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Economía

Wall Street definió que la Argentina entró en default y se gatilla el pago de unos USD 1.500 millones en seguros

Paul Singer, fundador y CEO de Elliott Management Corporation, una de las 14 entidades que definieron la situación de los seguros contra default de la Argentina (Steve Marcus/)El International Swaps and Derivatives Association (ISDA) hizo público hoy el resultado de sus dos jornadas de revisiones para determinar si el país incurrió en un “evento de crédito” que habilita la activación de los CDS, es decir, los seguros contra default (credit default swaps, en inglés). El comité determinó que el default es una realidad y que los seguros deberán pagarse. El monto, que se estima en unos USD 1.500 millones, será determinado en una subasta.Aunque el plazo de negociaciones con los acreedores del país se extendió y ya hubo un incumplimiento por USD 503 millones y aún ninguno de los tenedores de deuda de la Argentina solicitó la cesación de pagos, el Comité de Derivados para la región de América definió esta tarde que el país entró en default y habilitará el pago de los seguros.De esta manera, luego de 48 horas de conversaciones y varios días de espera –los plazos son más amplios como consecuencia de la nueva modalidad de encuentros remotos– los 14 bancos que conforman el ISDA determinaron que el país incurrió en un default y ahora los acreedores podrán acceder a sus seguros cuyo monto, según la agencia Bloomberg, alcanza los USD 1.500 millones.El comité decidió que “se ha producido un evento de impago de crédito” y que “el evento de impago de crédito con respecto a la entidad de referencia y las transacciones cubiertas se produjo el 22 de mayo de 2020”, entre otras definiciones más técnicas. También decidió “celebrar una subasta para liquidar las transacciones cubiertas”.“No está claro quién posee la mayoría de los swaps, ya que esa información rara vez es pública. Algunos inversionistas los compran para cubrir su exposición a bonos, mientras que otros los recogen como una apuesta contra la deuda de un país en particular. Elliott también formó parte del panel de swaps de default crediticio de Argentina en 2014. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien era ministro de Economía en ese momento, dijo en ese entonces que sospechaba que Elliott tenía los swaps y lo criticó por liderar “el capitalismo especulativo más miserable“. La firma negó en un tribunal de Estados Unidos en 2013 que poseyera los contratos de derivados, detalló Bloomberg.La definición del ISDA respecto de que la Argentina entró en default ahora abre un nuevo proceso. “Esto es un contrato entre privados en donde, una vez que estas 14 entidades definen que un país está en default, hay un plazo de 10 días en el que se fija una fecha para realizar una subasta. A los 30 días, el tenedor del seguro cobra en efectivo”, relata el proceso a Infobae el especialista en deuda Sebastián Maril. “Lo que se votó es si Argentina entró en default. No le afecta nada en términos económicos al país. No tiene que pagar nada. En un problema entre privados”, agregó.La reunión del ISDA sólo puede ser solicitada por una o varias de las 14 entidades financieras que lo conforman y que son las que votan: Bank of America, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho Securities, AllianceBernstein, Elliott Management, Citadel, PIMCO y Cyrus Capital.“No se sabe quién es el que pide la reunión, sí que es uno de los catorce miembros y que no lo puede pedir un bonista argentino. En este caso, hay uno de los miembros que también es acreedor, pero no significa que sea el que lo haya pedido”, explicó Maril.El juez Griesa solía habilitar los seguros de default Maril hace referencia a PIMCO, Pacific Investment Management Company, que se hizo conocido en el mercado local por tener el 40% del Bono de Política Monetaria (Bopomo).Una vez que el ISDA define que un país está en default, hay un plazo de 10 días en el que se fija una fecha para realizar una subasta. A los 30 días, el tenedor del seguro cobra en efectivo. Esto no tiene nada que ver si, en el lapso de esos 30 días que define la entidad, Argentina alcanza un acuerdo con sus acreedores que le permite levantar el default. Al declararse la cesación de pagos, el que tiene el seguro va a cobrar y después volverá a cobrar lo que sea de los bonos. Así lo detalló un informe de hoy de Reserch for Traders.El presidente del ISDA es Eric Litvack, Managing Director del Société Générale, mientras que el vicepresidente es Axel van Nederveen, Managing Director del European Bank for Reconstruction and Development. Tercero en la jerarquía, con el cargo de secretario de la entidad, se ubica Jack Hattem, Managing Director de Blackrock para el departamento de renta fija a nivel global.En el resto del directorio está integrado por otros 25 altos ejecutivos de grandes bancos y fondos como Pimco, HSBC, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Deustche Bank o RBC Market Capital. Entre los miembros, en tanto, se destaca otro de los nombres célebres entre los acreedores de la Argentina, el de Elliot Management, el fondo buitre de Paul Singer que litigó durante años contra el país hasta que acordó, en 2016, el pago que determinó la salida del default de 2014.El fiduciario de la Argentina oficializó el defaultEn paralelo a la decisión del comité que determina el pago de seguros contra default, el Bank of New York Mellon (BoNY), el fiduciario de la Argentina, comunicó a los inversores la oficialización del default argentino.A través de un “aviso de evento de impago” con fecha del 26 de mayo pasado, la entidad dijo que el país incumplió el vencimiento del 22 de abril por USD 503 millones y el período de gracia de 30 días. También recordó a los tenedores de esos bonos el derecho acelerar –volver toda la deuda futura pagadera en el presente– en caso de así desearlo, y con el acuerdo de tenedores con al menos el 25% del capital emitido.También, que el país reconoció el default: "La República ha reconocido los acontecimientos de incumplimiento mencionados anteriormente y ha asesorado al fiduciario de la siguiente manera: 'El 21 de abril de 2020, la República lanzó una invitación para presentar órdenes de canje de ciertos bonos elegibles, incluyendo los Bonos del 6,875% de la República con vencimiento en 2021, los Bonos del 7,500% con vencimiento en 2026 y los Bonos del 7,625% con vencimiento en 2046, por nuevos bonos. La invitación expira el 2 de junio de 2020”.Seguí leyendo:Wall Street definió que la Argentina entró en default y se gatilla el pago de unos USD 1.500 millones en segurosNueva señal de apoyo del FMI al Gobierno en medio de la negociación con los bonistasMás controles para comprar dólares: cómo es la declaración jurada obligatoria para poder comprar los USD 200 mensuales

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YPF aseguró que no está en sus planes otorgar licencias a sus empleados

La compañía negó que iba a licenciar empleados (ENRIQUE MARCARIAN/)YPF anunció que no tiene previsto otorgar licencia a sus empleados. Mediante un comunicado, la empresa expresó que “desmiente que tenga en sus planes licenciar a sus empleado” como publicaron algunas versiones periodísticas y que “no existe en la compañía ninguna iniciativa en ese sentido”.La petrolera de detalló que llegó “a un acuerdo con FSUPeH para que los trabajadores puedan seguir atravesando esta difícil situación. Además, y con mucho esfuerzo de todo el sector, se alcanzó un acuerdo entre todos los sindicatos petroleros del país y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos, para que los trabajadores de las empresas de servicios petroleros puedan cobrar hasta el 60% de sus salarios mientras no prestan servicios efectivos”.Hace 98 años que para YPF lo más valioso es su gente y continuará trabajando para garantizar su seguridad y proveer de la energía que el país necesita para salir de esta situación“En el marco de la pandemia COVID-19 -que obviamente afecta gravemente los ingresos de la compañía- YPF busca eficiencias para mitigar sus consecuencias y mejorar en cada una de sus operaciones cuidando la salud y la seguridad de sus trabajadores. Hace 98 años que para YPF lo más valioso es su gente y continuará trabajando para garantizar su seguridad y proveer de la energía que el país necesita para salir de esta situación”, termina el comunicado.Aerolíneas ArgentinasLa decisión de YPF va en el camino contrario al que tomó la otra empresa privada con mayoría de capital accionario del Estado Nacional, Aerolíneas Argentinas, que en medio de una crisis global para el sector aerocomercial, licenció a buena parte de sus trabajadores,A través de un mensaje interno, la empresa aérea confirmó esta mañana oficialmente a sus empleados su plan de suspensiones. Según la propuesta de la empresa —que había trascendido el domingo por la tarde— ingresaran a esta modalidad de suspensión unos 7.500 trabajadores de los 12.000 que tienen la línea aérea. Durante junio y julio cobrarán una “asignación no remunerativa”.Desde Aerolíneas indicaron que esa suma va a superar el 75% del salario y que convocarán a una mesa de trabajo a los representantes de las seis asociaciones sindicales que nuclean al personal de la compañía para alcanzar un acuerdo.Esta mañana, los gremios informaron que aún no recibieron la convocatoria de la empresa a una reunión. “En principio no estamos de acuerdo con las suspensiones, pero hay que ver cuáles son los términos y plazos”, señaló a Infobae Ricardo Cirielli, secretario General de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA).Seguí leyendo:Wall Street definió que la Argentina entró en default y se gatilla el pago de unos USD 1.500 millones en segurosNueva señal de apoyo del FMI al Gobierno en medio de la negociación con los bonistasMás controles para comprar dólares: cómo es la declaración jurada obligatoria para poder comprar los USD 200 mensualesOtra semana clave: aunque acercaron posiciones, Gobierno y acreedores se tomarán más tiempo para negociar la deuda

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Dólar hoy: el blue subió a $126 con un cepo endurecido, mientras el BCRA volvió a comprar divisas

