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Justicia en tiempos de COVID: la Cámara de Casación realizará una audiencia remota por un caso de narcotráfico

El próximo lunes 1° de junio a las 14, los integrantes de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal realizarán una audiencia por medios informáticos para encaminarse a resolver la apelación de una sentencia por narcotráfico.

Los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos realizarán una audiencia oral en forma remota en la que se analizarán las impugnaciones presentadas por las defensas particulares de los imputados contra las sentencias de declaración de responsabilidad penal y determinación de la pena dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la provincia de Salta. En febrero pasado, ese Tribunal Oral Federal había condenado a los integrantes de una banda a penas que van hasta diez años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas. En las provincias de Salta y Jujuy rige en su totalidad, desde junio de 2019, el nuevo Código Procesal Penal Federal y la que va a revisar Casación fue la primera condena dictada luego de la entrada en vigencia del CPPF.

El 15 de julio de 2019, personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta” de la Gendarmería Nacional detectó una organización delictiva que enviaba estupefacientes por medio de encomiendas –valiéndose de distintas empresas de transporte– hacia las provincias de Córdoba, Río Negro y Mendoza, comprobándose a su vez el uso de datos ficticios de los remitentes.

La investigación desarrollada por el fiscal federal Ricardo Toranzos logró identificar la empresa de transporte utilizada y se determinó la existencia de dos bultos en los que figuraba como remitente “Ludueña Fernando” y como destinatario “Farías Raúl”, quien las retiraría del depósito ubicado en la ciudad de Córdoba. Los paquetes fueron interceptados y sometidos al equipo de RX con la colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA): observaron en el interior cuerpos extraños, lo que también fue detectado por el perro antinarcóticos en uno solo de los continentes.

Cuando abrieron las encomiendas había cuatro paquetes junto a un filtro de aire y, en la otra, un microondas con sus paredes recubiertas con siete paquetes, todo lo cual arrojó un peso de 11.672 gramos que reaccionaron positivamente a la presencia de cocaína tras la prueba orientativa de narcotest. Cambiaron la cocaína por harina y se permitió que las encomiendas llegaran a destino. Cuando las fueron a retirar las fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro personas en un procedimiento conocido como entrega vigilada.

Tras tres meses de audiencias, los jueces Gabriela Catalano, Federico Díaz y Mariano Juárez Almaraz condenaron a los detenidos a penas de diez, siete y cuatro años de prisión.

Ahora las apelaciones que llegaron a Casación serán resueltas después de una audiencia remota en la que se utilizarán las plataformas informáticas Cisco Jabber/Polycom y se contará con la asistencia de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y la organización de la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal.

Además de los jueces Carbajo, Borinsky y Hornos participarán en la audiencia, también desde sus domicilios particulares, el fiscal general de Casación Federal Raúl Pleé y los abogados defensores de los imputados, quienes se encuentran radicados en las provincias de Salta y Córdoba.

La Cámara Federal de Casación Penal, mediante las acordadas 5/20, 6/20, 8/20, 10/20 y 11/20 –firmadas a raíz de la pandemia de coronavirus–, ha otorgado plena validez a los actos procesales realizados de forma remota, habilitando el trabajo de magistrados, funcionarios y empleados desde sus hogares; circunstancia que demanda la utilización y maximización de las herramientas digitales y tecnológicas disponibles. La Casación Federal ajustó su funcionamiento a las diversas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, para garantizar la prestación del servicio de justicia cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido.