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Los jueces de los tribunales orales se sumaron a las críticas contra la reforma judicial que impulsa el Gobierno

El Palacio de JusticiaLos jueces que integran los 28 Tribunales Orales Criminales de la ciudad de Buenos Aires -los que juzgan los llamados delitos ordinarios como robos, homicidios- emitieron un documento en el que señalaron una serie de críticas al proyecto de reforma judicial que presentó el gobierno de Alberto Fernández y que se está discutiendo en el Congreso de la Nación.La principal objeción es a lo que llamaron una “completa incertidumbre” sobre el destino de muchos jueces y juezas cuyos tribunales desaparecerán, según el texto del proyecto. El escrito fue elaborado por la Comisión Ejecutiva de la Junta Nacional de Presidentes de Tribunales Orales Nacionales, integrada por los jueces Gabriel Vega, Adrián Pérez Lance, Hugo Cataldi, Sergio Paduczak, Federico Salvá y Luis Altieri.Las objeciones se suman a las que la semana pasada habían presentado la Cámara del Crimen y la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.El proyecto establece una reorganización de la justicia federal en el país. Entre esos cambios se cuentan la fusión de los juzgados federales de Comodoro Py con los de Penal Económico y la división de sus dos secretarías para que haya 46 tribunales de primera instancia. También duplica la cantidad de juzgados en el interior del país y la fusión de Civil y Comercial Federal con Contencioso Administrativo Federal.“Esta junta coincide en la necesidad de modernizar la justicia federal, así como también en el avance hacia un sistema acusatorio”, señalaron en el texto al que accedió Infobae, pero marcaron una serie de objeciones.En el caso de la justicia penal nacional la iniciativa dispone su transferencia a la ciudad de Buenos Aires. Para los Tribunales Orales la iniciativa establece que aquellos jueces que ya dieron su consentimiento para pasar a la ciudad así se hará. Es el caso de los magistrados que asumieron en el gobierno de Mauricio Macri y se les hacía firmar su conformidad de pasar a la ciudad. Pero el proyecto nada dice cuál será el destino de los jueces que no dieron esa aprobación ya que asumieron antes. Para esas situaciones una vez que concluyan su último juicio el tribunal oral se disuelve. Es decir, deja a los jueces sin cargo.Tribunal Oral de juicio (Télam)El proyecto establece que los empleados y funcionarios de esos tribunales se reubicarán en otros lugares. “Nada dice sobre los magistrados y magistradas que aún permanezcan en funciones”, resaltó la Junta y agregaron que eso “provoca que un número de jueces y juezas de la nación, ya con la sanción misma de la ley, se verán instantáneamente sumergidos en una situación de completa incertidumbre, una vez que agoten su cometido en relación con los procesos en trámite”.“Este extremo no sólo altera la estabilidad que debe garantizarse a los magistrados y magistradas de la nación para ejercer en plenitud su función, sino que además termina dando pie a una eventual causa de remoción por fuera de aquellas que establece la Constitución Nacional, en flagrante contradicción con sus reglas (115 y 53). Esto de seguro, será fuente de gran cantidad de acciones judiciales que pondrán en riesgo la efectiva concreción de la reforma”, advirtió.El proyecto sí crea seis tribunales orales para el nuevo fuero federal que requerirán la selección de sus jueces.La Junta recordó que una ley vigente -ley 27307 de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico- establecía la transferencia de tribunales orales criminales en federales. “Es importante subrayar que esa ley, examinada y sancionada hace apenas tres años por el mismo Congreso de la Nación, procuraba también un reforzamiento de la justicia federal penal, pero que no se agotaba en una simple fusión del fuero federal criminal y correccional con el penal económico nacional. Se incluía la incorporación de siete órganos más acoplando tribunales orales nacionales, aprovechando así la experiencia y conocimientos indispensables para una inmediata puesta en funcionamiento”, destacó la Junta y señaló que “sorprende la renuncia a esos recursos humanos, dejando de lado magistrados con probada capacidad para afrontar juicios orales, muchos de los cuales ya han intervenido en procesos de competencia federal a través del régimen de subrogación”.Así hay un “dispendio de recursos económicos que supone la transferencia de cargos al estado local, junto con el traspaso de las competencias, y al mismo tiempo la creación de otros puestos exactamente equivalentes para los nuevos tribunales orales penales federales”.“Sin embargo, entendemos que la reforma no se agota en la sumatoria de dependencias jurisdiccionales, y/o en la supresión de otras. Una modificación profunda también requiere contemplar las distintas modalidades que en el siglo XXI asume la criminalidad organizada; potenciada muchas veces por las nuevas tecnologías cuyo impacto merece ser ponderado y en base a ello, repensar el alcance de la competencia federal, tanto en su faz territorial cuanto material”, agregó el comunicado. Para concluir que el proyecto de reforma “constituye una oportunidad para que el aporte de todos los actores involucrados en el sistema de justicia, muestre que el consenso puede sacar lo mejor de los argentinos”.

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Se divide la causa “Formosa”: Gildo Insfrán y otros funcionarios provinciales serán investigados en su provincia

El gobernador de Formosa Gildo InsfránEl gobernador de Formosa Gildo Insfrán y otros tres funcionarios provinciales acusados de tener participación directa en la contratación de la firma The Old Fund, que cobró $7.600.000 por un supuesto asesoramiento con la deuda pública con el Estado Nacional, serán investigados por la Justicia de su provincia. El juez federal Ariel Lijo se declaró incompetente respecto a los funcionarios de Formosa, pero seguirá a cargo de la causa respecto al ex vicepresidente Amado Boudou, José María Nuñez Carmona y Alejandro Vandenbroele.Ante un planteo de la defensa de Insfrán, a cargo de Sergio Vargas, Lijo declaró su incompetencia parcial para investigar al gobernador, a la ex ministra de Economía Inés Lotto de Vecchietti, a Jorge Ubaldo Melchor (ex titular del Fonfipro formoseño) y a Martín Cortés (presidente del Banco de Formosa). Ese tramo de la investigación pasará a manos del juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de Formosa, que ya tiene una causa abierta en 2012 por los mismos hechos.Ese expediente se inició a raíz de una denuncia del senador Luis Carlos Petcoff Naidenoff. En pocos meses el juez provincial decidió sobreseer a Jorge Ubaldo Melchor. El ex titular del Fonfipro también integró la lista de imputados que declararon en indagatoria ante el juez Lijo. A comienzos de 2017 desfilaron por Comodoro Py todos los funcionarios de Formosa junto a Boudou, Nuñez Carmona y Vandenbroele. Hasta ahora no fueron procesados. La Justicia comprobó en estos años que The Old Fund, una firma sin experiencia en el mercado de la consultoría y sin actividad comercial antes de quedarse con Ciccone, cobró $7,6 millones del Fonfipro por un supuesto asesoramiento para la reestructuración de la deuda provincial.En julio de 2009, Amado Boudou llegó al ministerio de Economía y en septiembre de ese año la provincia firmó el convenio con The Old Fund, la firma a nombre de Vandenbroele. En marzo de 2010, se firmó una adenda al acuerdo.El ex vicepresidente Amado BoudouEl gobierno de Formosa utilizó al Fonfipro para el pago de la factura número 3 del talonario de The Old Fund. Esa factura -la primera, ya que las anteriores fueron anuladas- fue emitida el 20 de mayo de 2010. Fue Melchor el funcionario que hizo, el 21 de mayo, la retención de $156 mil de impuesto a las ganancias por aquella operación.En ese estado de la causa, los abogados de Insfrán manifestaron que la actuación del gobernador vinculada al proceso de reestructuración de la deuda son “actos administrativos de su exclusiva competencia, de estricto contenido de Derecho Público Provincial”.En una resolución a la que tuvo acceso Infobae, Lijo sostuvo que “la responsabilidad de Insfrán, Lotto de Vecchietti, Melchor y Cortés deberá ser dilucidada por la justicia provincial de Formosa, mientras que el reproche penal que pudiera hacerse respecto de la conducta de Boudou, Núñez Carmona, Vandenbroele y Martínez resulta materia propia de este fuero de excepción; por cuanto quien se desempeñaba en ese momento como Ministro de Economía de la Nación habría delineado, junto con Núñez Carmona, Vandenbroele y Martínez, la maniobra que resulta objeto de este proceso”.El argumento para resolver de esa manera es un fallo de la Corte Suprema que dispuso que ante la intervención de funcionarios federales y provinciales en un mismo hecho, “corresponde la escisión del expediente a los efectos de que la justicia de excepción entienda en la responsabilidad que podría corresponderle a los funcionarios nacionales, mientras que la justicia provincial debía dilucidar la imputación realizada a los funcionarios locales”.Sin embargo, la querella a cargo de la Oficina Anticorrupción había rechazado el pedido de los abogados de Insfrán. Algo similar planteó la defensa de Amado Boudou. Su abogado Eduardo Durañona sostuvo que “los hechos investigados no pueden ser analizados de manera parcial y, por ende, no podrían ser escindidos a fin de que se investigue a los funcionarios que participaron en tribunales de diferente jurisdicción”.