Debido al ajuste de los controles, la única cotización libre del dólar es la del blue. (Rick Wilking/)El dólar libre se negoció al cierre con un incremento de un peso o 0,8% este lunes, a $126 para la venta, con una brecha de 83,6% respecto del oficial mayorista. El dólar marginal había alcanzado un máximo de $138 hace dos semanas, cuando la brecha llegó a superar el 100 por ciento.Ante el permanente drenaje de reservas que registra la economía desde el establecimiento de la cuarentena el 20 de marzo y que se profundizó a mediados de abril con la apertura parcial de la atención bancaria, el Banco Central endureció en la noche del jueves el “cepo” que restringe la operatoria cambiaria.El dólar formal continuó con su moderado sesgo alcista en la plaza mayorista, con un avance de nueve centavos en el día, a 68,63 pesos. En 2020 el tipo de cambio oficial suma un alza de 14,6 por ciento.El monto operado en el segmento de contado (spot) alcanzó los 273,7 millones de dólares. “La estrategia oficial consiguió generar un escenario que le permitió terminar con saldo positivo por su intervención”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.“Como ya estamos acostumbrados, siguen entrando en vigencia medidas y restricciones al dólar. A partir de hoy, para comprar los USD 200 habilitados por el Banco Central, aquellas personas humanas tendrán que presentar una Declaración Jurada”, puntualizaron desde Portfolio Personal Inversiones.Desde junio, los ahorristas deben dejar constancia de que “en el día en que solicita el acceso al mercado y en los 90 días corridos anteriores no ha concertado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior”. También se deberá comprometer a no concretar ese tipo de operaciones “por los 90 días corridos subsiguientes”.Los ingresos por exportaciones del agro siguen el nivel más bajo desde 2007. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), comunicaron que durante el último mes de mayo las empresas del sector liquidaron la suma de USD 1.945,7 millones, un 27,6% más que en abril pero un 18,7% menos que en mayo de 2019.CIARA y CEC precisaron que la caída interanual fue consecuencia del adelanto de ventas netas de granos por USD 4.600 millones durante noviembre y diciembre de 2019, lo que representó entonces una suba interanual de 84 por ciento.La liquidación de exportaciones de granos y sus industrias derivadas siguen en el nivel más bajo desde 2007 En los primeros cinco meses de 2020 los ingresos por exportaciones de granos y sus derivados industriales sumó USD 6.963,3 millones, que resulta, por el mismo motivo, inferior en un 18% al acumulado en los primeros cinco meses del año anterior.“Están todos los ingredientes para una nueva disparada del dólar y la inflación en Argentina. El dólar puede ser en lo inmediato; la inflación será en la segunda mitad del año”, indicó un reporte de Carta Financiera. Añadió que “el gasto público creció de manera exponencial estos meses, aumentando el déficit y la necesidad de financiar todo ese rojo de alguna manera”.Con tendencia bajista, el dólar MEP se opera en torno a los 108 pesos, mientras que la paridad bursátil contado con liquidación alcanza los 113 pesos.Las reservas internacionales del BCRA subieron USD 140 millones el viernes y alcanzaron los USD 42.589 millones, después de haber alcanzado el jueves 28 el monto de activos brutos más bajo en más de tres años, desde los USD 39.884 millones del 25 de enero de 2017.Un descenso en el nivel de reservas brutas se produjo en las últimas seis semanas en simultáneo con el retiro de depósitos en dólares. Desde el lunes 20 de abril, cuando se flexibilizó la cuarentena para la atención al público en los bancos, salieron del sistema financiero casi 1.400 millones de dólares.Los depósitos en dólares retrocedieron al nivel más bajo desde el 3 de noviembre de 2016. Los depósitos en dólares en efectivo del sector privado se redujeron unos USD 1.370 millones o un 7,5% desde los USD 18.289 millones del viernes 17, a los USD 16.919 millones del 27 de mayo.SEGUÍ LEYENDO:El BCRA busca frenar el drenaje de divisas de la economía tras la caída de reservas y de depósitos en dólaresEl dólar y los bonos, al compás de las negociaciones por la deudaEl Banco Central agregó más restricciones para las empresas que quieran comprar dólaresSe mantendrá en 200 dólares el límite de compra en junio y el piso de tasa para plazos fijos se elevará al 30%Para frenar el dólar, el Banco Central subió la tasa de plazos fijos a un mínimo de 30%

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El Gobierno y las empresas preparan un plan de financiación para la compra de motos de hasta $150.000

Las ventas de motovehículos cayeron pero menos de lo esperado por las empresas En las concesionarias de motos se sorprendieron con las cifras de ventas de mayo. Así como sucedió en el sector de los autos, los números fueron mejores que los esperados y las empresas se muestran optimistas, ya que se preparan para lanzar junto al Gobierno un plan de financiación y estímulo para la venta, que sería oficializado en los próximos días.Aunque aún se están definiendo los detalles, el plan sería acordado entre el Gobierno —los ministerios de Desarrollo Productivo y Transporte— y la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam). Según trascendió de fuentes del sector, una de las posibilidades es otorgar créditos para la compra de motovehículos de hasta $150.000 para devolver en 36 meses con cuotas de aproximadamente entre $3.000 y $5.000. Una de las posibilidades es otorgar créditos para la compra de motovehículos de hasta $150.000 para devolver en 36 meses con cuotas de aproximadamente entre $3.000 y $5.000La idea apunta a impulsar la compra de modelos de más a baja cilindrada. Los créditos tendrían una tasa del 16% anual, que se otorgará a través de los bancos estatales, Banco Nación, Banco Provincia y Banco Ciudad.Según los datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), el número de unidades patentadas durante mayo fue de 16.187 motovehículos, un 38,7% menos que en el mismo mes del año pasado. De esta forma, el acumulado de los primeros cinco meses del año ascendió a 87.947 unidades, un 46,2% menos que en el mismo período de 2019.Las cifras de mayo, al igual que lo sucedido en el mercado de autos, fueron mejores que las proyectadas, lo que nos indica que una vez que se fueron abriendo las concesionarias en gran parte del país, la gente se acercó a comprar“Las cifras de mayo, al igual que lo sucedido en el mercado de autos, fueron mejores que las proyectadas, lo que nos indica que una vez que se fueron abriendo las concesionarias en gran parte del país, la gente se acercó a comprar”, señaló Carlos Movio, director institucional de Acara.“Pero lo más relevante es lo que esperamos hacia adelante, ya que estuvimos trabajado junto a las fábricas en un plan de estímulo. En este contexto, los motovehículos pueden ser la alternativa más eficiente al servicio público de pasajeros, por lo que buscamos fomentar el uso de las dos ruedas, para que la gente pueda llegar a su trabajo más fácilmente. Estamos con mucha expectativa de que estas medidas puedan fortalecer la demanda y que ello contribuya a que el año tenga una mejora sensible”, agregó el directivo.El modelo más patentado desde 2019 es la moto Honda Wave (honda argentina/)En cuanto a la participación de cada marca, Honda es la que lidera el mercado con 4.053 unidades. La sigue Motomel, que retoma la segunda ubicación, con 2.103; en tercer lugar, Corven con 2.035 y el cuarto escalón es para Yamaha, con 1.571 unidades. El top five lo cierra Gilera, que antes estaba cuarta, con 1.446 motos.El modelo más patentado, al igual que todos los meses del año 2019 y 2020, fue la Honda Wave 110S, secundado por la Gilera Smash, que recuperó la segunda posición y desplazó a la Corven Energy 110 al tercer puesto, seguida por la Motomel B110 y la Keller KN 110-8, en la quinta posición.Seguí leyendoCuáles fueron los 10 modelos de autos más vendidos durante el segundo mes completo de cuarentena

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Mercados redoblan su apuesta por el canje: ADR y bonos en dólares ganan otro 5%

El Gobierno y los acreedores se acercan en forma sigilosa a un acuerdo al que le faltan algunos capítulos para salir del default. (EFE) (JUSTIN LANE/)La jornada financiera resulta positiva para las valuaciones argentinas, con dos directrices precisas para operar: las novedades promisorias sobre la evolución de las negociaciones por la deuda y las nuevas regulaciones dispuestas por el Banco Central para preservar reservas, contener los dólares alternativos y acotar la brecha cambiaria.Mientras que los ADR de compañías argentinas que se negocian en las bolsas de Nueva York avanzan cerca de 5% en promedio, en una rueda de escasas variantes en los indicadores de Wall Street, los títulos de deuda soberana en dólares también exhiber ganancias de similar proporción, aunque más acotadas para las emisiones con ley de Nueva York.El panel líder S&P Merval de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) gana 5,9% en pesos, otra vez cerca de los 40.000 puntos.El riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de tasa de los bonos del Tesoro de EEUU con sus pares emergentes, se sostiene sobre los 2.600 puntos básicos para la Argentina, a las 16:30 horas.De esta manera continúa acortándose la brecha de rendimientos entre las distintas jurisdicciones. Las paridades de los títulos con ley argentina marca un rango de 36 a 54 dólares, y los de ley extranjera quedan en un rango de 39 a 69 dólares.“Las nuevas condiciones ofrecidas por el Gobierno dan respuesta a buena parte de los reclamos de los acreedores, aunque todavía parecen estar lejos de lo requerido para un acuerdo”, refirió el Grupo SBS en un reporte. Añadió que “Argentina puede mejorar la oferta para llevar el recupero hacia los 42-43 dólares, nivel que vemos compatible con un acuerdo”.El Gobierno argentino y los acreedores se acercan a un acuerdo luego de una nueva ronda de propuestas entre los principales tenedores de bonos y los funcionarios del Palacio de Hacienda, lo que refuerza las esperanzas de que se llegue a un eventual acuerdo para reestructurar unos USD 65.000 millones en deuda.El Gobierno presentó el jueves una propuesta enmendada con vencimientos ligeramente adelantados y un período de gracia de dos años para el pago de cupones, luego de que fuera rechazada una nueva contraoferta de dos grupos de acreedores claves en la negociación.Seguí leyendo:Dólar hoy: el blue subió a $126 con un cepo endurecido, mientras el BCRA trata de recomponer reservasEl BCRA busca frenar el drenaje de divisas de la economía tras la caída de reservas y de depósitos en dólaresEl dólar y los bonos, al compás de las negociaciones por la deudaLa Argentina y sus acreedores se acercan en forma sigilosa a un acuerdo al que le faltan algunos capítulos para salir del default

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Horacio Liendo: “El Gobierno tiene que tratar de tranquilizar a los acreedores, no de asustarlos”

