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Alimentos con sobreprecios: una de las empresas investigadas se presentó en la nueva compra pero no hizo ofertas

(Adrián Escandar)
(Adrián Escandar) (Adrián Escandar/)

El Ministerio de Desarrollo Social ultima los detalles de una nueva compra de alimentos secos tras el escándalo de los sobreprecios. Ya se recibieron las nuevas ofertas y esta misma semana podría haber un anuncio, pudo saber Infobae en fuentes oficiales. Los funcionarios que dependen de Daniel Arroyo analizan las ofertas con extremo cuidado. No hay margen para otro paso en falso. Por eso los detalles de la compra se mantienen bajo estricta reserva. Sin embargo, este medio pudo saber que una de las empresas investigadas por la compra fallida se presentó nuevamente en varios rubros, aunque sin una oferta concreta.

Se trata de la empresa Copacabana, allanada hace diez días cuando se detectó que se estaba trasladando documentación desde sus oficinas en el barrio de Palermo. El operativo fue el primero de una serie de allanamientos pedidos por el fiscal Guillermo Marijuán y ordenados por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Copacabana iba a cobrar $188 millones por la polémica compra directa que fue suspendida. La firma de la familia Assisa fue adjudicada en todos los rubros. En el caso del aceite, le iba a vender al Estado la botella de 1,5 litros de la marca “Indigo” a $166.58 a pesar que el productor de ese aceite declaró ante la Justicia que el precio era de $96, incluyendo los impuestos y el traslado. Copacabana también iba a vender 340.000 kilos de fideos semolados, de azúcar, de arroz y de lentejas.

En la nueva compra, Copacabana presentó ofertas simbólicas, sin valor. Según pudo saber Infobae, sería una jugada de la empresa ante un futuro reclamo judicial. “La primera compra no está caída”, dijeron en otra de las empresas investigadas.

Ante una consulta puntual de este medio, en Desarrollo Social confirmaron que las empresas favorecidas en la primera compra no tienen ningún impedimento legal para presentarse, pese a la investigación en curso.

(Matias Arbotto)
(Matias Arbotto)

Para extremar la transparencia, esta vez el Ministerio que conduce Arroyo decidió invitar a todas las empresas inscriptas en el Registro de proveedores del Estado. Son unas 700 firmas, entre intermediarios y productores directos. Como pretendía el Gobierno, se presentaron varios productores directos. Eso permitiría bajar los precios de los productos sensiblemente, según los primeros datos que trascendieron.

Sin embargo, en el Ministerio aseguran que las ofertas son “una foto incompleta" de una película que todavía no terminó. “Se están analizando los números y se hizo un análisis de los productos”, dijo un vocero. Según esa misma fuente, ya comenzó la etapa de negociación con las empresas oferentes para mejorar los precios. Esta semana podría haber un anuncio oficial.

Tras la polémica de los sobreprecios, las nuevas compras no pueden superar los precios máximos mayoristas. Además se dejaron de lado los precios de referencia de la SIGEN, ampliamente cuestionados.

Aunque la transparencia es la palabra que más suena en Desarrollo Social por estas horas, los funcionarios corren contra reloj ante los reclamos de los sectores de bajos recursos que esperan la ayuda estatal desde el comienzo de la pandemia. “Antes era ‘roban pero hacen’, hoy es ‘no roban pero no hacen’”, se quejó esta mañana Juan Grabois en una entrevista con Luis Novaresio. El dirigente social fue uno de los más críticos del escándalo de los sobreprecios y expuso las internas políticas dentro la cartera que dirige Arroyo.

(Adrián Escandar)
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La investigación está delegada en el fiscal Marijuán, que ya impulsó varios allanamientos en las empresas que participaron de la compra. El último fue en la empresa “Comercializadora del NOA SRL”, productora del azúcar “La Muñeca”. El fiscal sospecha que esa firma, que iba a vender su producto a través de dos intermediarias, conocía la maniobra y se benefició con la misma.

La Justicia trabaja sobre la hipótesis de una compra dirigida a un grupo reducido de empresas que están “en manos de dos o tres grupos de oferentes”: los dueños de Copacabana, el Grupo L y la familia Toscano, dueños de Alimentos Generales y Sol Ganadera. De hecho, cinco de las seis empresas beneficiadas en la primera compra pertenecen a esos grupos empresarios.

La investigación sumó hoy más elementos. En una ampliación de su denuncia, a partir de una presentación de la abogada Silvina Martínez, el fiscal Sergio Rodríguez detectó irregularidades en la compra de 680.000 kilos de harina de trigo, tipo 000. En ese proceso, también suspendido por una decisión del ministro Arroyo, fueron invitados los mismos grupos empresarios y finalmente se adjudicó a Alimentos Generales (familia Toscano) y Teylem (del Grupo L) por un total de $35.553.800.

Rodríguez, titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, sostuvo que el precio de la harina superaba el precio testigo proporcionado por la SIGEN y los precios máximos publicados por el Ministerio de Desarrollo Productivo. “Todo lo que confirma nuevamente la irrazonabilidad de las adjudicaciones formalizadas y la afectación al principio de eficiencia a que debe ajustarse la gestión de las contrataciones, evitando costos elevados”, escribió en su nueva denuncia, a la que tuvo acceso Infobae.