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El ministro de Salud bonaerense volvió a culpar a la Ciudad por el aumento de casos de coronavirus: “Los contagios van de CABA a la provincia”

Daniel Gollan sobre los contagios (Infobae)El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, planteó este lunes que mientras los contagios de coronavirus sigan creciendo en la ciudad de Buenos Aires también aumentarán en el Conurbano “por la lógica misma de la enfermedad”.Pocos días antes de que los gobiernos nacional, porteño y bonaerense deban anunciar cómo continuará la cuarentena en el AMBA –zona que concentra el 90% de los casos–, el funcionario no descartó la posibilidad de “hacer un cierre más estricto” en el aislamiento siempre que la “sociedad lo acompañe”.Ayer, el gobernador Axel Kicillof había pedido “no politizar” la pandemia y dijo que “es ridículo hacer comparaciones con la ciudad de Buenos Aires”. En esa línea, insistió nuevamente en la importancia de coordinar la política sanitaria con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.Sin embargo, en un tono más confrontativo, Gollan remarcó que la Capital ya tiene 2.200 casos cada 100 mil habitantes. “En la Ciudad sigue creciendo, y nosotros en el primero, el segundo y el tercer cordón del Conurbano, en forma de oleadas, vamos detrás de ese número. Ya estamos por 1.200 en el primer cordón, 1.000 en el segundo y 600 en el tercero”, detalló el sanitarista. Aunque luego también pidió “no politizar” el análisis.Ante este panorama, el ministro no descartó la posibilidad de dar marcha atrás con la flexibilización del aislamiento social preventivo y obligatorio. “Si esto sigue así, hay que pensar en hacer un cierre más estricto, pero también hay que ver si la sociedad luego lo acompaña”, dijo en El Destape Radio.El sanitarista explicó que su intención “no es polemizar” con el gobierno porteño, pero insistió en que “los contagios van de CABA a la provincia, porque la mayor concentración de gente que llegó enferma, llegó a la Ciudad”.“La mayor concentración claramente empezó en la Ciudad; cuando uno ve la animación del mapa de los contagios es como una mancha de aceite con un epicentro que empezó en la Ciudad de Buenos Aires. Empieza donde hay más concentración y empieza a dispersarse y luego va tomando el total del conglomerado urbano; uno tiende a hacer acciones para frenar esto”, agregó.Estas declaraciones fueron hechas casi al mismo tiempo que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguraba que la curva de contagios de coronavirus “está madura” y que en base a diferentes elementos técnicos esperan que empiece a bajar en las próximas semanas.“Es una cuestión de pocas semanas que empiece a descender”, aseguró en su conferencia matutina.Fernán QuirósPor su parte, Gollan también contestó a las críticas de quienes aseguran que se están violando las libertades individuales: “Es como si tengo un auto, no puedo ir a 180 kilómetros por hora porque puedo hacerme y hacer daño, hay que restringir ese deseo, eso es vivir en sociedad, implica que uno no puede hacer lo que quiere, pero hay gente que no lo entiende”.En relación a los testeos, el ministro dijo que la Ciudad todos los días hace entre 2.200 y 2.900 testeos de los residentes, mientras que la provincia más de 10.000, y que es por eso que “se encuentran más casos”.“En la Ciudad de Buenos Aires hacen los mismos testeos y nosotros multiplicamos por casi cuatro en el último mes; no es una crítica, es otra modalidad”, señaló, al tiempo que explicó que por cada caso que descubre un test de PCR hay otros casos sin síntomas y que por eso es necesario tomar un indicador real que es “el impacto sobre las camas de las terapias, que es el el dato más fidedigno de cuánta gente se está enfermando”.Esta tarde, el presidente Alberto Fernández y el alcalde Horacio Rodríguez Larreta se reunirán en Olivos para discutir los pasos a seguir de cara al anuncio del fin de semana.Según trascendió, el jefe de Gobierno porteño se inclina por avanzar con su cronograma de apertura gradual mientras que la Casa Rosada mira con preocupación los datos epidemiológicos de la provincia de Buenos Aires.Seguí leyendo:Juntos por el Cambio limó asperezas y ratificó que no debatirá la reforma judicial en forma virtualMercado Libre: ¿por qué sus acciones se derrumbaron el día que anunció ingresos récord?“Tengo hijos, por favor les pido”: el video que muestra el feroz linchamiento de vecinos a un ladrón

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Rodríguez Larreta está reunido con Alberto Fernández en Olivos para tratar de avanzar con su plan de flexibilización de la cuarentena

(Presidencia) (ESTEBAN COLLAZO/)El presidente Alberto Fernández está reunido con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta para analizar los datos epidemiológicos y los detalles del plan de flexibilización de la cuarentena que impulsa el Gobierno porteño.El próximo domingo 16 de agosto vence la actual extensión de la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Por lo tanto, los gobiernos nacional, bonaerense y porteño deberán acordar si continúan de forma “coordinada” o si finalmente avanzan por caminos diferentes.Esta mañana, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que la curva de contagios de coronavirus “está madura” y en base a diferentes elementos técnicos esperan que empiece a descender en las próximas semanas, lo que indicaría que lo peor de la pandemia ya pasó en la Capital Federal.La segunda etapa del cronograma del Gobierno porteño incluiría el retorno de los deportes individuales tanto amateurs como federados (sin público), algunas industrias no esenciales, los estacionamientos privados y la gastronomía al aire libre sin servicio.Este lunes, en uno de los tres reportes semanales que encabeza, el funcionario explicó: “Todas las curvas en las ciudades del mundo han tenido un formato exponencial, de ascenso permanente, hasta que en un momento se ponen horizontales y bajan; si ustedes ven los datos de la Ciudad, llevamos varias semanas en que la curva no sube exponencialmente y eso denota que se encuentra en transición, que está madurada”.Este dato -explicó Quirós- se complementa con la tasa de duplicación de casos, con un R0 que fluctúa en torno a 1 y con un mapa empidemiológico que demuestra que la curva de contagios ya tuvo su pico y descendió en un tercio de los barrios de la Capital Federal.“Hay un conjunto de elementos epidemiológicos que demuestran que la curva de la ciudad está madura y es una cuestión de pocas semanas que empiece a descender”, aseguró el ministro.En cambio, su par bonaerense, Daniel Gollan, señaló que los casos en la CABA siguen en aumento y que por “la lógica de la enfermedad” el conurbano “va detrás de ese número”.A su vez, no descartó la posibilidad de “hacer un cierre más estricto” en el aislamiento siempre que la “sociedad lo acompañe”.La relación entre el Gobierno porteño y la Casa Rosada atravesó la semana pasada un período de tensión política a raíz de algunas críticas públicas de Alberto Fernández y de Axel Kicillof.(Presidencia)Durante la inauguración de un hospital en Ituzaingó, el jefe de Estado filtró algunos cuestionamientos a la administración porteña: señaló que los afiliados porteños del PAMI no encuentran lugar en los hospitales porteños y deben ser trasladados a centros de salud bonaerense.Ya le había disparado un dardo similar durante la conferencia de prensa del 31 de julio, en la que anunciaron la extensión de la etapa actual de la cuarentena, cuando apuntó contra la apertura de comercios y remarcó las consecuencias de flexibilizar la cuarentena. “Si vos ves todos los negocios abiertos por avenida Santa Fe, te relajás”, insistió al día siguiente horas antes de que el Gobierno porteño anuncie la apertura de comercios sobre grandes avenidas.Seguí leyendo:El ministro de Salud bonaerense volvió a culpar a la Ciudad por el aumento de casos de coronavirusEl Gobierno contrató a una empresa de Nueva York por 432.000 dólares para difundir la agenda de Guzmán“Podrían haber sobrevivido si los hubiesen derivado a Caleta Olivia”, aseguró el papá de los gemelos que nacieron en el baño de un hospitalAlberto Fernández prepara el anuncio de la nueva etapa de la cuarentena y sigue de cerca las medidas con las que pretende encarar la post pandemia

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Félix Crous: “En Comodoro Py tirás una banana al aire y no llega al piso”

El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous“En Comodoro Py tirás una banana al aire y no toca el piso”, sostuvo el titular de la Oficina Anticorrupción Félix Crous al opinar sobre la reforma judicial que busca licuar el poder de los tribunales federales de Retiro. A su criterio, se trata de una reforma “imprescindible” porque la justicia funciona mal todos, salvo para los jueces y fiscales que pertenecen al sistema. Además, Crous aseguró que se necesita ampliar la Corte Suprema de Justicia porque tres votos para conformar una mayoría es “demasiado poder”.“No se trata de licuar o no licuar el poder de Comodoro Py”, dijo a Infobae, “se trata de que los enclaves más poderosos, que funcionan como una corporación con intereses autónomos, vuelva su quicio”. A su criterio se debe “reparar el estado de derecho y recuperar el poder judicial”. El funcionario afirmó que “es una reforma imprescindible, que excede mejorar el desempeño de ese poder del Estado en términos de eficiencia de servicio”. El titular de la OA afirmó: “El sector más poderoso del Poder Judicial Federal se ha extraviado de la función republicana que debe cumplir. Entender que deben ser inexorablemente consultados sobre cualquier iniciativa que los involucre y no respetar las leyes que sienten que los perjudiquen, fallando en favor de sus propios intereses o lisa y llanamente ignorándolas, no sólo desafía la división de poderes sino también la democracia representativa”.Esta mañana, en una entrevista radial con El Destape, Crous había hablado de la implementación del juicio por jurados, también en debate dentro de la reforma. En ese contexto, el funcionario explicaba que “es cierto que en casos de gran sensibilidad pública”, como puede ser un caso de justicia por mano propia, “los jurados se pueden sentir inhibidos”, pero afirmó que eso de que la gente calificada es menos influenciable que la gente común es una falacia.Fue así que dijo: “Estoy seguro de que a la hora de juzgar un hecho de corrupción en un jurado de doce personas, la representación plural es mayor garantía para dictar una condena que la ideología del sector social que alimenta la conformación de los tribunales argentinos. En 12 juzgados es muchos mayores chances de que estén representadas las distintas miradas, sensibilidad, tradiciones que comprende la comunidad que aquellas que componen la comunidad de Comodoro Py, donde tirás una banana y no toca el piso”. Cuando Infobae lo consultó por esos dichos, Crous minimizó esa expresión al señalar que esa expresión fue “meramente incidental”.El funcionario volvió sobre la necesidad de avanzar sobre en resaltar la necesidad de la reforma. “La forma que adopta el instrumento que lleve ese objetivo prioritario puede ser ampliar el fuero, poner en marcha el sistema acusatorio, pero por sobre todo construir consenso y poder para que eso no pase más”, afirmó. Sobre si tiene críticas al proyecto, el funcionario admitió que “quizás hacen falta más fiscales para fortalecer el sistema acusatorio pero para eso se debaten los proyectos de ley”.También resaltó que los pronunciamientos de la Cámara del Crimen y de la Cámara en lo Civil y Comercial -dos se los fueros que se verán alcanzados por la iniciativa oficial y cuestionando abiertamente la reforma- demuestran que “hay una autopercepción torcida” sobre cuál es el rol que le corresponde a esos tribunales “en un sistema democrático donde el pueblo es el soberano”.En tanto, el titular de la OA afirmó que es necesario ampliar la Corte Suprema de Justicia, una propuesta que, incluso, desde el propio Gobierno habían salido a bajarle el tono porque -se dijo- lo que estaba en el foco de la discusión eran su funcionamiento. “Una Corte de cinco miembros es excepcional en la región. Todas las cortes son más numerosas. Es demasiado poder para sólo tres personas que hacen mayoría y pueden poner jaque a las políticas públicas de quienes reciben el mandato de millones de votantes”, dijo a Infobae.Las críticas de Crous hacia adentro del sistema judicial no son nuevas: miembro fundador de Justicia Legítima, fue fiscal en causas de derechos humanos y fue nombrado por la ex procuradora Alejandra Gil Carbó al frente de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) cargo del que fue desplazado durante el gobierno de Maurico Macri. Con la llegada de Alberto Fernández al Gobierno, fue elegido para encabezar la OA. La oposición cuestionó que, desde ese rol, la querella de la OA abandonó las causas Hotesur y Los Sauces, en donde están procesados Cristina Kirchner y sus hijos, y también desistió de una apelación en la causa por enriquecimiento ilícito contra Ricardo Echegaray, paso que permitió que quedara firme el sobreseimiento del ex titular de la AFIP por esa imputación.

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Los Fondos Comunes de Inversión aparecen como una opción de cobertura contra una inflación en alza