"Se creó, innecesariamente, una enorme y prolongada incertidumbre sobre el crédito público de la Argentina" (Thomas Khazki/)La Argentina avanza con la segunda prórroga del proceso de reestructuración de parte de la deuda pública externa del sector público nacional, y nada asegura que como en el caso de la imprevisibilidad de la extensión de la pandemia COVID-19, se asista a un nuevo plazo, dadas la distancia que persiste entre la propuesta de Economía y el límite para la aceptación que plantearon los bonistas.Para analizar este proceso, y sobre todo sus consecuencias a futuro para la economía nacional y privada de los próximos años, Infobae entrevistó a Horacio Liendo, abogado especializado en reestructuración de la deuda pública y moneda; ex director del Banco Central, ex subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía, negociador de la deuda externa (Plan Brady y Club de París, 1992); y redactor, co-redactor o supervisor de numerosas reformas legislativas durante el proceso de reforma económica (1991-96), tales como las leyes de Convertibilidad, de Consolidación, de Solidaridad Previsional, de Financiamiento de la Vivienda, Fideicomisos y Leasing, de Aranceles Profesionales de Abogados, de Inversiones Mineras, de Concursos y Quiebras, de Entidades Financieras y Carta Orgánica del BCRA, entre otras, junto a actividades docentes en la UTDT; habida cuenta del largo proceso recesivo que acumuló la Argentina desde 2010 cuando en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no se logró cerrar plenamente el default declarado a fines de 2001 por sólo un 7% de bonistas intransigentes, hasta que se cerró el proceso en los primeros meses de 2016, por los ministros Alfonso Prat Gay y Luis Caputo.Ahora, a cuatro años de esa instancia, las negociaciones avanzan a un ritmo inferior al que se había propuesto el ministro Martín Guzmán en abril, y para peor, apareció la pandemia COVID-19, con severos daños humanos y económicos, que llevaron a un singular deterioro de las finanzas públicas y la necesidad de financiamiento espurio por parte del Banco Central, que en ausencia de un plan económico integral, impide ver la declamada sustentabilidad del nuevo reperfilamiento de vencimientos y crecimiento del PBI. - ¿Cómo ve el proceso de reestructuración de la deuda?- Lo veo mal. Se creó, innecesariamente, una enorme y prolongada incertidumbre sobre el crédito público de la Argentina, es decir, sobre la confianza que inspira nuestro país a quienes están dispuestos a prestarle dinero e invertir. El efecto inmediato fue el aumento de la tasa de interés, que se refleja en un mayor “riesgo país” (que mide la diferencia entre el costo de financiamiento de los Estados Unidos con el de cada uno de los demás países). Mientras nuestros vecinos tienen un riesgo país que fluctúa entre los 200 y 400 puntos básicos (2% y 4% anual, respectivamente), en la Argentina superó en algún momento los 4.500 puntos (45% anual en dólares). Un riesgo país tan alto significa que no hay capitales disponibles. No hay financiamiento para el gobierno, ni tampoco lo hay para las empresas que invierten y trabajan en el país. Ese nivel de tasas de interés es la antesala de la depresión económica, incluso sin considerar el impacto de la pandemia.Cuando un país tiene necesidad de reestructurar su deuda, debe crear certidumbre en el proceso para evitar que el desconocimiento de los eventuales posibles escenarios aumente la incertidumbre y aleje a los capitales aún disponibles- ¿Por qué pasa esto? - Cuando un país tiene necesidad de reestructurar su deuda, debe crear certidumbre en el proceso para evitar que el desconocimiento de los eventuales posibles escenarios aumente la incertidumbre y aleje a los capitales aún disponibles. Es decir, tiene que tratar de tranquilizar a sus acreedores, no de asustarlos. Recordemos que la deuda pública no es otra cosa que bonos que están en manos de millares de personas, empresas, bancos, fondos y organismos de todo tipo. Ante la incertidumbre, probablemente los quieran vender, lo más rápido posible. Y como no hay compradores disponibles, su precio cae hasta que haya alguien dispuesto a comprarlos.Cuando baja el precio que se paga por comprar los bonos, aumenta su rendimiento (reflejándose en la mencionada tasa de riesgo país). Se produce un distanciamiento entre la tasa de interés real o de mercado y la nominal del título, porque sobre un valor nominal de 100 una tasa de interés del 8% anual, cuando su cotización cae a 50, esos 8, pasan a representar el 16% del precio de transacción secundaria. Ese rendimiento real es lo que pretenden recibir quienes todavía están dispuestos a comprar esos títulos. Pero como los bonos son a varios años, esa diferencia se multiplica por cada año que le resta a la vida, así como sobre su amortización. En algún momento, esa tasa se considera impagable.Entonces, desaparece la posibilidad del Estado de obtener nuevo financiamiento para cancelar el capital adeudado y se precipita el pánico: muchos quieren vender y casi nadie quiere comprar. La caída es exponencial. Los títulos públicos están diseminados en toda la economía, particularmente entre los bancos, compañías de seguros, fondos de inversión, empresas, etc. Por lo que la caída del valor de los títulos afecta su patrimonio y reduce el financiamiento y la disponibilidad de capital, aumentando la recesión, la pérdida de empleos y la caída del salario real.Finalmente, no debe perderse de vista que, cuando pasa lo que describí, muchos tenedores de bonos argentinos, en virtud de sus propias reglas internas y las calificaciones de riesgo que se hacen del país, se ven limitados a aumentar su exposición al riesgo argentino, por lo que no pueden comprar más deuda argentina, o incluso deben vender sus tenencias. Un proceso de reestructuración debe atender todas esas cuestiones y el que se lleva adelante no las ha atendido.- ¿Era necesario encarar la renegociación de toda la deuda bajo legislación extranjera, como decidió el ministro Guzmán? - Objetivamente, solo era necesario refinanciar los vencimientos de los años 22 y 23, principalmente, lo cual era perfectamente viable. Se trataba de una refinanciación del orden de los 40 a 45 mil millones de dólares, sin que fuesen necesarias quitas de capital ni de intereses, bastando su refinanciación. No era necesario volver a reestructurar los bonos emitidos en los canjes del 2005 y 2010, en los que el país había obtenido –pagando un terrible costo reputacional– quitas del orden del 65%. No parecía una tarea imposible ni mucho menos. Muchas reestructuraciones similares concluyen con éxito en poco tiempo y sin dañar la reputación del deudor. Sin embargo, hubo una cadena de hechos y decisiones que, en lugar de reducir la incertidumbre, la aumentaron. Y eso atenta contra la esencia misma del proceso.En primer lugar, hubo un cambio de gobierno. El calendario electoral del año pasado contemplaba la posibilidad de un cambio de administración, como finalmente ocurrió. Por lo cual, adicionalmente a la complejidad del proceso en sí, se agregó la diferente visión de las dos principales coaliciones políticas sobre esta cuestión, así como dentro de la propia coalición ahora gobernante.En mi opinión, fue un error de la administración de Mauricio Macri haber anunciado en agosto del año pasado un proceso de reestructuración que no se concretó. Se envió incluso un proyecto de ley al Congreso que no era necesario porque el Poder Ejecutivo tiene facultades suficientes para reestructurar la deuda ya contraída. Y que, por supuesto, en medio del clima electoral, no fue tratado. En definitiva, durante el segundo semestre de 2019 el riesgo país solo aumentó con las dificultades mencionadas y las crecientes chances de la oposición de entonces, hoy en el gobierno. Es decir que, ya desde agosto del año pasado, el mercado está en ascuas. A eso se sumó el largo tiempo que se tomó el Gobierno actual para abordar el problema que, en lo estrictamente financiero, no era complejo. Llevamos 10 meses en total. Es demasiado. En esta oportunidad, según manifestaciones públicas, hubo dos visiones en el oficialismo. Por un lado, el Presidente hablaba de una reestructuración a la uruguaya (2001/2002), que no había tenido quitas y fue amigable con el mercado. Por el otro, su ministro de Economía hablaba de grandes quitas, lo cual aumentaba la incertidumbre; por eso el riesgo país fluctuó entre los 1.700 y los 4.500 puntos básicos.Hubo, pues, dos factores que complicaron la situación: una visión academicista –a mi juicio equivocada– y la pandemia. La opinión academicista según la cual la deuda externa debe transformarse en sostenible a costa de una enorme quita a los acreedores me recuerda a una opinión similar, del 2001, que también tuvo su origen en medios académicos."No era necesario volver a reestructurar los bonos emitidos en los canjes del 2005 y 2010, en los que el país había obtenido –pagando un terrible costo reputacional– quitas del orden del 65 por ciento" (Thomas Khazki/)- ¿Cómo fue en la crisis de fines de 2001, en qué se parece?- En aquel momento, la Argentina también debía reestructurar su deuda, y lo estaba haciendo en forma razonable. Fue entonces cuando algunos prestigiosos economistas de la Universidad de Columbia de Nueva York, como Allan Meltzer y Carlos Calomiris, alentaron una fuerte quita (haircut), que envalentonó a los políticos de la oposición, creó pánico en el mercado y fue uno de los condimentos de la corrida de depósitos bancarios que terminó en el corralito y el golpe institucional de 2001/2002. Eso frustró aquella reestructuración de 2001 y condujo al país a la gran depresión del 2002 con una caída del PBI del orden del 11% anual, una fortísima devaluación, con caída del salario real y aumento de la pobreza de más de 20 puntos porcentuales con todo lo que vivimos entonces.Fue mucho más grave porque el 14 de diciembre, pocos días antes del golpe institucional, el país había cerrado exitosamente la primera fase de la reestructuración de su deuda con los bonistas locales (que eran bancos, AFJP, compañías de seguros, fondos de inversión, etc.), que aceptaron otorgar tres años de gracia y una reducción de intereses del 30%. Esa etapa involucró USD 42.000 millones, más USD 14.000 millones de las provincias. En ambos casos se otorgaron como garantía sus respectivos impuestos coparticipables. Restaba solamente refinanciar USD 40 mil millones en manos de bonistas no residentes, para lo cual el país contaba con el voto de los que habían entrado en esa primera fase (cuyos bonos estaban depositados en Caja de Valores) y que le permitirían resolver sin dificultad el tramo internacional en condiciones similares a las del tramo local.En medio de aquella reestructuración ocurrió el golpe del 2001 y las nuevas autoridades dejaron sin efecto lo hecho, especialmente en lo que respecta a las tenencias de las AFJPs y tardaron casi 10 años en lograr resolver una parte sustancial del problema (dichos canjes fueron en el 2005 y 2010) en tanto que el resto se resolvió recién cinco años después y quince desde el default. Aún hoy quedan secuelas irresueltas de aquella situación. Allan Meltzer y Carlos Calomiris, alentaron en la crisis de 2001/2002 una fuerte quita (haircut”), que envalentonó a los políticos de la oposición, creó pánico en el mercado y fue uno de los condimentos de la corrida de depósitos bancarios que terminó en el corralito y el golpe institucionalComo se advierte, los académicos, que tantas contribuciones hacen en sus análisis teóricos, no necesariamente resultan útiles llevados al campo real de un país que no conocen y cuyos consejos pueden desatar fuerzas políticas, económicas o sociales que no tuvieron en cuenta. Estoy convencido de que se equivocan. Una oferta muy agresiva puede provocar una prolongada crisis de deuda que afecte el financiamiento del país y cause una desorganización económica cuyo costo de oportunidad resulta infinitamente mayor que aquello que se discuta en materia de deuda externa propiamente dicha. Dicho de otro modo, lo que se ahorran lo van a perder varias veces como consecuencia de la crisis económica que van a provocar.En esta oportunidad, como resulta de la oferta oficial, la idea de reducir prácticamente a cero los intereses para los próximos cuatro años (de un país cuya tasa real de interés es muy superior, incluso sin considerar los valores de pánico que llegó a tener), y proponer tasas notablemente inferiores a las de mercado de allí en más, dejaría al país fuera del mercado de capitales durante mucho tiempo, afectando su capacidad de desarrollo y privándolo de un recurso esencial para su futuro. No hay que enamorarse de las quitas porque ese no es el objetivo, una reestructuración exitosa es la que logra recuperar la credibilidad.El Gobierno no ha oficializado los resultados de la oferta, pese a que se comprometió a hacerlo. Pero, según fuentes periodísticas confiables, la aceptación de los bonistas habría sido de solo un 12%. Es decir, un abrumador 88% la habría rechazado.Como se advierte, para hacer a la deuda sostenible se requiere la voluntad de las dos partes, no solo la del Gobierno. Y la voluntad de los acreedores está atomizada. Y para que la oferta unilateral sea exitosa, deben alcanzarse dos tercios en el caso de los bonos de la era Macri y el 85% en el caso de los bonos de los canjes 2005/2010. Mayorías, en ambos casos, que obligarían al 100% de los bonistas a someterse a sus términos, según las llamadas Cláusulas de Acción Colectiva (CAC’s), que existen para los deudores soberanos desde el 2002. La situación actual está muy lejos del objetivo.