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Un operativo premiado por la DEA, el robo de US$ 60 mil y un allanamiento: la insólita historia del celular que almacenaba las pruebas del espionaje

Los allanamientos arrancaron el 12 de marzo y duraron varios días (Policía de la Ciudad)
Los allanamientos arrancaron el 12 de marzo y duraron varios días (Policía de la Ciudad)

La primera tanda de allanamientos arrancó a la 1 de la mañana y terminó a las 11 de la noche de ese mismo día. Era el desenlace de una mega investigación internacional que llevaba casi dos años. La Justicia argentina, en conjunto con la DEA, había logrado desbaratar una banda que vendía ilegalmente productos médicos a través de la farmacia virtual Goldpharma. En los allanamientos se secuestraron unos US$ 400 mil y más de 4 millones de pesos. Pero un policía “infiel”, o varios, arruinaron la “fiesta” y se quedaron con una parte de ese botín. La Justicia comenzó una investigación paralela: allanó la casa de cinco policías sospechados y secuestró varios celulares. Un año después, por una cadena de casualidades, uno de esos teléfonos abriría la Caja de Pandora del espionaje ilegal.

La trama comienza el 12 de marzo del año pasado. Por la causa de Goldpharma, el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola ordenó ese día 21 operativos entre Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. “Hemos llegado a desbaratar una organización que lastimaba, mataba y delinquía en diferentes lugares del mundo”, anunciaba al día siguiente el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli junto a la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

La investigación local se disparó a partir de un informe de la DEA que había detectado la venta de diferentes drogas farmacéuticas tales como oxicodona, hidrocodona, codeína, tapentadol, metilfenidato, tramadol, tranquilizantes y analgésicos regulados en Estados Unidos. La organización delictiva tenía proveedores en Rumania e India y los vendía a través de Goldpharma. Todo era coordinado a través de un call center en Argentina. Y el dinero obtenido se lavaba en cuevas de la City.

El operativo, luego premiado por la DEA, tuvo una mancha. Mientras todos festejaban, desaparecieron US$ 60 mil dólares. El dinero, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, estaba repartido en dos sobres: uno identificado como F-8, con US$ 10 mil secuestrados en Segurola al 4200, y otro identificado como C-1 que tenía otros US$ 50 mil y había sido secuestrado en Juncal al 2000. Enterado del faltante, el entonces jefe del área de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, el comisionado general Gabriel Rojas, denunció el robo ante la Oficina de Transparencia y Control Externo de la fuerza.

En los allanamientos se secuestraron unos US$ 400 mil y más de 4 millones de pesos.
En los allanamientos se secuestraron unos US$ 400 mil y más de 4 millones de pesos.

La primera alarma sonó el 14 de marzo, dos días después del primer allanamiento. Según consta en el expediente, los elementos secuestrados en Segurola al 4200 fueron entregados en la Oficina de Judiciales de la División Investigaciones Informáticas Complejas de la Policía de la Ciudad. Un policía, identificado como Juan Carlos Lagos, había llevado los elementos secuestrados a un depósito, donde otro efectivo detectó el faltante del dinero. Ese policía se negó a firmar el recibo y la cadena de custodia.

Inmediatamente se activó un relevamiento interno, con la intervención de varios policías. El 24 de marzo, diez días después, se detectó el faltante del segundo sobre, el C1, donde había US$ 50 mil.

La denuncia por el robo activó una nueva tanda de allanamientos. Ahora los allanados eran cinco policías que habían participado de la mega investigación: Juan Carlos Lago, Matias Bravo, Guillermo Gregorio Pérez, Cecilia Padilla y Ángel Fernando Torres.

La subcomisario Padilla quedó bajo sospecha porque tenía la llave de la caja fuerte donde se guardaban los objetos de valor de Cibercrimen. Y terminó siendo un personaje clave porque es la esposa de Leandro Araque, uno de los ex miembros de la AFI imputados en la causa por presunto espionaje ilegal a políticos, sindicalistas y periodistas, entre otras personas.

Espionaje Cristina Kirchner - Melo - Araque - Comodoro Py
Araque (el de la derecha) declaró hace una semana en Comodoro Py (Maximiliano Luna)

El juez Yadarola allanó la casa de Padilla y secuestró sus teléfonos. También se llevó un celular de Araque, aunque no tenía nada que ver con el robo del dinero. Nadie sospechaba que ese aparato guardaba el “tesoro” del espionaje.

“Con un celular que se olvidaron en un bar y llegó a la Policía detectamos una red de pornografía infantil, las casualidades ocurren”, asegura un investigador policial.

Araque reportó inmediatamente el episodio a su jefe en la AFI, Alan Ruiz, por entonces director de Operaciones Especiales.

A partir de ese momento, la investigación del misterioso robo quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, propuesto por el Gobierno como nuevo Procurador General de la Nación. Pero el teléfono “rojo” quedó guardado durante varios meses en la oficina de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad. Recién en diciembre, aterrizó en el juzgado de Rafecas.

fotos espionaje ilegal
Santilli era uno de los espiados por la banda de la AFI.

La feria de enero y luego la pandemia demoraron una definición sobre el teléfono. Un año después del allanamiento, Araque ahora era investigado en el juzgado de Lomas de Zamora.

El 21 de mayo, el juez Federico Villena le pidió el celular a Rafecas y se llevó una sorpresa. En ese celular había fotos y archivos del ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, de Nicolás Massot, y de la casa del sindicalista Luis Barrionuevo y Graciela Camaño. Pero también se guardaban los seguimientos a Horacio Rodriguez Larreta y Diego Santilli.

¿Cómo sabía Villena que Rafecas tenía ese teléfono?, es una de las preguntas que no tiene respuesta.

“Fue una casualidad lo que pasó con el teléfono”, dijo una fuente judicial, al tiempo que destacó que “se preservó la cadena de custodia”. Araque admite que el material de los seguimientos estaba en su celular. “No borraba nada porque no tenía nada que ocultar”, dijo una fuente de su defensa.

Otra fuente policial, con mucha experiencia, tiene otra explicación más directa para semejante descuido: “Los policías no saben hacer inteligencia, por eso guardan todo en los teléfonos”.

Mientras tanto, la investigación sobre el robo de los US$ 60 mil dólares sigue su curso. Ya se tomaron varias testimoniales a los policías sospechados. Dos de esos policías están seriamente complicados.