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Deuda: el Gobierno comunicó que no mejorará la oferta financiera, pero podría ajustar las cláusulas legales que dificultan un acuerdo

Alberto Fernández, que hace unos días criticó la "cartelización" de los acreedores, y el ministro Guzmán, cuya gestión es defendida en el comunicado

El gobierno ratificó hoy que no aumentará el valor financiero de la oferta presentada el 6 de julio pasado a los acreedores, pero admitió la posibilidad de ajustes de las cláusulas legales.

En un muy balanceado comunicado, destinado tanto al frente interno como al externo, el mensaje incluye una crítica al “acuerdo de cooperación” recientemente anunciado por tres comités de bonistas para rechazar la oferta argentina y la contundente frase de que “no podemos mejorar las ganancias de corto plazo de nuestros acreedores”, pero también, en su penúltimo párrafo, el señalamiento de que “la Argentina desea contribuir y contribuirá a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas de restructuración de deuda soberana cuando los deudores tengan apoyo significativo de los acreedores” y refiere luego que “Los ajustes a los modelos de contrato elaborados por el International Capital Markets Association (ICMA), que fueron adoptados por Argentina en 2016, en la medida en que gocen de un apoyo generalizado, también serán apoyados por Argentina”.

El extenso mensaje oficial repasa el proceso negociador a partir de la oferta inicial, presentada el 21 de abril y afirma que a lo largo del mismo “Argentina ha permanecido comprometida de buena fe con sus acreedores internacionales. Durante las diez semanas que siguieron a su oferta inicial, mantuvo numerosas rondas de discusiones y conversaciones con diferentes grupos de inversores. Ese diálogo, a pesar de sus deficiencias, fue de gran utilidad tanto para los inversores como para Argentina. Los inversores pudieron identificar mejoras en la oferta de Argentina que aumentarían el valor de sus títulos de deuda modificados, a la vez que éstos continuaban siendo compatibles con el análisis de la República y el FMI sobre la sostenibilidad de la deuda pública argentina”.

Historial

Luego, sigue el comunicado, los acreedores pujaron por una modificación de la oferta oficial “en numerosos aspectos”, algunos de las cuales fueron tenidos en cuenta y otros rechazados porque, dice el texto, “habrían comprometido la probabilidad de una recuperación económica a corto plazo, e hipotecado las perspectivas de las generaciones argentinas presentes y futuras. Una reestructuración de deuda que es miope en sus objetivos no beneficia a nadie, ni al deudor ni a los acreedores”.

En una crítica velada al macrismo, el documento también señala que “si la historia financiera reciente de Argentina nos ha enseñado algo es que el objetivo de corto plazo de conseguir el apoyo de los acreedores no puede echar por la borda la disciplina de asumir compromisos sólo en la medida en que éstos puedan cumplirse a largo plazo”.

A posteriori, el gobierno explica la mejora de la oferta presentada el 6 de julio que –dice- “mejoró el valor de los títulos de deuda modificados y abordó varias cuestiones de documentación planteadas por los acreedores, a la vez que se ajustaba a las limitaciones de sostenibilidad de la deuda”, amén de introducir “un umbral mínimo de participación” que –remarca- “denota la voluntad de Argentina de proceder sólo si existiere un amplio consenso para su propuesta de reestructuración”.

martin guzman deuda pago

Trato igualitario

Como ejemplo de la búsqueda de equidad de trato a todos los acreedores, el mensaje cita el envío al Congreso de un proyecto de ley para tratar de igual modo a los titulares de bonos en dólares bajo ley argentina y luego acomete contra lo que el presidente Alberto Fernández llamó “cartelización” de los acreedores que “en lugar de comprometerse a cooperar con la Argentina para superar sus dificultades y crear oportunidades de crecimiento” se pusieron de acuerdo “para rechazar la oferta”.

“A pesar de este lamentable paso atrás”, encara el mensaje su tramo final, la Argentina examinó las “nuevas solicitudes en forma constructiva y de buena fe”, y rechaza “aquellos aspectos de la contrapropuesta que buscan imponer cargas adicionales a una economía que se está ahogando en plena crisis del COVID-19, en donde se ha hecho un esfuerzo enorme por preservar la vida humana a costa del bienestar inmediato de la población, deben saber que sus reclamos no pueden ser acomodados. No sólo sería irresponsable, sino que también sería injusto. Con más del 50% de las niñas y los niños argentinos viviendo en la pobreza, no podemos mejorar las ganancias de corto plazo de nuestros acreedores a costa de detraer recursos necesarios para darle a nuestras niñas y niños al menos la oportunidad de un futuro mejor”.

El comunicado también señala que los acreedores pretenden que la Argentina pague los honorarios de sus abogados y asesores.

“Ningún acuerdo vale ese precio”, dice un párrafo altamente político que apunta simultáneamente a los frentes interno y externo, previo a la concesión de posibles “ajustes” a los modelos de contrato.

En su párrafo final, el gobierno reafirma que “Argentina tiene la plena intención de llegar a un acuerdo sostenible que no someta a su pueblo a más sufrimientos y angustias” y que la oferta del 6 de julio es la oferta definitiva de la República a sus acreedores y representa el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener”, por lo que “alienta a la comunidad de acreedores a aceptarla, sabiendo que de no ser así toda negociación futura será más compleja porque más difícil será la situación que enfrente Argentina”.

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