- ¿Qué otro requisito se requiere para que la oferta de reestructuración de la deuda sea ampliamente aceptada?- Para que la deuda pública sea sostenible, lo primero que debe existir es un plan económico de estabilización y desarrollo. En este caso, el plan brilla por su ausencia. Y si ese plan no soportara una reestructuración razonable de una parte de la deuda que está en el orden del 15% de su PBI, como la que se quiere reestructurar, evidentemente estaría mal diseñado. El proceso debería ser integral, y la reestructuración de la deuda con el sector privado, una parte del programa de gobierno. Desde mi perspectiva, primero hay que tener un plan, luego consensuarlo con el FMI y, en ese marco, llevar adelante negociaciones con los acreedores hasta alcanzar un acuerdo. Dadas las características de la contraparte, se debería organizar una adecuada representación, ya que incluso los fondos que aparecen mediáticamente interactuando con el Gobierno solo representan a una parte de los bonistas. Los demás se enteran por los diarios. Y hay que tener presente que aunque se alcanzaran las mayorías requeridas, eso sólo resolvería una parte del problema. El acceso al mercado de capitales solo se logrará si el plan es coherente y si en el camino para conseguir tales mayorías no se sigue dañando la reputación del país."El acceso al mercado de capitales solo se logrará si el plan es coherente y si en el camino para conseguir tales mayorías no se sigue dañando la reputación del país" (Thomas Khazki/)- ¿Cree que dada la situación internacional la Argentina debiera haber optado por otro camino? - Claro, a todo lo que dije en la respuesta anterior, agreguemos ahora la pandemia, que lejos de resolver esos problemas, ha creado nuevos. Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que aunque no sepamos su duración, se trata de un evento temporal: ni el Gobierno ni los acreedores pueden conocer hoy cuáles serán sus efectos ni la perdurabilidad de los daños que cause. Lo más razonable, entonces, en mi opinión, sería establecer un paraguas temporal, digamos de un año, durante el cual se postergaran de común acuerdo los vencimientos de capital y se hicieran pagos a cuenta de intereses en la proporción que se acuerde, por ejemplo de un 50%. Algo parecido a lo que hizo Ecuador. Para ello deberían obtenerse mayorías menores a las mencionadas para las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC’s), que en este caso serían del orden del 50% y, de alcanzarse, obligarían a todos los bonistas.Durante ese lapso, se podrían encarar negociaciones de más largo aliento en el marco de un plan económico de estabilización y desarrollo, que serían tanto más fértiles cuanta mayor información tengan los participantes de la evolución de la pandemia, tanto respecto a la Argentina como al mundo. Estoy convencido, por otra parte, que la Argentina debe “curar” cuanto antes el default en el que incurrió el viernes 22 de mayo, ya que el tiempo solo agravará la situación. Nadie puede asegurar lo que hará cada bonista y tenemos que tener en cuenta que el default de unos bonos (tres en este caso) puede causar el default de los demás por las cláusulas de incumplimiento cruzado ( cross default ) que así lo establecen. Adicionalmente, si los bonistas demandantes fuesen el 25% de la serie, podrían declarar la aceleración de vencimientos, siendo toda la deuda exigible y no solamente los cupones vencidos.La Argentina debe “curar” cuanto antes el default en el que incurrió el viernes 22 de mayo, ya que el tiempo solo agravará la situación. Nadie puede asegurar lo que hará cada bonista y tenemos que tener en cuenta que el default de unos bonos (tres en este caso) puede causar el default de los demás - Como experto en diseños legales de otras reestructuraciones soberanas en los 90 y comienzos del 2000 ¿Qué fortalezas y debilidades observa en las propuestas del Ministerio de Economía a los bonistas? - La oferta de la Argentina, cuyo primer plazo de aceptación venció el 5 de mayo pasado, era muy extrema en cuanto a reducciones de intereses, y menos grave en el caso del capital (dependiendo de los bonos), amén de incluir otras cláusulas que siguieron empeorando la situación jurídica de los acreedores (por ejemplo, no tienen cláusula de pari passu, establece expresamente la posibilidad de no pagar a quienes no ingresen al canje sin que se produzca el cross default en ese caso, prevé la utilización de consentimientos de salida para empeorar los términos de los bonos de quienes no ingresen al canje, etc.), y a pesar de todas esas amenazas explícitas para quienes no la aceptaran, tuvo un rotundo rechazo.- ¿Por qué cree que la oferta era irreal y estaba muy lejos de las aceptaciones mínimas esperables? - En mi opinión, porque los bonistas tienen dos opciones: aceptar la oferta y no cobrar prácticamente nada durante cuatro años, o litigar, y en ese tiempo, obtener una sentencia favorable. Si lo hicieran en Nueva York, incluso, devengarían durante el juicio una tasa del 9% anual, lo que obviamente les permitiría negociar en mejores términos con las autoridades que se encuentren entonces a cargo del gobierno. Incluso si Economía obtuviera las mayorías necesarias para obligar a las minorías (dos tercios o el 85%, según los bonos) antes de que el bonista litigante consiguiera una sentencia favorable, recibiría de todas formas el mismo tratamiento de aquellos que hubieran aceptado. Por lo tanto, sería una mejor inversión del tiempo quedarse afuera del proceso y litigar, que aceptar la propuesta oficial. De haberla aceptado, no cobrarían ni devengarían casi nada durante cuatro años (sólo un 0,5% anual en el cuarto año), habrían renunciado a buena parte de su crédito y deteriorado el alcance de sus derechos respecto de un país que durante 15 años demostró una recalcitrante negativa a cumplir sus obligaciones por parte de sus tres poderes. Esto último es muy importante: no solamente fue cuestión del Poder Ejecutivo, también del Congreso, que mantuvo indefinidamente el diferimiento del pago de la deuda pública pre 2002 (todavía hoy lo hace en cada Ley de Presupuesto) y del Poder Judicial, que hizo su parte. La Corte Suprema de Justicia de la Nación negó el reconocimiento de las sentencias dictadas por el Juez de Nueva York (entonces el Juez Griesa) en los procesos sustanciados con el consentimiento de la República Argentina que incluso había consentido tales sentencias y sus respectivas liquidaciones. Aspectos todos que tuvo en cuenta la Corte de Apelaciones de Nueva York al confirmar la decisión de Thomas Griesa de aplicar la regla de pari passu que causó el default de la deuda reestructurada en 2005 y 2010 hasta que se llegó a una transacción ya durante el gobierno de Macri.En mi opinión, el Gobierno debería llegar a un acuerdo con los bonistas en negociaciones directas con ellos, como expliqué, antes de lanzar una nueva oferta: así podría asegurarse de contar con las mayorías necesarias, o que fuese verosímil la posibilidad de lograrlo.- En el supuesto que el Gobierno logre finalmente la aceptación de gran parte de los bonistas bajo legislación extranjera ¿Qué espera cómo próximo paso, tenedores de bonos bajo legislación nacional deberán aceptar automáticamente un cambio en las condiciones de sus títulos? ¿Hubiera recomendado un tratamiento simultáneo de toda la deuda? - Lamentablemente, la Justicia argentina no hizo respetar la Constitución Nacional en materia de deuda pública en la última crisis de deuda (principalmente entre 2002 y 2018). La jurisprudencia en materia de pesificación, diferimiento y reestructuración es una vergüenza desde el punto de vista jurídico y de justicia. Es una jurisprudencia violatoria no solo de la Constitución Nacional sino también de los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución por el art. 75, inc. 22, que resultan aplicables. Pero, como dice el aforismo, “la Constitución es lo que los jueces dicen que es” y, por lo tanto, los bonistas deben saber que sus derechos no son reconocidos en el país. En virtud de lo cual y ante la ausencia de protección suficiente, los tenedores de bonos locales, regidos por ley argentina, no tendrán otra opción más que aceptar la propuesta que acepten los acreedores regidos por ley extranjera: no pueden ir a Nueva York y acá no tienen justicia. Es evidente, sin embargo, que si se les ofrecieran condiciones peores a aquellas que se les ofrezcan y acepten quienes tienen bonos regidos por ley extranjera, se violaría flagrantemente la garantía de igualdad ante la ley y quizás ese agravio fuera atendido por la Justicia local. En función de lo expuesto es mejor concluir primero la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera y después ofrecer similares condiciones a los bonistas locales."Es mejor concluir primero la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera y después ofrecer similares condiciones a los bonistas locales" (Thomas Khazki/)- Históricamente, la asistencia de organismos internacionales como el Fondo Monetario se caracterizó por aplicar tasas sustancialmente inferiores a las de mercado ¿Es posible y probable que en caso de que el comité de acreedores privados bajo legislación extranjera el Gobierno pueda lograr que el FMI rebaje la tasa de interés y acepte un período de gracias para el cobro del stand-by vigente? - Los organismos internacionales de crédito de los que la Nación es parte se constituyeron mediante tratados internacionales cuyas modificaciones son harto complejas y requieren mayorías que la Argentina no está en condiciones de obtener. Las políticas de crédito son aprobadas por sus respectivas autoridades y clasifican a los países por sus niveles de ingreso y otros indicadores macroeconómicos. Argentina, como país de ingresos medios, no califica para los programas de alivio a su deuda externa con dichos organismos. Lo mismo cabe decir respecto a los plazos de gracia.Sin embargo, existen diferentes líneas y programas de crédito a los que Argentina podría acceder para pagar con esos recursos las deudas que vayan venciendo. Por ejemplo, Argentina accedió a un stand by que tiene un plazo menor y exigencias de política económica, también menores, y podría acceder a un extended fund facilities con el FMI que tiene un plazo mayor y exigencias de política económica más profundas (que deben acordarse en cada caso con el país tomador de dicha línea). De ese modo, los recursos para pagarle al FMI podrían provenir del mismo Fondo, dependiendo de nuestra inteligencia como país, que tales condicionalidades nos resulten útiles y favorables, comprometiéndonos a realizar aquellas reformas estructurales –y sólo aquellas– que sabemos desde hace años que debemos acometer de todos modos.