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El Poder Judicial estima que necesitará casi 7.000 millones de pesos más para el año próximo

presupuesto del poder Judicial
(Marcelo Regalado)

Para el 2021, el Consejo de la Magistratura de la Nación estima que necesitará $71.700 millones para el pago de sueldos de jueces y empleados de la Justicia nacional y federal. Ese monto implica $6.800 millones más que los $65.000 millones previstos hasta el cierre de este año.

La cifra surge del anteproyecto del Presupuesto 2021 elaborado por el administrador general, Claudio Cholakián, que se consideró hoy en la reunión de la Comisión de Administración del Consejo de la Magistratura de la Nación, y fuera adelantado por Infobae el domingo.

Si bien estaba previsto, inicialmente, que se apruebe esta tarde para ser tratado este jueves en el plenario, el presidente de la Comisión, el abogado radical Juan Pablo Vélez, propuso postergarlo a fin de que pueda ser analizado en más detalle y los consejeros pudieran proponer modificaciones.

El punto que generó observaciones durante la reunión fue la inclusión de $850 millones para los sueldos de los 137 nuevos cargos de jueces federales contemplados en el proyecto de la reforma judicial enviado al Senado hace dos semanas.

El gasto en personal del Poder Judicial

Del total de los recursos estimados para 2021, el 95% ($ 67.856 millones) está destinado al pago de los sueldos de 24.502 cargos, entre magistrados, funcionarios judiciales, técnicos, peritos, auditores y empleados de distintas áreas y escalafones. Esta cifra incluye tanto los cargos actuales, como los requerimientos para completar dotaciones de personal en juzgados, tribunales y dependencias del Poder Judicial ya existentes, y para los juzgados y tribunales ya creados, pero aún no habilitados. En total, los cargos requeridos para los cuales el Consejo está pidiendo recursos suman 4.574.

Presupuesto Consejo de la Magistratura de la Nacion
Destacada con la flecha, la partida en el anteproyecto del Presupuesto 2021 para el Poder Judicial para los sueldos de los nuevos jueces previstos en el proyecto de la reforma judicial. El punto fue objetado en la reunión de hoy.

Para la proyección de gastos en personal, en el anteproyecto se aclara que se tomó la base de salarios a junio del 2020, sin aumentos salariales ni variaciones por paritarias en 2021.

Los sueldos de los nuevos jueces

Los $850 millones para los 137 nuevos cargos de jueces federales contemplados en el proyecto de la reforma judicial que impulsa el Ejecutivo, contemplan los sueldos de 15 magistrados para integrar los cinco nuevos TOFs con un sueldo de camaristas de $667.000 mensuales brutos; otros cinco secretarios de cámara con un ingreso presupuestado de $370.000; 23 jueces de primera instancia para los nuevos juzgados penales federales a crearse en la Ciudad, y 94 magistrados federales en el interior, con sueldos estimados mensuales brutos de $457.000.

Presupuesto Consejo de la Magistratura de la Nacion
Detalle de los montos anuales en pesos, previstos para los sueldos de los distintos cargos de jueces a crearse en el proyecto de reforma judicial. Fuente: Consejo de la Magistratura de la Nacion.

Sin embargo, este punto fue uno de los observados, en primer lugar, por el diputado y consejo del PRO Pablo Tonelli. “Me llamó la atención que se incluyó algo que no esta aún aprobado. Me parece perfecto que se haga estimación de cuanto saldrían los nuevos jueces, pero no me parece ponerlo en el presupuesto en esta instancia”, advirtió.

Su señalamiento fue acompañado por el presidente del Consejo, el juez Alberto Lugones. “No fue un tema conversado previamente. Mi intención no es mantenerlo ya que abriríamos un debate en el ámbito del Consejo, que es propio del Legislativo. Si después el proyecto de la reforma judicial se aprueba, se verá de incluir una partida aparte”.

Ante esos cuestionamientos, Cholakian explicó que se incluyó en el anteproyecto para que los consejeros tuvieran “una acabada idea de los costos de los cargos de magistrados que están en proyecto de ley”.

La decisión de excluir ese ítem quedó prácticamente sellada cuando el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, confirmó que debía tenerse en cuenta solo para una evaluación del costo. “Debemos trabajar sobre concreto. En caso de aprobarse la ley, y luego en las instancias temporales correspondientes, se verá de hacer las correcciones presupuestarias pertinentes”, señaló.

