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La Cámara de Casación dejó al ex juez Freiler a salvo de una investigación por su patrimonio

Eduardo Freiler (Télam)
Eduardo Freiler (Télam)

Eduardo Freiler, el camarista que fue destituido en un juicio político que impulsó el macrismo, logró ayer un fallo clave que lo deja a la puertas de un sobreseimiento. Es que la Cámara Federal de Casación Penal decidió anular una decisión que había ratificado una investigación sobre el ex magistrado, luego de que hubiera sido sobreseído.

Esa causa era la que se buscaba un pronunciamiento en “cosa juzgada írrita”, una controvertida figura que permite revertir un estado de inocencia si se detectan irregularidades en una decisión judicial. Sin decir esas palabras, un fallo de primera y segunda instancia dispuso insistir en la investigación sobre el patrimonio del ex juez.

Pero ahora la Sala II de la Cámara de Casación revocó esa decisión. Y dispuso que la Cámara Federal (desde la misma sala que supo integrar Freiler) dicte un nuevo fallo con los lineamientos impartidos. Su resolución derivará en el cierre de la causa, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Freiler fue una de las figuras que eligió el gobierno de Mauricio Macri para cuestionar a la Justicia Federal. El oficialismo lo identificaba con el kirchnerismo. El día que el Consejo de la Magistratura logró desplazarlo, en una filosa jugada aprovechando la ausencia de un senador, el ex presidente Mauricio Macri habló de “un paso enorme de la Argentina hacia el fin de la impunidad”.

De ninguna manera voy a renunciar”, le había dicho Freiler a Infobae cuando el entonces Gobierno buscaba suspenderlo e iniciarle juicio político. Desde el macrismo se ponía el foco en sus bienes. Pero detrás también había un motivo político: se le criticaba su cercanía con el kirchnerismo. Integró la Sala I de la Cámara Federal, junto a Jorge Ballestero y Eduardo Farah (también sobreseídos el viernes último en el marco de sospechas en su contra por el cobro de coimas por el fallo Oil Combustibles, cuando Freiler ya había sido apartado de su cargo).

La causa se había iniciado cuando una investigación de La Nación publicó que el entonces juez se había comprado una casa en Olivos -frente a la quinta presidencial- por $2,8 millones, según consta en la escritura, un monto inferior al valor de mercado para un terreno de 1.234 metros cuadrados. La denuncia contra Freiler la presentaron el abogado Ricardo Monner Sans –quien también lo denunció penalmente – y el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, tras publicaciones periodísticas que daban cuenta del fuerte incremento patrimonial del juez.

A raíz de ello, el fiscal Ramiro González impulsó una investigación sobre los bienes del entonces camarista en donde enumeró sus bienes que incluían casas, autos, un yate y 20 caballos. El juez Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a Freiler, a instancias del fiscal, al considerar que incrementó su patrimonio entre 2012 y 2014, pero entendió que ese aumento estaba justificado con su sueldo como camarista.

Los fiscales Piedecasas y Tonelli, acusadores en el jury contra Freiler (Adrián Escandar)
Los fiscales Piedecasas y Tonelli, acusadores en el jury contra Freiler (Adrián Escandar) (Adrian Escandar/)

Sin embargo, se denunció que habían aparecido más bienes y el abogado Ricardo Monner Sans impulsó un planteo de cosa juzgada írrita por esa resolución que, después de idas y vueltas, terminó en manos del juez Sebastián Ramos. El juez señaló que existen nuevos elementos de prueba que deben valorarse a la hora de realizar un análisis patrimonial completo sobre los bienes de Freiler, en especial los que se desprenden de la investigación realizada en el Consejo de la Magistratura en donde se expusieron los gastos que tenía Freiler.

El juez Sebastián Ramos primero y luego la Cámara Federal -en una decisión dividida- había resuelto revocar el sobreseimiento de Freiler dictado por Martínez De Giorgi. Ordenaron reabrir la causa en base a nuevos elementos y profundizar la investigación.

Sin embargo, ahora, la Sala II de Cámara Federal de Casación Penal anuló esa decisión y ordenó a la Cámara Federal a dictar un nuevo fallo. “Corresponde otorgar acogida favorable a la presentación impugnaticia, a partir de estimar que asiste razón al recurrente en punto a la arbitrariedad de la decisión impugnada, lo que conduce a su tacha por encontrarse afectada de un vicio que le impide su progreso como acto jurisdiccional válido”, dijo el juez Alejandro Slokar, en la resolución a la que accedió Infobae.

“Al no haberse descalificado por su invalidez el sobreseimiento firme dictado, no puede aceptarse que la santidad de la cosa juzgada llegue a ser afectada por el mecanismo de una reapertura que pone en crisis una solución liberatoria consolidada, ello no sin grave compromiso a la garantía constitucional del ne bis in ídem” (doble juzgamiento).

A criterio de Slokar, lo resuelto por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal, "debe reputarse arbitrario e importa invalidez conforme a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de arbitrariedad, toda vez que exhibe defectos graves de fundamentación y de razonamiento, que redundan en menoscabo del debido proceso".

La jueza Angela Ledesma coincidió: “Habré de adherir a la solución propuesta por el juez Slokar, en tanto comparto que la decisión resulta autocontradictoria y por ende arbitraria”. Con esta decisión, el caso deberá volver a la Cámara Federal para un nuevo pronunciamiento que, por las indicaciones dadas por su superior, derivarían en el cierre de la causa.