- Como profesional también especializado en moneda, ¿cómo ve la política monetaria del Banco Central, en particular en lo referente al financiamiento sin límite al Tesoro, con transferencias de utilidades contables, por valuaciones técnicas de sus activos, mientras acumula inquietantes pasivos? - La política monetaria del BCRA desde 2002 a la fecha explica que se haya producido una devaluación del peso de entre el 7.000% en el dólar oficial y el 13.000% en el llamado dólar libre (contado con liquidación o dólar MEP). Y debe tenerse en cuenta que esos valores no han reflejado totalmente aún la emisión desde la declaración de emergencia con motivo de la pandemia COVID-19. La virtual paralización de la producción y prestación de bienes y servicios con motivo de la pandemia y el aumento exponencial de la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal agravado por la caída de la recaudación, por un lado, y la caída de ingresos de amplios sectores de la población, por el otro, provocará efectos macroeconómicos muy perniciosos.Desde 2002, la Argentina perdió confianza en todas las monedas de las que disponía su economía. El dólar, por la pesificación y, además, asimétrica; el peso indexado por CER (creado en 2002 para ciertas obligaciones), por la violación de las estadísticas oficiales que medían la inflación; y el peso, antes convertible, por su continua devaluación e inflación, a pesar de lo cual se mantuvo la prohibición de indexar pensada para otro régimen monetario.Desde 2002, la Argentina perdió confianza en todas las monedas de las que disponía su economía. El dólar, por la pesificación y, además, asimétrica; el peso indexado por CER por la violación de las estadísticas oficiales; y el peso, antes convertible, por su continua devaluación e inflaciónUn país no puede funcionar sin moneda (como tampoco puede hacerlo sin crédito, como vimos antes), por lo que es necesario que la Argentina adopte un régimen jurídico de la moneda muy diferente al actual y más parecido al que regía durante la Convertibilidad, y no me estoy refiriendo al 1 a 1, su aspecto más conocido, sino a que el Banco Central tenía prohibido endeudarse (prohibición que levantó el gobierno de Duhalde), y prohibido utilizar reservas para pagar deuda pública (prohibición que levantó el gobierno de Néstor Kirchner para pagarle al FMI y el de Cristina Fernández de Kirchner para pagar otras deudas, incluyendo las de acreedores particulares). Además, tenía limitaciones para prestarle al gobierno y al sistema financiero, y aún dentro de esas limitaciones, solo podía hacerlo con reservas excedentes de la Convertibilidad. Y otra cuestión esencial era que todos los activos del Banco Central debían valuarse a precios de mercado, incluyendo los títulos públicos. De ese modo, el público podía conocer fácilmente su situación patrimonial, lo cual es actualmente muy difícil de hacer para el ciudadano común y si lo hiciera, se daría cuenta de que es insolvente. Para que todo eso sea posible, el Estado debe tener un déficit fiscal que como máximo pueda financiar voluntariamente, sin coacción ni confiscaciones. Recordemos lo que dijimos de la deuda pública, en cuanto a la necesidad de llegar a un acuerdo razonable sobre bases voluntarias.Hay diferentes alternativas de regímenes monetarios, pero si no se toma ninguna y se insiste en el esquema que tenemos desde el 2002, que es similar al que existía antes de la Convertibilidad, seguramente tendremos los mismos resultados que culminaron en la hiperinflación de 1989. ¿Por qué habríamos de tener otros?Si no se toma ningún régimen monetario y se insiste en el esquema que tenemos desde el 2002, que es similar al que existía antes de la Convertibilidad, seguramente tendremos los mismos resultados que culminaron en la hiperinflación- El control de cambios ha limitado el proceso de formación de activos externos, fuga de capitales, en la interpretación de las actuales autoridades del Banco Central ¿Es así, o simplemente ocurre en los registros de las cuentas oficiales? - Cuando se crea incertidumbre en el valor de la moneda doméstica, y mediante el control de cambios se quiere evitar que las divisas provenientes del comercio salgan del país para otros fines que no sean los que las autoridades deciden, además de violarse las garantías ciudadanas sobre el uso y goce de la propiedad, se induce a la salida de capitales.Veamos lo que ocurrió durante el cepo entre 2011 y 2015 o lo que sucedió con los excedentes comerciales de la primera etapa del kirchnerismo cuando la soja superaba los USD 600. Se fueron del país más de USD 100.000 millones, además de los USD 67.000 millones de reservas del BCRA que usaron para pagar deuda pública y otros fines entre 2003 y 2015. A eso hay que sumarle la salida de capitales durante el macrismo, con y sin control de cambios (alrededor de USD 65.000 millones).Según cifras del Indec de fines del año pasado, los argentinos tenemos afuera del país casi USD 400.000 millones, es decir, casi un PBI. Y, en cambio, el sistema financiero es raquítico, con depósitos a plazo fijo, sumando pesos y dólares, del orden de los USD 26.000 millones, al cambio oficial, o USD 16.000 millones. a un dólar de $120 por unidad), mientras que si se agrega el transaccional (cuenta corriente y caja de ahorro) sube a USD 85.750 millones y USD 56.400 millones, también muy pobre respecto del PBI.Evidentemente, hay muchas formas para dejar dinero fuera del país o sacar lo que aún queda adentro, pero la gente no sacaría el dinero del país si tuviera la alternativa de conservarlo aquí manteniendo su valor. Pero si sabe que le será confiscado directa o indirectamente sin defensa posible, entonces, sin importar los riesgos, tratará de sacarlo. Si el dinero que salió entre 2002 y 2020 estuviera invertido en el país, el sistema financiero doméstico permitiría financiar no solo las necesidades del desarrollo local, sino también las del Tesoro, y no estaríamos penando por una reestructuración de unas pocas decenas de miles de millones de dólares. No le quepa duda que, de haber mantenido la Convertibilidad, nuestro sistema financiero podría ser ahora al menos 10 veces más grande que el actual y la gente podría financiar sus casas, automóviles, estudios de sus hijos, planes de salud, etc. a costos comparables a los de cualquier país de Europa, Asia o América.La gente no sacaría el dinero del país si tuviera la alternativa de conservarlo aquí manteniendo su valor- ¿La convertibilidad entre el peso y el dólar en los 90 fracasó porque se concentró en una paridad fija, pese a la larga historia inflacionaria e indisciplina fiscal, o porque fue un proceso que no había llegado a madurar lo suficiente? - No creo que la Convertibilidad haya fracasado, fue derogada por el golpe institucional del 2002. Creo que se había producido una gran incertidumbre sobre la reestructuración de la deuda pública entonces, y que se alentó una rebelión de los deudores (provincias y grandes empresas, principalmente) que provocaron una corrida de depósitos bancarios y se crearon las condiciones para el golpe institucional que forzó la renuncia del Presidente y el cambio de modelo, alentado tanto por Eduardo Duhalde como por Raúl Alfonsín. El resto es historia conocida. Default, devaluación de más del 300% en pocos días con congelamiento de tarifas, salarios y jubilaciones, plazos fijos, y la pesificación asimétrica que quebró el sistema financiero y aumentó la deuda pública a niveles insostenibles (pasó del 50% del PBI en 2001 a 180% del PBI en 2002), etc. Pero si miramos los números del 2001, no hubo inflación y el superávit comercial fue del 25% de las exportaciones que, a su vez, alcanzaron el máximo de la década de la Convertibilidad. En 2002 prácticamente no había vencimientos de deuda y quedaba pendiente solamente la reestructuración del tramo internacional que no ofrecía dificultades, como ya expliqué.En lo estructural, gran parte del déficit de entonces se debía a la reforma jubilatoria que había comenzado en 1994 y que, por su propia naturaleza, requería de una generación para madurar, lo que estaría ocurriendo ahora. Es cierto que el PBI había caído durante el 2001 y que la desocupación había alcanzado un nuevo máximo. Problemas que debieron haberse encarado de inmediato. Pero de haber concluido la reestructuración pendiente, el 2002 hubiera sido un año de franca recuperación de no haber ocurrido el golpe institucional mencionado, y aunque no lo sabíamos entonces, en 2003 venían la soja y el boom de los precios de las materias primas. Siendo muy grave la situación económica de entonces, el problema, en mi opinión, fue sustancialmente político.- Dada la persistencia de una economía bimonetaria, con mínimas transacciones en pesos para gastos del día a día, y relevantes en dólares para las operaciones de compraventa de bienes durables y ahorro de largo plazo, más allá del comercio exterior y las operaciones de crédito con organismos internacionales ¿Cree que la Argentina debería volver a ese régimen monetario para recuperar el ahorro, el crédito y volver a crecer? - Actualmente no sería posible volver a la Convertibilidad porque no hay reservas suficientes para respaldar la base monetaria y porque la gente podría temer que nuevamente destruyeran ese mecanismo, como se hizo entonces. Pero hay regímenes monetarios alternativos que permitirían al país recuperar una moneda confiable, usar los ahorros que sus nacionales mantienen en el extranjero y volver a crecer en el marco de un plan de estabilización y desarrollo sustentable. Sin embargo, para ello sería imprescindible volver a los principios de la Constitución histórica, con una amplia base política que los sustente.- ¿Por qué cree que en gran parte de la sociedad, e incluso de la fuerza política del signo que hoy gobierna el país, aunque se caracteriza por sus múltiples vertientes, recuerda de la convertibilidad los altísimos índices de desempleo, cierre de empresas y competencia de importaciones? - Creo que hubo una decisión deliberada de los conjurados de destruir la base social y el consenso que había logrado la Convertibilidad. Tengamos en cuenta que no perdió ninguna elección desde 1991. Ni siquiera la de De la Rúa, que a pesar de representar a la oposición hizo campaña apoyado en el 1 a 1, e incluso la del 2001, en la que participé como candidato a Senador por la Capital y me consta que nadie hacía campaña pidiendo salir de ella, ni siquiera Duhalde que también era candidato en la Provincia de Buenos Aires.Pero tengamos en cuenta que la pesificación asimétrica le permitió al conjunto de los deudores cancelar sus deudas con los bancos por USD 75.000 millones, con solo USD 20.000 millones, quedándose con USD 55.000 millones que fueron la verdadera causa del quebranto y confiscación que sufrieron los depositantes. Como se advierte, a alguien había que echarle la culpa, no es casual entonces que hayan elegido a la Convertibilidad. La gente que había confiado durante más de una década, se sintió defraudada y se dejó llevar por la propaganda mediática en su contra. Pero cuando vemos los números de esa década, hubo un gran desarrollo y crecimiento en un marco estable. La siderurgia, petroquímica, energía, infraestructura de rutas, autopistas, puertos, aeropuertos, vías navegables, comunicaciones, etc. demuestran lo contrario de esa equivocada creencia.Se imprime dinero sin control, se gobierna sin presupuesto, se ahoga la producción con impuestos abusivos y se destruye el crédito público- ¿Una reflexión final sobre la coyuntura? - El país afronta una situación de una gravedad extrema. Se encuentra en medio de una pandemia que afecta por igual a todo el mundo, pero que aquí nos encuentra sin reservas, descapitalizados material y moralmente, sin moneda ni crédito, arrastrando una larguísima recesión desde 2011 y viviendo una depresión económica mayúscula. Y, además, conducidos con una estrategia equivocada.Desde el punto de vista jurídico constitucional, se ha invertido el principio de libertad según el cual podemos hacer todo lo que no está prohibido por la ley, propio del Estado de Derecho, por el principio de sumisión según el cual todo está prohibido –incluso salir de nuestras casas– excepto que el Estado lo autorice expresamente, propio del Estado de Policía.Por decreto se suspendió la Constitución y las libertades que reconoce. Los poderes legislativo y judicial dejaron de funcionar normalmente.Se imprime dinero sin control, se gobierna sin presupuesto, se ahoga la producción con impuestos abusivos y se destruye el crédito público.Es imprescindible un cambio de rumbo, ya que solo la libertad, laboriosidad y creatividad de sus habitantes permitirá a la Argentina superar la emergencia y reconstruir todo lo que ha sido destruido.Fotos: Thomas KhazkiSeguí leyendo:Alberto Fernández: “Está mal que les cobren Impuesto a las Ganancias a las personas que viven de un sueldo"Emisión a gran escala: el Banco Central tiene autorización para duplicar la base monetaria durante este año