El segmento de renta fija representa actualmente un 33% del total de los activos bajo administración de los FCI -unos 5 puntos más que en abril- (Reuters) (AGUSTIN MARCARIAN/)El segmento de renta fija representa actualmente un 33% del total de los activos bajo administración de los FCI -unos 5 puntos más que en abril-. Este espacio lo van ganando, principalmente, de los Money Market que desaceleran su crecimiento (aunque aún explican cerca de la mitad de la industria). La razón: estos últimos han visto caer su atractivo ante los bajos rendimientos que ofrecen, se han transformado en negativos en términos reales (ajustados por inflación).De hecho, es la coyuntura en general lo que va obligando a la industria a ir mutando. Y es esta reconfiguración producto del entorno macro-financiero, opciones y rentabilidad, más el empuje de las regulaciones, lo que impulsa el crecimiento de los fondos de Renta Fija en pesos. Puntualmente, con flujos que se redirigen a opciones de cobertura -por las expectativas de inflación y probable aceleración en la devaluación-, que forman principalmente del universo de fondos T+2. Esto aparte de los Renta Fija conocidos como T+1, que hoy son quizás una opción a los Money Market. En conclusión, dos opciones, para dos posiciones diferenciadas.Las tasas de interés que ofrece hoy el sistema financiero al ahorrista son hoy una competencia para los FCI de muy bajo riesgo. Esto producto de que un minorista –tras la reciente suba impulsada del BCRA- puede conseguir una Tasa Nominal Anual en un plazo fijo hasta 60 días de entre 30% y 33% anual, contra la menos de 20% anual que ofrecen hoy estos fondos. Algo que deja esta última opción, sólo atractiva para el manejo de los flujos de muy corto plazo.Ahora bien, dentro de un escenario de expectativas crecientes de inflación –explicado, básicamente por la liquidez excedente de la política monetaria, en conjunto con la salida (aunque sea gradual) del aislamiento-, estos rendimientos en términos reales seguirán reduciéndose a niveles proyectados negativos.Además, hay que considerar que el BCRA estará en parte limitado a reingresar en un ciclo alcista de tasas, para no frenar la incipiente recuperación de la economía real que necesita impulsar.Hay que considerar que el BCRA estará en parte limitado a reingresar en un ciclo alcista de tasas, para no frenar la incipiente recuperación de la economía real que necesita impulsarEste marco es lo que impulsa la búsqueda de cobertura y donde entran en el “radar” los FCI que se han reorientado recientemente a los denominados Dólar Linked y/o los que tienen su objetivo en activos CER. Estos últimos, y ante principalmente la fuerte compresión del spread, han sabido “pagar” el mayor riesgo implícito que encierran.Se debe recordar que esta curva se ha rearmado en gran parte a la estrategia del Gobierno en lo que respecta a la deuda en pesos, y que ha llevado a diferentes nuevas emisiones que permitieron sumar opciones y profundidad -en cuanto a la liquidez- en distintos puntos de la misma. Y fue, la gradual pero constante normalización de este mercado (que bajo diferentes estructuras permitió cada vez mayores tasas de renovación de los vencimientos), lo que favoreció un movimiento hacia abajo y un cambio en su pendiente.Esta reducción del spread permitió alzas de hasta 80% desde principios abril hasta hoy en la parte más corta (duration de hasta 2 años), y de entre 50/60% en la media/larga. Llevando incluso a que los bonos más cortos a presentar hoy una tasa real negativa –es decir, una brecha negativa respecto al CER por el que ajustan-. En cambio, en la parte media esta tasa interna de retorno aún se ubica entre 1% y 2% más inflación, y en la parte más larga de entre 3% a 5% más CER.Un escenario que aún en la búsqueda de una cobertura contra las mayores expectativas de inflación obliga a ser selectivos. Y es acá donde los FCI basados en este tipo de instrumento vuelven a ser una opción para minoristas dada la diversificación que permiten como vehículo de inversión. Teniendo igual en cuenta que la volatilidad puede multiplicar por tres y hasta cinco o más la de las carteras más conservadores, con lo que es un dato de su mayor riesgo implícito. Estos fondos suelen identificarse así con un horizonte de inversión no de corto plazo, sino más de mediano y largo.Otras opciones para el ahorroMientras que, también a diferencia quizás de los Money Market o T+1, pero como en los Fondos Latinoamericanos, es más relevante la composición de su cartera para entender su rendimiento posible y su exposición a los vaivenes del mercado. Acá, la duration de la posición es un primer dato, que está determinada claramente por sus principales tenencias. En principio, estos fondos han tenido como objetivo la parte corta de la curva para aplacar su volatilidad, no obstante la fuerte suba de este tramo y su rendimiento actual está empujando a rotar parte de su cartera hacia la parte media y larga. Llevando hoy, en consecuencia, su duration promedio a los dos años. Mientras que sus Tires indicativas se ubican en líneas generales en terreno real positivo, ubicándose entre CER más 1,5% a 3,5% anual.En este escenario, aunque teniendo en cuenta todas las consideraciones mencionadas, creemos que estos fondos pueden ser una buena alternativa para inversores minoristas que busquen cobertura dentro de un marco de expectativas de inflación creciente. Le permite exponerse a diferentes tramos de la curva, limitando el riesgo y la volatilidad de posiciones puntuales.No obstante, es importante entender que repetir retornos promedio a los de los últimos meses -dada la posición actual de la curva- no sería posible. Incluso la volatilidad, en este escenario, podría ser mayor. La estrategia acá no debería ser de muy corto plazo, para no quedar encerrado en movimientos de mercado, sino de buscar una tasa real positiva que hoy dentro del sistema financiero va desapareciendo como opción.La autora es analista de Portfolio Personal Inversiones (PPI)Seguí leyendo:Para 2020, las consultoras económicas redujeron al 39,5% su pronóstico de inflación pero subieron al 12,5%El HSBC, asesor del Gobierno para la deuda, elogió el acuerdo pero dijo que la Argentina necesita un plan económico de posguerra

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Por qué desde el inicio de la cuarentena, la deuda con el FMI aumentó más de USD 2.000 millones

