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Delia Ferreira Rubio: “Cuando los controles están en cuarentena no hay cómo garantizar que no existan abusos de poder justificados por la urgencia”

Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, en el festejo en Buenos Aires de los 30 años de Poder Ciudadano.
Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, en el festejo en Buenos Aires de los 30 años de Poder Ciudadano.

Delia Ferreira Rubio es una abogada argentina, doctora en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, que desde 2017 preside Transparencia Internacional. Antes, de 2008 a 2010, había presidido Poder Ciudadano, el capítulo local de esa organización líder en la lucha contra la corrupción.

Pese a que pasa más tiempo en reuniones de trabajo, charlas y eventos por el mundo que en Argentina por su rol en la TI, no pierde la tonada de su Córdoba natal. Desde febrero está varada en Berlín, la sede central de Transparencia Internacional, pero sigue de cerca lo que pasa en el país y Latinoamérica en medio de la pandemia del coronavirus.

Es una de las primeras voces que se alzó para alertar sobre los riesgos de manejos irregulares y corrupción por parte de los gobiernos en medio de la emergencia. Destaca la importancia del periodismo para revelar estos hechos ante la opinión pública, y también opina que hay “una mayor conciencia mayor sobre el daño que provoca la corrupción” y “una sociedad civil más organizada” a la hora de luchar con ella.

Esta semana participó de un panel virtual sobre la necesidad de reactivar el servicio de Justicia a pleno en Argentina para que funcione como contralor de medidas del Ejecutivo y pueda dar cauce a las denuncias que puedan presentar la ciudadanía frente a manejos pocos claros durante la emergencia sanitaria.

-Desde Transparencia Internacional vienen advirtiendo sobre el riesgo de la falta de controles a los poderes ejecutivos en épocas de emergencia. ¿Por qué?

-La emergencia y la necesidad de adopción de medidas urgentes producen una concentración de poder en los Ejecutivos. Estas medidas de emergencia deben respetar ciertos límites cuando afectan el normal funcionamiento de las instituciones y, sobre todo, cuando implican restricciones a los derechos y libertades de la población. Deben respetar el Estado de derecho, ser limitadas en el tiempo, necesarias y adecuadas al fin perseguido, proporcionales en cuanto a las restricciones impuestas, transparentes y sujetas a control. Cuando los controles están en cuarentena o suspendidos, no hay cómo garantizar que no existan abusos de poder justificados o disimulados por la urgencia. Los riesgos de modelos autoritarios aumentan con la combinación de emergencia y controles ausentes. A esto hay que agregarle que una sociedad atemorizada, por el riesgo al que está expuesta, suele ser más tolerante a los avances del poder.

-En situaciones de emergencias, ¿aumentan los casos de corrupción, los manejos discrecionales de recursos o los conflictos de interés?

-Lo que aumenta claramente son los riesgos de corrupción. La urgencia se utiliza como justificativo para no respetar procedimientos, para pagar más de lo debido, para comprar sin controles de calidad, para contratar a proveedores no habituales o para mirar para otro lado cuando hay conflictos de interés. En la actualidad, hay reportes de casos de corrupción vinculados con la respuesta al Covid-19 en países como España, Francia, el Reino Unido, Argentina, Colombia y Brasil, entre muchos otros.

-¿Cuáles son las diferencias con épocas normales?

-En épocas normales es más difícil saltarse los procedimientos legales, hay más control y no hay una excusa para violar las reglas o tomar medidas discrecionales. En emergencia los controles deben estar operativos. El diseño institucional puede incluso generar procedimientos de control más ágiles para la emergencia. Lo que no se puede hacer es desmantelar los controles o paralizarlos.

-¿Qué pasa en Alemania donde usted está estos días?

-Los controles están funcionando eficientemente aunque respetando las medidas de distanciamiento social. El Parlamento recibe y discute los informes de la canciller Angela Merkel y algunas de las medidas adoptadas a nivel nacional o de los estados han sido revisadas en procedimientos rápidos por los jueces.

-¿Cuál es la respuesta de los gobiernos a los que se les hacen señalamientos o denuncias en medio de la emergencia?

-Esto depende de la calidad institucional de cada país y del liderazgo de turno. La primera respuesta generalmente es negar la acusación, luego viene la justificación por la urgencia y en el mejor de los casos se toman medidas para corregir el problema y sancionar a los responsables.

-¿Los sobreprecios “justificados” por las urgencias pueden ser considerados manejos corruptos?

-Son un claro ejemplo de abuso de los recursos públicos. Si a esto se suma que las empresas favorecidas no tienen capacidad de proveer los elementos comprados, o sólo se invita a empresas amigas, o a varias empresas que son de hecho todas propiedad de una misma persona, o peor aún si la empresa es el nombre de fantasía para ocultar un conflicto de interés. Si todo esto pasa, las sospechas de corrupción aumentan y merecen una detallada investigación.

-¿Cómo evalúa la respuesta del gobierno nacional argentino al escándalo de las compras de alimentos con sobreprecios para sectores necesitados?

-El periodismo fue clave para detectar las irregularidades y esto permitió a la población informarse al respecto. La difusión de la noticia forzó al Gobierno, luego de un primer intento de justificación, a paralizar la contratación y echar a los responsables. La reacción fue rápida y esperamos que se tomen medidas permanentes para evitar que estas redes público-político-privadas sigan operando.

-¿Y la del gobierno porteño en relación a la compra de barbijos a $3000 pesos y la contratación directa de un hotel para alojar a personas que administra una empresa de la cual es vicepresidenta su media hermana?

-Un claro conflicto de interés. La reacción otra vez fue rápida después de la oportuna investigación periodística.

-Usted señalaba que, a diferencia de otras emergencias sanitarias o por catástrofes naturales, las irregularidades ahora con la pandemia se están conociendo en tiempo real. ¿Por qué sucede esto?

-En otros casos de crisis como la del Ebola en Africa, o Katrina en EEUU los casos de corrupción saltan a la luz varios meses después de los hechos. Muchas veces el mal uso de los recursos de la ayuda internacional se descubre años después. En esta pandemia estamos viendo reportes de corrupción en muchísimos países. Creo que esto se debe a una combinación de factores: una conciencia mayor sobre el daño que provoca la corrupción, una crisis generalizada de confianza en las instituciones y los liderazgos, y la existencia de plataformas digitalizadas que facilitan el acceso a los datos. A eso se suma el desarrollo del periodismo de investigación y el periodismo de datos. Así como una sociedad civil más organizada en materia de lucha contra la corrupción.

-¿Qué casos de posible corrupción o conflictos de interés en la región se están conociendo en estos momentos?

-La mayoría de los casos están vinculados a pago de sobreprecios, compra de medicamentos falsificados, adulterados o vencidos, adquisición de suministros innecesarios o de mala calidad, y casos de conflictos de interés entre los funcionarios que deciden y los proveedores contratados. También hay algunas denuncias de compras y pagos por productos que o nunca se entregaron o desaparecieron.

-¿Qué se puede hacer para prevenirlos?

-En la emergencia hay que garantizar los controles y estar alertas. Y cuando la emergencia se supere, si no están previstos los mecanismos adecuados, hay que establecer los procedimientos y reglas que garanticen la transparencia y la integridad en el manejo de los recursos públicos.