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Cómo funcionan los ladrillos termoeficientes y por qué consolidan su participación en la construcción de viviendas

El ladrillo participa en el 90% de la edificación de viviendasEl sector ladrillero en la Argentina genera más de 8.000 puestos de trabajo directos, consolidado a partir de la participación en el 90% de la edificación de viviendas.Expertos consultados por Infobae, coincidieron en destacar que una propiedad construida con ladrillos es considerada por el mercado como una inversión sólida, con una ecuación costo-beneficio muy positiva, porque no se deprecia con el paso del tiempo y logra el mejor valor de reventa a futuro. Es un material que permite la autoconstrucción y también se encuentra presente en las grandes obras, dada su condición de aislante térmico, acústico, resistente al fuego, no tóxico y perdurable.La vida útil de una construcción con ladrillo hueco es de más de 100 años comprobados, conservando sus propiedades resistentes y sus cualidades estéticas, con un mantenimiento prácticamente nuloEugenia Ctibor, presidente de la Cámara Industrial de Cerámica Roja (Cicer), contó a Infobae. “para la mayoría de los edificios se elige el ladrillo hueco, porque se adapta fácilmente a cualquier diseño o técnica de construcción. Además, permite realizar inversiones parciales según el avance de obra, contrario a otros sistemas. Por su tradición, es demandado por la mano de obra capacitada en todo el país. Y los propietarios pueden hacer refacciones y ampliaciones al inmueble por etapas”.La vida útil de una construcción con ladrillo hueco es de más de 100 años comprobados, conservando sus propiedades resistentes y sus cualidades estéticas, con un mantenimiento prácticamente nulo.En la Argentina existen distintos tipos, siendo los huecos los que más se emplean para cerramiento. También se utilizan los denominados Doble Muro, con medidas: 20cm x 18cm x 33cm, los cuales se comercializan a $18 por unidad. Además, para viviendas se pueden aplicar los ladrillos portantes, con precios de venta de $36 a $50 por unidad.La llegada del ladrillo Doble Muro 20 a fines de 2019, un ladrillo termoeficiente, mejora el comportamiento de las paredes sin necesidad de incorporar otro material adicionalBelén Salvetti, representante técnico del Departamento de Sustentabilidad del Grupo Unicer (que agrupa a las compañías Later-Cer, Cerámica Quilmes, Palmar, Cunmalleu, Cerámica Fanelli y Cerámica Rosario), explicó a Infobae: “la llegada del ladrillo Doble Muro 20 a fines de 2019, un ladrillo termoeficiente, mejora el comportamiento de las paredes sin necesidad de incorporar otro material adicional. Colabora en la construcción de inmuebles sustentables; su diseño con cámaras de aire y ruptura de puente térmico en la junta horizontal, ayudan a conservar la temperatura de los ambientes, consumiendo menos energía en climatización”.Los ladrillos termoeficientes, estiman los expertos, que después del coronavirus, serán muy demandados y que acelerarán su uso por tener condiciones más amigables con el medio ambiente que el producto tradicional. El valor por unidad oscila en 70 pesos.La resistencia mecánica de los ladrillos cerámicos huecos colabora en lo relativo con la seguridad, impidiendo el vandalismo, el paso de intrusos y el impacto de vehículos. Por otro lado, son resistentes al fuego, la arcilla que los conforma es un material no combustible, y, aún en un incendio, no son tóxicos, y generan protección para los ocupantes de una vivienda.Los ladrillos termoeficientes, de alta eficiencia en aislación de envolventes, están siendo incluidos en los pliegos de licitaciones de los Institutos de Vivienda de distintas provinciasSandra Amerise, responsable del Departamento de Sustentabilidad de Later Cer, le especificó a Infobae: “los ladrillos portantes pueden emplearse en edificios de hasta 4 pisos, no necesitan estructura independiente; resisten cargas de peso propio, entrepisos y techos. Mientras que los no portantes, requieren de la implementación de estructura independiente, son muy útiles en divisiones interiores, y por su peso reducido es ideal para edificios en altura y viviendas individuales”.Los termoeficientes, de alta eficiencia en aislación de envolventes, están siendo incluidos en los pliegos de licitaciones de los Institutos de Vivienda de distintas provincias, como en diferentes ordenanzas municipales o provinciales, e incluso en los listados de materiales para el futuro etiquetado energético de las unidades que se edifiquen a nivel nacional y se estima que estarán dentro de una ley nacional.Los ladrillos portantes pueden emplearse en edificios de hasta 4 pisos, no necesitan estructura independiente; resisten cargas de peso propio, entrepisos y techosA la espera de la rehabilitación de la actividadAmerise agregó a Infobae: “La industria ladrillera tiene una fuerte impronta nacional por naturaleza, con amplio consumo interno. Las empresas que la integran, invirtieron mucho en sus plantas, en sus productos, en sus capacitaciones, en normas de higiene y seguridad, en ensayos de cada una de sus líneas por medio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), por ejemplo. Es un sector que no baja los brazos, y sabemos que un país se reactiva con la construcción, y, estamos preparados para cuando sea el momento señalado”.Las cámaras sectoriales esperan que se atraviese la pandemia y que se reactiven la obra pública como la privada, para que se retome la senda de productividad. Sebastián Cantero, presidente de TBSA, le comentó a Infobae: “Se necesita reanudar la actividad, con los marcos sanitarios correspondientes. En lo inmediato, hay algunos ensayos de ejecución de muros de ladrillo que se levantan con máquinas de impresión 3D, que una vez desarrollado, podrían acortar los tiempos de ejecución, además de permitir más precisión en la edificación".Seguí leyendo:Coronavirus en la Argentina: qué rubros de la economía tendrán una recuperación más rápida después de la pandemiaLa CGT le dijo al FMI que la intención es pagar la deuda, pero descartó cualquier tipo de ajuste o reforma laboralPrimera recorrida del ministro Guzmán en empresas afectadas por la crisis: en medio de la negociación de la deuda, visitó una fábrica de zapatos

