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La Corte Suprema le pidió a la Procuración General que opine sobre el pedido de Cristina Kirchner para que el Senado sesione por videoconferencia

Los integrantes de la Corte Suprema
Los integrantes de la Corte Suprema (JUAN MABROMATA/)

La Corte Suprema de Justicia habilitó este viernes la feria judicial y le pidió a la Procuración General que opine sobre el planteo que hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner, como titular del Senado, para impugnar futuros cuestionamientos al tratamiento de una ley que debata, por videoconferencia, un impuesto a la riqueza.

A más tardar, el miércoles próximo, la Procuración General, a cargo interinamente de Eduardo Casal, debería dar su opinión sobre el pedido de la acción de certeza declarativa que pidió el área legal de la Cámara Alta. Y eso dejará en condiciones a los jueces del máximo tribunal a analizar si aceptan o no tratar el tema.

En escuetos dos párrafos, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, escribió: “A los fines de dar tratamiento de la acción entablada, habilítese la feria judicial extraordinaria dispuesta en la acordada 6/2020, prorrogada por acordada 8/2020 y 10/2020. Dese vista a la Procuración General de la Nación para que en el término de 48 horas que comenzarán a correr desde la recepción de la presente -sin computar los días sábados y domingo- acompañe su dictamen. Notifíquese”.

Lo que busca la vicepresidenta es que el máximo tribunal “despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez legal de sesionar mediante medios virtuales o remotos”. Es que el artículo 30 del Reglamento del la Cámara de Senadores de la Nación, el cual indica que “los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones y para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional

"¿Es constitucionalmente posible que tal como lo establece el art. 30 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores sesione mediante medios digitales debido a la situación de gravedad institucional generada objetivamente por el COVID19?”.”, se pregunta el escrito que prepararon los abogados Graciana Peñafort y Esteban Lopardo, del área de legales del Senado.

La vicepresidenta Cristina Kirchner
La vicepresidenta Cristina Kirchner

Desde la oposición salieron a rechazar el planteo. En una carta dirigida a la vicepresidenta, los senadores Luis Naidenoff, de la UCR, y Humberto Schiavoni, del PRO, aseguraron que “no se verifican en la realidad circunstancias objetivas que permitan afirmar que el Congreso se encuentra imposibilitado de funcionar” y afirmaron que “no es posible compartir la afirmación que usted hace en su escrito judicial en cuanto sostiene que el Senado de la Nación no puede sesionar de modo presencial”.

También dijeron que la acción judicial que “resulta institucionalmente improcedente” con el argumento de que es la propia Cámara la que tiene la facultad “exclusiva” de dictar su propio reglamento “conforme lo dispone el artículo 66 de nuestra Constitución Nacional”.

En tanto, hubo disparidad de opiniones de distintos constitucionalistas. Algunos cuestionaron que la intromisión de poderes y una suerte de per saltum. Subrayaron la imposibilidad de la Corte de pronunciarse sobre algo que no existe en una causa judicial. Otros, en cambio, avalaron la hipótesis de la gravedad institucional.

A criterio de la ex presidente, “la certeza que se requiere solo podrá darla la intervención eficaz y expeditiva de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto ella se expida de modo concluyente y que despeje toda duda o incertidumbre respecto a la constitucionalidad del trámite a adoptarse por parte del Honorable Senado de la Nación para el tratamiento de las leyes cuya sanción requiere de modo inmediato el futuro de la Nación Argentina y de toda, absolutamente toda su población”.

El debate sobre la sesión en el Senado está puesto en un proyecto que busca fijar un impuesto a la riqueza en medio de la emergencia por el coronavirus. Según publicó Infobae, la iniciativa de Carlos Heller, que fue debatida con Máximo Kirchner y el presidente Alberto Fernández esta semana, busca aplicar un impuesto progresivo, fijando un porcentaje a definir que deberían pagar quienes tienen un patrimonio de entre 3 y 5 millones de dólares; otro los de una segunda segunda franja, que iría de 5 a 10 millones; otro entre 10 y 50; uno de 50 a 100; y otro entre 100 y 500 millones de dólares.