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La crisis migratoria divide al Gobierno nacional y las autoridades regionales

Una marcha antiinmigración en Iquique finalizó con manifestantes quemando carpas. (Foto: AFP)Una marcha antiinmigración en Iquique finalizó con manifestantes quemando carpas. (Foto: AFP)
El desalojo de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, que estaban instalados en una plaza de la norteña ciudad chilena de Iquique y la posterior marcha antiinmigrantes que terminó con quemas de carpas y pertenencias de los extranjeros generó una ola de críticas y cuestionamientos de los gobiernos regionales y organizaciones no gubernamentales al Gobierno del presidente conservador Sebastián Piñera, que este lunes repudió el hecho.
El último viernes la crisis migratoria ocupó los medios de comunicación nacionales e internacionales, luego de que Carabineros de Chile desalojara una plaza del centro de la norteña localidad de Iquique, donde dormían más de 100 inmigrantes (en su mayoría venezolanos), lo que generó enfrentamientos, no sólo de extranjeros con carabineros, sino con ciudadanos chilenos.
A partir de estos hechos, el sábado se realizó una marcha antiinmigración en Iquique, que finalizó con manifestantes quemando carpas y pertenencias de extranjeros, lo que generó un rechazo transversal.
Ante estos hechos, organizaciones de la sociedad civil chilena emplazaron al Gobierno a cambiar su política migratoria y asumir su responsabilidad en la ausencia de una respuesta integral para enfrentar la inmigración.
De visita a Uruguay y Paraguay, el presidente Piñera intentó bajar el tenor de las críticas con un comunicado en el que repudió “categóricamente la brutal agresión que una turba descontrolada” cometió los migrantes y comprometió a su administración en la meta de que “ese crimen no quede impune y sea severamente sancionado de acuerdo a la ley".
Antes, el documento de las organizaciones juzgó que “una solución real” ante la crisis migratoria es que el Gobierno nacional habilite “el acceso a albergues”, “escuche a las autoridades locales y convoque a mesas de trabajo”, “cambiar la actual política migratoria y ocupar los actuales instrumentos (refugio y visas) para una migración lo más ordenada y regular posible” y “abordar el fenómeno migratorio a nivel regional”.
En la declaración pública, firmada por 24 organizaciones no gubernamentales, rechazan “el violento desalojo en la ex Plaza Brasil de Iquique” y condenan los hechos de violencia de la marcha del sábado “como respuesta a un problema humanitario que viven cientos de familias migrantes y refugiadas”.
Las expulsiones de extranjeros
Cuestionan además las expulsiones que “han contribuido a generar un clima de odio, de criminalización y estigmatización que exacerba la crisis de gobernabilidad migratoria”.
Estas expulsiones de inmigrantes han sido criticadas por organizaciones internacionales y nacionales pro inmigración, pero el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció la semana pasada que “muy pronto” el Gobierno iba a “retomar las expulsiones” de extranjeros que hubieran entrado por pasos no habilitados, que según denunció la ONG Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) asciende a más de 23.000 personas desde enero a julio.
En ese mismo período, según datos oficiales, se regstró el ingreso ilegal de 2.012 menores de edad extranjeros, superando los ingresos de todo el 2020.
Repercusiones
El director de Human Right Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, también criticó los hechos de violencia y xenofobia ante inmigrantes en el norte de Chile y los catalogó como súper graves.
“El Gobierno tiene la obligación de proteger a las personas, no solo a sus ciudadanos, sino también a los extranjeros que estén o no en situación regular o irregular”, dijo Vivanco al canal T13 y llamó al Gobierno a tomar iniciativas y esfuerzos para erradicar la xenofobia en Chile.
Antes de la marcha del sábado el gobernador de la norteña región de Tarapacá, José Miguel Carvajal, había criticado a Piñera por su “ineptitud” y la “incapacidad de su Gobierno”.
El único desalojado de este país debe ser el presidente de la República, y desalojado porque no fue capaz de poder intervenir seriamente ante esta situación y hoy tiene confrontados a nuestros vecinos con la población migrante”, dijo Carvajal en CNN Chile.
Ante estas declaraciones el ministro Delgado criticó que responsabilicen exclusivamente al Gobierno nacional de la crisis migratoria en el norte y pidió trabajar todos juntos para buscar una solución.
El viceministro del Interior, Juan Francisco Galli, también condenó los hechos de violencia sucedidos en Iquique el sábado y aseguró, en el programa “Estado Nacional” de TVN, que “no quedarán impunes” y que los hechos están siendo investigados por el Ministerio Público.
Desde el exterior también llegaron las críticas, ya que la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, escribió en Twitter: “Venezuela repudia la xenofobia y agresiones contra migrantes venezolanos y exige a las autoridades nacionales y locales de Chile respeto a la integridad física y sicológica de nuestros connacionales”.
La funcionaria reveló que el gobierno de Nicolás Maduro activó de forma inmediata el plan "Vuelta a la Patria" para que los connacionales regresen al país.
Recién a última hora de este lunes Piñera emitió un comunicado: “estamos cumpliendo el compromiso de poner orden en nuestra casa, promoviendo una migración legal, ordenada y segura que proteja los derechos de los migrantes que muchas veces son abusados por bandas de trata de personas y que, también, proteja los derechos de los chilenos", remarcó.

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