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‘Impunidades del Despojo’, el informe que busca visibilizar la responsabilidad de las empresas involucradas en el desplazamiento en Colombia

Foto de referencia: desplazados en Peque, Antioquia. / Twitter

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) confirmó en la tarde de este martes 25 de mayo la entrega de un informe que documenta los fenómenos de despojo de tierras y desplazamiento forzado, ofreciendo una nueva mirada a cómo estos afectaron a los campesinos colombianos. El reporte, que ahora está en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), estudia el caso de 1.552 agricultores.

Por medio de un comunicado, la comisión señaló que el informe titulado ‘Impunidades del Despojo’ “recoge la experiencia de litigio en procesos de restitución de tierras que desde hace más de siete años ha adelantado la organización. El informe se concentra en siete casos de despojo a comunidades campesinas en tres regiones del país: Las Franciscas, Diana María y Chimborazo, ubicadas en el departamento Magdalena; La Guatinaja y La Marimonda, en el departamento Antioquia (Urabá); y la hacienda Bellacruz y Villa Margarita, en el departamento Cesar”.

Se trata de un documento que busca dar cuenta de la impunidad, o por lo menos la ausencia de procesos legales que se enfoquen en la participación de terceros civiles, como empresarios del sector bananero y palmero, en hechos graves y representativos que provocaron el desplazamiento forzado y despojo de tierras de la mencionada cantidad de campesinos.

En ese sentido, se le entrega a la JEP teniendo en cuenta que este organismo de justicia transicional recibe la comparecencia voluntaria de dichos actores y que los datos allí plasmados aporta elementos que enriquecen los contextos de las investigaciones que asuma la jurisdicción, y hasta podría incentivar el ingreso de actores de sectores económicos a la misma, dado que se cuente con elementos probatorios que apoyen dicha información.

Dicho esto, la CCJ explicó que hay que tener en cuenta que, “a pesar de que estos casos han sido llevados ante los jueces y magistrados de restitución de tierras y algunos cuentan con decisión judicial, persisten impunidades respecto a la responsabilidad de los actores que propiciaron o se beneficiaron de los despojos de tierras. En especial, de los terceros civiles que fueron identificados en los casos”.

Lo último, agregan, a causa de dos factores, siendo el primero el hecho de que el proceso de restitución de tierras no es un proceso de naturaleza penal, por lo que no determina responsables en su desarrollo, limitando la función de jueces y magistrados a un análisis probatorio que se guía, en buena parte, por la determinación de elementos de derecho privado de la propiedad y, en otra, por lecturas contextuales que buscan establecer un nexo causal entre la pérdida de la tierra y el conflicto armado interno. “Esto impide, en cierto modo, que en este ámbito judicial se indague sobre responsabilidades penales o sobre elementos como la relación de actores civiles con actores armado”.

En segundo lugar están “los obstáculos propios de la implementación del proceso como la visión gubernamental que imprime en distintos aspectos la Unidad de Restitución de Tierras en la documentación de los casos o por las dificultades y temores que pueden enfrentar los jueces o magistrados a la hora de decidir casos de alta complejidad que involucran intereses de distintos sectores, algunos de ellos poderosos gremios económicos o casas políticas”

Para resolver dichas cuestiones, el informe ofrece información sobre cómo el uso de estrategias de asesinatos selectivos a líderes de comunidades campesinas, así como de otras formas de violencia selectiva y diferenciada generaban desplazamientos masivos y posteriores compras de tierras por parte de empresas nacionales y extranjeras. Igualmente, habla sobre el acaparamiento de tierras y las relaciones que estas tuvieron con grupos ilegales que operaban en la zona del Magdalena.

Por su parte, los casos del Urabá antioqueño ofrece nociones sobre cómo el despojo de tierras también se ha dado “a partir del uso de políticas públicas para el acceso y distribución de la propiedad agraria”, informa la comisión, señalando que con los mismos se pueden comprender las redes que se construyeron “entre empresas bananeras, grupos al margen de la ley y entidades públicas para despojar no solo de la tierra sino también del trabajo a cooperativas y asociaciones de campesinos que buscaban establecer proyectos comunitarios sostenibles como proyectos de vida”.

En paralelo están los hechos observados en el Cesar, que hablan de la concentración de la tierra por parte de poderes políticos y económicos para el impulso de proyectos extractivos o agroindustriales a costas de las comunidades campesinas. “Este análisis también muestra que han existido no solo alianzas entre empresarios y grupos armados al margen de la ley, sino que en ocasiones la misma formación de esos grupos ha sido impulsada por sectores económicos que buscan proteger la adquisición ilegal de tierras baldías que deberían haber sido adjudicadas a campesinos”, advierten.

Finalmente, señala dicha entidad, el documento ofrece elementos tanto para esclarecer la verdad y fortalecer las medidas de justicia restaurativa como para “fundamentar nuevos pactos que permitan una verdadera convivencia pacífica y las rutas que debemos construir como sociedad para evitar que estas injusticias se repitan”.

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