Al terminar la reunión y ante la consulta de Infobae, Más Vélez precisó que esos $ 850 millones no se restarían del presupuesto estimado, sino que se destinarían a atender “el stock de cargos requeridos a crearse y que superan los 4.500”, así como a “atender otras necesidades, como la regularización del plan de limpieza y de tecnología”.

Según un cálculo tentativo preliminar que preparó el presidente de la Comisión de Administración con sus asesores, además de los $850 millones para los sueldos de los jueces, la reforma judicial – de aprobarse así como establece el proyecto- insumiría otros $747 millones para personal. A esta cifra, estimó Más Velez, habría sumarle una estimación de $15.800 millones en adquisición de edificios para que funcionen los nuevos juzgados y tribunales, tomando como base unos 650 m2 para cada uno, y que debieran ser instalados desde cero en espacios nuevos. Y finalmente, otros $25 millones para computadoras e impresoras. Ninguno de estos ítems no están incluidos en el anteproyecto del Presupuesto 2021. Solo los sueldos de los nuevos jueces.

Cargos ya creados sin recursos

De hecho, en el anteproyecto también está prevista una partida de $358 millones para otros 1.098 cargos para juzgados o tribunales aún no fueron habilitados por la Corte, pero ya creados por leyes anteriores. Están vacantes porque no hay aún un juez designado por concurso, o aún teniendo magistrado asignado, no hay recursos para disponer de un edificio propio o nombrar al personal correspondiente.

Es el caso, por ejemplo, de los Juzgados Federales de Victoria y Concordia (Entre Ríos), Libertador General San Martín (Jujuy), General Pico (La Pampa), Puerto Iguazú (Misiones), Pehuajó (Buenos Aires), Nº4 de Mendoza, Nº3 de Tucumán, o el TOF Nº3 de Córdoba y el de La Plata. Un ejemplo de la demora que puede llevar este trámite es el de la Cámara de Defensa de la Competencia, creada en 2014.

Los gastos de funcionamiento

Para el resto de las necesidades de funcionamiento de la Justicia nacional y federal del todo el país, el anteproyecto estima para 2021 unos $3.800 millones. Este monto está destinado a cubrir desde la compra de papel, insumos informáticos y alquiler y mantenimientos de edificios, hasta la reparación de ascensores, personal de limpieza y adicionales de policías, por mencionar algunos de los ítems. Para el cálculo se consideró una Variación de Precios ( IPC) de 30% y aumento en los servicios básicos del 20%.

El abogado y consejero Juan Pablo Mas Velez, presidente de la Comisión de Administración. (Julieta Ferrario)
El abogado y consejero Juan Pablo Mas Velez, presidente de la Comisión de Administración. (Julieta Ferrario) ((Julieta Ferrario)/)

El Consejo de la Magistratura es el responsable de administrar los recursos y pagar los sueldos de la Justicia nacional y federal del todo el país, excepto los de la Corte Suprema, que maneja sus propios fondos. Para eso, debe confeccionar una estimación de sus necesidades cada año, antes del 15 de agosto, y elevarlas a la Corte para que esta se las haga llegar al Poder Ejecutivo, que es el que debe girarle los recursos. Sin embargo, Cholakian ya acordó con la jefatura de Gabinete de la Nación, una prórroga de 15 días para la elevación del proyecto aprobado por el plenario del Consejo.

Usualmente, el Ejecutivo no envía toda la partida solicitada ya que fija un “techo” presupuestario en función del 3,5% que le corresponde al Poder Judicial de la recaudación. De ese porcentaje, el 2,93% es para Consejo y el 0,57% para la Corte. El Consejo debe luego “negociar” con el Ejecutivo para achicar la diferencia entre lo presupuestado y lo que el Ejecutivo le gira, y ver cómo administra el dinero que le llega. Para el 2021, el “techo” previsto es de $67.800 millones, por lo que la diferencia estimada con lo presupuestado es de casi $4.000 millones. Ahí es donde el Consejo debe decidir cómo administra los fondos y ese “faltante” y qué necesidades prioriza.

El déficit presupuestario este año, en el que se prorrogó el Presupuesto nacional del 2019, hizo que el Ejecutivo le tuviera que girar ya una partida adicional de $7.500 millones y está prevista otra similar para completar unos $15.000 millones extra a los $50.000 millones asignados inicialmente en el presupuesto, para alcanzar los $65.000 que serán necesarios hasta fin de año.

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