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Pases de factura entre Miguel Pesce y Martín Guzmán por el súper cepo cambiario y la extensión del default

Miguel Pesce, titular del BCRA (Maria Amasanti/Bloomberg) (Maria Amasanti/)Miguel Pesce ensayó una suerte de disculpa el día después de haber endurecido el cepo cambiario hasta el límite. Le dijo a una agencia internacional que las restricciones se suavizarían una vez que el Gobierno termine la negociación con los acreedores. Le trasladó así la responsabilidad a Martín Guzmán. Un público pase de factura al ministro de Economía, que desde el 10 de diciembre viene dando vuelta con la renegociación de la deuda, cayó en default y ahora definiría la tercera prórroga para cerrar el canje, ante las dificultades para llegar a un acuerdo definitivo con los bonistas.El presidente del Banco Central tuvo la “delicadeza” de no meterse con los USD 200 mensuales que pueden comprar los ahorristas para atesoramiento, aunque limitó el universo a quienes no hayan operado “dólar Bolsa” en los últimos noventa días. Hubiese sido una medida muy difícil de digerir para la clase media que además viene golpeada por los efectos de la cuarentena en la producción y el comercio.Sin embargo, las nuevas restricciones del cepo afectan particularmente a las importaciones. Desde el campo hicieron oír las primeras quejas. El sector liquida al tipo de cambio oficial de $70, pero que termina siendo $50 por efecto de las retenciones. Y debe comprar insumos que ahora dejarán de estar relacionados al dólar Banco Nación, sino que probablemente ajustarán al dólar financiero, arriba de los $110.En la imagen una mujer camina frente al Banco Central el pasado 22 de mayo del 2020 en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni (EFEI0374/)El dólar a $ 70 pasó a ser “testimonial”. Su acceso quedó reservado para muy pocos. Pero Miguel Pesce no quiere sincerar el tipo de cambio hasta que no se termine de arreglar la negociación de la deudaComo si fuera poco con los efectos de la cuarentena, estas nuevas restricciones cambiarias generarán otro importante golpe a la producción que volverá más difícil la salida de la crisis.La película ya es conocida. El cepo cambiario, provoca un aumento de la brecha cambiaria, lleva a más restricciones a medida que avancen los meses y es lo que pasó. Ahora afectando a los importadores, pero lo que es más grave al ingreso de insumos para las empresas. Desde el BCRA aseguran que se trata de una medida que apunta exclusivamente a evitar que las empresas apuren importaciones para aprovechar el tipo de cambio barato. Pero en realidad todas las operaciones entrarán ahora en un gran embudo, similar a las DJAI que estuvieron vigentes entre 2012 al 2015. Y otro clásico: la discrecionalidad, el “dedo” del Estado para definir quiénes sí están autorizados para comprar por el oficial y quienes deberán conseguir los dólares por otras ventanillas, mucho más caras.El paso del tiempo fue además “perfeccionando” el cepo. A tal punto que ahora también incluye los pagos de deuda al exterior. Aquellas empresas que se hayan dolarizado a través del mercado bursátil (por ejemplo a través del “contado con liquidación”) tendrán que vender primero esos activos para pagar deuda en dólares. Es decir ya no podrán recurrir a las reservas del BCRA.El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, muestra un gráfico durante una entrevista con Reuters en Buenos Aires., Argentina. Foto de archivo 11 mar 2020. REUTERS/Agustin Marcarian (AGUSTIN MARCARIAN/)Las nuevas restricciones a las importaciones generarán más problemas a la producción, que se agregan a los propios de la cuarentena. El campo puso el grito en el cielo: debe liquidar las divisas a $ 50 (dólar oficial menos retenciones) y deberá comprar insumos a $ 110, el precio del dólar financieroEstas medidas reflejan la escasez de dólares que sufre el Central, que no para de vender desde Semana Santa. Desde entonces vendió casi USD 1.500 millones de sus reservas para evitar un salto del tipo de cambio.Con la tercera parte se hubiera evitado el default y negociar desde otro lugar con los acreedores. Posiblemente hubiera sido mucho más barato arreglar que seguir pateando el acuerdo. En el medio se pagaron USD 4.000 millones de la deuda, el BCRA tuvo que vender reservas para equilibrar el mercado y los depósitos en dólares cayeron más de 1.000 millones.Un informe del economista Fernando Marul describe en forma contundente cómo se llegó al cepo recargado: “En mayo, el agro mejora la liquidación a USD 2000 millones, que igual cae 30% interanual. Pero simultáneamente el BCRA en mayo terminó vendiendo cerca de USD 1000 millones en el mercado spot (y a su vez USD 2.000 millones en el mercado de futuros), por lo que el faltante de mayo fue de USD 3000 millones. Esto explica el mayor cepo a importadores, como veníamos advirtiendo. Es una situación insostenible. Esperamos más controles y el candidato es el dólar ahorro”.Nada asegura, sin embargo, que llegar a un acuerdo por la deuda revierta la caída de reservas o permita de la noche a la mañana suavizar los controles cambiarios. Pero no hay duda que ayudaría para reducir el clima de desconfianza de los inversores.La última oferta de Martín Guzmán se acercó a lo que quieren los bonistas pero aún falta para el acuerdo final y se definirá una nueva prórroga a principios de esta semana. Si se alargan mucho las negociaciones sería negativo, ante el peligro que empiecen los juicios de los bonistas más combativosGuzmán aseguró esta semana que ya está trabajando con su equipo en el proyecto de Presupuesto 2021 y el escenario económico post-pandemia. Allí estarán las claves para impulsar de verdad un repunte de la actividad. Un informe del banco Barclays asegura que la Argentina caería este año más de 8% pero que el año que viene rebotaría arriba del 9%. Para que se dé semejante “milagro” habrá que despejar el escenario de la deuda en primer lugar, pero también avanzar con un verdadero plan económico que siente las bases para volver a captar inversiones, tanto locales como del exterior.En un grupo de chat empresario, uno de los banqueros más encumbrados de la Argentina buscaba señales optimistas hacia el futuro. “No hay vencimientos de deuda durante todo este gobierno y casi todo el próximo. Es más fácil que nunca negociar con los sindicatos y el dólar real está otra vez en valores máximos, así que ya se hizo un gran ajuste. La foto que queda después de arreglar con los bonistas es muy buena, el tema es aprovecharlo”. Es la mirada del “vaso medio lleno” que invita a no bajar los brazos y dejar en un segundo plano los problemas económicos que vienen de arrastre y las dudas sobre las intenciones de la coalición política gobernante.La resolución de la deuda tendrá que seguir esperando algunos días o quizás semanas. Pero las posiciones entre acreedores y el Gobierno se acercan cada vez más. La nueva oferta de Guzmán mejoró en forma significativa la anterior, pero todavía no llegó a lo que demandan los bonistas. Los tiempos se vuelven muy relevantes. Si las negociaciones se extienden la amenaza de los fondos es que se “acelere” la deuda y se avance a la declaración de un default total. Sería el peor escenario y extendería innecesariamente las negociaciones, pero ya con parte de los bonos en litigio. Ya no es Guzmán, sino una decisión política que deberá adoptarse al máximo nivel.

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Los directores ante el vencimiento de sus mandatos

