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Avanza la comisión Beraldi: grupo de WhatsApp, ideas en marcha y malestar por las críticas

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El presidente Alberto Fernández anunció el proyecto de reforma judicial (Presidencia)

Repartidos por el mundo, los 11 juristas convocados por el presidente Alberto Fernández para “repensar” el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal ya empezaron a reunirse. ¿Cómo? Por WhatsApp. Crearon un grupo de chat para comenzar a dialogar sobre cómo llevarán adelante la tarea que les encomendó el Ejecutivo a partir del próximo 18 de agosto. Saben que estarán en el ojo de la tormenta durante las próximas semanas. Es que, más allá de la iniciativa oficial de licuar el poder de Comodoro Py a través de la reforma judicial, la creación de este comité de expertos que pone bajo la lupa a la Corte Suprema despertó las especulaciones de la ampliación del tribunal y la búsqueda de impunidad para Cristina Kirchner.

Mientras desde el Gobierno buscan bajarle el tono a esas lecturas, varios de los integrantes están enojados con lo que se está diciendo sobre ellos en los medios. Los acusan de ser un consejo asesor que busca la impunidad de CFK. “Todavía no hicimos nada. Es lo de siempre, la grieta: no saben qué vamos a hacer, pero te ponen en la vereda de enfrente y te descalifican”, rezongó ante Infobae uno de los miembros de la comisión.

La tarea está en manos de los abogados Carlos Beraldi -defensor de Cristina Kirchner-, León Arslanian -ex juez del juicio a las Juntas y ex ministro de Justicia-, Andrés Gil Domínguez -el constitucionalista que participó del debate de Ley de Medios ante la Corte por el grupo Clarín-, Gustavo Ferreyra -allegado a Eugenio Zaffaroni- y Marisa Herrera -especialista en derecho de familia y simpatizante kirchnerista-; junto a los ministros de las cortes locales Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), Omar Palermo (Mendoza) María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) e Inés Weinberg de Roca (Capital Federal que, además, fue la ex candidata a la Procuración General postulada por Mauricio Macri). El último integrante es Enrique Bacigalupo, un ex juez en España, donde vive hace 40 años luego de exiliarse en los años 70.

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Los 11 juristas convocados por el presidente Alberto Fernández para “repensar” el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal

Tal como detalló el miércoles Infobae, habrá un coordinador del grupo, Fabián Musso, quien integró la defensa de Néstor y Cristina Kirchner en la primera causa que tuvieron por enriquecimiento ilícito al llegar al Ejecutivo y sobre el que disparó Amado Boudou cuando estalló el escándalo Ciccone y el ex vicepresidente habló de ofrecimientos de “tráfico de influencias” de parte del estudio jurídico del entonces procurador Esteban Righi.

La presencia del defensor de la vicepresidenta en la comisión tocó la llaga que avivó los enojos y desató el rechazo de la oposición. Beraldi -que en su rol de abogado culpó a la actual Corte de haber avalado el avance de las causas contra CFK desde Comodoro Py, bajo la hipótesis de lawfare- prefirió por estas horas guardarse a silencio.

Lo mismo hizo su amigo y colega León Arslanian, el ex miembro del juicio a las Juntas que se convirtió en otra de las figuras de la polémica porque tiene como cliente a Ricardo Echegaray, el ex titular de la AFIP. Fue precisamente el ex ministro de Justicia de Carlos Menem el que desde hace meses había sido sondeado por Alberto Fernández para armar esta comisión que revisara el funcionamiento de la Corte.

Alberto Fernández - Reforma Judicial
El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi

Se rumorea que a la hora de pensar en quiénes podían estar en ese grupo, Arslanian en el primero que pensó fue en su amigo y ex integrante del juicio a las Juntas, Ricardo Gil Lavedra. La inclusión del radical hubiera ganado la simpatía del partido, pero la idea quedó descartada antes de nacer. Es que Gil Lavedra fue el abogado de la AFIP en las acusaciones contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por los 8 mil millones de pesos que el ente recaudador reclamaba, un causa que indignó a Alberto Fernández antes de que Cristina Kirchner lo invitara a ser candidato a presidente y que llevó a Elisa Carrió, días atrás, a reclamarle explicaciones sobre cuál había sido la relación profesional con el dueño de C5N.

A Gil Lavedra le comentaron la idea de esta comisión que estaba por gestarse, pero nunca llegó a recibir una propuesta formal, confirmaron a Infobae las fuentes consultadas. La opción entonces derivó en otra figura del PRO, Federico Pinedo, un abogado y ex senador al que Cristina Kirchner respeta desde los tiempos de su presidencia. Alberto Fernández le pidió a su “amigo” Horacio Rodríguez Larreta que lo sondeara, pero el jefe de Gobierno porteño le dijo que antes debía consultarlo con el ex presidente Mauricio Macri. Ahí se terminó el diálogo.