La nueva política económica de las Argentina se alinea con la que siguen la mayor parte de los 188 países miembros del FMI 162Entre el 10 de diciembre, cuando Alberto Fernández asumió la presidencia, y el 20 de marzo, cuando se inició la cuarentena para contener la pandemia de coronavirus, la deuda de la Argentina con el FMI disminuyó de USD 43.994 millones a USD 43.048 millones.No fue nada que hizo o dejó de hacer la gestión del nuevo Gobierno, sino que la pandemia impactó primero en Asia y Europa y fortaleció al dólar respecto del euro, el yuan, el yen y la libra esterlina, divisas con las que integra la canasta que determina el valor del “Derecho Especial de Giro” (DEG), la “moneda” del Fondo. Y como la deuda con el FMI es en DEGs (exactamente, 31.913,7 millones), su valor en dólares disminuyó.Pero, de igual modo, entre el 20 de marzo y el jueves 6 de agosto, a medida que el virus hizo estragos en EEUU, el dólar se debilitó respecto al resto de las divisas que componen el DEG, y determinó que la deuda con el FMI se elevara al equivalente a USD 45.089 millones, más de USD 1.000 millones que el día que asumió Fernández y de USD 2.000 millones que el primer día de cuarentena. Escenario para el reperfilamiento de vencimientos con el FondoLos datos describen el intrincado mundo geopolítico, económico y financiero con el que el Gobierno deberá lidiar cuando termine de restructurar la deuda de USD 66.000 millones con los acreedores privados. El Fondo no es sólo el principal acreedor: también una burocracia rígida y rigurosa, una estructura gerencial de control y un directorio en el que se sientan 24 directores en representación de 189 países. Sólo 7 de ellos representan pura y exclusivamente a su gobierno y no deben rendir cuentas ante nadie más: EEUU, China, Japón, Alemania, Francia, el Reino Unido y Arabia Saudita, que concentran el 38,8% del poder de voto.El Fondo no es sólo el principal acreedor: también una burocracia rígida y rigurosa, una estructura gerencial de control y un directorio en el que se sientan 24 directores en representación de 189 paísesLos otros 17 directores, incluido el argentino, Sergio Chodos, representan grupos de países con los que deben coordinar posiciones al momento de votar. Allí, por ejemplo, Rusia lleva la representación de Siria, y Brasil, no Portugal, suma a la africana Cabo Verde, de habla portuguesa.Además, en la Asamblea Anual conjunta que realiza con el Banco Mundial, los propios ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales de los países más poderosos, medidos por su aporte de capital, confirman o cambian directivas políticas en nombre de sus gobiernos.Sergio Chodos es el representante de la Argentina en el directorio del FMICuando Alberto Fernández asumió la presidencia, la deuda argentina representaba el 44% de los créditos desembolsados por el Fondo y pendientes de repago y cerca de 4,4% de su capacidad prestable total, próxima al billón (millón de millones) de dólares. La primera proporción se redujo a fin de junio a 33,9% y bajará a medida que el FMI desembolse los USD 87.842 millones en créditos de “emergencia Covid-19” aprobados los últimos meses a otros países miembros, incluidos USD 51.000 millones a países de América Latina (USD 23.930 a Chile, USD 11.000 a Perú y USD 10.800 millones a Colombia, entre los más importantes).El Fondo no es sólo el principal acreedor: también una burocracia rígida y rigurosa, una estructura gerencial de control y un directorio en el que se sientan 24 directores en representación de 189 paísesCon todo, en el directorio la principal cuestión con la Argentina no es la deuda, sino su condición de deudor “prolongado” e incumplidor serial, una lista en que lo clasificó un documento de la “Oficina de Evaluación Independiente” del FMI, en el que listó a un total de 44 “repetidores”, mayormente de África y América Latina, más algunos del este europeo y del sur de Asia:La lista de países que un documento de la "Oficina de Evaluación Independiente" del propio FMI clasificó como "usuarios prolongados" del organismo, sin contar los acuerdos "precautorios".El próximo acuerdo que se prepara a negociar el ministro de Economía, Martín Guzmán, será el número 22 desde que en 1956 la Argentina se sumó al FMI, con un historial de dos defaults en 90 años. Desde entonces, sumó otros siete, incluido el actual, del que saldrá en septiembre si, como se espera, una mayoría holgada de acreedores acepta la última oferta acordada con los grandes fondos.Como puede verse en el cuadro siguiente, los cinco primeros acuerdos se hilvanaron, con intervalos de apenas días, entre diciembre de 1958 y octubre de 1963. A eso siguió un interregno de cinco años sin acuerdos (incluida toda la presidencia de Arturo Illia) hasta que dos nuevos “Stand-by” se sucedieron entre mayo de 1967 y abril de 1969, durante la dictadura de Onganía. Siguió otro interregno de 8 años hasta que, 14 meses después del “rodrigazo” que había hecho estallar la economía del tercer gobierno peronista y cinco meses después del golpe de marzo de 1976, la dictadura del “Proceso de Reorganización Nacional” acordó el octavo Stand-by, que empalmó con el noveno, hasta 1978.Evolución de los programas y los créditos de la Argentina con el FMI, expresados en DEGs, la moneda de cuenta del organismo. Al jueves 6 de agosto, 1 DEG valía 1,41 dólaresYa en democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín firmó su primer Stand-by con el Fondo un año después de asumir, en diciembre de 1984, plena “década perdida” y “crisis de la deuda latinoamericana”. Los acuerdos se sucedieron casi sin respiro, hasta principios de 2006. Este período incluyó la novedad del primer programa largo, el “Crédito extendido” de 1992 a 1996, e innovaciones como el préstamo “suplementario de reservas” con el que el gobierno de Fernando De la Rúa buscó extender la vida del uno-a-uno entre el peso y el dólar que marcó los años de la “convertibilidad”.A lo largo de esas décadas y hasta principios del siglo XXI, nombres como los de los franceses Jacques de Larosiere y Michel Camdessus, titulares del Fondo, ganaron los titulares de los medios, y miembros del “staff”, como el catalán Joaquín Ferrán, el argentino Claudio Loser, la italiana Teresa Ter Minassian y el indio Anoop Singh se volvieron figuritas repetidas en las crónicas sobre la economía, antes de ser defenestradas por el fracaso de los sucesivos programas.El indio Anoop Singh, el italiano Roberto Cardarelli y el argentino Claudio Loser, tres de los funcionarios cuya trayectoria en el FMI se vio afectada por los fracasos de los acuerdos con la ArgentinaEn 2002, el norteamericano Michael Mussa, ex economista-jefe del Fondo (y antes, miembro del Consejo de Asesores Económicos del gobierno de Ronald Reagan) publicó una exposé (Argentina y el Fondo, del triunfo a la tragedia) a propósito del apoyo que en la época de Camdessus el FMI le había dado a un régimen monetario (el de Convertibilidad) y a un Gobierno (el de Carlos Menem) en los que –dijo- el staff no creía.La crisis del sudeste asiático había llevado a que el gobierno de EEUU y los entes multilaterales, en su Asamblea Anual de 1998, mostraran a Menem, jefe de un gobierno muy sospechado de corrupción, como ejemplo mundial. Flanqueado por los titulares del FMI y el Banco Mundial y el entonces presidente norteamericano, Bill Clinton, Menem aconsejó a Japón, cuya economía flaqueaba por la crisis asiática, adoptar la convertibilidad argentina. No le cobraría derechos de autor.Nueva etapaEl derrumbe de la convertibilidad y la grave crisis 2001/2002, al cabo de una larga recesión, abrieron una etapa de mutua recriminación. La renegociación de la deuda tras el default de diciembre de 2001 y los dos programas durante el gobierno de Néstor Kirchner tuvieron, sin embargo, su cuota de ortodoxia. En 2004, después de perjurar que la Argentina no se pasaría un céntimo del 3% de superávit fiscal, como pedía el FMI, el gobierno de Kirchner registró un superávit de 4,2%, esto es 40% más que el supuesto límite. La megadevaluación de 2002, la licuación de salarios y jubilaciones y el vuelo que iniciaron los precios de las commodities le permitieron al kirchnerismo inicial, del que el hoy presidente era jefe de Gabinete, exhibir superávits gemelos (presupuestario y externo) sin transpirar la camiseta fiscal ni devaluar el peso.El minué de las relaciones con el Fondo en la presidencia de Kirchner tuvo como contrapartes al alemán Horst Köhler y su segunda, la norteamericana Anne Krueger, y después al español Rodrigo Rato, aunque el peso de la relación lo llevaban el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, que también negociaron la deuda en default.Néstor Kirchner, recibiendo en Buenos Aires al entonces titular del Fondo, el español Rodrigo Rato. Al fondo, Roberto LavagnaCuando en enero de 2006 la Argentina le pagó al FMI los poco menos de USD 10.000 millones que le debía, estaba libre de “condicionalidades” del organismo. Le hubiera sido más barato pagar de a una las cuotas que faltaban, a bajas tasas, que cancelar en un sol pago y luego recurrir a acreedores más caros, como la entonces petrodolarizada Venezuela.Pero el gesto fue políticamente rendidor, al punto que aún se habla del “desendeudamiento” de un ciclo que entre marzo de 2005 (al cabo del primer canje de deuda) y diciembre de 2015 llevó la deuda pública de USD 120.000 millones a USD 254.000 millones, aumentó el stock de Lebacs (deuda del BCRA) en 5.300% desde mayo de 2003 y dejó de herencia un costoso arreglo con el Club de París, el pago a Repsol por la expropiación de YPF y el “dólar-futuro”, amén de los litigios de “buitres” y holdouts en Nueva York y juicios como el derivado de la expropiación de YPF. Ese legado, más una política fiscal relajada, un gradualismo ingenuo, un equipo económico financierista, una sequía y el abrupto corte del crédito externo hicieron que en abril de 2018, amenazado por una fuerte devaluación, el gobierno de Mauricio Macri, que había rechazado esa posibilidad al inicio, recurriera al auxilio del FMI. A un primer acuerdo por USD 50.000 millones en junio siguió en septiembre una yapa que elevó el monto a USD 57.000 millones, de los que el Fondo desembolsó USD 45.000 millones (al valor actual del DEG) hasta junio de 2019.En abril de 2018, ante el abrupto retiro del crédito privado, Macri corrió a los brazos (o mejor dicho, a los bolsillos) del Fondo. Aquí, con la entonces directora-gerente, la francesa Christine LagardePese a varios ajustes operativos (sobre todo de la política cambiaria) el programa no estabilizó el dólar ni los precios, pero sí derrumbó el nivel de actividad. Así se llegó a las PASO de agosto 2019, en que lo que quedaba del programa se hizo añicos con la corrida cambiaria del día después. La suerte estaba echada. En septiembre, el Fondo se negó a desembolsar un nuevo tramo del préstamo, pese a una gestión de Macri en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Aunque su gobierno había reducido el déficit fiscal primario (el número que más mira el FMI) a menos de medio punto del PBI, el historial de acuerdos anotaba otro fracaso, agravado por la magnitud de la apuesta, el más grande crédito en la historia del Fondo.Aunque el gobierno de Mauricio Macri había reducido el déficit fiscal primario (el número que más mira el FMI) a menos de medio punto del PBI, el historial de acuerdos anotaba otro fracaso, agravado por la magnitud de la apuesta, el más grande crédito en la historia del Fondo.En una reunión con funcionarios del organismo, Alberto Fernández, quien ya era visto como “presidente electo” después de las PASO reprochó al Fondo la cuenta del nuevo fracaso y hasta corrió el rumor (luego desmentido) de la inquietud del organismo por un “vacío de poder” en la Argentina.Alberto Fernández, cuando recibió en su bunker de la calle México a Alejandro Werner, director "Hemisferio Occidental" del FMI y a Trevor Alleyne, representante del organismo en la Argentina Relaciones con el actual GobiernoLo demás es historia reciente: el nuevo Gobierno rehusó recibir los millones pendientes del acuerdo de Macri y decidió negociar primero no con el FMI, sino con los bonistas privados. La nueva directora del Fondo, Kristalina Georgieva, emitió señales amables, desplazó del “caso argentino” a funcionarios cercanos al acuerdo caduco, como el italiano Roberto Cardarelli, y se allanó a un pedido expreso del ministerio de Economía argentino: la publicación de un “Análisis de Sostenibilidad de la Deuda”, que Guzmán empezó a exhibir cual mandato bíblico, pero al final dejó de lado para lograr el sí de los Comités de Acreedores y despejar el camino del canje, cuyo resultado se conocerá el 24 de agosto. Tras la liquidación, el 4 de septiembre, ese mismo mes podría empezar la negociación con el Fondo, como adelantó el jueves el representante argentino ante el organismo, Sergio Chodos. En principio, el gobierno no pediría “fondos frescos”, sino un acuerdo de refinanciación.Georgieva se allanó a un pedido especifico de la Argentina: la publicación de un “Análisis de Sustentabilidad de la Deuda” que Guzmán empezó a exhibir como un mandato bíblico ante los acreedores, hasta que al al final dejó de lado para alcanzar un acuerdo con los Comités de bonistasA favor del planteo oficial puede jugar la necesidad del Fondo de mejorar su reputación tras el fracaso de un programa como el firmado en 2018 del que -suele repetir Héctor Torres, representante argentino ante el FMI durante las gestiones ministeriales de Roberto Lavagna y Alfonso Prat Gay- se cumplieron todas las metas pero no se alcanzaron ninguno de los objetivos.En contra juegan el cronograma y los plazos necesarios para acomodar las cargas financieras. El acuerdo con los acreedores privados, según cálculos de Gabriel Rubinstein & Asociados, reduce los pagos del período 2020-2023 en casi USD 36.000 millones, brinda entre 2024 y 2027 un alivio sustancialmente menor (USD 8.159 millones) y se vuelve sobrecarga en el período 2028-31, en el que los pagos de capital e intereses aumentan USD 13.422 millones respecto del calendario previo.El propio Presidente buscó ocultar esto en una entrevista televisiva en la que dobló el papel que tenía en sus manos para mostrar la reducción inmediata (que abarca básicamente su gestión), pero no la evolución posterior. La prioridad que tuvo el gobierno al negociar se evidencia en un dato que destacó Jorge Vasconcelos, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea; “en el quinquenio 2020-2024 el país deberá pagar un total de USD 5.600 millones, la mitad de ellos en 2024, esto es, después de la gestión de Alberto Fernández”.La directora-gerente del FMI, Kristalina Georgieva, con Guzmán, en una reunión del G20, en Arabia. Hasta ahora, todo fue respaldoLa cuestión será cómo acomodar en esa planilla las cuentas con el FMI. Según el cronograma actual, la Argentina debe pagarle al organismo poco más de US 5.900 millones hacia fines de 2021, pero los pagos se empinan en 2022 (unos USD 20.200 millones) y 2023 (poco más de USD 23.200 millones).De las cinco líneas crediticias de que dispone actualmente el Fondo, resumidas en el siguiente esquema por la consultora Quantum, la Argentina podría optar por el clásico Stand-by, un programa de hasta 3 años, al cabo de los cuales quedarían dos o tres más para saldar la deuda, o un “Extended Fund Facility” (EFF o “Crédito Extendido”) que implicaría un programa de hasta cuatro años y otros tantos de repago.Las líneas de crédito actualmente disponibles en el Fondo, según un esquema de la Consultora QuantumEs muy difícil que las sumas que debe refinanciar la Argentina entren en un Stand-by sin más “condicionalidades” que las financieras, como querría el gobierno. Acomodar la carga conjunta de pagos a bonistas privados y al Fondo requeriría un programa “largo” de modo de distribuir los flujos financieros hasta cerca del año 2030, para no “atorar” a la economía.El Gobierno buscará repactar los vencimientos de poco más de US 5.900 millones hacia fines de 2021, y suben en 2022 a unos USD 20.200 millones y en 2023 a poco más de USD 23.200 millonesSi así fuera, el Fondo pedirá a cambio un paquete de reformas “estructurales”, dentro de un menú más o menos conocido: reformas impositiva, previsional, laboral, regulatoria, del Estado, etc. Su lógica es que esas reformas hacen más competitiva a la economía y “pagan dividendos” a mediano y largo plazo.En cualquier caso, el consenso de los consultores privados considera que el Gobierno necesitará un programa económico, un conjunto de metas y de medidas que las apuntalen para presentar al Fondo. Es cierto que el Presidente le dijo al Financial Times, vidriera de las finanzas globales, que no cree en los planes. Pero también lo es que la oferta de Martín Guzmán delineó flujos financieros hasta el 2041. Seguí leyendo:La dificultad para acumular reservas es el tema que más inquieta hoy al Banco CentralDeuda: un informe del Congreso señaló que se pagará por el canje más de lo informado por el ministerio de Economía