El estatuto de cada empresa precisará el término por el que es elegido cada director, el que no puede exceder de tres ejercicios. Pero permanecerá en su cargo hasta ser reemplazado (Shutterstock)Durante los cuatro o cinco primeros meses de cada año se multiplican los planteos realizados, tanto por entidades financieras como por entes estatales, a sociedades con las que tienen relación en los expresan que, al haberse vencido el mandato de las autoridades que integran los órganos de administración y fiscalización de la sociedad (es decir, el directorio y los síndicos o comisión fiscalizadora), verán limitada la operatoria o restringidos sus derechos (en los mejores casos), hasta tanto acrediten haber renovado las mismas mediante la presentación de la inscripción de la nueva designación conforme a lo establecido en la ley de sociedades.Sabemos que el tema no es novedoso, y que ha sido analizado en profundidad por tratadistas y jueces. Sin embargo, recordar lo que establece la normativa legal aplicable nunca está demás y su estudio puede permitir facilitar la actividad de muchas sociedades a las que caprichos burocráticos como el planteado les pueden generar dificultades. Más aun considerando la situación por la que atravesamos hoy. Diez años sin crecimiento, recesión, inflación, pérdida de empleo y pandemia requieren imaginación para facilitarle la vida a aquellos privados que, a pesar de todo, pretenden seguir generando riqueza con su trabajo y con su esfuerzo.Vayamos a lo concreto. La ley de sociedades dispone en relación con el término de duración de los mandatos de los directores de las sociedades anónimas que “el estatuto precisará el término por el que es elegido, el que no puede exceder de tres ejercicios. No obstante, el director permanecerá en su cargo hasta ser reemplazado”.Diez años sin crecimiento, recesión, inflación, pérdida de empleo y pandemia requieren imaginación para facilitarle la vida a aquellos privados que, a pesar de todo, pretenden seguir generando riqueza con su trabajo y con su esfuerzoLa disposición legal es muy simple, y muy sabia. Establece un plazo máximo de mandato para los directores (un máximo de tres ejercicios reelegible sin límite), pero aclara que permanecen en sus cargos hasta tanto se los reemplace, es decir, aun cuando no sean reemplazados una vez vencido dicho término. Es decir que la ley de sociedades consagra un plazo máximo de mandato y, simultáneamente, una prórroga tácita del mismo para aquellos supuestos en los que la sociedad –por el motivo que fuere– no hubiere adoptado las resoluciones sociales tendientes a reelegir, remover o reemplazar a sus directores dentro de los plazos estipulados estatutaria o legalmente.Una solución diferente provocaría consecuencias negativas no solamente para la sociedad, sino también para todos aquellos terceros relacionados con ella.Bueno es aclarar que dicha solución legal de manera alguna implica que los directores que han excedido de manera abusiva el plazo del mandato para el cual han sido designados, no puedan ser reemplazados en virtud de intervenciones judiciales, administrativas, ni que queden eximidos de responder por los perjuicios que se hubieren ocasionado a la sociedad por dicha circunstancia. Todo lo contrario, casos que impliquen un ejercicio abusivo de un derecho serán sancionados en consecuencia. Pero ello no puede desconocer que el bien mayor que persigue consagrar la ley de sociedades es evitar que el directorio quede acéfalo, lo que, en caso de ocurrir, provocará la imposibilidad de actuación de la sociedad.Sería ya un buen momento para que tanto el estado como las entidades financieras dejen de exigir el cumplimiento de disposiciones que por la expresa letra de la ley de sociedades, sin requerir ejercicio interpretativo alguno, se encuentran superadas desde el año 1972, toda vez que desde dicho momento la redacción del artículo 257 de la ley de sociedades se ha mantenido inalteradaEsas consecuencias son seguramente más gravosas para la sociedad que el admitir la prórroga tácita del mandato del directorio consagrada de manera expresa por la ley de sociedades.Corresponde también recordar que lo que el artículo 257 de la ley de sociedades hoy vigente, es producto de la evolución legislativa propia del derecho comercial, ya que tuvo por finalidad solucionar de manera expresa los inconvenientes provocados por su norma antecesora, el artículo 306 del Código de Comercio que, en lo pertinente, establecía que los directores se designarían “por tiempo cierto y determinado que no excederá de tres años”.Con lo cual entendemos que sería ya un buen momento para que tanto el estado como las entidades financieras dejen de exigir el cumplimiento de disposiciones que por la expresa letra de la ley de sociedades, sin requerir ejercicio interpretativo alguno, se encuentran superadas desde el año 1972, toda vez que desde dicho momento la redacción del artículo 257 de la ley de sociedades se ha mantenido inalterada.Por lo demás, existen remedios contra los abusos en el ejercicio de dicha prerrogativa legal en manos de quienes se consideren perjudicados.Mariano Gramajo es socio de Legales de Auren y Fernando H. Giorello es profesor de sociedades de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

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Por qué grandes empresas y pymes desisten del ATP, el principal programa de ayuda del gobierno

Casi 300 empresas habrían decidido y algunas ya empezaron a desistir del pago del “salario complementario” a la nómina de personal por parte del gobierno en el marco del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, más conocido como ATP.Los motivos son varios: afectación del secreto fiscal, difusión de datos por parte de fuentes ligadas al gobierno y condiciones que se sumaron luego de lanzado el programa, como limitaciones a la compra de divisas y a operaciones en el exterior y prohibición de distribuir dividendos hasta el 31 de diciembre de 2022. Condiciones que el gobierno fue agregando después de lanzado el programa.Todo se inició cuando una resolución oficial instruyó a la AFIP y a la Anses a brindar la información del ATP a la Jefatura de Gabinete, medida que desde un principio contadores y constitucionalistas como Gregorio Badeni y Daniel Sabsay consideraron violatoria del secreto fiscal y que afecta también la ley de protección de Datos Personales. Badeni lo consideró un “mensaje extorsivo” y Sabsay señaló que la resolución sería “arbitraria e inconstitucional”.Una de las empresas que desistió de recibir el “salario complementario” de mayo y ya devolvió, con intereses, los que había recibido para el 50% de los salarios de abril, fue el grupo Techint, que los había pedido para 3 empresas: Techint Ingeniería y Construcciones, Tenaris Argentina y Ternium Argentina. Otras grandes empresas ya habrían desistido de la ayuda o consideran esa posibilidad.HorizontesPaolo Rocca, presidente del Grupo Techint. Hace poco, participó de una charla con el ministro Guzmán. Pero sus empresas prefirieron devolver la "ayuda" del ATPLas tres empresas de Techint, además de devolver abril, desistieron de la ayuda para mayo. “La baja del Salario Complementario responde al cambio de requisitos y nuevas restricciones que tuvo el Programa ATP en los últimos días. Estos nuevos requisitos - dispuestos a posteriori de haber adherido las empresas a este Programa- comprometen restricciones financieras en un horizonte mayor a 24 meses que obstaculizan actividades financieras propias de empresas que están internacionalizadas”, explicaron fuentes del Grupo.La difusión de datos por parte de fuentes vinculadas al gobierno generó inquietud entre todas las empresas receptoras de la ayuda oficial, pero más entre las empresas de alto perfil público.“Al momento de adherirse al Salario Complementario, las empresas del Grupo Techint cumplían efectivamente las condiciones y requisitos de participación del Programa ATP vinculados a una drástica caída de ingresos interanual, producto de la emergencia sanitaria. De hecho, tanto la producción siderúrgica como la ingeniería y construcción son actividades que ya venían teniendo un fuerte impacto por la caída económica de la industria y del sector energético argentino y por la crisis internacional del petróleo; a partir de marzo sumaron el impacto de los efectos económicos del COVID”, explicaron desde Techint.La resolución del gobierno que instruyó a la AFIP y a la Anses a transmitir información a Gabinete dice que “en orden a una adecuada difusión de la información relativa al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, el Comité recomienda que la Jefatura de Gabinete de Ministros proceda a publicar en el sitio web” una serie de datos vinculados al beneficio de la postergación o reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Previsional, el listado de beneficiarios incluyendo sus CUITs, nombres, actividad y especie de beneficio acordado.La información a compartir incluye el Salario Complementario, el listado de empleadores cuyos trabajadores se ven alcanzados por el beneficio, incluyendo sus CUITs, nombres, actividad y cantidad de trabajadores beneficiados por empresa. Además, la cantidad de créditos y montos por categorías del Régimen Simplificado para monotributistas y autónomos que reciban el “Crédito a Tasa Cero”. La resolución dispone también que tanto la Anses como la AFIP deben actualizar periódicamente esa información para “su correcta difusión”.La titular del Anses, Maria Fernanda Raverta, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al cual debe fluir toda la información del ATPPoco después se filtraron detalles de beneficiarios de distintos rubros, como salud y transporte. Un caso mediáticamente notorio fue el del economista Javier Milei, que tuvo un cruce con el kirchnerista Leandro Santoro, que había publicado un tuit anticipatorio al respecto.Más allá de casos mediáticos o personales, a las empresas les preocupa la violación del secreto fiscal y las restricciones a su operación futura que implican las condiciones añadidas al ATP.Micro y Pequeñas empresasA las micro y pequeñas empresas las aterró el comentario de la diputada Fernanda Vallejos, de que el Estado podría quedarse con parte de las empresas a las que asistía. Ese temor cedió mucho cuando el propio presidente Alberto Fernández habló, sin mencionarla, de algunas “ideas locas”. Pero otra cuestión permaneció y está llevando a algunas a devolver la ayuda recibida en abril y a muchas más a desistir del beneficio de mayo; la prohibición de distribuir dividendos hasta enero de 2023. Para las empresas familiares –más del 80% de las empresas que recurrieron al “salario complementario” del ATP tienen menos de 25 empleados- es un problema mayúsculo, porque es de lo que viven los socios y justifica sus gastos, explicó a Infobae el Contador Álvaro del Corro. Por acudir a la ayuda oficial por dos o tres meses, se estarían atando las manos hasta 2023 para una práctica habitual de la que viven socios y familiares.Esto se debió a cambios que el Gobierno hizo sobre la marcha. Al inicio, la prohibición de distribuir dividendos era por un período fiscal y sólo para empresas con más de 800 empleados. Decisiones Administrativas posteriores al pago de “salarios complementarios” de abril (la 747, del 12 de mayo, y la 817, del 18 de mayo) extendieron la prohibición hasta diciembre de 2022 e incluyeron a todas las firmas que recurren al ATP.Así, las Micro y Pequeñas empresas más prudentes optaron por devolver la ayuda de abril (no sea que al gobierno se le ocurra aplicar la norma retroactivamente) y muchas más desistieron de la ayuda para mayo. Además, explicó del Corro, la normativa no sólo prohíbe distribuir dividendos de 2020 -lo que resulta lógico, pues es un año en que no los tendrán y si los tuvieran sería con subsidio del ATP- sino incluso los que tenían acumulados y no distribuidos hasta 2019.De vuelta al “secreto fiscal”Diego Fraga, profesor de la Universidad Austral, señaló hace unos días a Infobae: “Si bien a las empresas les hacían firmar una dispensa del secreto fiscal para acceder al programa de ayuda estatal, la misma era para evaluar la procedencia del beneficio y sólo implicaba compartir datos con ANSES y el Ministerio de Trabajo. Y eran datos de la empresa, no de sus empleados”. Pero, añadió “por lo que surge de algunas actas, la información fue compartida con otros ministerios, produciéndose también otra afectación a lo que establece la norma que establece el deber de sigilo”.Un informe de la consultora Aerarium, de Paulino Caballero y Guillermo Giussi, dos ex funcionarios de la gestión de Mauricio Macri, precisó también que al 22 de mayo el nivel de ejecución presupuestaria de los programas ATP e Ingreso Familiar de Emergencia no llegaba al 50%, aunque el gobierno aseguró que el porcentaje de salarios netos de abril que cubrió con el ATP orillaba el 61%.En abril, 420.000 empresas se anotaron en el ATP y 280.000 recibieron el beneficio y un número sustancialmente menor, cercano a 300.000 se habría anotado para mayo. La reducción no es porque piensen que se terminó la crisis.Seguí leyendo:Alerta inflación: las señales que dan los aumentos de precios a pesar del freno económico provocado por la extensión de la cuarentena Pases de factura entre Pesce y Guzmán por el súper cepo y la extensión del default

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