejar de lado a los más indefensos de todos”, reprochó.Ante 23 de los 24 concejales y acompañado por los funcionarios de la intendencia, Méndez celebró el proyecto de los “1000 Días” anunciado por el jefe de Estado. "Es lo que hacemos en San Miguel desde hace muchos años, pero no dejamos de advertir que la intención de legalizar el aborto aparece como la contracara de esta declamada nueva política... ¿qué es lo que diferencia a los niños a proteger de los niños a eliminar?”, se preguntó el sanmiguelino que junto con De la Torre pasó del peronismo a Juntos por el Cambio.Además de un racconto de su gestión pasada y sus proyectos para este nuevo mandato, se refirió a obras para las que necesitará trabajar en conjunto con Nación y Provincia, como las cloacas que dependen de una ex aliada, Malena Galmarini, del Frente Renovador y presidenta de AySA. “Contamos muy especialmente con el aporte que en estos temas puedan brindar, más allá de los espacios políticos que representan, o precisamente por eso. Todos nuestros vecinos, a quienes ustedes y yo nos debemos, así lo merecen”, pidió ayuda a propios y ajenos.

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Río Negro, Entre Ríos y La Matanza declararon la emergencia sanitaria

La entrada del sanatorio Agote en la ciudad de Buenos Aires, donde estuvo internado el primer contagiado (Foto: Thomas Khazki)Luego de que ayer el presidente Alberto Fernández firmara un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia sanitaria a un año y ordena la suspensión por 30 días de los vuelos internacionales provenientes desde las zonas más afectadas por el coronavirus, las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Entre Ríos y el municipio de La Matanza hicieron lo propio.Ayer por la tarde, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también decretó la emergencia sanitaria por 180 días y suspendió por 15 días los eventos culturales, deportivos, artísticos y sociales de concurrencia masiva.El Decreto 132 firmado por el mandatario bonaerense dispone “dar una respuesta integral e inmediata en la actual fase de contención del virus Covid-19 (coronavirus)” y para que el Ministerio de Salud provincial pueda instrumentar las medidas necesarias para actuar de manera eficiente y detectar casos sospechosos tempranamente, así como monitorear brotes y contribuir a la prevención.En tanto, este viernes, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, decretó la emergencia sanitaria provincial en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Viedma se registró el único caso de la provincia, una docente de 32 años que se encuentra internada en el hospital Artémides Zatti en buen estado de salud; además en la ciudad de San Carlos de Bariloche se estudia otro posible caso de un niño de 4 años.Según fuentes del gobierno provincial, “esta medida regula y ordena el funcionamiento de los distintos estamentos del Estado, ratificando el orden de las decisiones que se toman”. “Tiene vigencia por un año, prorrogable en caso de persistir la situación epidemiológica”, completaron. La mandataria rionegrina será la única autoridad de quien emanen la instrucciones que deberán seguir los funcionarios, agentes públicos y ciudadanos.A su turno, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, también estableció la emergencia sanitaria en todo el territorio provincial y suspendió cualquier tipo de “acto o reunión recreativa, cultural, deportiva u oficial de grupos de más de 40 personas” para “evitar el contagio” de coronavirus.“La emergencia está decretada y las medidas van a ir variando muy rápidamente, continuamente van a estar cambiando de acuerdo al avance de la propagación del virus en nuestro territorio”, dijo Bordet en conferencia de prensa.El mandatario provincial resaltó que también desarrollarán “otras medidas para favorecer desde el Estado a la implementación de recursos materiales y humanos para rápidamente evitar la propagación del virus” que comenzó en la ciudad china de Wuhan.En tanto, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, también declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio municipal por espacio de 180 días en un decreto mediante el que también se creó el Consejo para la Emergencia Sanitaria Municipal, de carácter interinstitucional e interdisciplinario.El decreto le permite a la Secretaría de Economía y Hacienda destinar partidas presupuestarias para atender la emergencia y establece que el Municipio adhiere “en todos sus contenidos y efectos, a las disposiciones provinciales, previstas en el Decreto Nº 127/20”.“La característica distintiva de este Consejo para Emergencia Sanitaria es su carácter interinstitucional, ya que estará conformado por: autoridades sanitarias públicas y privadas, directivos de hospitales públicos del distrito, organizaciones profesionales vinculadas a la Salud, representantes de efectores sanitarios privados, Defensa Civil, miembros del Honorable Consejo Deliberante, la Defensora del Pueblo de La Matanza, autoridades provinciales de Educación pública y privada, autoridades del Consejo Escolar, universidades públicas y privadas, autoridades judiciales, iglesias y entidades confesionales, cámaras empresariales y de comercio, colegios de profesionales, entidades gremiales, Federación de Centros de Jubilados, clubes e instituciones de bien público, Fuerzas de Seguridad y fuerzas vivas de la comunidad”, informó el municipio en un comunicado.Por último, el municipio bonaerense de Chascomús suspendió por 15 días “todos los espectáculos y eventos culturales, recreativos y artísticos”, aunque la intendencia de Javier Gastón mantuvo un acto programado para el lunes 16 de marzo para la entrega de dos mil tarjetas del plan AlimentAR, una decisión que despertó las críticas de la oposición.