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Bono Anses: El gobierno estudia transformar el “Ingreso Familiar de Emergencia” en un nuevo “Programa de Empleo”

Mientras transfiere los aproximadamente $ 80.000 millones al sistema bancario que demandará el pago de la tercera cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el principal programa del gobierno para atenuar los efectos de la crisis económica a raíz del coronavirus en los segmentos más pobres de la Argentina, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) encabeza, dentro del Gabinete socio-económico, un grupo de Trabajo para transformar el subsidio, que alcanza a poco menos de 9 millones de familias argentinas, en un nuevo “Programa de Empleo”. Presentado en marzo por los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo y Seguridad Social, Claudio Moroni, y dirigido a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), monotributistas de las categorías A y B y monotributistas sociales, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, desempleadas y empleados informales de entre 18 y 65 años, el cálculo inicial fue que el IFE alcanzaría a unas 3 millones de personas-familias, pero finalmente la cifra de beneficiarios se triplicó.Recientemente, la Anses publicó en su página en Internet un perfil de ese universo, precisando que 5,6 millones (61,7% del total) “son trabajadoras/es informales o están desocupadas/os”, 2,4 millones perciben la AUH o la AUE, unos 700.000 (7,8%) son monotributistas de las categorías A, B o del monotributo social, cerca de 180.000 (2,1%) son trabajadoras/es de casas particulares y por último 120.000 son titulares del programa Progresar, un subsidio escolar para “garantizar el derecho a la educación” de “grupos vulnerables” (hogares monoparentales, comunidades indígenas, personas con discapacidad, transexuales, entre otros).Los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y Economía, Martín Guzmán, cuando anunciaron el subsidioEse estudio sería la base para pasar de “subsidio” a “plan”, entre otras cosas porque también incluye precisiones sobre la distribución geográfica de los beneficiarios y su incidencia social. “Si bien el IFE llega, en promedio, a un 19,5% de la población total del país, al analizar su alcance en las distintas provincias se observa una marcada focalización en aquellas que presentan los indicadores sociales con mayor situación de vulnerabilidad”, dice un pasaje.El texto también desagrega la cantidad de beneficios pagados en relación a la población de cada provincia: las del Noreste (23,1 a 28,9%) y Noroeste (22,1 a 28,6%) son las que proporcionalmente más beneficios recibieron, lo que –dice- “refleja la desigualdad regional al interior del país”. Los lugares de menor incidencia son la Patagonia (12,5 a 16,8%) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11,9%)El trabajo también destaca la relación de los IFE pagados con la Población Económicamente Activa (PEA) de cada provincia: en las del Noreste es de 55,3 a 80,1%, en el Noroeste 52,9 a 71% y, de vuelta, por debajo están las provincias patagónicas (29,6 a 42,2% y CABA (23,2%)Sobre la inserción laboral “en relación de dependencia” de perceptoras y perceptores del bono mensual, la Anses precisa que entre febrero de 2019 y enero de 2020 “solo 826.195 personas (9,3%) tuvieron trabajo registrado al menos un mes y percibieron, en promedio, una remuneración de 13.046 pesos durante cuatro meses”.Ensayo postergado en SaltaUn atisbo de lo que podría ser este programa se vio cuando en Salta, antes de que se confirmara que el tercer del IFE abarcaría a los beneficiarios de la primera y segunda cuotas, se barajaba la posibilidad de limitar el beneficio a los distritos aún en “fase crítica”, esto es con mayor circulación viral y donde la cuarentena y las dificultades para trabajar fueran más severas. Entonces se anunció que en esa provincia, donde se habían pagado 344.000 IFEs, el beneficio llegaría a través del programa “Potenciar Trabajo”, del Ministerio de Desarrollo Social e incluiría contraprestaciones laborales.Arroyo, ministro de Desarrollo Social, en una vista a uno de los beneficiarios de programas de su cartera Finalmente, dada la profundidad de la crisis y la demanda de los gobernadores, preocupados porque el retiro de esa masa de fondos hundiera las economías locales, el gobierno decidió que el IFE 3 seguiría abarcando toda la geografía del país.¿Desarrollo Social o Sistema Previsional?Que la Anses encabece el grupo de trabajo para transformar el subsidio en un nuevo Programa es, en algún modo, un nuevo avance sobre el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, y un cuestionamiento a su eficacia en el diseño e instrumentación de los programas de su área. El “Potenciar Trabajo” se había lanzado en marzo, pero quedó suspendido por la pandemia y fue relanzado en junio.A fines de julio, Arroyo señaló que con plan se aspiraba a crear “unos 500.000 puestos de trabajo” a partir de la distribución, por parte del gobierno nacional, de $ 20.000 millones entre provincias y municipios, que serían quienes asignen los fondos, a destinar la compra de herramientas y maquinaria para trabajadores informales. La cartera de Arroyo ya había creado el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular” (Renatep), de modo que los inscriptos puedan facturar la venta de los bienes que producen o los servicios que prestan, estando exentos de impuestos durante los primeros dos años. Además, Arroyo precisó que ya se habían inscripto 100.000 “trabajadores sociales”.La titular de la Anses, Fernanda RavertaArroyo dijo también entonces que la salida de la crisis para los sectores más pobres de la sociedad se basaría en “Potenciar Trabajo”, la instrumentación de un “ingreso de base” (que por cuestiones fiscales parece ser un proyecto que el gobierno decidió postergar para más adelante) y la urbanización de unos 4.000 “barrios populares” donde habitan “unas 4 millones de personas hacinadas”.La transformación del IFE en un “Programa de Empleo” podría terminar haciéndose cargo de esos objetivos y supondría la consolidación -gracias a su capilaridad, sus centenares Unidades de Atención Integral (UDAIs), sus más de 60 Unidades Locales de Atención Transitoria (ULATs) en organismos públicos y sindicatos y sus Móviles de atención en barrios- de la Anses, a cargo de Fernanda Raverta, como principal ariete de la política social del gobierno.Seguí leyendo:Cuál es el plan que está diseñando el Gobierno para que los sectores de más ingresos accedan a créditos hipotecariosDía del Niño con aumentos: el precio de los juguetes subió un 40% en un año

