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La causa contra Donda no avanza: se demoran las diligencias que definirán si finalmente es citada a indagatoria

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Victoria Donda

El caso en el que se investiga si Victoria Donda -que está a cargo del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)- cometió delito cuando le ofreció un cargo público o un plan social a su empleada doméstica para evitar un conflicto laboral, se encuentra dormido, en una fase de espera de información.

Donda fue denunciada en diciembre pasado por el abogado de Arminda Banda Oxa, la mujer que trabajó como empleada doméstica durante más de una década en la casa de la funcionaria pública. La presentación señalaba que con la intención de conciliar un conflicto laboral suscitado durante la pandemia, la funcionaria le había ofrecido un empleo en el INADI o un plan social. Así consta además en la declaración de Banda Oxa en la causa y así lo ratificó en los últimos días en un programa de cable.

El juez Sebastián Casanello le había delegado la investigación del caso-que comenzó el año pasado- al fiscal Guillermo Marijuán.

En la primera semana de enero de 2021 Marijuán había imputado a Donda. Y un mes depués, luego de tomar declaraciones y sumar documentación al expediente, pidió la indagatoria de la funcionaria pública.

Cuando pidió citarla, el fiscal había considerado que “resulta inequívoco el beneficio que la imputada pretendía obtener al ofrecer gestionar a la Sra. Banda Oxa un contrato en el INADI, organismo que se encontraba a su cargo, o un plan social, y esto es, tal como se viene sosteniendo, la posibilidad cierta y concreta de dar por finalizada toda pretensión de reclamo laboral por la deuda existente en cabeza de la imputada”.

Y agregó: “La señora Banda Oxa testificó en forma detallada las alternativas por las que transcurrió, a lo largo de los años, el vínculo laboral con Donda, caracterizado por la informalidad y la falta de cumplimiento del régimen laboral vigente por parte de la imputada, y que culminara con reducciones de sueldos y retrasos en sus pagos durante los meses que rigió el ASPO dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo de la pandemia por el coronavirus Covid-19. En este contexto, la contratación de la señora Arminda Banda Oxa en el INADI no encuentra justificación alguna en los fines y objetivos de la función pública sino que aparece como el recurso utilizado por la imputada para neutralizar las acciones que, con motivo de aquella contingencia, pudieran iniciarse en su contra”.

La defensa de Donda había señalado que la oferta se había hecho en “potencial” y que no se había acreditado “la obligación de renunciar ante el ofrecimiento”.

El 1° de marzo Casanello rechazó aquel pedido de indagatoria que había hecho Marijuán y señaló que no se podía encuadrar la investigación en ninguno de los tipos penales que había considerado el fiscal.

Las explicaciones de Donda en una entrevista con Infobae (Infobae)

El juez había concluido: “En definitiva, el problema que observamos es que no existe -o no se ha explicitado en el dictamen fiscal- un acto funcional que concrete el desvío de poder presuntamente adelantado en las conversaciones entre Donda Pérez y su ex empleada”. El juez había agregado que “no se podría cumplir con la condición de validez de una indagatoria si al momento de la intimación en lugar de anoticiar un hecho concreto -expuesto de modo íntegro, claro, preciso y circunstanciado-, mencionásemos meras denominaciones legales, adjetivaciones rimbombantes, abstracciones u omitiésemos elementos que caractericen jurídicamente la imputación”. Entonces le devolvió el expediente a Marijuán.

Al día siguiente el fiscal insistió y reiteró el pedido de indagatoria. Marijuán había fundamentado nuevamente la indagatoria cuando dijo: “Específicamente se estimó probado que la mencionada Donda Pérez abusando de su condición de funcionaria pública, como Interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –INADI- ofreció a la Sra. Arminda Banda Oxa un cargo en el citado organismo o un plan social, a cambio de su renuncia como empleada doméstica en el domicilio particular de la imputada, evitando con ello afrontar un reclamo indemnizatorio producto de ese vínculo laboral de carácter personal”.

Marijuán había recordado que Casanello le había delegado la causa, hecho que implica que es el fiscal el que maneja la investigación. El fiscal había señalado que “las circunstancias alegadas por VS para no dar curso a la petición de esta parte –que podrían adelantar su posición en orden a la cuestión de fondo debatida-, no conmueven el criterio adoptado por el suscripto, ya que los hechos por los cuales se ha solicitado la declaración indagatoria de la imputada, han sido valorados y calificados jurídicamente por esta representación del Ministerio Público Fiscal, más allá del encuadre típico que en definitiva pudiera corresponder, razón por la que no cabe efectuar ningún tipo de valoración a lo expresado por el magistrado actuante, sino solo mantener la posición adoptada y fundamentada oportunamente”. Aquel 2 de marzo Marijuán le devolvió el expediente a Casanello.

Al día siguiente el juez Casanello volvió a rechazar el pedido de indagatoria formulado por Marijuán y tomó la decisión de reasumir la investigación. Desde entonces el expediente está a cargo del juez. En al resolución por la que resumió la investigación el juez firmó una orden de presentación para que el INADI informara si se había registrado alguna “resolución, acto administrativo, contrato o el comienzo de alguna gestión pública para contratar” a Banda Oxa. Casanello hizo un pedido similar al ministerio de Desarrollo Social para saber si en algún momento se inició algún tramite para que Banda Oxa fuera favorecida con un plan social o con cualquier otro beneficio similar.

Una vez que llegue esa información el juez Casanello decidirá los pasos a seguir en el expediente.

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