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Los argumentos de Cristina Kirchner para pedir a la Corte Suprema que el caso de espionaje ilegal durante el gobierno de Macri no vaya a Comodoro Py

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. EFE/ Juan Mabromata/Archivo
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. EFE/ Juan Mabromata/Archivo
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La vicepresidenta Cristina Kirchner busca evitar en la Corte Suprema que vaya a Comodoro Py el caso del espionaje que salpica a las autoridades del espionaje macrista, en donde ella es una de las querellantes. Su abogado Carlos Beraldi presentó hoy el recurso extraordinario ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal para que le habilite el camino para ir al máximo órgano judicial, tribunal que –aguarda- deje el expediente en los tribunales de Lomas de Zamora.

Justamente el caso llegaría a la Corte, la misma contra la que Cristina Kirchner disparó el 9 de diciembre pasado al cumplir un año de gestión como vicepresidenta. Cualquier decisión se leerá en clave política.

Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, con la presentación de CFK, la Sala IV de la Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Angela Ledesma, analizarán el recurso para definir si conceden la apelación o si la querella tendrá que recurrir en queja.

El dato no es menor: es que si la presentación cumple los requisitos formales y el tribunal concede el recurso, la causa permanecerá bajo la órbita de Lomas de Zamora hasta que la Corte Suprema revise la cuestión de competencia. Es decir: no llegará a Py de manera inminente, dijeron fuentes judiciales.

En la presentación a la que accedió Infobae, Beraldi sostuvo que “resultaría un verdadero escándalo jurídico -uno más- si en esta oportunidad se le denegara a mi parte o al resto de los litigantes la existencia del presupuesto aquí analizado, estableciéndose criterios jurídicos diferenciales según la afinidad política de quien recurre”.

Entre sus argumentos, Beraldi afirmó que la decisión de Casación del viernes pasado de enviar el caso a Comodoro Py se parece a una “sentencia definitiva, toda vez que irroga gravámenes de imposible o insuficiente reparación ulterior”. “Si bien la resolución impugnada no pone fin a la causa ni se pronuncia de manera definitiva sobre el fondo del proceso, la naturaleza del gravamen que irroga exige una consideración inmediata, en tanto constituye la única oportunidad para obtener una adecuada tutela de la garantía del juez natural”, se sostuvo.

Según se sostuvo, “la decisión que ocasiona el agravio invocado fue adoptada por vuestra Sala, la cual no debió haber tomado intervención en el caso, habida cuenta de que este proceso ya tenía previa radicación en la Sala I de esta Cámara Federal de Casación Penal. Por otro lado, se privó a mi parte de la posibilidad de cuestionar la actuación de V.E. en esta litis, toda vez que se omitió notificar a las partes, como correspondía, de vuestra intervención, con carácter previo al dictado de la sentencia. Ello significó un inequívoco gravamen al derecho de defensa en juicio”.

Fabián de Sousa - Juzgado de Lomas de Zamora
Carlos Beraldi (Franco Fafasuli) (Franco Fafasuli/)

Pero además Beraldi planteó que la decisión se tomó por mayoría, recordando que los jueces Borinsky y Carbajo votaron por el pase a Py pero su colega Angela Ledesma entendió que debía seguir en Lomas de Zamora y hasta cuestionó que la Sala IV fuera la que hubiera intervenido en la cuestión (porque Sala I ya estaba analizando una causa conexa).

“Ergo, es imprescindible que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en el caso y, de forma inmediata, emita una resolución que garantice el enjuiciamiento y la sanción de las maniobras delictivas denunciadas ante los Tribunales que por ley resultan competentes. Por todo lo expuesto, acude en la especie un caso inequívoco de gravedad institucional que también corrobora la pertinencia del presente recurso”, sostuvo Beraldi.

La causa que nació en Lomas de Zamora tiene una significativa importancia para el kircherismo. Es que desde allí se logró demostrar por un lado la vigilancia sobre la entonces ex presidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria durante 2018, pero además un grupo de Whatsapp dejó al descubierto el espionaje ilegal que se hizo a dirigentes opositores al macrismo y también a integrantes de ese espacio como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal-, junto a periodistas y gremialistas. Y también abrió el capítulo sobre las vigilancias a los llamados presos K.

En la causa del Instituto Patria ya están con procesamiento confirmado los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el ex jefe de Operaciones Especiales Alan Ruiz y el encargado de Contrainteligencia Martín Coste. En la investigación por los políticos y las cárceles están imputados Arribas y Majdalani, el ex director del Servicio Penitenciario Emiliano Blanco y el ex secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, entre otros, sumados a un grupo de agentes de la AFI, policías y penitenciarios y la ex funcionaria de Casa Rosada Susana Martinengo.

El juez Juan Pablo Augé debía resolver desde diciembre si hacía lugar al pedido de procesamiento por asociación ilícita que habían solicitado la fiscal Cecilia Incardona y otros querellantes. La decisión de Casación de remitir el caso a Comodoro Py, en donde quedaba en manos de la jueza María Capuchetti y el fiscal Carlos Stornelli, sacudió al Gobierno.

La decisión de Casación fue el viernes pasado. El sábado, el presidente Alberto Fernández y la ministra Marcela Losardo cuestionaron abiertamente al Poder Judicial y su credibilidad.

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