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¿Se cierra una grieta? Pese a las dudas de los productores, avanza el diseño del Plan Agroindustrial que busca dejar atrás la confrontación del campo con el gobierno

El presidente Alberto Fernández junto a los representantes del Consejo Agroindustrial. Fue el martes pasado en Olivos (Presidencia)¿Acercamiento para diseñar una política agropecuaria o una puesta en escena para la foto? Dos interrogantes que surgieron a partir de la actual relación entre el gobierno y los integrantes del mundo agroindustrial, tras un arranque muy conflictivo por el aumento de las retenciones y el intento oficial de intervenir y expropiar Vicentin, que fue definido por los productores como un claro avance sobre la propiedad privada y la división de poderes, al tratarse de una empresa en convocatoria de acreedores.En tiempos de pandemia y con la producción que no detuvo su motor, al ser declarada como esencial por la importancia que tiene en el abastecimiento de alimentos al mercado interno y externo, integrantes del gobierno, desde el presidente y ministros, han manifestado en varias oportunidades que el sector agroindustrial será vital una vez más para aportar a una economía que no encuentra rumbo, con un aumento de la inflación, la pobreza y el déficit fiscal, y una abrupta caída del PBI.Con la firme intención de realizar un aporte para revertir la actual crisis económica, una importante cantidad de sectores de la agroindustria presentaron un Plan que pretende transformarse en un proyecto de ley a ser analizado y eventualmente aprobado este año por el Congreso de la Nación.La idea surgió desde el flamante Consejo Agroindustrial Argentino, con la presencia de más de 40 entidades, mediante la cual se proyecta un incremento de las exportaciones por unos USD 16.000 millones hacia 2025, y generar cerca de 700 mil nuevos puestos de trabajo de manera directa e indirecta en 10 años. Para cumplir dicho objetivo, se reclama, entre otras cosas, “estabilidad fiscal” en los tres niveles del Estado (Nación, Provincias y Municipios) por un plazo de diez años , a la vez que se debe avanzar con el fomento de la inversión agroindustrial, un régimen especial de amortización acelerada, prefinanciación de exportaciones a tasas internacionales, y una “agresiva” agenda para posibilitar el acceso a mercados a través de negociaciones internacionales.Una iniciativa que ya cuenta con un amplio apoyo, entre ellos del presidente Alberto Fernández, la Vicepresidenta Cristina Fernández, y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. Pero además, hay gobernadores que ya manifestaron su adhesión, como así también los integrantes del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio.José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y Alberto Fernández, durante la reunión del último martesTras haber recibido el martes pasado a los representantes del Consejo en la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández anunció que designará un equipo inter ministerial, desde donde se redactará el proyecto de Ley que contemplará la propuesta privada. “Estamos frente a una gran oportunidad. En toda la agroindustria hay una gran posibilidad de exportaciones y necesitamos que produzcan ya”, dijo varias veces durante la reunión el presidente de la Nación.“Estoy gratamente sorprendido por el apoyo que está recibiendo nuestra propuesta. Ahora deberemos trabajar en la redacción del proyecto de Ley. Considero que vamos por el buen camino, pero todavía hay mucho por hacer. Hay voluntad de todas las partes de avanzar, y en el marco de un diálogo respetuoso y en la búsqueda de los consensos”, señaló José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en diálogo con Infobae. Por su parte, el Canciller Felipe Solá, aseguró en las últimas horas en declaraciones radiales: “El plan es consistente. Hicimos una mesa que en pocos días alumbrará una síntesis del tema y sabremos si se puede hacer un proyecto de ley de estabilidad fiscal, como piden. Este es un armado en la búsqueda de dos cosas que necesitamos: fuentes de trabajo rápidas, sobre todo en el Interior; y aumentar nuestras exportaciones”.Dudas en la producción Pero en los sectores de la producción hay dudas, por las medidas que se implementarán a través del Plan, y por las reuniones de los últimos días con Alberto Fernández y Cristina kirchner. El recuerdo del daño que provocó la política agropecuaria del kirchnerismo sigue estando muy latente en el interior productivo. La desconfianza es muy grande. La confrontación entre el campo y el kirchnerismo ya lleva más de 10 años. Todo comenzó en 2006 cuando el ex presidente Néstor Kirchner decidió cerrar las exportaciones de carne vacuna, afectando a toda la cadena de ganados y carnes. Y luego fue el conflicto por la Resolución 125.Los dirigentes que conforman el Consejo Agroindustrial Argentino tienen la intención de dar una vuelta de página. Por su parte, el Gobierno habilitó una instancia de diálogo. “Ojalá que todo contribuya para dejar atrás el desencuentro permanente y se pueda diseñar una verdadera política agroindustrial”, agregó el presidente de la Bolsa de Cereales porteña.Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, a la derecha de Alberto Fernández durante el acto del 9 de julio (Presidencia)“Hay que dejar trabajar al productor agropecuario. El gobierno debería bajar las retenciones y carga tributaria, recortar el gasto público, y generar empleo. Estamos cansados de ser los que ponemos el lomo para el bienestar de otros. Los productores tenemos que unirnos y ponernos de pie, para exigir que nos respeten como tiene que ser”, sostuvo Román Gutiérrez, productor autoconvocado de la provincia de Buenos Aires.El propio presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, quien estuvo el pasado 9 de julio en la quinta de Olivos con Alberto Fernández participando del acto por el Día de la Independencia, planteó sus dudas sobre el nuevo Consejo: “Hemos tenido muchos de estos intentos, esperemos no sea más de lo mismo. El Gobierno tiene que entender que el campo es el motor posible de la recuperación de un momento muy crítico en que está la economía y en el que va a estar, especialmente a la salida de la pandemia. Será una nueva oportunidad de que se apliquen políticas correctas”.La historia marca que el sector agropecuario siempre terminó subsidiando a otros de la cadena agroindustiral. No queremos que la historia vuelva a repetirse (Jorge Chemes, presidente de CRA)La SRA que decidió no participar del Consejo Agroindustrial explicó sus motivos días atrás mediante una carta interna que llegó a los socios de la entidad: “No integramos el mismo, porque no hemos participado en la elaboración del plan que se promueve. Tenemos dudas de que, bajo el genérico ‘agregado de valor’, se escondan propuestas de medidas que puedan resultar perjudiciales para la producción primaria, y tengan el efecto contrario al de promover las exportaciones, que es materia fundamental de nuestra propuesta”.Uno de los integrantes del Consejo que despejó las dudas sobre los efectos que tendrá en la producción primaria el alcance del Plan que se está debatiendo con todos los sectores, fue Gustavo Idígoras, presidente del Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de la Industria Aceitera: “Lo que buscamos es que el productor gane mucha más plata. Si a ese productor no le podemos generar una mayor previsibilidad para que pueda aumentar sus niveles de producción, nosotros no tenemos razón de ser. Además, si ese productor no entiende que tener más industria es mejorar las condiciones de rentabilidad a su producción, tampoco somos una cadena de valor, y tampoco tenemos futuro”, aseguró en diálogo con el portal Bichos de Campo.Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de CerealesLa desconfianza es muy grande entre los productores, porque aseguran que en el Consejo Agroindustrial hay sectores que mostraron cercanía con el kirchnerismo, en los años que gobernó el país. Al respecto, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), señaló: “Para poder confiar necesitamos hechos. Obviamente que las palabras son muy lindas, las promesas y las expectativas son maravillosas. Lamentablemente, y tampoco quiero que nadie se ofenda, la historia siempre ha marcado que el sector agropecuario terminó subsidiando a otros sectores de la cadena. Lo que no queremos es que la historia se vuelva a repetir. Ojalá todo esto sea un cambio, donde todo el mundo pueda gozar de los beneficios”.Seguí leyendo:Sigue sumando adhesiones el Plan del Consejo Agroindustrial para aumentar las exportaciones y el empleoCarga impositiva extrema: cuánto le deja al fisco un empleado formal por su trabajo, ingresos, patrimonio, consumos y ahorros

