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Alberto Fernández aprovecha la influencia del FMI y la Casa Blanca para acercar posiciones con los bonistas

Alberto Fernández
Alberto Fernández en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada

Una jugada silenciosa que protagonizó el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Departamento del Tesoro evitó que una mala interpretación política de los bonistas atentara contra la posibilidad de avanzar en la compleja negociación que pretende reestructurar cerca de 66.000 millones de dólares de deuda externa privada.

El movimiento ejecutado desde Washington fue coordinado desde la quinta de Olivos y apuntó a ratificar que Alberto Fernández lidera las negociaciones, que Martín Guzmán sobreactúa sus acuerdos con el FMI y que Cristina Fernández de Kirchner descarta la hipótesis de default para resolver la crisis de la deuda soberana.

Los sucesivos calls que partieron del FMI y el Departamento del Tesoro a los despachos más importantes de Wall Street fueron claves para lograr que los bonistas modelaran otras propuestas de reestructuración de la deuda y entendieran que la actual negociación del ministro de Economía ya está condicionada por los líderes naturales de la coalición oficialista.

Martín Guzmán y Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, antes de la cena que compartieron en Roma
Martín Guzmán y Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, antes de la cena que compartieron en Roma

Alberto Fernández tiene excelente relación con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, a quien llamó varias veces a DC desde sus despacho en Olivos. Durante estas comunicaciones reservadas, el presidente acompañado por Guzmán y su secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, negoció con Georgieva un Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA, por sus siglas en inglés) que estableció los parámetros financieros que encuadran la negociación formal del país con los bonistas bajo legislación internacional.

El DSA del FMI respecto a la Argentina y sus acreedores privados en dólares es fácil de presentar: sólo se puede pagar -como máximo- tres puntos del Producto Bruto Interno (PIB) por año. Ni un peso más, ni un peso menos.

Ese Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA) no es un hecho absoluto que tiene categoría de verdad revelada. Se trata de un informe técnico, escrito desde el consenso político, que Guzmán solicitó que se haga público para presentarlo como su límite formal financiero ante la negociación con los fondos de Wall Street.

En este contexto, por ejemplo, el ministro de Economía ofertó un 0.5 de interés en los futuros bonos soberanos, que se pagaría en noviembre de 2023. Y frente a esta propuesta, muy limitada y agresiva, los acreedores privados replicaron que deseaban una mayor alicuota en los cupones y que su cancelación comenzara a correr desde el 2021.

“No puedo, me lo prohibe el DSA acordado con el FMI. Lo lamento”, contestaba Guzmán, una y otra vez.

Washington tiene secretos infinitos y una sola lógica de poder: se trata de una calesita que gira todo el año y que lleva en su viaje circular a los mismos protagonistas que trabajan por etapas en la Casa Blanca, los organismos multilaterales -FMI o el Banco Mundial-, la academia -Yale o Columbia- y Wall Street. Por décadas, son siempre los mismos cuadros del establishment, en la misma calesita y en los mismos cócteles diplomáticos, que manejan información clasificada y asumen decisiones globales.

Esos protagonistas del poder en DC, con distintas funciones institucionales, descubrieron la sobreactuación de Guzmán respecto al Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (DSA) redactado por el FMI a pedido del gobierno argentino. No se trataba de una barrera infranqueable -como sostenía el ministro de Economía-, sólo era un punto de apalancamiento para explicar que Alberto Fernández deseaba evitar el default sin que implicara un nuevo plan de ajuste económico.

Con esta información privilegiada, y el consentimiento de la quinta de Olivos, importantes funcionarios del FMI y el Departamento del Tesoro iniciaron una ronda de conversaciones con los bonistas de Wall Street para explicar que se podía mejorar las ofertas por encima de las recomendaciones previstas en el DSA redactado con la instrucción política de la directora gerente Georgieva.

Larry Fink, CEO de BlackRock, uno de los principales acreedores de la Argentina
Larry Fink, CEO de BlackRock, uno de los principales acreedores de la Argentina (Lucas Jackson/)

Y esos diálogos reservados, destinados a evitar que los prejuicios complicaran aún más las negociaciones, fueron claves para lograr que los tres grupos de acreedores privados mejoraran sus propuestas de reestructuración de la deuda externa.

En perfecto silencio, el FMI y el Departamento del Tesoro, apoyan la negociación que lidera Alberto Fernández. Y un llamado desde DC a los bonistas aceleró las conversaciones y enterró ciertas fantasmas que estaban montando una profecía autocumplida. En New York se pensaba que Cristina Fernández de Kirchner -a través de Guzmán- empujaba un default y que el Presidente poco podía hacer para pararlo en seco.

Esa sombría especulación quedó entre paréntesis cuando los acreedores privados ratificaron que la Casa Blanca apoyaba la negociación y que el interés político de Olivos apuntaba a cerrar un deal sin vencedores ni vencidos.

Durante todo el fin de semana habrá contactos informales entre los bonistas y ciertas figuras del oficialismo y la oposición. El plan es lograr un fuerte consenso político, cerrar una oferta oficial consensuada con los fondos de inversión, publicarla en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y anunciar un acuerdo que respete los intereses de ambas partes.

Hay 66.000 millones de dólares en juego, en una negociación vertiginosa que puede encontrar su final auspicioso antes que concluya junio.