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El fiscal Stornelli apeló la decisión de archivar la causa por el “Operativo Puf”, el supuesto complot para hacer caer el caso Cuadernos

El fiscal Carlos Stornelli (Nicolás Stulberg)
El fiscal Carlos Stornelli (Nicolás Stulberg)

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi resolvió archivar por inexistencia de delito el caso que investigaba la denominada “Operación Puf", al alegar que la causa Cuadernos nunca estuvo en riesgo. “”Puf” fue la investigación que se abrió en Comodoro Py para determinar si ex funcionarios kirchneristas pergeñaron la investigación que tiene en sus manos el juez Alejo Ramos Padilla en Dolores para dinamitar la causa Cuaderno, que desembocó en un nuevo procesamiento por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner.

En ese expediente, Alejo Ramos Padilla proceso al fiscal federal Carlos Stornelli, una pieza clave en la pesquisa que confirmó la existencia de un sistema de coimas que pagaban ciertos empresarios para acceder a la obra pública en épocas de CFK en la Casa Rosada. Ese caso debe ser juzgado por el Tribunal Oral Federal 8 (TOF8), cuyo titular Germán Castelli acaba de ser eyectado por la decisión de la bancada kirchnerista del Senado.

Stornelli conoció la decisión procesal de Martínez de Giorgi apeló a la Cámara Federal para que revise su remisión al oscuro archivo de Comodoro Py.

El juez Martínez de Giorgi se basó en analizar qué denunciaba el primer dictamen fiscal para verificar “la existencia de una operación dirigida a entorpecer el correcto desarrollo del expediente Nº 9608/18, conocido por la causa de ‘los Cuadernos’, siendo que para ello se recurrió al armado de una causa en trámite ante el Juzgado de Dolores”.

Según la resolución a la que accedió Infobae, Martínez De Giorgi afirmó: "Del desarrollo efectuado, queda descartado que las conversaciones y/o diálogos que se consignaron en ambas causas tuvieran la intencionalidad que se les atribuyó primigeniamente al efectuarse la denuncia. Como también –de haber tenido esa intención evidentemente, a la luz de lo realmente ocurrido, no han logrado consumar el objetivo supuestamente perseguido de entorpecer el trámite de la conocida como causa ‘de los Cuadernos’”.

“La realidad muestra que la causa 9608/18 desde su inicio hasta su elevación a juicio el 20 de septiembre de 2019, fue tramitada bajo la dirección del Dr. Claudio Bonadío, por entonces titular de este Juzgado, siendo el fiscal actuante el Dr. Carlos Stornelli, a cargo de la Fiscalía Federal Nº4. Situación que nunca fue alterada”, afirmó el juez.

La vicepresidenta Cristina Kirchner. EFE/EPA/Juan Mabromata / Archivo
La vicepresidenta Cristina Kirchner. EFE/EPA/Juan Mabromata / Archivo
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Afirmó que la tramitación del expediente del caso cuadernos, en donde está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita, junto a un grupo de sus funcionarios y una treintena de empresarios, nunca se vio “perturbada", ni se comprobó que "la maniobra denunciada en este proceso hubiera influido de alguna manera en las decisiones jurisdiccionales que allí se tomaron”. Es más, desatacó, el caso ya fue elevado a juicio.

“No se desprende la existencia de un accionar que pudiera tildarse delictivo, ni que, como consecuencia de ello, correspondiera atribuirle responsabilidad penal a persona alguna”, aseguró. El juez también rechazó la hipótesis de una maniobra de ‘forum shopping’ en el caso que se abrió en Dolores, causa que derivó en el procesamiento del fiscal Carlos Stornelli -junto a D’Alessio, un ex espía, dos ex policías o el fiscal de Mercedes Juan Bidone y un periodista, entre otros-.

A Elisa Carrió, además, la descartó como querellante en la misma resolución por “no resultar ella directamente afectada por los sucesos denunciados, ni ser particularmente ofendida por ellos, corresponde no hacer lugar a tal pedido”. “Más aun, cuando se ha concluido, conforme todo lo dicho, que el objeto procesal de estos autos, no constituye delito”, añadió.

Con esta decisión, Stornelli ya apeló ante la Cámara Federal para que la causa siga abierta. El fiscal cree que la investigación de Dolores fue un complot para atacar la causa de los cuadernos de la corrupción e insistirá con esa hipótesis para que la decisión de Martínez De Giorgi sea revocada y el caso siga investigándose.

Según plantea el escrito que impulsó el fiscal, y al que accedió Infobae, llama la atención que se omitiera “cualquier tipo de valoración respecto de la anticipación en una red social de la maniobra aquí denunciada, ello por parte de la Diputada Carrió, precisamente 18 horas antes de que se hiciera pública la causa del Juzgado Federal de Dolores” ni profundizara en “cuanto menos sugerente seguidilla de visitas registradas en el penal de Ezeiza, respecto de algunos de los protagonistas de las conversaciones develadas en autos y durante el período en que ésta tuvieran lugar, como así respecto de algunos involucrados en la causa “Cuadernos” y sus conexas”.

El caso

Buenos Aires: La diputada Elisa Carrió durante el debate del proyecto de Restauración de la Sostenibilidad y la Deuda Pública Interna. Foto: Víctor Carreira/Télam/ef 29012020
Buenos Aires: La diputada Elisa Carrió durante el debate del proyecto de Restauración de la Sostenibilidad y la Deuda Pública Interna. Foto: Víctor Carreira/Télam/ef 29012020

La llamada causa “Operativo Puf”, que nació casi en paralelo a la investigación sobre el falso abogado Marcelo D’Alessio, busca esclarecer si hubo un complot de presos kirchneristas para derribar la causa de los cuadernos. Las sospechas contra esos detenidos, entre los cuales estaba Roberto Baratta y Juan Pablo Shiavi, surgieron a través de transcripciones que llegaron de manera anónima, casi en forma paralela, al fiscal Stornelli y a la diputada Elisa Carrió.

Stornelli hizo una denuncia y el caso cayó en manos del juez Luis Rodríguez y el fiscal Jorge Di Lello. Esa causa fue cerrada mas tarde. Inmediatamente después, las legisladoras aliadas a Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, radicaron la presentación que cayó en manos del juez Claudio Bonadio. El caso tuvo cinco fiscales que por distintos motivos se fueron excusando. El sexto fiscal, Franco Picardi, llegó a la causa en noviembre de 2019.

Mientras el fiscal Carlos Stornelli tomaba declaración como arrepentido al contador Victor Manzanares en la causa cuadernos, la diputada Elisa Carrió publicó en su red social que había una operación en la que vinculó al juez Ramos Padilla.

La denuncia se sustenta en interceptaciones telefónicas hechas por un juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, para conocer los diálogos en prisión del narcotraficante Mario Segovia, conocido como el “Rey de la efedrina”, que está detenido en Ezeiza. Esas interceptaciones legales terminaron permitiendo escuchar a otros detenidos, como el caso de los ex funcionarios kirchneristas. Villena aseguró que había ordenado la destrucción de esas conversaciones. De alguna manera terminaron difundiéndose.

Allí se oía por ejemplo al ex subsecretario Roberto Baratta y al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, conversando con el ex representante en el Vaticano Eduardo Valdés, hoy diputado nacional. Es más: es Valdes quien pronunció la frase: "Va a haber novedades, quedate tranquilo. “Operativo Puf… Bonadio, Stornelli, Puf…”. Más tarde, se amplió a otros involucrados, como el juez Ramos Padilla y su padre. Entre los denunciados apareció el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade y Pedro Etchebest, el denunciado de la causa de Dolores.

El juez Bonadio avanzó fuerte con esa denuncia, en una puja que mantenía abierta con su colega de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien también invitó a hacer un descargo como imputado a Bonadio.

Alejo Ramos Padilla (Adrián Escandar)
Alejo Ramos Padilla (Adrián Escandar) ((Adrián Escandar)/)

Los diálogos se difundieron en televisión. Algunas de esas conversaciones de los detenidos eran con sus familiares o abogados. Eso llevó a la que la Corte Suprema de Justicia hiciera una advertencia sobre poner límites al uso de las interceptaciones telefónicas: instó a los jueces a disponer escuchas telefónicas solo “con criterio restrictivo” y de forma “fundada”, y exhortó a la Comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia a certificar que la AFI “no realiza tareas de investigación criminal ajenas a las expresa específicamente solicitadas como requerimiento de asistencia por los magistrados judiciales”.

El caso Puf ahora está siendo analizado por la fiscal Cecilia Incardona, en el marco de la causa que analiza si existió un espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri y uno de sus capítulos aborda el caso de detenidos en causas de corrupción.