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Dura de bajar: la brecha entre el precio que pagan los consumidores y el que que reciben los productores del campo aumentó en julio a 4,87 veces

Reuters 163Durante julio, los consumidores pagaron en promedio en los supermercados 4,87 veces más de lo que recibió el productor, un aumento del 6,1% respecto de la brecha de 4,59 veces entre esos mismos valores durante junio, precisó un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que desde hace cinco años elabora el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) en base al seguimiento de los precios de 24 productos agropecuarios en las tranqueras de los productores y en las góndolas de los supermercados. Entre junio y julio, la brecha aumentó para 14 productos y bajó para 10. El aumento del promedio estuvo impulsado por el fuerte aumento de la distancia productor a consumidor de tres productos en especial: zanahoria, zapallito y cebolla. Y acelga, pollo y papa fueron los productos en que la brecha más disminuyó. Para los primeros siete meses del año, el promedio del IPOD es 4,69 veces entre el precio en góndola y al productor, el más bajo desde 2015, cuando empezó a elaborarse este indicador, pero a su vez el valor de julio es más alto que el promedio de 2017, el promedio anual más bajo. En 2015 el precio promedio en góndola de los productos incluidos era 7,2 veces superior al precio promedio al productor, la brecha se estrechó en los dos años siguiente, pero desde entonces mantuvo una tendencia levemente al alza. Falta de transparenciaEl IPOD permitió “visibilizar la falta de transparencia en las cadenas de valor”, señaló CAME en un informe. Pero aunque “contribuyó a generar conciencia, tanto en los consumidores y en el gobierno nacional, sobre las prácticas abusivas por parte de los formadores de precios -se lamentó- aún no se ha logrado achicar la brecha de precios campo-góndola”.El indicador es elaborado por la comisión de Economías Regionales de CAME en base a precios diarios online de los principales supermercados del país, más de 700 precios de verdulerías y mercados para cada producto, y precios de origen de las principales zonas productoras que relevan 35 encuestadores. Para el sector frutíhortícola, el IPOD fue en julio de 5,2 veces, un aumento de 8,1 respecto de junio, aunque fue inferior a la de julio de 2019. Para el sector ganadero, la brecha es más baja (IPOD igual a 3,5 veces), 10% por debajo del mismo mes del año pasado. Para el sector frutihortícola, esto quiere decir que el consumidor final paga por lo que compra un 420% más de lo que recibe el productor. Y para el sector ganadero, que el bife en la carnicería o la góndola del supermercado es en promedio 250% más cara que lo que recibe el productor ganadero. En los últimos meses el IPOD o brecha aumentó en el sector frutihortícola y tuvo una leve baja para las carnes, lo que resultó en un aumento leve del IPOD general. Siempre a estar del indicador, la producción más perjudicada fue la de zapallitos, donde la brecha desde que salió del campo hasta que llegó al bolso o changuito de compras fue de 9,24 veces (824% más caro). Le siguieron la manzana roja (8,43 veces) y la naranja (7,6). Los que menos pueden quejarse son los productores de acelga (1,9 veces), pollo (1,94), frutilla (2,17) y papa (2,6). A su vez, los productos en que la brecha más varió fueron la zanahoria (fundamentalmente, porque se redujo 57,3% el precio a los productores, reflejo de la salida de una situación de escasez que -previamente- había aumentado inusualmente el precio de la zanahoria, por falta de agua en Mendoza. A su vez, la brecha en el primiento rojo se redujo, porque mejoró 9,5% el precio a los productores y bajó en promedio el 14,4% el precio en góndola o mercados. Otra forma de ver el fenómeno es calcular qué proporción final del precio de un producto es lo que va al productor. El gráfico siguiente refleja así que el productor de acelga recibió un 53% del precio pagado por el consumidor final, en tanto el de zapallitos recibió sólo el 10,9% CAME empezó a elaborar el IPOD en 2015 “para medir las distorsiones que suelen multiplicar por varias veces el precio de origen de muchos productos agropecuarios en el recorrido desde que salen del campo y hasta que llegan al consumidor”, Distorsiones,dice, que “son muy dispares según producto, región, y tipo de comercio, y época del año”. Según la entidad la brecha responde en buena medida a “comportamientos, algunos especulativos de diferentes actores del mercado, básicamente de las grandes cadenas de supermercados que se abusan de su posición dominante en el mercado, y otros son factores comunes como la estacionalidad, que afectan a determinados productos en algunas épocas del año, o los costos de almacenamiento y transporte”.A principios de año, productores de naranja (uno de los productos de mayor brecha) denunciaron también la incidencia de las “mafias”, con mano de obra de barrabravas, que dominaban el sector de descargas en el Mercado Central, imponiendo quiénes y a qué “tarifa” debían hacer la descarga. Como sea, la brecha promedio entre precio al productor y al consumidor se mantiene en cerca de 5 veces y parece dura de bajar, a prueba de indignaciones y discursos. Seguí leyendo: Carga impositiva extrema: cuánto le deja al fisco un empleado formal por su trabajo, ingresos, patrimonio, consumos y ahorros Día del Niño con aumentos: el precio de los juguetes subió un 40% en un año¿Se cierra una grieta? Pese a las dudas de los productores, avanza el diseño del plan agroindustrial que busca dejar atrás la confrontación del campo con el gobierno

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