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Imputaron a Gabriela Michetti por la denuncia que le realizó el Senado que preside Cristina Kirchner

La Vicepresidente explicó que se involucró en el debate por el aborto para "equilibrar los tantos" dentro de Cambiemos, por aquellos legisladores oficialistas que apoyan el proyecto. “¿Y la división de poderes? Te la debo” acota el historiador, que no deja pasar una.La ex vicepresidenta Gabriela Michetti quedó este viernes imputada en una denuncia que promovió en su contra el departamento de Asuntos Jurídicos del Senado, encabezado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, indicaron a Infobae fuentes judiciales.La fiscal Paloma Ochoa impulsó la investigación que tiene también como imputados a Helio Rebot, ex secretario administrativo del Senado de la Nación; y a Germán De Vincenzo, presidente de la empresa Dinale S.A. El delito investigado es defraudación a la administración pública y negociación incompatible.En su requerimiento ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi, la fiscal solicitó una serie de medidas que tienen que ver con la recolección de documentación por las contrataciones a empresas y los pagos recibidos, así como una serie de testimoniales que solicita que se ordenen en busca de recabar información, señalaron las fuentes.Según indica la denuncia, Dinale, que no era una firma proveedora del Senado, fue elegida para llevar adelante las obras “Readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo Alfredo Palacios del HSN”, “Reestructuración de vías de escape, contraincendio, pleno de escalera, nuevo ascensor - Sector Solís” y “Readecuación del tablero principal de distribución de baja tensión, sus celdas y llaves de salida del Edificio Anexo Alfredo Palacios”.Las supuestas irregularidades fueron detectadas a partir de una serie de informes elaborados por la Dirección de Obras y Mantenimiento, ya que la empresa Dinale reclamaba los pagos de los trabajos que se le estaban abonando. En los informes se habrían detectado “serias deficiencias e irregularidades tanto en el trámite de licitación como en el proceso de ejecución de las obras en cuestión”.En el dictamen, la fiscal señala que la abogada Graciana Peñafort, encargada del área de Jurídicos del Senado, afirmó que “en todos lo casos se verificó ‘de manera sistemática’ la asignación de obras por parte de Decretos Presidenciales firmados tanto por la Presidencia del Senado, a cargo de Michetti como por su secretario administrativo, Dr. Rebot, a la vez que se verificaron otorgamientos suscriptos por el nombrado de anticipos de 5 por ciento y solicitudes de adelantos excepcionales del 30 por ciento, que en todos los casos fueron aprobados ‘sin mayores análisis’, disponiéndose una autorización del 25 por ciento por parte de la autoridad administrativa y ‘llamativamente’ el posterior cobro de un 20 por ciento –es decir, un 5 por ciento menos de lo autorizado– en todos los casos, sin variación, a pesar de encontrarnos frente a obras cuyas características resultan particulares y cuyos montos difieren sensiblmenete unos de otros”.El dictamen también reseña que, de acuerdo a la denuncia, “llama la atención que los adelantos otorgados en incumplimiento de la normativa vigente, sin control alguno de su efectiva utilización, fueron suscriptos por el Dr. Rebot en algunos casos, en hojas membretadas sin fecha ni sello de cargo, actos que, por su irregularidad, jamás debieron dar lugar a la asignación de montos millonarios por fuera de la norma a una empresa que se encontraba realizando de manera defectuosa tres obras simultáneas en el Honorable Senado de la Nación –todas las cuales obtuvieron anticipos millonarios en idénticas condiciones pese a las supuestas diferencias que justificaron la realización de tres licitaciones en vez de una única–”.“Pese a las irregularidades manifiestas desarrolladas tanto en en el proceso licitatorio, adjudicación y posterior ejecución de obras existió por parte de diversos actores involucrados –esto es, desde la esfera de la administración pública como privada– una clara intención de proseguir con el desarrollo de maniobras que generaron un perjuicio directo a las arcas públicas, un manifiesto deterioro de las instalaciones del Senado y un posible beneficio de terceros hasta el momento, no identificados, todo ello empleando la autoridad que a cada actor le competía para transgredir las normas vigentes abusándose de la confianza otorgada y generando beneficios ulteriores de manera directa a la empresa Dinale SA en perjuicio de la administración pública”, dijo la denunciante. Y añadió que esas irregularidades “superan ampliamente la mera negligencia”.Sobre la base de esta denuncia, la fiscal motorizó un pedido de pruebas al Senado para solicitar toda la documentación, también los antecedentes de esta firma y reclamó una serie de testimoniales para comenzar la investigación.

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