Por eso, la aparición de Inés Weinberg de Roca entre los juristas convocados se leyó como una estocada para el ex gobierno de Cambiemos. El Presidente también le pidió a Rodríguez Larreta su teléfono. La jueza del Superior Tribunal de Justicia porteña aceptó encantada, sin pedir permiso, después de haber esperado en vano durante dos años que el Gobierno de Macri sumara en el Senado los dos tercios de los votos para convertirla en procuradora general de la Nación.

Alberto Fernández - Reforma Judicial
El Presidente junto a Inés Weinberg de Roca

Al presidente Fernández le dedicó “coditos” y sonrisas detrás del barbijo el miércoles último cuando lo vio en el Salón Blanco de la Rosada, junto a quienes son ahora sus compañeros de comisión. A Macri, en cambio, lo cruzó en el avión que este jueves los llevó a ambos a Europa. El ex presidente viajaba con Juliana Awada y Antonia a París, y ella a Berlín a visitar a su hijo, donde permanecerá los próximos días.

Con ella en Alemania, Bacigalupo en España, y los jueces de distintas provincias repartidos por el país, el grupo de WhatsApp apareció como la mejor alternativa para comenzar a ver cómo llevarán adelante el trabajo que les encomendó el presidente. El Ministerio de Justicia cubrirá los gastos de pasajes y hospedajes que hagan falta, pero la comisión trabajará ad honorem.

Una de las ideas que va a proponer Gil Domínguez es la de abrir el debate y que la discusión no se quede solo entre ellos. Quiere que se llame a universidades, colegios especializados y asociaciones para que enriquezcan la discusión. Incluso, no descarta pedir opinión a las instituciones que estaban bajo la lupa. “No creo que venga un ministro de la Corte, pero se los puede invitar y que manden un relator para que cuenten cómo funcionan desde adentro”, señaló a Infobae.

Battaini no quiere adelantar ninguna idea. “Hay que ver y estudiar los números”, responde. Por su parte, Ferreyra tiene otro planteo: quiere que exista un Tribunal Supremo de Casación, que absorba el 90 por ciento de las causas que llegan al máximo tribunal. Una suerte de “pre-Corte”, creando una nueva instancia.

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El jefe de Estado junto a la jueza Elena Highton de Nolasco

Las sugerencias, sin embargo, deberán ser aceptadas por el resto de los integrantes, o al menos por seis de ellos. Por eso en la oposición ya están haciendo especulaciones sobre las simpatías políticas de los juristas convocados para dar por sentado cómo se pronunciarán. El que piense diferente podrá hacer su consideración en forma separada.

Para mediados de noviembre, tendrán que tener un proyecto elaborado para elevar al Ejecutivo. Alberto Fernández ya les pidió propuestas concretas. Después, el presidente verá que hace con eso. La propia ministra de Justicia Marcela Losardo afirmó que esta semana que el jefe de Estado puede tomarlas o desecharlas.

“La idea es reunirse cada tanto y fijar pautas. Tampoco hay que hacer una tesis doctoral. Es plantear el problema y hacer un dictamen”, afirman desde la comisión. Desde el Gobierno creen que de los 11 convocados los más activos serán cuatro: Beraldi, Arslanian, Herrera y Gil Domínguez.

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La ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el ex ministro de Justicia bonaerense León Arslanian

El Ministerio de Justicia ya está recopilando “datos duros”. No solo se está juntando los proyectos de ley de los últimos diez años sobre juicios por jurado, Consejo de la Magistratura, Ministerio Publico Fiscal y de Defensa, y Corte Suprema, como sugiere el propio Ejecutivo a la hora de evaluar las propuestas. También quieren saber cuántas causas entraron a la Corte en la última década, cuántas al Ministerio Público y cuántos concursos y jurys se llevaron adelante el Consejo de la Magistratura.

Buscan “números reales”. Sobre la Corte, por ejemplo, están recolectando detalles de cuántos recursos extraordinarios entran y resuelven, cuánto personal tienen, cuánto demoran en resolver y también cuánto presupuesto manejan, en relación a las partidas que envía la Nación.

“La Corte está funcionando mal”, dijo Alberto Fernández. Al oír eso, fuentes del mismo tribunal hicieron circular números de su desempeño: solo en 2019 se resolvieron casi 30 mil fallos -cuatro veces más que el año anterior-, y más de la mitad fueron planteos previsionales por juicios que el Estado no paga. La idea de ampliar el máximo tribunal está latente, aunque desde el Gobierno insiste en bajarle el tono a esas hipótesis y sostiene que eso no es el foco principal. “No se está buscando la impunidad de Cristina”, repiten.